Dentro de la economía liberal, tanto la clásica como la neo, el impacto social de las medidas que se toman no es un tema que pase desapercibido. Con el lenguaje aséptico que los caracteriza, los (neo)liberales suelen denominar “costo social” a lo que, como conjunto, una sociedad sacrifica o resiente como resultado de una decisión que toma. En este sentido, el costo social es un derivado del concepto un poco más abstracto de “coste de oportunidad”, esto es: si se tomó una decisión determinada, lo que se pudo haber ganado con otra alternativa o, dicho de otro modo, lo que hay que sacrificar por la asumida, es un coste de oportunidad, una especie de pago de consecuencias implícita en la propia toma de elecciones.

Así por ejemplo, si en un momento determinado un país tiene que escoger por desarrollar un sector (el agrícola por ejemplo), el coste de oportunidad de esa medida vendrá dado por el hecho de no poder desarrollar otra rama  (la industrial, por caso), por lo que deberá importar lo bienes y servicios relacionados con este último. De la misma manera, suponiendo que ese país desarrolle efectivamente una agroindustria importante, es posible que más adelante una decisión política o las circunstancias (una crisis por ejemplo) lo lleven a volcar dicha producción a la exportación. En este sentido, el costo social podría venir por los lados de un aumento de los precios a lo interno de dicho país, pues los alimentos que antes se destinaban al mercado nacional ahora deben compartirse con los internacionales y por lo tanto pueden escasear.

Sin embargo, en el esquema (neo)liberal el costo es un indicador racional que solo puede ser medido individualmente o, como ellos dirían, es un valor subjetivo. De tal modo pues, no sólo se supone que debe ser asumido exclusivamente por la persona que toma las decisiones, es decir, no es posible transferirlo o imponerlo a otros, sino que sólo existe en la mente de quien elige o toma las decisiones, y por tanto, no puede ser medido por ninguna otra que no sea por ella, puesto que no hay ninguna manera de observar directamente la experiencia mental subjetiva que lo impulsa.

No obstante, el problema de este enfoque es evidente: y es que la tragedia deviene cuando ese conjunto de supuesto teóricos que pueden tener sentido en el marco psicologista de la elección racional, son transportados a la arena socio-política para ser utilizados ideológicamente en aras de justificar lo injustificable.

El 27 de febrero de 1989 es unos de los mejores ejemplos de los peligros que conlleva el fundamentalismo teórico de los economistas (neo)liberales cuando se combina con los peores intereses imperiales y de clase así como con el servilismo de los grupos de poder locales. Cuando el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez aplicó su tristemente célebre “paquete” de medidas diseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), tenían por su puesto contemplado que las mismas conllevarían un costo social, sólo que subestimaron por mucho su dimensión además de la reacción popular, todo lo cual degeneró en la masacre por todos y todas conocida.

Pero esta subestimación, es importante aclararlo, no debe considerarse el resultado de un mero error de cálculos. Por una parte, subestimar la reacción popular fue consecuencia de la sobrestimación del “carisma” del presidente Pérez y en general de la clase política de la Cuarta República y su ascendencia sobre el pueblo. Por la otra, y como correlato de lo anterior, surge también del profundo desprecio hacia lo popular de la mentalidad (neo)liberal y los sectores de poder. En el esquema de pensamiento de los diseñadores de las medidas su suponía que bastaba con algunos paños calientes focalizados (bolsas de comida, aumento del salario mínimo, etc.) para compensar el impacto de un plan de acción destinado a cambiar de golpe no sólo la estructura económica del país, sino las relaciones sociales de él derivadas y las condiciones de vida de toda la población. Pero adicionalmente, se pretendía hacer pasar como una decisión de todos y todas los venezolanos y venezolanas la aplicación de dicho plan, dejando por fuera el hecho evidente de que se trataba de una imposición y que era sobre las espaldas de los más desfavorecidos donde se hacía reposar sus cargas.

