El anuncio de que a partir del lunes 24 de noviembre del 2025, el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro será incluido en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las “organizaciones terroristas más peligrosas del mundo” abre un debate profundo sobre la legitimidad y la autoridad de tales calificativos.
El poder de nombrar
En la arena internacional, el acto de nombrar a un Estado o a un movimiento como “terrorista” no es un gesto neutral. Es una herramienta política que busca aislar, deslegitimar y justificar medidas de presión económica, diplomática e incluso militar.
Estados Unidos se arroga el papel de juez universal, sin mandato de organismos multilaterales ni base jurídica internacional. La etiqueta se convierte en un arma de guerra simbólica que precede a sanciones y bloqueos.
El “patio trasero” y la injerencia
América Latina ha sido históricamente tratada como un espacio de influencia directa de Washington. La doctrina Monroe y sus derivaciones han servido para justificar intervenciones bajo el argumento de “seguridad hemisférica”.
Calificar a un gobierno electo como “terrorista” reproduce la lógica del patio trasero, donde las decisiones soberanas de los pueblos son subordinadas a los intereses estratégicos de la potencia del norte.
Terrorismo: definición o manipulación
El derecho internacional reconoce al terrorismo como el uso de la violencia indiscriminada contra civiles para fines políticos. Sin embargo, la aplicación de esta definición se ha vuelto selectiva.
Movimientos insurgentes aliados de Washington rara vez son catalogados como terroristas, mientras que gobiernos que desafían su hegemonía sí lo son. La etiqueta se convierte en un instrumento de manipulación discursiva, más que en un concepto jurídico.
La pregunta de fondo
¿Quién tiene la autoridad para decidir qué es terrorismo? ¿Un Estado que ha practicado invasiones, guerras preventivas y bloqueos económicos que afectan a millones de civiles? ¿O los organismos multilaterales que, aunque imperfectos, representan un marco de consenso internacional?
La respuesta no es solo jurídica, sino política y ética. El poder de calificar a otros como “terroristas” revela más sobre quien acusa que sobre el acusado. En este caso, la medida contra Venezuela refleja la persistencia de un imperialismo acusador, que actúa sin ser juez legítimo y que pretende imponer su visión del mundo a costa de la soberanía de los pueblos.
Es necesario abrir debate en la opinión pública sobre la legitimidad de las listas unilaterales y la necesidad de que los pueblos defiendan su derecho a la autodeterminación.
