El ilustre estadista venezolano Fermín Toro en una sesión de la famosa Convención de Valencia en agosto de 1858 proponía acertadamente cual sería la Constitución ideal para Venezuela: "constaría de cuatro artículos: instrucción popular muy extendida; moralidad en las costumbres; amor al trabajo y hábitos de economía. Yo entonces metería la mano en un saco y sacaría una Constitución para Venezuela que sería rica, poderosa y feliz con esta Constitución". En la actualidad, después de más de 150 años, Venezuela se encuentra en las mismas necesidades que ya determinaba Fermín Toro y que a diferencia de aquel entonces hoy podemos conocer cuan presentes están entre nosotros esas ideas.
En una Venezuela donde el estatismo y el proteccionismo son vicios arraigados desde los inicios de la naciente época republicana crear buenos hábitos de economía es algo que a los políticos venezolanos no se les dé muy bien y si bien ha habido excepciones de gobiernos con disciplina económica estas solo han significado rarísimos paréntesis que se han perdido entre los vaivenes y desencuentros de la convulsionada política venezolana. Luego de la separación de la Gran Colombia en 1830, a falta de una moneda oficial y de un sistema fiscal disciplinado las penurias económicas en una Venezuela rural no se hicieron esperar; la dependencia de los ingresos del cacao y del café comenzaría a tener repercusiones con la crisis cafetera de 1842 y a la merma de estos recursos, los aumentos de aranceles e impuestos, un campesinado en la ruina y las desigualdades sociales comenzarían a encender la mecha que detonó la Guerra Federal que acentuaría el vicio de los caudillos de turno.
El inicio de la industria petrolera que encajaba al mismo tiempo con la pacificación del país y la autocracia andina que gobernó a Venezuela desde 1899 a 1945 modificó drásticamente todas las latitudes de vida: sociales, políticas, diplomáticas, culturales y por supuesto económicas. Sería errado decir que el petróleo por sí solo contribuyó al avance inicial de la economía del país ya que fue la actitud complaciente de la dictadura de Juan Vicente Gómez hacia las compañías transnacionales lo que atrajo la inversión de los grandes capitales extranjeros. Estas empresas no solo operaban bajo la venia del gobierno sino que intervinieron en la elaboración de las leyes de hidrocarburos de 1920 y 1922 proporcionándoles grandes ventajas. No obstante lo injusto que era para el país, el espectacular negocio petrolero le dio al régimen de Gómez un soporte económico como nunca lo había tenido hasta entonces ningún otro gobierno de Venezuela. Tras la caída del gobierno gomecista en 1935 se asomaban las intenciones de una mayor intervención del Estado en la economía petrolera de acuerdo con el Programa de Febrero presentado por Eleazar López Contreras en 1936 que marcó el inicio de la nueva Venezuela del siglo XX. Para ese momento el economista británico John Maynard Keynes publicó su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero en un momento donde aun se sufrían los estragos de la Crisis de 1929 que a su vez era achacada al exceso de liberalismo económico que causó la caída de la bolsa de Wall Street. El sistema financiero venezolano parecía tomar forma pero esta vez bajo la vigilancia del Estado al materializarse la creación del Banco Central de Venezuela en 1939 que no estuvo exento de oposición y malos ratos. El Ejecutivo poco a poco se iría reservando el poder de intervenir en la economía al punto de asumir el control de la paridad cambiaria con respecto al dólar cuando al Banco Central se le otorgan dichas atribuciones en 1940. El petróleo que en efecto había generado vastos ingresos petroleros, era poco lo que en la práctica había contribuido al desarrollo de la nación: para 1935 solo once pueblos del país tenían electricidad, las condiciones sanitarias eran pésimas, las condiciones laborales de los trabajadores petroleros eran deplorables y no existía la clase media. Poco a poco y con la importación del concepto de Estado benefactor, se fueron consolidando desde el Estado programas e incentivos orientados a mitigar las deficiencias de los rubros como la salud y la educación. Con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de 1943, uno de los más modernos instrumentos legales en materia petrolera por primera vez se hace evidente la participación activa de un gobierno en la economía desafiando el poder de las grandes corporaciones que controlaban en su totalidad las operaciones petroleras en el país intentando habilidosamente no repetir la penosa experiencia de México con la nacionalización del petróleo en 1938, aunque hablar de nacionalizar la industria petrolera en Venezuela sonaba a un acto irrisorio. Con esta ley se obligaba a las empresas petroleras a mejorar los salarios, libertades sindicales y condiciones laborales de los trabajadores del ramo de hidrocarburos lo que estimuló el crecimiento de una sólida clase media.