Así planteadas las cosas, los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 pueden ser interpretado de varias maneras. En sentido estricto, como ya dijimos, como una reacción popular ante las medidas neoliberales decretadas por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. En sentido más amplio, como un síntoma de la descomposición y deslegitimación acelerada del esquema bipartidista construido en torno al Pacto de Punto Fijo. En otro lugar (Breve historia del Neoliberalismo en Venezuela), enunciamos algunas de las líneas que permiten abordar un análisis conjunto de ambas perspectivas. Sin embargo, en esta ocasión, optaremos por enfocarnos sobre la primera, pero dándole especial relevancia a estos funestos acontecimientos tal y como lo que son: un oscuro capítulo de violación de los derechos humanos y un crimen policial-militar complementario al crimen económico-social que le precedió.

27-F: La génesis:

Como se recordará, el 02 de febrero de 1989 toma posesión de la Presidencia de la República de Venezuela Carlos Andrés Pérez, dirigente del partido Acción Democrática y quien ya había ocupado la primera magistratura nacional durante el período 1974-1979. En medio de una severa crisis económica y social que ya arrastraba al menos dos períodos (el de Luis Herrera Campins -1979-1984- y el de Jaime Lusinchi -1984-1989), Pérez retorna con la promesa de llevar al país a la esplendorosa “Venezuela Saudita” de su primera gestión. Paradójicamente, el esquema de corrupción generalizada, consumismo y despilfarro que caracterizaban a dicho modelo habían sido en buena medida responsable de la mencionada crisis, pero con todo Pérez llegó a la presidencia con un 52, 91% de los votos.

La toma de posesión de Carlos Andrés Pérez –denominada popularmente “La Coronación”- hizo todo lo posible para ajustarse al mito saudita. Al Teresa Carreño asistieron personalidades de todas las latitudes y no se escatimaron gastos –millones de dólares- para la misma. De lo que se trataba, era de transmitir la idea de que el milagro económico era de nuevo posible, y que sólo bastaba la determinación del líder que lo había logrado por primera vez. Sin embargo, en medio de toda la celebración y la pompa mediático-diplomática, el equipo económico de Carlos Andrés Pérez (Miguel Rodríguez, director de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República COORDIPLAN; Moisés Naím, Ministro de Fomento;  Pedro Tinoco, presidente del Banco Central de Venezuela BCV; Eglé Iturbe de Blanco, Ministra de Hacienda) se encontraba ya en negociaciones con el FMI.

Lo que muy pocos sabían en ese momento es que estábamos en vías de convertirnos en el segundo país de la región en aplicar las medidas de ajuste neoliberal, esas que más tarde y luego de aplicarse indiscriminadamente a lo largo y ancho del mundo se conocerían como del “Consenso de Washington”[1]. Hasta la fecha, sólo el Chile de la dictadura pinochetista se habían puesto en práctica, además de la Inglaterra de Margaret Thatcher y en los Estados Unidos gobernados por el cowboy de televisión Ronald Regan. En el caso del país austral, las medidas se aplicaron en paralelo con la feroz represión y el terrorismo de estado que siguió al derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende, durante la cual más de tres mil (3.000) muertos y desaparecidos y un número aún mucho mayor de torturados fueron contabilizados.

En el caso nuestro la conmoción provino de la aplicación de las propias medidas. El 16 de febrero, a menos de dos semanas de la posesión, y aprovechando el “cheque en blanco” que todo gobierno tiene a comienzos de mandato, se aplicó sobre “el cuerpo enfermo” de la economía venezolana el plan de ajustes o “Paquete Económico de Ajuste Estructural“, popularmente conocido como “El Paquetazo“. Las medidas contempladas en el mismo fueron las siguientes:

1. Liberación de los precios y eliminación del Precio de Venta al Público o PVP, es decir, precio fijado y regulado por el Estado de los bienes y servicios de consumo público.
2. Incremento gradual pero constante de las tarifas de servicios públicos (teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico).
3. Aumento de 100% en el precio de la gasolina, y aumento anual durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo.
4. Aumento de las tarifas del transporte público en un 30%.
5. Liberación en un 30% de las tasas de interés activas y pasivas
6. Eliminación de la tasa de cambio preferencial.
7. Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
8. Reducción progresiva del déficit fiscal.
9. Inicio de un proceso de privatización de activos públicos y empresas del Estado, servicios de salud, educación y la seguridad social.

