Arturo Cubillas: el derecho a la defensa

Cientos de artículos de información u opinión se han escrito este año refiriéndose a la presencia en Venezuela de Arturo Cubillas de origen vasco y nacionalidad venezolana. La mayoría para sindicar a Arturo como terrorista y desde esa historia afirmar que el gobierno del Presidente Chávez es un paraíso para los terroristas.

Con ello también algunos estigmatizan a la colonia vasca en Venezuela. Lo primero que hay que decir, es que los vascos y vascas que viven en Venezuela  son gente de paz, trabajadora y que muchos extranjeros se mezclaron y echaron raíces en el país. En este país polarizado los hay quienes simpatizan con el gobierno y quienes simpatizan con la oposición o simplemente no les interesa nada ninguna opción.  Y ante la realidad política del País Vasco, tienen igualmente opiniones diversas y se inclinan por la variedad de expresiones políticas existentes.

Ciertamente en Venezuela hay un grupo de exiliados políticos vascos. Aquí vinieron a parar no por  voluntad propia, sino por un acuerdo entre el gobierno de Carlos Andrés Pérez en la década de los años 80 y el gobierno de Felipe González. Bien por el gobierno de Carlos Andrés Pérez que siguiendo una tradición venezolana abrió sus puertas a asilados políticos. Como también los hubo de El salvador, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina y Uruguay.

No es cierto, por lo tanto, lo que maliciosamente se dice que están aquí por el gobierno de Chávez. Cuando el presidente Hugo Chávez asumió la presidencia este grupo de exiliados, que son cerca de 30, ya vivían en el país y no tenían porque irse a otro lugar.

Durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y luego durante el gobierno de Caldera y durante los primeros años del presidente Chávez, este grupo de exiliados estaba obligado a presentarse cada cierto tiempo a la Disip. En varias oportunidades  acompañé a algunos de ellos.  Antes de Chávez algunos sufrieron el allanamiento de sus residencias sin causa justificada, como fue, por ejemplo, la vivienda de Arturo allanada en dos oportunidades sin orden judicial simplemente como una manera de hostigarlo.

Aún así, ni con Carlos Andrés Pérez, ni con Caldera fueron entregados al gobierno de España pesar de las intensas presiones. El Estado español siempre ha tratado el caso de los exiliados vascos como un  trofeo político a conquistar.

Paradójicamente, es con el gobierno del presidente Chávez que varios vascos asilados fueron deportados de manera ilegal para que en España se les encarcelara.

Víctor Galarza fue deportado de manera inconstitucional a pesar de su estadía legal en Venezuela el 02 de junio de 2002. Y Sebastián Echaniz secuestrado por la Disip y entregado a la policía española el 16 de diciembre de 2002. Precisamente por la arbitrariedad de su expulsión del país, demandé al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la contundencia de las pruebas, el gobierno suscribió un acuerdo amistoso mediante el cual se comprometió a indemnizar a los vascos y sus familias. (INFORME Nº 110/06) CASO 12.555 SOLUCIÓN AMISTOSA SEBASTIÁN ECHANIZ ALCORTA Y JUAN VÍCTOR GALARZA MENDIOLA  VENEZUELA 21.10.06 Este acuerdo puede consultarse en http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Venezuela12555sp.htm. Hasta la fecha el gobierno ha incumplido el cien por ciento de dicho acuerdo. 

Tengo más de doce años como defensor de derechos humanos acompañando jurídicamente a Arturo Cubillas y otros exiliados. Lo hago acogiéndome al lema que tiene la organización de la cual soy su Coordinador General (PROVEA) y donde me formé como activista: Todos los derechos para todos y todas.  

Un periodista me preguntaba ¿Cómo un defensor de derechos humanos puede defender a una persona acusada de terrorista? la respuesta es sencilla, tiene los mismos derechos que cualquier otro venezolano u extranjero. Tiene el derecho a la asistencia jurídica. Tiene derecho a que se presuma su inocencia. Tiene derecho a su reputación y honor. Tiene derecho a no ser discriminado y tiene derecho a la defensa. 

Quien revise mi historia como defensor podrá constar que no solo he defendido a asilados políticos vascos. Luché firmemente para que se defendieran los derechos de Cecilia Nuñez Chipana una mujer acusada de pertenecer a Sendero Luminoso quien finalmente fue extraditada en 1998 a pesar que el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura exhortó al gobierno del presidente Caldera a que no la extraditara. Me opuse al secuestro que hizo la Policía Técnica Judicial (así se  llamaba lo que hoy conocemos como CICPC)  de José María Ballestas acusado de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional de Colombia y quien iba a ser entregado al DAS colombiano. Exigí se le hiciera un procedimiento de extradición para que tuviese derecho a la defensa. Así efectivamente se hizo.

En mi condición de defensor he asistido jurídicamente a funcionarios de la DISIP, PTJ, DIM, Policía Metropolitana, Policía de Chacao, oficiales de la Fuerza Armada. A sindicalistas, a campesinos, a empresarios. También he actuado como abogado acusador de funcionarios policiales involucrados en ejecuciones policiales. Aprendí en Provea que hay que servir a todos y todas a quienes se les violenten sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación y he practicado esa enseñanza y la continuaré practicando.

El pasado lunes acompañé al venezolano de origen vasco Arturo Cubillas a la Fiscalía General para que presentara su solicitud de ser investigado. Afortunadamente el Ministerio Público acogió la solicitud y designó al Fiscal Décimo Nacional Richard Monasterios. Se hizo lo correcto por parte de Arturo y también de la Fiscalía. Queda ahora que se adelanten las investigaciones.

Por la historia de más de 20 años de los asilados políticos vascos quienes todo el tiempo han mantenido un comportamiento apegado a la ley venezolana, reconocido por los gobiernos antes de Chávez y en el gobierno de Chávez, estoy seguro que la investigación que iniciará el Ministerio Público confirmará dicho comportamiento. Como lo expresó Arturo Cubillas: “Nada tengo que temer y expreso toda mi disposición a colaborar con la investigación”.

La palabra la tiene el Ministerio Público.

marinoalvarado@gmail.com




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