El conflicto de los subcontratistas de CODELCO


Recuento del conflicto. Inquieto por el alza en sus costos relativamente a las empresas transnacionales del cobre operando en Chile, CODELCO, minera estatal, ha tratado de bajarlos. La solución propuesta consistió en subcontratar una serie de operaciones realizadas por la minera estatal. Con lo cual se buscó lograr mayor eficiencia en faenas que abarcan desde alimentación y transporte – entre muchas otras - hasta faenas internas a la mina. Aclaremos que algunas de estas tareas se realizan con trabajadores contratados directamente por CODELCO. Ahora bien, las comparaciones demuestran que a faenas similares las remuneraciones pagadas por CODELCO son superiores a las pagadas a trabajadores subcontratados.

Esto creó un problema de desigualdad social que apareció política y objetivamente refrendado por las instrucciones de la Presidenta de la República a sus ministros, a saber que no sólo debían descontarse los días no trabajados por los huelguistas y expulsar a aquellos que habían promovido actos de violencia, sino que además el bono para el término del conflicto debía fluctuar entre 450 y 500 mil pesos, monto que los trabajadores tildaron de “absolutamente inaceptable”.

La semana concluyó - a la fecha 33 días de huelga - con la aceptación de parte de los trabajadores subcontratados a los términos ofrecidos por CODELCO que incluyó el piso señalado por Bachelet, esto es, 450 mil pesos. El resto de los trabajadores, liderados por Cristián Cuevas de la Confederación de Trabajadores Contratistas (CTC), que agrupa a alrededor de 12 mil trabajadores, rechazó la propuesta de José Pablo Arellano, presidente ejecutivo de CODELCO.

Contrariamente a lo que podía esperarse, no se ha dado la unidad y solidaridad de todos los trabajadores, esto es, aquellos contratados directamente por CODELCO y los subcontratados. Por el contrario, el conflicto generó sospechas y acusaciones mutuas entre los dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), dirigida por Raimundo Espinoza, y la CTC – a este último se reprocha su “doble militancia”: sindical y director de CODELCO.

Independiente del rol que juega Espinoza en el conflicto, existe una dificultad objetiva para que la CTC logre la unidad entre sus afiliados pues de los 12 mil trabajadores subcontratados que prestan servicios en Radomiro Tomic y Chuquicamata, sólo 4.200 están sindicalizados, en 44 sindicatos, esto es, 35% y 958 trabajadores están afiliados en CTC, esto es, 8%. De esta manera, 57 % de los trabajadores subcontratados queda fuera de la negociación en términos de participación. Esta atomización del movimiento, alentada en sus efectos por CODELCO, explica la influencia de la estatal en el conflicto y la presión, por otras vías que las propiamente legales, sobre los trabajadores en huelga que se sienten desprovistos de todo poder de negociación.

En lo inmediato, las divisiones de El Salvador y El Teniente (sólo funcionan turnos de mantenimiento de 350 trabajadores de planta) están paralizadas y en El Salvador la administración anunció daños en maquinarias, avaluadas en 6 millones de dólares. En otras divisiones, fundición y refinería de Ventanas, los trabajadores subcontratados han acusado a la administración de la minera de estatal de ofertas paralelas a grupos de trabajadores destinadas a quebrar el frente sindical. En la división Andina, el plan de explotación se ha cumplido entre 85 y 90 % según reconoce la administración.

Lógica del conflicto. En el gobierno existen dos posiciones divergentes. Una, representada por José Pablo Arellano, economista, presidente ejecutivo de CODELCO, Andrés Velasco, economista, titular de Hacienda y Karen Poniachik, periodista, ayer Directora del Comité de Inversiones Extranjeras y ahora, Ministra de Minería. La otra posición aparece representada por el abogado Osvaldo Andrade, Ministro del Trabajo. Arellano, Velasco y Poniachik, preconizan la no participación de la minera estatal en las negociaciones con los trabajadores subcontratados, restringiéndolas al ámbito de las empresas subcontratistas. Además, con la clara intención de dividir el movimiento sindical proponen que CODELCO debe negociar con los sindicatos de cada división, eliminando de esta manera los efectos que podría tener la mesa de negociaciones convocada por el ministro Andrade que reconoce como interlocutor válido la multisindical CTC que agrupa a los trabajadores subcontratados.

En un comienzo Bachelet apoyó la mesa de negociaciones entablada por Andrade, sin embargo, su intervención de esta semana se inclinó por la línea dura del trío Arellano, Velasco y Poniachik. Esta contradicción revela indefinición y lo que es más grave el Gobierno queda sobrepasado en un conflicto donde se buscan otros interlocutores valederos. Sin embargo, sea cual fueren los actores que reemplacen a aquellos que institucionalmente debieran hacerse cargo de la situación, el conflicto revela la crisis de la subcontratación por las consecuencias que produce.

Recordemos que cuando se discutió esta ley (2006), se señaló que la situación de subcontratación se prestaba para todo tipo de abusos. Pues la empresa mandante se desligaba de los pagos previsionales y de toda posible negociación colectiva o pliego de peticiones planteado por los sindicatos. Durante la discusión parlamentaria se propuso la responsabilidad solidaria que significa que si el contratista no paga las obligaciones previsionales, el trabajador puede demandar a la empresa mandante, que en ese caso ya no es “subsidiaria” sino “solidaria”.