El domingo 26 de febrero siguiente el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% válido para los 3 meses siguientes, ya después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. Lo que ocurrió, como dijimos, fue que los transportistas (afiliados en su gran mayoría a la Central de Trabajadores de Venezuela CTV dominada por el entonces partido de gobierno) abreviaron el lapso de espera y subieron la madrugada del lunes 27 de febrero el pasaje en un 100%.

La respuesta del gobierno de Carlos Andrés Pérez al descontento popular es un buen ejemplo de cómo se manejaban las cosas en nuestro país hace pocos años. Subestimando inicialmente los acontecimiento la orden inmediata fue reprimir, lo cual hicieron los cuerpos policiales pero provocando el efecto contrario al esperado: las protestas aumentaron, recrudecieron y se extendieron, cabalgando sobre el malestar social y el efecto contagio de las imágenes televisivas y las noticias, ya que los medios aunque no daban crédito de lo que veían igual lo transmitían, al menos hasta que se suspendieron las garantías constitucionales y se activó el Plan Ávila.

Las razones:

Como suele suceder en estos casos, es difícil establecer en qué momento las protestas pasaron de escaramuzas con los choferes a ataques a las unidades de transporte y luego al saqueo de abastos y supermercados. De igual manera, es complicado determinar en qué punto exacto los acontecimientos dejan de ser un problema de orden público para devenir un asunto de seguridad de Estado y conmoción interna. Por lo general, existen dos corrientes explicativas sobre el 27 de febrero que han tratado de responder a estas cuestiones: una más ligada a los factores de poder (aunque no exclusivamente) que da cuenta de unos hechos que se salió de su cause debido la incapacidad y la improvisación del gobierno. Y otra más cercana a la intelectualidad progresista para los cuales el 27-F es una especie de “cresta” de la ola del descontento y las protestas que antes y después caracterizaron a la décadas 80 y 90 de nuestro país, así como una señal inequívoca de la crisis de legitimidad del modelo democrático representativo bipartidista.

Sin obviar lo que hay de cierto en ambas explicaciones, lo primero que tal vez habría que revisar es la aparente “anormalidad” o carácter “extraordinario”  de los sucesos en cuestión. Y es que la aplicación perversa de unas medidas perversas en medio de la severa crisis de un modelo montado sobre principios superlativamente desiguales y, de por sí, ya perversos, era proclive a generarlos. En este sentido, debe recordarse que la inflación llegó a estar en ese año en 81%, el desempleo se ubicaba por encima del 10% y la canasta normativa, según cifras del Banco Central de Venezuela, en torno a los 25 Mil Bs., en momentos en los cuales sólo el 1,1% de la población empleada recibía ingresos superiores a los 15 mil Bs. mensuales. Sin embargo, más allá de estas cifras que ponen en evidencia la situación crítica que se vivía, era en las raíces del propio modelo “virtuoso” donde había que buscar las razones profundas del estallido.

Así las cosas, el esquema petrolero-rentistas que había tomado curso en el país al menos desde 1945 y profundizado a partir de 1958 con los gobiernos sucesivos de Acción Democrática y Copei, instauró un modelo distributivo sumamente desigual que, entre otros males, propició el éxodo rural hacia las ciudades trayendo como consecuencia el hacinamiento y la construcción de viviendas precarias y marginadas en los bordes de las principales urbes, en especial la caraqueña, todo lo cual seguimos padeciendo hasta la fecha. La ausencia de planificación urbana hizo el resto. Las zonas clase media y alta florecían absorbiendo los servicios públicos (luz, agua, vialidad, etc.) mientras los barrios marginales se multiplicaban a su alrededor en carencia de los mismos o en torno a los centros industriales. El contraste que uno puede observar en Caracas entre, por ejemplo, el barrio San Agustín y Parque Central es paradigmático de este hecho: estas últimas emblemas de la “modernidad” en Venezuela (particularmente de la modernidad entendida al estilo norteamericano, lo cual puede deducirse del nombre) y hasta no hace mucho los rascacielos más altos de Latinoamérica , mientras que el otro crecía en sus adyacencias así como del Terminal de Nuevo Circo, centro neurálgico de la llegada de migrantes pobres del interior.

