La Corrupción y la Impunidad son Causa y Efecto de la Crisis

De tanto ver triunfar las nulidades,

De tanto ver prosperar el deshonor,

De tanto ver crecer las injusticias,

De tanto ver agigantarse el poder en malas manos,

El hombre llega a desanimarse de la virtud

A reírse de la honra y

a tener vergüenza de ser honesto

Rui Barbosa

Es indudable que Venezuela vive tiempos de importantes definiciones y, sin temor a equivocarnos, nos atrevemos a afirmar que la profunda crisis que embarga al pueblo venezolano no puede ser explicada y consecuentemente superada, sin entender el fenómeno de la corrupción que como un cáncer ha hecho estragos y metástasis tanto en el Estado como en toda la sociedad.

La corrupción que indudablemente es intrínseca a la lógica de reproducción del capital, se caracteriza por minar las bases de la democracia y el estado de derecho, y afectar la calidad de vida de la población, sobre todo a los sectores más pobres, porque limita y destruye los recursos que garantizan la satisfacción de las necesidades fundamentales, y cuando llega a convertirse en un fenómeno complejo que carcome la esencia de la república, termina comprometiendo seriamente la viabilidad futura de la misma, y es esa precisamente la dramática situación que como nación tenemos. El Estado venezolano está atrapado en una verdadera trampa de anomia generalizada, donde lo que se valora no es la actuación apegada a las normas y a las leyes que hace a las instituciones eficientes y verdaderos imperios de la ley, sino que lo que ocurre es que desde el trámite más elemental como gestionar un documento de identidad hasta las más complejas diligencias legales, requiere pasar por verdaderas alcabalas de mafias institucionalizadas. Nos preguntamos, ¿qué porcentaje de esta corrupción está pesando sobre el actual déficit fiscal[i] y consecuentemente en la conformación de los precios de los alimentos y bienes que al final está pagando el consumidor final?

Son muchos los casos y hechos de corrupción que se han denunciado y expuesto a la luz pública, donde la capacidad de asombro termina siendo superada por nuevos casos y nuevas evidencias que como una sucesiva de eventos cada uno, por su grotesca caracterización e implicaciones, van cada vez más superando al evento anterior, sin que exista, por parte de los entes competentes, un proceso de investigación transparente, imparcial, creíble, pertinente y conclusivo que minimice el daño al patrimonio público y, sobre todo, erradique la impunidad. En este sentido, podemos mencionar, con la certeza de quedar cortos en su enumeración, algunos hechos de corrupción que van desde la denuncia de la expresidenta del Banco Central, Edmee Betancourt, sobre la asignación de 25.000 millones de dólares a empresas de maletín solo en 2012 y del desfalco a la nación estimada entre 1998 a 2013 en la enorme suma de aproximadamente los 259.000[ii] millones de USD, pasando por aquellos relacionados con el diseño de la deuda venezolana (emisión de bonos en dólares pero pagaderos en bolívares), operaciones que surgieron a partir del año 2003 y en los cuales estuvieron involucrados tanto el sector financiero nacional e internacional como hasta ministros de finanzas y funcionarios y funcionaras que ocuparon cargos en la Tesorería Nacional[iii], sobresaliendo las denuncias en torno al pago de coimas que realizó la constructora brasilera Odebrecht a dirigentes tanto de la oposición de derecha como del gobierno-PSUV, resaltando por su gravedad, las declaraciones que hiciera el pasado 15/12/16 el director de la constructora Odebrecht: Euzenando Prazeres de Azevedo[iv], quien aseguró, ante la Procuraduría General del estado de Sergipe, Brasil, que en el 2013 había entregado para la campaña presidencial de Nicolás Maduros Moros la cantidad de 35 millones de dólares americanos, a cambio de que el gobierno de Maduro mantuviera como prioridad, las obras que esta constructora venía desarrollando en Venezuela. En esta misma dirección el 31/07/2017 el Ministerio Publico[v] denunció que el Ejecutivo Nacional pagó a esta empresa, la cantidad de 30.000 millones de USD en obras que no fueron concluidas. Todo esto acompañado además de diversas intervenciones públicas del propio Presidente Maduro mencionando hechos de corrupción en la asignación de divisas (Oct. 2013: "el cadivismo ha desangrado al país"; "no permitir la corrupción ni la de cuello amarillo ni la de cuello rojo rojito") y como en la construcción de Ferrocarriles (Dic. 2013) y por montos que, según el propio Presidente, totalizados superarían los cien mil millones de dólares, aunque, a la fecha, ni siquiera se sepa de investigaciones llevadas a cabo ni se hayan presentado acusaciones formales ante los tribunales.