La década de los cuarenta, a pesar de los embates políticos y la participación indirecta de una neutral Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, constituyó el boom del Estado social con la iniciativa del gobierno nacional en crear instituciones de seguridad social pero al mismo tiempo el Estado se convirtió en un ente generador de servicios bajo la tutela de la creciente renta petrolera absorbiendo gran parte de las responsabilidades tributarias de los ciudadanos con el abaratamiento de tarifas de servicios públicos o inclusive mediante la gratuidad. El asunto no es que esté mal dar un servicio gratis sino que a la larga al no existir rentabilidad constituye pérdidas al tesoro público a través de abultados presupuestos calculados a partir de los ingresos de un producto tan fluctuante como el petróleo dejando una amplia brecha de déficit fiscal que luego los gobiernos cubren recurriendo a la impresión de dinero inorgánico, devaluación y por ende generando inflación.
El keynesianismo criollo que nació de las convulsas pujas políticas y que en un inicio nació para incentivar el desarrollo de un país que venía emergiendo de las sombras del caudillismo y la miseria, se ha empezado a contaminar de los vicios del populismo y la demagogia donde los políticos han hecho creer que el Estado tiene la obligación de resolverle todos los problemas al ciudadano e incluso llevarle una bolsa de comida a precio de gallina flaca a la puerta de su casa; así poco a poco veremos cómo el poder ejecutivo asume directamente las inversiones en sectores como la electricidad, acueductos, teléfonos, aseo, hospitales, universidades, industrias y a la larga dejará entrever la idea de intervenir totalmente la industria petrolera que cobrará vida con la discusión en el Congreso de la Ley de Bienes Afectos a Reversión a finales de la década de los años sesenta y que tuvo como consecuencia negativa el cese significativo de las inversiones petroleras en Venezuela por parte del capital extranjero y un breve retroceso en adelantos tecnológicos en la industria de los hidrocarburos. Así vemos como ya en pleno gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) a quien se le atribuyen erróneamente excelentes políticas económicas se remite al poder del Estado en su totalidad industrias como el hierro y el petróleo desembolsando una gran indemnización o un desangramiento del fisco nacional sobre el inventario de bienes y activos pertenecientes hasta entonces a las transnacionales que operaban dichas industrias y no solo eso, se sometieron a auditoria a mas de 200 institutos autónomos –que de autónomos solo tenían el nombre- cuyos ingresos y planificación presupuestaria paso directamente a los distintos ministerios. El primer gobierno de CAP se puede decir que ha sido el más nocivo en el área económica dejando daños que hasta hoy no se han podido revertir; su adicción al centralismo lo llevó a tomar medidas espasmódicas como la derogación del patrón oro en 1974 y un desmesurado gasto público que incentivo el aumento exagerado de la deuda externa. El pueblo entre tanto no entendía o se desentendía en lo absoluto de lo que en verdad pasaba; la época del ta’ barato dame dos y la Venezuela saudita no hubiera existido de no ser por el estallido de la Guerra del Yom Kippur en 1973 que generó un alza en los precios del petróleo y le otorgó un lugar considerable a los países de la OPEP en la geopolítica mundial ante unos Estados Unidos desmoralizados por la derrota en Vietnam y el escándalo de Watergate. La lluvia de petrodólares que ahora constituía el respaldo del bolívar en lugar del oro como ocurría desde 1918 con la abolida Ley de Monedas fue generando a partir de 1976 un silencioso aumento de la inflación y una contracción del producto industrial bruto a partir de 1977.
Una y otra vez se tomarían medidas equivocadas. Se pretendía acabar con el problema sin erradicar la razón principal que era la excesiva intrusión del gobierno en la economía y aunque privatizaran las empresas para oxigenar al fisco de las considerables pérdidas de una u otra manera continuaban las trabas burocráticas que impedían buscar una salida al problema, aunque fuera dolorosa. Desde El Caracazo pasando por la crisis bancaria de 1994 se puso en evidencia la debilidad del gobierno en materia económica y la soberbia por no querer enfrentar la crisis y echarle la culpa al gobierno anterior; se pretendía aminorar los efectos del intervencionismo con mas intervencionismo tal como ocurre en la actualidad con la gestión de la SUNDDE que por un lado busca fijar y mantener los precios "justos" por el otro se le escapa el problema de la reventa de víveres y el comercio ilícito ignorando los costos de producción, competencia o rentabilidad como si los mercados se definen por decretos. El puntofijismo no terminó en 1999 con la llegada de Chávez, ya había terminado en 1993 con la asunción de Caldera como presidente con un discreto viraje hacia la izquierda –aunque tampoco era de derecha- con la promesa de nunca recurrir al Fondo Monetario