Que esto haya sido no es casual. Ubicarse en torno a las urbanizaciones y las fábricas que nacían bajo la contradictoria política de sustitución de importaciones garantizaba cercanía hacia posibles fuentes de trabajo. La violencia de los cambios demográficos y socio económico fue otro factor. Para 1920, según cifras oficiales, Venezuela contaba con poco más de 2 millones de habitantes; para 1961, con 7 millones 500 mil, y para 1989 ya se encontraba cerca de los 19 millones, la mayoría de los cuales se ubicaban en el eje Centro-Norte-Costero y, fundamentalmente, Caracas y Miranda. En su acelerado proceso de urbanización durante la segunda mitad del siglo XX, el área metropolitana de Caracas pasó de tener 354.138 habitantes, según el censo de 1941, a 2.183.935 de acuerdo al censo de 1971, y casi 3 millones a finales de la década de los ochentas.[2]

Como dijimos, esta violenta “modernización” que vivió el país  fue posible gracias a la renta petrolera. Un Estado clientelar se encargaba de repartirla garantizando con ello lealtades y el status quo. Según un mito muy arraigado dentro de algunos sectores en el país, los principales beneficiados de este modelo era los pobres que vivían del asistencialismo populista de Acción Democrática y Copei. No obstante, una parte importante de la actual clase media y alta nacional no se explica sin las políticas de inclusión cuando no el subsidio directo y en no pocos casos la corrupción generalizada que tuvo su climax en el primer período de Carlos Andrés Pérez.

Pero sea como fuere que haya sido esto último, el problema es que este esquema puede funcionar en la medida que la entrada de recursos provenientes del petróleo así lo permita. Y sobre todo, en la medida en que dicha entrada sea mayor al gasto que se genera. De tal forma, al despilfarro, la corrupción, la ausencia de planificación y la concentración de recursos, debe sumársele la promoción de un estilo de vida consumista que no sólo hizo de éste la principal forma de diferenciación y movilización social sino que el sector comercio (en especial de bienes importados) creciese numéricamente, pero además se consolidara como uno de los gremios más poderosos del país.

Cuando el modelo comenzó a hacer crisis como consecuencia de sus contradicciones internas y externas, socialmente se desató una lucha por capturar los márgenes de renta que quedaban. Como no podía ser de otra manera, los más poderosos, es decir, aquellos que habían crecido directamente en conexión al Estado clientelar, resultaban favorecidos en la competencia: empresarios y líderes político no sólo no veían desmejorar su condición sino que exhibían riquezas que crecían en la misma proporción en que las grandes mayorías avanzaban hacia la pauperización. Como dijo un buen observador de aquella época, no dejaba de ser obsceno, por ejemplo, que una familia  aterrizara en La Carlota proveniente de los mall de Miami mientras otra la veía llegar desde su barrio carente de todo lo humanamente necesario para vivir con dignidad. Pero lo más terrible es que este espectáculo obsceno se repetía todos los días, y en realidad formaba parte hasta no hace mucho de nuestra “normalidad”, al igual que los hospitales destartalados (muchas veces desmantelados por mafias conectadas a clínicas privadas) y las escuelas cerradas. Una nota del diario El Paíssobre el 27 de febrero describe este contexto general con bastante fidelidad:

“La boda del siglo tituló con todas sus cinco columnas de primera página el pasado 19 de febrero el Diario de Caracas, con un breve antetítulo que decía: La crisis tiene sus excepciones. Por encima de una foto de los novios escribía el periódico que “fue la de la pareja Fernández Tinoco-Cisneros Fontanels, Gonzalo y Mariela, quienes contrajeron nupcias en la capilla de las Siervas del Santísimo. De allí el cortejo partió en 20 pullmans y un Rolls Royce hasta el Alto Hatillo, donde un bufé rebosante de caviar, langosta y salmón fumée, regado por champaña La Grand Dame -de la cosecha más apetecida-, esperaban a 5.000 invitados, de los cuales 200 habían llegado desde el extranjero, con pasaje pagado desde Caracas.

