Quienes sostienen que el Banco Central de Venezuela no debe otorgar los recursos solicitados por el ejecutivo para el sector agrícola, mantienen apreciaciones que van desde la defensa a ultranza de la autonomía absoluta del Banco Central, como si se tratase de una República libre y soberana en las inmediaciones de la Avenida Urdaneta, hasta el argumento de texto de introducción a la macroeconomía, en los que se sostiene que si dicho ente administrativo financia gasto público ello causaría inflación.

Lo cierto es que los argumentos se manejan en forma superficial y quienes los sostienen no van a los puntos cruciales de una discusión como responder, en lo sectorial ¿Que es necesario para propiciar un desarrollo agrícola en la economía? Y en el aspecto macroeconómico ¿Cómo propiciar un crecimiento económico auto sostenido? Ya que si a la macroeconomía no le va bien, es más probable que a la agricultura tampoco le vaya bien.

Más allá de los argumentos legales, nadie puede dudar de la necesidad de favorecer el desarrollo del agro como parte de un programa que busca crear condiciones de justicia social, creando empleo para quienes habitan el medio rural y propiciando la seguridad alimentaria a toda la población.

No obstante, el dogmatismo monetarista le ha vendido a muchos gobiernos y bancos centrales, la tesis de promover políticas monetarias restrictivas para propiciar la caída de la inflación, incluso a costa del crecimiento económico y la posibilidad de generar empleos.

La idea ha sido comprada en muchos países de la región, en gran medida porque forma parte de las condiciones recomendadas por el FMI y el sistema financiero internacional; incluso los países han entrado en una oleada de reformas de las leyes de los bancos centrales en dirección a restringir las opciones de política económica que pudieran tomarse desde éstos, de manera que mientras se defiende la autonomía, el articulado de la Ley de Banco Central y de la Ley de Finanzas públicas imponen camisas de fuerza restringiendo las posibilidades de acción de dichos organismos. Es decir, limitando la libertad y “autonomía” de los bancos centrales.

Ejemplo de ello es la restricción que se impone a los Bancos Centrales de no prestar a los gobiernos en forma directa, ya que ello es mal visto desde la ortodoxia de Washington y por el sistema financiero internacional. ¿Dónde queda la autonomía? ¿En Wall Street? Muy al contrario el BCV sería autónomo si pudiera decidir si hacerlo o no y utilizara dichos instrumentos en forma discrecional imponiendose sus propias restricciones y criterios sujeto a las circunstancias en particular.

En otro orden de ideas, una de las atribuciones del BCV es participar en la coordinación de la política macroeconómica junto al ejecutivo, ello es una responsabilidad compartida, la muy citada ultra autonomía del BCV no tiene razón de ser, especialmente porque el BCV se constituye como una persona del estado y por tanto tiene una responsabilidad constitucional en el logro de los objetivos de propiciar el desarrollo socio económico de la nación. En ese sentido, ambos actores gobierno-BCV deben ser responsables de establecer mecanismos que permitan institucionalmente el fortalecimiento del sistema financiero y ponerlo al servicio del desarrollo económico y social.

El argumento ideológico de que el Banco Central de Venezuela no debe financiar el gasto público, queda establecido en la Ley del BCV vigente; muy al contrario, la Reserva Federal de los Estados Unidos si ha podido hacerlo, de hecho han sido quienes exportaron inflación al resto del mundo con su política de señoreaje durante las distintas guerras mundiales y condujeron al mundo a un bajo crecimiento y recesión cuando aplicaron una política monetaria restrictiva . En efecto, ellos si son autónomos.