Lo anterior de alguna manera describe de forma dramática y preocupante, hasta qué punto ha penetrado el flagelo de la corrupción al Estado venezolano. Es obvio que si esa situación no hubiese llegado a ese nivel de metástasis, hoy en día, con toda seguridad, tendríamos un sistema de salud, educación y alimentación funcionando, así como un nivel avanzado en términos de calidad y seguridad de servicios públicos (vialidad, transporte, comunicaciones, energía eléctrica, gas entre otros); los problemas de nuestra principal industria petrolera (PDVSA), serían otros y no los que hoy se debaten y que comprometen seriamente su viabilidad futura dando pie, peligrosamente, a levantar opiniones de privatización, orientados por viejos intereses y precarios compromisos de patria, que han estado y siguen estando presente en torno a nuestra industria petrolera.

Es innegable que existe una relación directa entre la precarización de las condiciones de vida de la población y lo que ha sido el flagelo de la corrupción, que, como un velo destructivo ha ido progresiva y sistemáticamente minando las bases del Estado y de la sociedad venezolana. En este sentido quienes integramos la Plataforma Ciudadana por la Defensa de la Constitución, el 18 de septiembre del año 2015 (Ver en PDF), hicimos entrega formal a los representantes del Poder Ciudadano, concretamente al Dr. Tarek William Saab, quien para entonces ocupaba el cargo de Defensor del Pueblo y Presidente del Consejo Moral Republicano (CMR), un escrito donde explicábamos que acudíamos a esa instancia como figura que la conforman las instituciones del Poder Moral y, en virtud de que ya nos habíamos dirigido, sin respuesta oportuna y satisfactoria, en oportunidades anteriores tanto al Ministerio Público como a la Contraloría General de la República. Lo hacíamos en esa oportunidad para insistir en la denuncia que tiene que ver con la presunta desviación o pérdida de inmensas cantidades de recursos de la Renta Petrolera Nacional y de las divisas del país, recursos estos que hoy en día le están haciendo falta a nuestro pueblo, conducido a la peor crisis de carácter societal de toda la historia de Venezuela, comparable solamente con países que han estado sometidos durante años a situaciones de conmoción social extrema. No obstante, la respuesta a esa solicitud fue:

Ver Respuesta Completa del Poder Ciudadano en PDF

Ver Solicitud de Reconsideración en PDF

Hoy queremos insistir en la misma dirección que motivó nuestra actuación frente a los entes del Estado, pero esta vez lo queremos hacer al SOBERANO, es decir, al pueblo venezolano. Busquemos resolver la crisis desde una perspectiva, soberana, independiente y sin comprometer el futuro del país, por ello planteamos la construcción de un gran movimiento nacional de carácter amplio e inclusivo, para que, haciendo uso de nuestro marco constitucional y desde la participación directa del pueblo, obliguemos a la realización de auditorías integrales tanto de la deuda como de las instituciones emblemáticas y estratégicas del Estado, para recuperar los recursos sustraídos y robados y establecer juicio a los responsables, y no caer en la vieja trampa viciosa y corrupta de generar mayor deuda para resolver los problemas financieros del país y con ello peligrosamente contribuir a la impunidad. Por el contrario debemos de forma soberana y haciendo uso del marco jurídico nacional e internacional, solicitar la cooperación de los Estados y sus gobiernos para repatriar los capitales robados, tal como está contemplado en la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1997 - Artículo 15 (Ver en PDF), así como en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 - Capítulo V (Ver en PDF), Convenciones estas que han sido ratificadas por el Estado venezolano y tienen plena vigencia. Según esta última ¨La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto" (art. 51). En ese mismo sentido, debe promoverse la extradición de los responsables de los actos de corrupción para que sean juzgados por sus delitos, solicitando la asistencia y cooperación de los Estados para su extradición si fuera el caso, con base en lo establecido en dichos tratados.

REPATRIACION DE CAPITALES PROCEDENTES DE LA CORRUPCION!!!

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[i] Déficit Fiscal estimado, según el Gobierno Nacional, en un 17% del PIB para el 2016. Informe entregado por el Ejecutivo nacional a la Securities Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos de Norteamérica en diciembre pasado.

[ii] Sinfonía de un Desfalco a la Nación: Tocata y fuga… de Capitales
Equipo de Investigación de Marea Socialista - www.aporrea.org
08/09/14 - www.aporrea.org/contraloria/n257348.html

[iii] La última emisión de bonos de la deuda en dólares, se realizó el 29 de diciembre 2016 con el Bono Soberano Internacional Amortizable en el 2036 por 5000 millones de USD y cupón de 6.50%. http://www.oncp.gob.ve

[iv] http://elestimulo.com/climax/el-caso-odebrecht-corrupcion-y-despilfarro-en-venezuela/

[v] https://www.elpais.com.uy/mundo/fiscal-denuncia-pagos-us-odebrecht-obras-inconclusas.html

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