Caracas, 27 May. ABN (Wendy Beltrán).- Como consecuencia de la discusión que se ha originado a raíz de las modificaciones de los convenios operativos, la opinión pública se ha interesado en conocer en profundidad cómo se negociaban los contratos dentro de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la más importante empresa venezolana.

Investigaciones recientes han demostrado que detrás de los mismos se escondía la entrega de concesiones, mecanismo ilegal en el país por cuanto el Estado se reserva el derecho de explotación de sus reservas petrolíferas.

A continuación presentamos las principales interrogantes que han surgido alrededor de este tema con sus respectivas respuestas.

¿Qué son los convenios operativos?

Los convenios operativos son contratos que se firmaron para tener una vigencia de veinte años, con la intención de reactivar campos marginales o maduros.

Es decir, aquellos en los cuales ya se habían extraído los volúmenes de petróleo más importantes pero que mantienen remanentes considerados poco comerciales, explica Efraín Barberi en su libro El Pozo Ilustrado.

Estas zonas fueron otorgadas de manera directa o por licitación, bajo una de las modalidades previstas en el artículo 5 de la Ley de Nacionalización Petrolera de 1976, el cual contemplaba la posibilidad de que el Estado contratara empresas para obtener ciertos servicios dentro de la industria.

¿En que consistió el plan de convenios operativos?

Este programa consistió en licitar entre inversionistas y operadores privados la reanudación de la producción de crudo en algunos campos inactivos o que requerían inversiones para aumentar su nivel de extracción.

El crudo y gas natural producidos son vendidos a PDVSA para su posterior manejo y comercialización. En este último reglón los hidrocarburos producidos, a través de los convenios, tienen preferencia antes que el petróleo generado por gestión directa del holding estatal.

Estos acuerdos contemplan la ejecución de inversiones por parte de los operadores para la explotación de los yacimientos y la construcción de infraestructura. PDVSA está obligada a cancelar unos honorarios en dólares por barril producido, así como los impuestos de explotación establecidos.

¿Cuándo se realizaron los convenios operativos?

Se licitaron tres rondas entre 1993 y 1997. En esa época se estimaba que para el 2006 las modalidades de apertura petrolera contribuirían con un millón 800 mil barriles, de 159 litros, diarios de crudo a la producción venezolana para llevarla a un total de 5 millones 500 mil barriles diarios de crudo.

Vale destacar que en un intento por evitar la inundación de los mercados internacionales con petróleo, PDVSA prevé en su Plan de Negocios llegar a una producción de 5 millones de barriles diarios en el 2010.

Vigencia de los convenios operativos

Hasta el momento están vigentes 32 convenios operativos. No obstante, en sus inicios se licitaron un total de 36 en los cuales participaron 53 empresas foráneas, doce venezolanas y tres universidades nacionales.

El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, señaló durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional (AN) el pasado 25 de mayo que dejará en manos del parlamento la decisión de revocar los convenios operativos, en virtud de las anomalías detectadas y que se mantienen desde su firma hasta la presente fecha.

¿Cuáles son las presuntas anormalidades en los convenios operativos?

Estas irregularidades, las cuales se mantienen hasta nuestros días con ciertas variaciones, son mencionadas en el informe, correspondiente a los años 1999-2000, presentado por el comisario de PDVSA, Rafael Darío Ramírez Coronado.

Entre las anormalidades que indica el documento destaca lo siguiente: "El costo unitario por barril producido fue de $ 4,28"; unos 2 mil 996 bolívares, a la tasa de cambio de la época.

Esto representa 0,43 centavos de dólar por barril más que el estimado de 3,85 (2 mil 695 bolívares en el año 2000).

El comisario contrastó estos valores con los logrados mediante esfuerzo propio y dedujo que el costo bruto de producción de PDVSA fue de 2 dólares con 62 centavos, alrededor de mil 864 bolívares, lo que equivale a un dólar con 66 centavos menos del logrado en los convenios.

Esto quiere decir que los barriles producidos por los convenios y que PDVSA está obligada a comprar son más costosos que los generados por gestión directa de la empresa.

En general, el costo de producción de un barril de crudo, a través de los convenios, es el doble de lo que cuesta por esfuerzo propio que actualmente se ubica en torno a los 2,10 dólares, cerca de 4 mil 500 bolívares.

Pero si se incluyen los honorarios y demás desembolsos que deben hacerse por producir petróleo, es decir cancelación de impuestos y regalías, entre otros conceptos, el costo neto de producción de un barril de petróleo se incrementa.

Señala el comisario que un barril proveniente de un convenio operativo tenía para el 2000 un costo neto aproximado de 17 dólares, un total de 11 mil 900 bolívares, frente a los 10 dólares, es decir siete mil bolívares que costaba uno generado por esfuerzo propio por parte de Petróleos de Venezuela.

A pesar de que los convenios operativos tenían como principio la reactivación productiva de campos marginales, pozos cuya producción primaria ya ha sido explotada y que requiere de métodos de extracción secundaria o terciaria, algunos yacimientos entregados a través de estos contratos aún mantenían producción comercial.

En este sentido, el mencionado documento del comisario de 1999-2000 indica "tanto el campo Boscán, bajo responsabilidad de la empresa Chevron como el campo Dación, operado por la contratista Lasma, tenían producción comercial al momento de la firma de los convenios".

El reporte precisa "el campo Boscán fue entregado con una producción de 80 mil barriles diarios y el campo Dación, de acuerdo con resultados de jerarquización de los campos profundos liviano/mediano de las áreas de Anaco y San Tomé en 1996, fue ubicado en tercer lugar en producción y como quinto en reservas de la zona, sin embargo, fue cedido bajo convenio operativo en 1997".

Por otra parte, se tomaron decisiones en cuanto a la modificación de la cláusula del incentivo por incremento de producción sin permiso del Congreso de la República.

Adicionalmente, con estas alianzas denominadas contratos de servicios se disfrazó la entrega de concesiones. Esto se explica en virtud de que los denominados contratos se refieren a convenios, mediante los cuales las empresas ofrecen alguna prestación a PDVSA que pudiera ser en el ramo de mantenimiento o trabajos especiales.

Por ejemplo, puede tratarse de un servicio de tratamiento e inyección de agua a yacimientos, suministros de energía y vapor a instalaciones, prestación de tecnología, almacenamiento y embarque, entre otros.

Pero cuando una empresa quiere dedicarse a producir crudo debe obtener un permiso que se denomina concesión y, en el caso de Venezuela, el Estado se reserva el derecho de explotación de esta actividad.

¿Cuál será el destino de los convenios operativos?

Tal como lo ha planteado el presidente de Petróleos de Venezuela y ministro de Energía y Petróleo (MEP), Rafael Ramírez, los convenios operativos deben migrar en un plazo de seis meses a empresas mixtas en las cuales PDVSA debe poseer al menos el 51% de participación.

Para ello, el MEP ha esbozado una propuesta que deberá ser aprobada dentro de poco por la Asamblea Nacional, antes de su puesta en marcha.

Por el momento, los convenios operativos producen alrededor de 500 mil barriles diarios de crudo. Sólo en el 2004 las pérdidas directas que obtuvo PDVSA por los mismos ascendieron a 260 millones de dólares.