Lo crucial es que la solicitud realizada por el ejecutivo consiste en brindar financiamiento a los pequeños productores privados, quienes aunque tengan buenos proyectos no tienen un fácil acceso a los mecanismos de financiamiento convencionales. No se trata de gasto público, ni de un asalto o secuestro de los recursos del BCV como se ha querido hacer ver por expertos y analistas abiertamente opositores a la idea de pensar en los pequeños agricultores.
Se trata de sentar a ambas partes a buscar salidas y respuesta al problema de financiamiento del sector agrícola y no seguir en la discusión de si el millardito se otorga en dólares o si ello es prácticamente imposible porque cada dólar ya se convirtió en bolívares. Claro está que un dólar no puede ser otorgado sin contrapartida pero, la pregunta de rigor es ¿Existen mecanismos que permitan el financiamiento de la agricultura?

Sin lugar a dudas que sí, el artículo 48 de la Ley de Banco Central en su numeral 8 deja una ventana abierta.

En definitiva, como una salida a la diatriba política que se ha generado, dentro de las opciones que pueden ser pensadas, y sin tener que gastar directamente las reservas del Banco Central, se encuentran las siguientes:

1- Utilizar operaciones de redescuento y anticipo para servir de recursos que financien la creación de un fondo de garantías agrícolas y seguro de riesgo agrícola.

2- Hacer cumplir la cartera agrícola, veinte instituciones financieras no cumplen con la misma. ¿Son penalizados los que han incumplido?

3- Aumentar la cartera agrícola de doce a quince por ciento lo que implicaría recursos adicionales para el agro por doscientos cincuenta millones de dólares.

4- Buscar apoyo externo en instituciones como la FAO y el BID para propiciar inversiones que capitalicen al fondo de garantías agrícola y el seguro de riesgo agrícola, así como también inversión en infraestructura agrícola, sistemas de riego, vialidad, servicios técnicos al agricultor, capacitación técnica y otros.

5- El ejecutivo también puede poner un granito de arena reordenando algunas partidas de gasto y convertirlos en inversión al capitalizar el Fondo arriba propuesto.

Estamos en la obligación de preguntarnos ¿Porque es necesario contar con una estrategia de desarrollo agrícola? La historia nos ha dejado algunas enseñanzas.
Cuando Betancourt adelantó la reforma agraria se entregaron muchas tierras, y se dice que la falla estuvo la falta de financiamiento en forma oportuna.
Algunos recordarán el mal llamado milagro agrícola en la época de Lusinchi, que lo que dejó fue una botija vacía; la lección debe ser que cuando un sector crece con tan sólo un empuje de inversión pero, sin rentabilidad, y con una macroeconomía poco sana, dicho crecimiento no es sostenible.

Tampoco debe tratarse de entregar recursos a manos llenas como lo hiciera el gobierno de Carlos Andrés Pérez donde se otorgaron créditos jamás ni nunca cobrados.

Sin dudas que el ejecutivo debe contribuir con crear una institucionalidad responsable que administre los créditos agrícolas con criterios técnicos, con una baja morosidad para que dichos créditos puedan otorgarse en forma sostenida y el impulso inicial sea la base de un crecimiento sostenido.

En conclusión con poseer tierra y tener financiamiento no es suficiente, hace falta poner a tono un conjunto de aspectos tales como:

Desarrollo rural, investigaciones en salud vegetal y animal, investigación en mejoramiento de las semillas y los sistemas de riego, sistemas de garantía agrícola, seguro agrícola, infraestructura de servicios, sistemas de riego, facilidades de acceso a los mercados, vialidad agrícola, mercadeo de productos, desarrollar los mercados de minoristas y mayoristas, capacitación continua de los recursos humanos. Todos ellos deben adecuarse simultáneamente, ya que si se incrementa la inversión en forma muy rápida y se concentran los esfuerzos en la actividad productiva, tienden a aparecer las ineficiencias por carencia de los otros elementos, traduciéndose en mayores costos y falta de competitividad y por tanto se pierden los recursos invertidos en el sector.


* El autor es profesor de Desarrollo Económico UCV
Ms. En Ciencias Económicas Texas A and M University. Realizó estudios doctorales en Economía Agrícola y Comercio Internacional en Texas A and M University.
E-mail: Josesojo1@hotmail.com