Internacional, una de tantas incumplidas. Una vez el intervencionismo hace de las suyas y solo empeora la situación devaluando más el bolívar y cerrando más de 75 instituciones bancarias. Para 1996 según cifras propias de la OCEI (actual INE) la pobreza alcanzaba el 70%, la pobreza extrema 33% mientras que la desnutrición alcanzaba el 26%. Mucha gente dirá "si, pero no había una diáspora", "pero se comía bien", pero si el venezolano promedio hubiera tenido los buenos hábitos de economía de los cuales hablaba Fermín Toro se hubiera ayudado con mucha responsabilidad a que la ciudadanía afrontara la coyuntura con cautela: mayor iniciativa de producción, ahorro, austeridad, pensar en el futuro. Hoy los problemas de El Chiripero y el alocado paternalismo estatal siguen mas vigentes que nunca, creo que hasta los argumentos de El Caracazo se quedaron cortos ante el drama que vive la familia venezolana entre largas colas de gasolina que ahora se vende incluso dolarizada en un país donde la moneda según la Constitución es el bolívar, ¿Qué pasaría si hubiera otro Caracazo hoy? ¿Qué diferencias hay entre la dirigencia política de hace 25 años con la de hoy? A mi juicio creo que ninguna; la actitud del electorado se mantiene en un profundo nihilismo hacia los partidos tradicionales aun cuando estos presumen popularidad y apoyo. Tampoco aprendimos cuando entre el 2004 y el 2010, tuvimos las mejores condiciones de desarrollo y en lugar de ello se desató un capitalismo de Estado sin precedentes donde el gobierno nacional quería asumir competencias de generador de bienes y servicios dejando saldos negativos en cuantiosas pérdidas. Hoy programas y empresas como Lácteos Los Andes, VIT, CANTV, Movilnet, tiendas AgroVenezuela, Mi Casa Bien Equipada, Venirauto, Infocentros, Venezuela Productiva, Mercales, Pdvales, Abastos Bicentenario, Orinoquia son la sombra de lo que quiso ser un prometedor modelo de calidad de vida sustentado en petrodólares ¿A dónde quedó todo aquello? ¿A quién vamos a culpar? ¿A Donald Trump? Aún cuando ya desde 2009 se venían desincorporando del presupuesto nacional programas sociales como la Misión Negra Hipólita y Guaicaipuro. Si el venezolano de hoy tuviera noción de lo que es la economía sabría, a verbigracia, que los recursos aprobados para el Puente Nigale de Maracaibo, de los cuales hoy se desconoce su paradero, salieron no solo de sus impuestos sino de dinero que pudo utilizarse para el desarrollo de Venezuela, el ahora perdido Satélite Simón Bolívar que se integra al basurero espacial, los proyectos ferroviarios inconclusos, recursos aprobados sin contraloría y que ahora más que nunca nuestro país lo necesita. Puede que ese dinero no salga de nuestros bolsillos, pero serán nuestros bolsillos quienes más adelante paguen las consecuencias.
Hemos entrado en una época donde la gente cree que el Estado le ha de resolver sus necesidades; la política nos hizo creer que los demagogos deben regalarnos una bolsa de comida, que una autoridad es la que decide cuánto cuesta esto y cuanto cuesta aquello pero no se estimulan las condiciones para que las cosas tengan su precio justo acorde a lo que realmente vale sin necesidad de fijar precios ficticios; el Banco Central ha pasado de emitir dinero a emitir papelillo donde los charlatanes son los que deciden que billete es el que vale y cual no; donde el denigrado dólar es la moneda de referencia incluso de manera oficial; donde el gobierno decide quién y cuánto se dispensa de gasolina ¿preguntémonos si esto es normal? Si mas allá de culpar a gobiernos no tenemos como pueblo una cuota de responsabilidad en todo este problema y asumamos de una vez por todas la tareas de enfrentar esta crisis moral y social. Debemos derrotar este keynesianismo salvaje venga de donde venga, imponga quien lo imponga. Democracia es que cada quien pueda comprar lo que quiera y donde quiera, hacer con su dinero lo que le dé la gana y no esperar a que el Estado le dé una caja de 24 productos de comida y que quien quiera superarse lo haga sin restricciones.
Venezuela será libre no el día que Maduro ya no esté, sino el día que una ciudadanía inteligente elija a sus líderes no por sus palabras sino por sus acciones. ¿De qué nos sirve el hierro y el petróleo si no tenemos el mayor recurso humano que es la materia gris cerebral? En pocos años se cumplirán cuarenta años del Viernes Negro; desde entonces han desfilado siete presidentes por Miraflores y una larga lista de ministros de economía y presidentes del Banco Central de Venezuela ¿Qué hemos aprendido? Creo que nada, los problemas no han desaparecido; los controles cambiarios, la anarquía, la corrupción, la podredumbre institucional, la escasez siguen allí más presentes que nunca. No podemos aspirar ser Suiza o Noruega si se siguen eligiendo a los políticos más por sus habilidades demagógicas que por sus competencias intelectuales. Y culmino con una frase del escritor ingles Aldous Huxley: "quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia".
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