La irresponsabilidad de las autoridades regionales cobró sangre en la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida

Es muy difícil que un burócrata arriesgue la vida, pero es imposible que arriesgue el cargo, al decir de Eduardo Galeano. La experiencia de la toma obrera en la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos ha puesto tristemente sobre relieve esta máxima, pese a que en este caso los burócratas lleven la boca llena de la nueva fraseología socialista y bolivariana; ese socialismo discursivo no los pone, en los hechos, del lado de los trabajadores, sino de los patronos; su bolivarianismo no se traduce en la disposición a renunciar a todo en pos de una sociedad más libre.
 
La decisión de los trabajadores de tomar la planta se hizo con conocimiento del posible castigo del Estado. Como me contaba recientemente una de las trabajadoras: "sabíamos que podíamos ir presos". Lo que quizás no se esperaba era la sinuosa maliciosidad con que esa represión puede ser ejercida indirectamente, que los niveles de cinismo y abyección de la burocracia se llevarían a los niveles que hemos visto, o que la Defensoría del Pueblo tendría un rol protagónico en la agresión a los trabajadores.
 
La primera comunicación que establecimos por este caso con el delegado regional de la Defensoría del Pueblo, Oswaldo Reques, fue la del domingo 7 de Octubre, cuando le advertimos acerca de la posibilidad de que se presentaran hechos de violencia en la planta al día siguiente.
Nuestra preocupación se justificaba, por un lado, en la agresiva campaña mediática patronal, en la se había utilizado a un grupo de mercenarios y trabajadores sumisos para presentar a quienes habían puesto a funcionar la planta bajo control obrero como criminales que estaban desvalijando las instalaciones. Además de esto, en una reunión realizada el viernes 5 de Octubre en el Consejo Legislativo del Estado Mérida (CLEM), en la que no hubo acuerdo entre las partes, Rubén Ávila, presidente del cuerpo legislativo, sentenció cual Salomón patronal: "estudiantes a estudiar y trabajadores a trabajar". A trabajar bajo el yugo de Sincreba. Esta posición de Ávila dió nuevos aires a la patronal, que se encontraba prácticamente derrotada, y acto seguido esta declaró que el lunes siguiente la empresa retomaría el control de la planta.
 
En efecto, ese lunes en la mañana se presentó el grupo patronal con pretensiones de retomar la planta. En virtud de su inferioridad numérica y de la firmeza de los trabajadores en defensa del control obrero, el grupo patronal se retiró a primeras horas de la tarde, no sin antes montar una guarimba e impedir durante algunas horas el acceso a los camiones de los cinco municipios que depositan la basura en el botadero del lugar. Luego del retiro de este grupo, se realizó una asamblea en la que los socios de la cooperativa La Rosa Mística acordaron reconocer formalmente el retiro de aquellos trabajadores que se negaban a trabajar hasta tanto no se reincorporara el patrono a la planta. Unos ochenta trabajadores tomaron esta decisión en asamblea, afectando a poco más de una docena de socios.
 
Concluida la reunión, se presentó en el lugar el delegado Oswaldo Reques. Manifestó conocer la justa motivación de las acciones tomadas por los trabajadores, y, ante nuestra denuncia de las amenazas policiales de desalojo, comprometió a la policía a que no continuara perturbando el trabajo en la planta, sino que más bien sirviera de garante de la paz del lugar. Reques comprometió a los alcaldes y a las autoridades regionales a realizar una reunión con los trabajadores para acordar soluciones al conflicto. Esta reunión, pautada para el miércoles siguiente, se realizaría finalmente el día jueves, 11 de Octubre.
 
A la mañana siguiente, se presentó en la planta una funcionaria subalterna de la Defensoría, y fue testigo del asalto brutal de los grupos de choque en contra de las instalaciones del comedor, realizado con la complicidad de la policía. La reacción de esta funcionaria fue retirarse del lugar. A partir de esa mañana, el grupo patronal ha mantenido tomada la garita que da acceso a la planta. Pese a que hicimos del conocimiento de Oswaldo Reques que la planta estaba siendo sitiada, los funcionarios de la Defensoría tardaron más de 24 horas en presentarse en el lugar, y cuando lo hicieron no fue para disolver el cerco de los mercenarios, sino para lograr que ese grupo no obstaculizara por un tercer día el acceso de los camiones de basura al botadero.
La gestión de Reques tuvo éxito: los camiones de basura pudieron transitar la vía de acceso, mientras que los trabajadores que defendían la planta debieron seguir recibiendo el agua y la comida a través de una difícil trocha en un costado de la montaña. 
 
Nos imaginamos que ante el asedio a la embajada cubana, durante el carmonazo, la Defensoría se hubiera presentado en el lugar para garantizar el libre tránsito frente a la embajada, pero no hubiera hecho nada por disolver el cerco fascista, o restituir el agua y la luz a los diplomáticos. Pese a que Reques recibió de parte de los trabajadores la denuncia del ataque con armas de fuego, realizado por los mercenarios la noche del martes, la Defensoría se retiró del lugar sin disolver el cerco patronal.
 
En la asamblea del jueves, Reques pasó de la inacción cómplice a las amenazas y el chantaje en contra de los trabajadores. Con una bajeza incomparable, planteó que iba a usar, él mismo, toda la fuerza del Estado para disolver la toma obrera. Para justificar sus amenazas en contra de la toma obrera, hizo un símil entre el sabotaje petrolero y la tranca de los camiones de basura. Pese a conocer perfectamente que quienes habían trancado los camiones eran los mercenarios de Sincreba, culpó de esta situación a los trabajadores sitiados. En el mes que duró la toma obrera, los trabajadores nunca obstaculizaron el paso de los camiones de basura, cosa lógica si se considera que su trabajo consiste en clasificar y procesar la basura, para luego comercializar materiales reciclables.  
 
Aún luego de la reunión del jueves 11 con las autoridades municipales, regionales, y de la Defensoría, se mantuvo el asedio criminal de los patronos a la planta. Incluso después de la declaración del 16 de Octubre, en la que las alcaldías de la mancomunidad anuncian que la concesión a Sincreba será revocada, y la planta entregada a los trabajadores, la policía no desalojó a los mercenarios.
La acción violenta del día viernes, 19 de Octubre, en la que la planta fue finalmente desalojada por los malandros de Sincreba, contó con el concurso de la policía, la cual dejó subir a los mercenarios hasta la planta, pero impidió el acceso a los trabajadores que intentaron subir a defender a sus compañeros ante la agresión. Incluso luego de que la policía alegara que no podía actuar frente a la agresión por la escasez de sus efectivos, y que nadie podía subir, dejó que una moto con dos mercenarios más subiera a la planta para agredir a los trabajadores. Esta acción criminal dejó tres heridos, uno de ellos con heridas leves por arma blanca, y otro arrollado por una de las motos. La policía regional está subordinada a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Mérida.
 
La represión anunciada y promovida por Reques no llegó de la mano de las fuerzas del orden público, sino de grupos parapoliciales que contaron con la cooperación del Estado durante más de una semana de asedio a la planta, y que actuaron de manera coordinada con la policía en el ataque final a la planta.
La Defensoría del Pueblo está obligada a actuar en este tipo de situaciones, orientada hacia la defensa de los derechos del pueblo. En los hechos, el delegado regional de esta institución se ha separado de las obligaciones inherentes a su cargo. Su irresponsabilidad ya ha significado hechos de sangre, y el Estado que este delegado representa debe responder por las consecuencias de sus actuaciones.
 


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Simón Rodríguez Porras

Músico y militante del Partido Socialismo y Libertad.

 @guitarraylapiz

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