Las acciones del gobierno estadounidense contra Venezuela —incluyendo sanciones económicas, bloqueos y amenazas militares en el mar Caribe— presentan serias tensiones con el derecho internacional público, especialmente en materia de soberanía, uso legítimo de la fuerza y derechos humanos.
Fundamentos jurídicos internacionales
Bajo el marco del Derecho Internacional Público, las acciones unilaterales como sanciones económicas y amenazas militares deben respetar los principios de:
Soberanía estatal: consagrado en la Carta de las Naciones Unidas (art. 2.1), prohíbe la injerencia en los asuntos internos de otros Estados.
Prohibición del uso de la fuerza: el artículo 2.4 de la Carta de la ONU establece que ningún Estado puede recurrir a la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de otro Estado, salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad.
No intervención: principio consuetudinario que impide que un Estado interfiera en la política interna de otro, incluso mediante sanciones coercitivas.
Sanciones económicas y bloqueos
Las sanciones impuestas por EE.UU. incluyen restricciones financieras, congelamiento de activos, prohibiciones comerciales y medidas contra PDVSA. Aunque EE.UU. las justifica como respuesta a violaciones de derechos humanos y narcotráfico, no cuentan con respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que las convierte en medidas unilaterales.
Impacto humanitario: han contribuido al colapso económico, hiperinflación y escasez de alimentos y medicinas, afectando gravemente a la población civil
Legalidad cuestionada: expertos señalan que estas sanciones podrían violar el principio de proporcionalidad y constituir una forma de castigo colectivo, prohibido por el derecho internacional humanitario
Amenazas militares en el Caribe
Desde septiembre de 2025, EE.UU. ha desplegado buques de guerra, submarinos nucleares y realizado ataques a embarcaciones venezolanas bajo el argumento de combatir el narcotráfico
Uso de la fuerza sin autorización: los ataques a embarcaciones en aguas internacionales, sin mandato del Consejo de Seguridad ni consentimiento del Estado afectado, pueden constituir actos de agresión.
Ejecuciones extrajudiciales: los bombardeos a barcos sin identificación clara de los ocupantes ni pruebas de narcóticos han sido calificados por juristas como violaciones al derecho internacional humanitario y derechos humanos
Escalada militar injustificada: la designación de carteles como "organizaciones terroristas" no justifica legalmente el uso de fuerza letal contra embarcaciones civiles sin debido proceso
Implicaciones geopolíticas
Estas acciones consolidan un escenario de confrontación que:
Desestabiliza la región: aumenta el riesgo de conflicto armado y migración masiva.
Debilita el multilateralismo: al actuar fuera del marco de la ONU, EE.UU. erosiona los mecanismos internacionales de resolución pacífica de controversias.
