Detenciones forzadas

Desde su formulación en el contexto de la Revolución francesa, hasta hoy, los Derechos Humanos han sido objeto de polémicas, objeciones y enfrentamientos. Esas discusiones a veces no van al fondo doctrinario, sino que se quedan en acusaciones mutuas de hipocresía, porque los regímenes garantes, fundadores de la ONU, especialmente los europeos y norteamericanos, se han llenado la boca con la "defensa de los derechos humanos", mientras que con las manos y patas los violan directamente o apoyan gobiernos que los irrespetan. Como se sabe, la hipocresía es un homenaje torcido a la virtud. Defender los Derechos Humanos es de "buen tono" en todos los discursos ante los foros globales. Todo el mundo dice defender y luchar por el respeto de los derechos humanos, pero, cuando hay la oportunidad, lo usan para limpiar ciertas zonas corporales por donde se evacúan los restos de las comidas ya digeridas. Es decir, los DDHH se usan a conveniencia, como disfraz de otras intenciones políticas.

Pero no siempre el debate ha sido acerca de la hipocresía del otro y la propia pureza de intenciones. Ya desde el siglo XVIII, los contradictores reaccionarios de los Derechos Humanos esgrimieron argumentos que se parecen mucho a los que hoy utilizan los representantes de esas "nuevas doctrinas" de ultra derecha. Los tiros se dirigen preferentemente contra la supuesta universalidad de esos valores. Por ejemplo, los conservadores Burke y De Maistre sostenían que no existía "el Hombre" en abstracto, sino seres concretos y diferentes, con su familia, su origen y sus peculiaridades. Hacían otras consideraciones, como que, al oponerse a la "revelación divina" y basarse solamente un racionalismo a la vez ingenuo y cruel, la Declaración de los Derechos Humanos era "satánica" por sus consecuencias "contraproducentes".

Esto se parece mucho a la argumentación de ciertos gobiernos cuando se oponen a la denuncia e intervención de organismos internacionales de defensa de los DDHH, y señalan que eso es un "vulgar intervencionismo" y, encima, que los DDHH son un invento "occidental" que no tienen por qué ser vigentes en todo el planeta, independientemente de las tradiciones de cada pueblo, entre ellas, su religión. También se parece a la argumentación de la "poli-etnicidad" que han elaborado algunos ideólogos de la nueva derecha, conocidos como "nazbol" (o sea, una mezcla de nazis con bolcheviques ¡qué mezcla tan indigesta!), que, en dos platos, lo que sostienen es que cada cultura tiene sus propias normas que están por encima de valores universales. Es evidente que ese postulado de la "polietnicidad" de ensayistas como el francés De Benois, el italiano Fusaro o el ruso Dugin, se acerca demasiado al "multiculturalismo" que la izquierda académica formuló hace unas décadas para defender la supervivencia de las culturas de los aborígenes de los diferentes continentes. Pero es diferente, como ocurre con el nacionalismo, defender una etnia excluida, destruida o explotada, que sostener la superioridad o excepcionalidad de la cultura de un imperio o aspirante a imperio. Además, a la polietnicidad de la ultraderecha se le ven enseguida las patas al caballo: es solo una versión edulcorada del racismo, de la ideología del "apartheid": las etnias deben vivir separadas, cada quien en lo suyo, los negros (o palestinos, o migrantes en general) allá y los blancos acá, como en los "batustanes" de la Sudáfrica racista.

En las nuevas coordenadas ideológicas del mundo, la defensa de los Derechos Humanos adquiere nuevas connotaciones. En la propaganda de algunos gobiernos y movimientos políticos, esa declaración ilustrada, moderna, de la universalidad de los Derechos Humanos, pasa a ser una imposición de la "Civilización Occidental" o, más simple, "Occidente". Frente a las exigencias de los organismos internacionales cuya función sería resguardar jurídica y políticamente esos principios, se esgrime que no son más que excusas para violentar otro principio: la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional. Sin negar la hipocresía de los Estados Unidos y sus aliados en el uso de los Derechos Humanos como ataque ideológico durante la Guerra Fría del siglo XX, es fundamental reafirmar la vigencia de su universalidad, necesaria precisamente en esta época cuando la globalización ya es un hecho cumplido, no solo por el dominio de un solo sistema económico planetario (el capitalismo, sin contendor de conjunto a la vista), sino por la emergencia de verdaderos problemas globales, cuyo abordaje exige una acción coordenada de toda la Humanidad: las pandemias, el cambio climático, la amenaza de guerra mundial, las migraciones, la transición energética, los desafíos de las nuevas tecnologías, etc.

Se trata de principios, y como tales deben cumplir una función, no solo en las instituciones, sino también en el interior del propio aparato psíquico de las personas. Es la conciencia moral de la Humanidad. El imperativo categórico. Aquello que siempre y en toda circunstancia debe cumplirse como obligación: respetar al Ser Humano, PORQUE es un ser humano, sin distinción ni discriminación. Porque el Ser Humano es el objetivo, y nunca el medio ni el instrumento. Por eso, cuando el Estado detiene a un individuo por cualquier delito, su detención debe ser informada a sus familiares y abogados, además de garantizársele un debido proceso frente a sus jueces naturales. No confundir venganza (mucho menos política) con justicia. Esos principios deben hacer chirriar la conciencia de cualquiera, especialmente si es un funcionario encargado de ejercer la justicia y la violencia del Estado (que siempre es un poder delegado por el pueblo). Y si, además, esa persona que es circunstancialmente funcionaria de justicia, ha sido activista de la defensa de los DDHH, ese "chirrido de la conciencia", esa disonancia cognitiva como la llaman los psicólogos, ese remordimiento, debe impedir que se hagan excepciones, debe descubrir la inconsistencia de ciertos alegatos ideológicos que solo buscan justificar lo injustificable.

