La elección de la Asamblea Nacional Constituyente le ha generado un serio problema político y legal a la oposición venezolana, la cual, desde que controla la Asamblea Nacional tras las elecciones de 2015, no les reconoce autoridad al Presidente Maduro, ni a los órganos judicial y electoral.
El artículo 347 de la Constitución venezolana dice que "el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución". Y el artículo 349 establece que "los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente".
La convocatoria del Presidente Maduro para elegir la Constituyente fue legal, pues el artículo 348 de la Constitución señala que "la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral".
La oposición no participó en la elección de la Constituyente pero 8,089,320 personas votaron por los y las candidatas afines al gobierno, una cifra mayor a la que obtuvo la oposición en las elecciones de 2015 (7,726,066) y muy superior a los 5,622,844 votos que obtuvo esa vez el Gran Polo Patriótico, integrado por el PSUV y los partidos Comunista de Venezuela y Vanguardia Bicentenaria Republicana. Esos datos demuestran que las fuerzas de la revolución aumentaron su caudal en casi 2.5 millones de votantes.
Por más que la derecha venezolana diga que Maduro es dictador, el pueblo sabe que eso no es cierto y que al Convocar a la Constituyente, Maduro le dio poder para tomar decisiones sobre el rumbo del país. El poder del pueblo venezolano, fruto de la Constitución surgida de la revolución, no lo tiene el pueblo de Estados Unidos ni lo tienen los pueblos gobernados por fuerzas enemigas de la revolución venezolana.
La derecha venezolana, dirigida por el gobierno de Estados Unidos, acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de hacer fraude durante la elección de la Constituyente y no reconoce los resultados de la votación. Pero ahora tendrá que decidir si participa en los comicios para las 23 gobernaciones del próximo 10 de diciembre. Y no le queda mucho tiempo para inscribir candidatos. Si participa, reconoce la legalidad del CNE y de la Constituyente, y si no participa queda fuera de todas las gobernaciones. Ya se ven divisiones en el agrupamiento opositor de la Mesa de Unidad (MUD).
El dilema no es sencillo. Hay que recordar que cuando Maduro convocó la Constituyente, los diputados y diputadas de la MUD se declararon en desobediencia y designaron a unos supuestos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o sea, desconocieron la legalidad del Presidente de la República y trataron de anular el Órgano Judicial. En enero de 2017, incluso, habían declarado que el Presidente Maduro abandonó su cargo. En esa ocasión el TSJ les recordó que no tenían facultad para destituir al Presidente y que estaban en desacato, pues juramentaron a tres diputados elegidos con fraude, pese a que la Sala Constitucional les ordenó que no lo hicieran.
La MUD controla la Asamblea Nacional pero desde ese órgano del Estado viola el orden legal que le permitió ganar las elecciones de 2015. Para la oposición, volver a la legalidad no es fácil pero tampoco es imposible. En abril de 2002 desconoció la Constitución y derrocó al Presidente Hugo Chávez por dos días. Al fracasar el Golpe de Estado, la oposición hizo un paro empresarial y petrolero que duró de diciembre de 2002 hasta febrero de 2003. Al volver a fracasar, decidió no participar en las elecciones para la Asamblea Nacional de 2005 y quedó fuera Congreso. Desde entonces volvió al carril electoral y ganó las elecciones para la Asamblea Nacional realizadas en 2015, en medio de una crisis económica ocasionada por la brusca baja del precio del petróleo, el desequilibrio monetario y el sabotaje económico de los grupos de poder.
Sin embargo, desde la Asamblea Nacional, la oposición volvió a desconocer el orden legal y trató de derrocar al Presidente Maduro mediante acciones coordinadas de desestabilización económica y social, búsqueda de apoyo de la OEA e incitación a una rebelión militar. Ese plan se atascó. Y si los partidos de la MUD no regresan a la legalidad y continúan impulsando acciones vandálicas, seguirán pendiendo peso en el Estado y en la sociedad. Como sus dirigentes lo saben, es probable que vuelvan a la vida legal, no porque esa sea su vocación, sino por ser una necesidad. También es posible que se dividan entre los que desean retornar a la legalidad y los que insistan en derrocar Maduro a través de la violencia. En cualquier caso, la oposición ya no es la misma de 2015. Se ha debilitado. La Constituyente es una victoria estratégica de la revolución.
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