Caracas, 10 Mar. ABN.- La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los medios de comunicación privados que accionaron contra el Estado venezolano, representa, a juicio del abogado Freddy Castillo Castellanos, miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, un fracaso jurídico y político de las televisoras.
Argumenta que “valiéndose de sus periodistas pretendieron usar los mecanismos de la justicia internacional para desprestigiar al Gobierno de Venezuela y alcanzar dividendos en su abierta actividad opositora”.
Afirmó que por el contrario, dicha sentencia es un reconocimiento al carácter democrático y respeto a la libertad de expresión del Gobierno de Venezuela.
Castillo Castellanos opinó que la Corte debió declarar inadmisible la acción intentada por las empresas televisivas venezolanas “por una sencilla razón: los accionantes no agotaron las vías de la jurisdicción interna, requisito indispensable para recurrir a la CIDH. Debe atribuírsele a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y no a la Corte propiamente, este grave incumplimiento de omitir una importantísima condición para la admisibilidad del recurso”.
Acotó que la propia Corte debió analizar el punto y, aún así, no lo hizo.
“La sentencia es clara en cuanto a que el Gobierno venezolano no ha violado ninguna de las normas establecidas en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos referidas a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada, como lo afirman de modo temerario los propietarios de RCTV y Globovisión”.
El jurista, único venezolano miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, añadió que lo único que estableció la sentencia de la CIDH “fue una exhortación al Estado para que garantice el ejercicio del trabajo comunicacional de los periodistas, evitando que éstos sean menoscabados en su labor por terceros”.
Asimismo, Castillo Castellanos consideró que todo este caso parece revelar que la única violación a los derechos humanos que se ha producido es la que habría cometido Globovisión y RCTV en contra de sus periodistas, al exponerlos en un escenario de crispación donde es difícil discernir quién provoca a quién.
Adicionalmente, dijo que estas corporaciones, al no tener legitimación activa en materia de Derechos Humanos, se valen de sus empleados para usar indebidamente este recurso del derecho internacional.
“Los autores intelectuales de esta acción engañosa no fueron los periodistas sino sus patronos. Lamento que estos jóvenes comunicadores sean usados para intereses políticos y desde luego deploro y condeno cualquier acción de violencia contra ellos”.
