Saab destacó que esta denuncia fue realizada en el 2012 pero que la misma se paralizó en septiembre de 2016 por la antigua gestión de la Fiscalía.
Precisó que los ciudadanos son investigados por los delitos de estafa continuada, legitimación de capitales, asociación para delinquir y apropiación de títulos de valores.
Según lo expresado, la demanda se realizó por la presunta venta fraudulenta de títulos de valores de al menos 300 familias, además de las cajas de ahorros del Colegio de Abogados Zulia, el Instituto de Previsión Social del Personal Docente y de Investigación de la Universidad del Zulia, y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de esa universidad, sin previa autorización.
Dichos títulos, afirma Saab, fueron transferidos a una empresa que forma parte del grupo ABA llamada ABA Market Corporation con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Además, denunció que se seguía la captación de inversiones y títulos de valores en otras tres compañías que eran parte de esta sociedad mercantil y que no estaban amparadas bajo la Superintendencia Nacional de Valores.
— MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 18 de octubre de 2018