Al mismo tiempo que los invitados degustaban el “bufé rebosante”, en la cadena de supermercados Cada, la mayor del país, propiedad de la familia de la novia, Mariela Cisneros, el grupo financiero más fuerte de Venezuela, faltaban buena parte de los productos básicos. Lo mismo ocurría en gran parte de los comercios del país. El anuncio de la entrada en vigor de nuevas medidas económicas, anunciadas por Carlos Andrés Pérez, que había asumido la presidencia el 2 de febrero, desencadenó la codicia de los comerciantes. En espera de las subidas de los precios liberados, los comercios retenían mercancías en las bodegas. El mercado quedaba desabastecido en un país que había dejado de ser la Venezuela saudí de los años setenta, época de la primera presidencia de Pérez, y había entrado de lleno en la en crisis de los ochenta, de la deuda externa y la pauperización.”[3]

En el imaginario colectivo de finales de la década de los ochenta y ya cercano a fines de siglo, se encontraban además muy frescos los casos de RECADI y la igualmente obscena negociación de la deuda mediante la cual por obra y gracia de otro gobierno de Acción Democrática -el del inefable Jaime Lusinchi- el Estado venezolano reconoció las deudas contraídas por empresarios privados (muchos de ellos “de maletín”). De tal suerte, ante la banca internacional, con total entrega de la soberanía y sin voluntad de negociar en términos justos, el gobierno de Lusinchi asumió una deuda externa superior a los 30 mil millones de dólares al tiempo que sus principales beneficiarios y responsables resultaban exonerados.

Pero especular directamente con la crisis se había convertido también en una práctica durante aquellos años. Cada vez que ocurría una devaluación de la moneda, por ejemplo, un grupo de favorecidos lo suficientemente bien conectados e informados se hacían millonarios (por lo general, más de lo que ya eran) al tener acceso a información privilegiada. Pero también ocurría a escala más microscópica que ante los aumentos de precios y las devaluaciones los pequeños y medianos comerciantes, siguiendo el ejemplo de los dueños de CADA, acaparaban los productos para luego remarcarlos y sacar provecho del desespero popular. De tal manera, los más excluidos sufrían el rigor de la escasez y la especulación, que venía a superponerse al aumento oficial de precios y a la mengua salarial. Ante esta situación, el gobierno se mostraba incapaz y en realidad sin mucha disposición a actuar para resolver la situación dado el poder de la cámara de empresarios y comerciantes FEDECAMARAS y la anuencia colaboracionista de quienes eran los llamados a defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, en especial la CTV, controlada por el gobierno. Por este motivo, el paquetazo de Pérez se instaló sobre un terreno ya minado por el descontento, fue la gasolina que le hacía falta al fuego del malestar social.

Desde luego, habría que diferencia esta explicación de una lectura romántica del saqueo como un acto de justicia popular. Así como es parte de una visión miope y clasista pretender que sólo se trató de bandidaje y delincuencia, es igualmente sesgado hacer apología pseudo-revolucionaria del mismo. Hay razones más profundas que explican su ocurrencia, de lo cual debería convencernos el que ante situaciones de “conmoción interna” muy importantes ocurridas en los últimos años (piénsese en la Tragedia de Vargas del 99, el sabotaje petrolero de 2002 o las inundaciones de finales de este 2010), los mismos no se hayan sucedido incluso cuando intereses de por medio así lo intentaron. En todo caso, lo que si es cierto es que el saqueo popular fue posterior al saqueo VIP y los “favoritos” del establishment de la época. Y más allá de las evidentes diferencias de método, no sólo este último es responsable de aquel, sino con toda seguridad que ha causado mucho más estragos en términos sociales, económicos y de vida.

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