En las últimas
horas el gobierno de facto (es decir, de hecho y no de derecho)
de Honduras ha expresado que de acuerdo a sus leyes internas lo que
ocurrió en su país es una sucesión constitucional. Que de acuerdo
a sus leyes es perfectamente aceptable jurídicamente tomar las riendas
de dirección del gobierno cuando, desde su punto de vista, el mismo
ataca los preceptos de la Constitución.
La Constitución
de Honduras es un instrumento creado para unificar criterios de sus
nacionales en lo que respecta a la convivencia, deberes, derechos y
estructura de sus instituciones; hay, ciertamente un margen destinado
a su protección, pero ello no implica que las acciones de “guerra”
y conflicto se impongan sobre las del diálogo y el debido proceso.
El gobierno
de Manuel Zelaya ha sido vulnerado por una decisión política, no constitucional;
se han paseado las normas y han ingeniado excusas y contra excusas para
justificar una razón clara en política “real”: se quería tomar
el poder y punto.
En el pasado
lo han hecho muchos personajes en Latinoamérica; no es una novedad,
lo que si es novedoso es que un país con plena vigencia de convenios
internacionales, asuma un cambio de gobierno saltándose las normas
y el sentido común que mueve las democracias en la actualidad. Esa
violación y falta de tino hacia la inteligencia de los pueblos latinoamericanos,
ha traído consigo un golpe directo a las democracias progresista de
la América del Sur, buscando generar un “efecto dominó” que permita
doblegar el alcance de la izquierda y el nuevo discurso social que no
han podido enarbolar la derecha en los últimos años. El ejemplo de
lo que ocurre con la derecha en Latinoamérica es la del niño “malcriado”
que perdiendo en el juego tira todo al suelo. Lo digno que ese niño
si asume su responsabilidad: “lo eché todo a perder porque me puse
bravo”; pero lo absurdo, es la posición del gobierno de facto
de Honduras que ha dicho: “aquí nadie atentó contra la democracia
ni hay golpe; sólo que el presidente atentó contra la Constitución
y se impuso el orden constitucional”. Es decir, el culpable de que
casi le matarán y perdiera el poder fue la propia victima, es decir,
el presidente Zelaya.
Esta actitud
cínica, autoritaria y anti-democrática es hoy la excusa para mantener
fuera del poder no sólo a Manuel Zelaya, sino a un pueblo soberano
que apostó a un cambio y que desde las calles de Tegucigalpa, lleva
más de veinte días haciéndose sentir y exigiendo que le devuelvan
sus sueños y sus esperanzas. Lo de Honduras son vagas excusas de un
grupo de presión de las clases pudientes de ese país que vieron una
amenaza en un discurso social que recorre Latinoamérica y que busca
cambiar el orden excluyente con que más del 80% de la población es
tratada por el capitalismo global y los intereses de las transnacionales.
Lo que le queda
a los creadores de este gobierno de facto es acatar la decisión
internacional; y al pueblo, seguir resistiendo hasta lograr volver a
la institucionalidad democrática.