El segundo abuso que se denunció fue el de la razón social, con lo cual las empresas contratistas esconden, mediante diversas razones sociales, el consorcio que las crea. Con ello se busca crear múltiples frentes - atomizados - para tratar en posición de fuerza posibles conflictos laborales.

Otra fuente de abusos discutidos durante la tramitación del proyecto fue la ampliación del concepto de subcontratación no sólo a una tarea, sino para cualquier actividad laboral que se lleve a efecto entre el trabajador y un tercero, como una asesoría legal, de comunicaciones o docente.

Esta discusión tiene efectos muy concretos en la realidad del mercado del trabajo en Chile. Recuérdese que según la última encuesta laboral de la Dirección del Trabajo, realizada en 2004, un 50,5% de las empresas chilenas externaliza parte de su producción, y un 20,7% subcontrata la realización de su principal actividad económica.

La cesantía fluctúa a alrededor de 500 mil trabajadores, lo cual crea condiciones para asegurar el empleo en condiciones precarias y de amplia flexibilidad como siempre interesó al proyecto neoliberal levantado por los sectores más reaccionarios de la sociedad chilena. En síntesis, según lo manifestaron los trabajadores en su momento, lo que se buscaba era aumentar el empleo pero no al precio de la desprotección social.

Finalmente el parlamento despachó una ley (rige desde el 14 de enero de 2007) que precisó la responsabilidad solidaria del mandante; se rebajaron las garantías exigidas a las empresas de servicios transitorios para cubrir sueldos y previsión de trabajadores en el caso de incumplimiento de obligaciones laborales o quiebra (250 UF); se amplió el giro de las empresas subcontratistas (mandatarias) a la selección, capacitación y formación de trabajadores; se precisó el concepto de habitualidad para la subcontratación y se rebajaron las multas y la consignación para que las empresas pudieran reclamar frente a resoluciones de la Dirección del Trabajo. Sin embargo, en la ley aprobada no se legisló sobre el nuevo concepto de empresa que se estableció para la subcontratación. Es decir, se continuó con la corruptela de ignorar la existencia de múltiples empresas ligadas a un mismo consorcio que las agrupaba.

Esa ficción es el talón de Aquiles de la ley que tanto la Concertación como la Alianza celebraron. Marco en el cual los trabajadores no tienen la menor posibilidad de negociar pues la suerte ya está echada al nivel de los interlocutores que llegan a sentarse a la mesa de negociación frente a empresarios inescrupulosos que buscan a todo precio imponer sus condiciones en las relaciones laborales. Las cifras lo demuestran, 57 % de los trabajadores subcontratistas quedan fuera de la negociación planteada bajo la égida de CODELCO (mandante) y que incluye a las firmas contratistas (mandatarias) en una posición de privilegio y complicidad con la firma mandante. CODELCO, al negarse en los hechos a negociar, infringe la ley de subcontratación recientemente aprobada por el Congreso y deja podrirse el conflicto.

En conclusión, en su afán de reducir costos CODELCO se prestó al juego de reducirlos a costa del más débil. Recordemos las expresiones de los senadores de la Alianza, Andrés Allamand y Pablo Longueira cuando se aprobó la ley de subcontratación: “esta Ley es un gran éxito para la Alianza por Chile, porque no obstante que somos minoría en el Senado, hemos logrado hacer prevalecer casi todos los aspectos sustantivos que estuvieron en discusión”. Sabían muy bien lo que decían.

La lógica del modelo de economía vigente en Chile, abrazado por Alianza-Concertación, llevaría en teoría a sincerar costos. Sincerar costos significa asumir los mayores y verdaderos costos que implica la producción de CODELCO, lo cual en último término significa renegociar contratos ya establecidos entre firmas subcontratistas y CODELCO, y luego, en una segunda etapa, hacer respetar los acuerdos laborales a que lleguen los trabajadores subcontratados con sus respectivas firmas. Si Alianza y Concertación han planteado un modelo de economía de mercado para Chile, deben asumirse en su totalidad las consecuencias que esto implica. Esto es equivalente en sus consecuencias a lo que EEUU plantea a sus socios comerciales, cuando invoca en sus acuerdos las reglas de la OMC (Organización Mundial de Comercio): asumir los costos ecológicos de las explotaciones. Algo de lo cual ya conocemos, por lo menos en los diferendos que hemos tenido que afrontar en conflictos llevados ante tribunales americanos e internacionales, con las salmoneras y producción de madera. Sin embargo, ya podemos adelantar que ni la Alianza ni la Concertación están dispuestas a asumir las consecuencias del modelo. Aún están presentes las complicidades del gobierno de Lagos con el sector empresarial donde ninguna lógica se respetó salvo aquella que le ofrecía las máximas ganancias al sector empresarial.

En el terreno de indefiniciones y ambigüedades en que ha caído Bachelet, el desvío que proponen Osvaldo Andrade y Belisario Velasco pareciera ser, al menos políticamente, más aceptable para la Concertación, en un proceso donde el gobierno ha reafirmado una y otra vez, sus compromisos con la derecha y los empresarios. Cito la fórmula del desvío: “este es un problema de desigualdad social que podría solucionarse con más recursos”. Después de todo, mantener el modelo tiene sus costos.

* Preside el Movimiento de Saneamiento Político y Social



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