Se ha hecho evidente la sensibilidad del gobierno ante las reacciones nacionales e internacionales ocasionadas esta vez por la detención de una conocida activista de los derechos humanos. Las respuestas oficiales han sido de varios tonos. En lo que se refiere a los periodistas e "influencers" gubernamentales, sacan a colación el "prontuario" de las acciones violentas de la oposición, desde la exclamación de Morales Bello (¿se acuerdan? "muerte a los golpistas", refiriéndose a … Chávez), pasando por el golpe de abril de 2002, el paro petrolero y general de ese mismo año, las marchas, las guarimbas, las incursiones de mercenarios en Macuto, el gobierno interino, las sanciones y las peticiones de intervención militar extranjera de la señora MCM, los drones magnicidas, etc. Supongo que exponer eso sirve para hacer creíble la acusación de los planes magnicidas que hizo el presidente en enero, que justificaría esa ola represiva denominada "Furia", que incluyó agresiones a movilizaciones y daños a locales de los opositores, así como la detención de dirigentes gremiales que también apoyan a la aspirante MCM. Pero también se evidencia una concepción de la justicia que la confunde con la venganza.

El Fiscal General (otrora defensor de los DDHH ante organismos internacionales, los mismos que ahora su gobierno rechaza) ha hecho énfasis en que lo de Rocío San Miguel no fue una desaparición forzada, sino el cumplimiento de una orden de detención, cuya fecha parece ser la misma de la del anuncio del presidente de la existencia de un conjunto de conspiraciones "terroristas". Incluso, con una amenaza casi directa, ha dicho el Fiscal que delinquen quienes afirmen que fue una desaparición forzada. El hecho fue que solo dos días después de su detención, y como respuesta a una reacción en las redes sociales y voceros internacionales, se informó a familiares y abogados, que la activista hacía sido capturada en virtud de una orden de aprehensión. Luego, no se le permitió ser acompañada por los abogados de su confianza en la audiencia de presentación del 12 de febrero, cuando se decidió mantenerla tras las rejas "mientras se la investiga". Es decir, las autoridades negaron información de la detención, el motivo, el paradero, y, además, se mostraron reticentes a permitir una defensa auténtica de la prisionera. Todos los rasgos con que la Convención Interamericana sobre desaparición forzada caracteriza esa arbitrariedad.

Como prácticamente queda prohibido discutir las características de la captura de la abogada San Miguel, al menos cualquier ciudadano podría expresar sus dudas, aun con todos los temores que expresó la periodista Mari Pili Hernández. Eso hizo el amigo Damián Alfa, cuando escribió en un tuit: "¿Quieren criminalizar la duda? Incluso sin tener pruebas, con solo el razonamiento lógico, un veredicto puede ser cuestionable. Los que cuestionaron el veredicto de Pernalete tuvieron razón, los que cuestionaron la versión oficial del caso Acosta Arévalo tuvieron razón; los que se negaron a creer en el veredicto oficial de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos (quienes fueron torturados), tuvieron razón. Incluso, en el caso de "Canserbero" cabe dudar". Cabría agregar los casos de desaparecidos sin respuesta: Alcedo Mora, por ejemplo.

¿Esto más parece un prontuario? Pues, sí. De hecho, Venezuela tiene un expediente ante la ONU por crímenes de Lesa Humanidad. O sea, al "prontuario" de la oposición, que laboriosamente confeccionó Clodovaldo Hernández, habría que agregarle el prontuario de crímenes de Estado contra los DDHH, entre los cuales hay prácticas inaceptables como torturas y juicios sumarios ante tribunales militares. ¿Qué los gobiernos de "la Cuarta" desaparecieron? Sí, pero eso no justifica una especie de venganza a estas alturas de la vida. Eso haría equivaler moralmente los verdugos de ayer con los de hoy, justificando de paso prácticas represivas inhumanas.

La respuesta a las exigencias respecto a las detenciones recientes del gobierno en la onda de la "Furia" de la oficina correspondiente de DDHH (abierta, por cierto, en virtud de un acuerdo con el gobierno), fue su expulsión del país. Este hecho hace pertinente la reflexión del presidente colombiano Petro: "todos los que excluyen a la CIDH a la ONU de sus países, no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios…son los aprendices de Hitler". También sería bueno pensar ante las declaraciones de José Mujica: "en Venezuela hay un autoritarismo…una dictadura".

Y ahora se anuncia la vista del Canciller de un gobierno, el ruso, sospechoso de haber "facilitado" la muerte en prisión de un opositor. El mismo gobierno que justifica sus acciones por sus "tradiciones nacionales" y la recuperación del lugar poderoso que le corresponde como Imperio, en la onda del "nazbol" Dugin. Seguimos en el jueguito geopolítico. Buscando "padrinos" potenciales para que echen una mano a cambio de la explotación de nuestros recursos. Se dice que, al mismo tiempo, continúan las negociaciones entre EEUU y Maduro, con la oposición de invitada. En todo caso, el acuerdo de Barbados está en peligro y la cúpula burocrático militar sigue aferrándose al poder. No hay perspectiva de elecciones en condiciones aceptables y parece que el ejemplo que a la postre se sigue es el Daniel y la Chayo.

Todavía discutimos con De Maestre y Burke la universalidad de los Derechos Humanos.



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Jesús Puerta


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