Hoy no hablo como cómplice del poder, ni como servidor del oficialismo. Hablo como ciudadano. Como venezolano. Como intelectual que ha defendido con orgullo el legado de una revolución traicionada en materia de defensa de los derechos socioeconómicos de los trabajadores, pensionados y jubilados en los últimos 12 años.

Aún sigo creyendo en la justicia social, en la dignidad del pueblo y en la soberanía de los pueblos. Hablo como chavista no madurista, como demócrata inconforme, como opositor del "autoritarismo" que se ha instaurado en Venezuela producto de las circunstancias del abandono electoral opositor y de la sistemática destrucción de instituciones por un poder que usa métodos como la persecución política, criminalización de la protesta y control férreo de los poderes públicos. Pero también hablo como férreo defensor de la autodeterminación nacional.

Y desde esa posición, con la frente en alto y la conciencia clara, rechazo de forma categórica, absoluta y sin matices la decisión del gobierno de Estados Unidos de ofrecer 50 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro.

No lo hago por defender a Maduro. Lo hago por defender a Venezuela.

Porque esta medida no es justicia. No es lucha contra el narcotráfico. No es solidaridad con el pueblo venezolano. Es intervención encubierta. Es chantaje geopolítico. Es la vieja política del imperio que cree que puede comprar conciencias, corromper lealtades y sembrar el caos para luego imponer el orden que le conviene.

¿Creen que con 50 millones de dólares van a derrocar a un régimen que ha sobrevivido a sanciones, golpes, invasiones mediáticas y conspiraciones de todo tipo? ¿Creen que un militar, un funcionario, un ciudadano, va a traicionar a su país por un cheque de Miami? Si así fuera, ya lo habrían hecho. Pero no lo hacen, no porque no exista descontento, sino porque saben que traicionar a la patria no tiene precio, tiene castigo.

Y no hablo solo en sentido moral. Hablo en sentido jurídico.

El artículo 128 de nuestro Código Penal sanciona la traición a la patria.

El artículo 133, los actos que menoscaben la independencia nacional.

El artículo 142, la instigación a delinquir.

El artículo 280, la asociación para delinquir.

El artículo 413, las amenazas contra autoridades del Estado (aún aquellas cuya legitimidad es cuestionada democráticamente).

Cualquier venezolano que promueva, apoye o colabore con esta iniciativa está, bajo nuestra ley, cometiendo un delito de lesa patria. Y no lo digo para criminalizar la disidencia. Lo digo para recordar que hay límites éticos y jurídicos que ni la urgencia política puede justificar.

Porque si hoy aceptamos que una potencia extranjera ponga precio a la cabeza de nuestro presidente, mañana podrán hacerlo con cualquier dirigente, con cualquier ciudadano que piensen que "estorba".

Si hoy normalizamos que EE.UU. decida quién debe gobernar en América Latina, mañana no habrá soberanía, no habrá dignidad, no habrá futuro para nuestros pueblos.

Rechazo esta recompensa porque sé cómo funciona el imperio: primero desestabiliza, luego condena, después intervienen. Primero ofrece dinero, luego bombardean, después dicen que vinieron a "liberar".

Miren Irak. Miren Libia. Miren Afganistán.

¿Dónde están esas naciones hoy? ¿En paz? ¿En democracia? No. En ruinas. En caos. En manos del neoliberalismo y del saqueo.

Y mientras tanto, aquí, en Venezuela, pretenden que creamos que esta recompensa es un acto de justicia.

Pero ¿dónde estuvo esa justicia cuando millones de venezolanos sufrieron por las sanciones que hundieron la economía?

¿Dónde estuvo cuando se congelaron nuestros activos, se bloqueó nuestro petróleo, se hambreó al pueblo?

¿Dónde estuvo cuando niños murieron por falta de medicinas, y EE.UU. decía "es culpa de Maduro"?

Por el contrario, no se pude dejar a un lado, por más opositor que seamos, que Trump fue parte activa del bloqueo económico que, según la ONU y múltiples informes, ha tenido efectos humanitarios graves para nuestra población. Incluso, hoy nuestra población migrante es perseguida por ese mismo Trump que generó gran parte de la crisis migratoria venezolana.

Me cuesta olvidar que en 2019, Trump reconoció a Juan Guaidó como "presidente encargado", una acción considerada intervención en asuntos internos. Incluso, hubo declaraciones públicas de Trump y altos funcionarios (como John Bolton) sobre opciones de "todos los medios", incluyendo la vía militar, contra Venezuela.

También me cuesta olvidar, que en 2020, se frustró un intento de incursión armada (Operación Gedeón), vinculado a mercenarios contratados por opositores y con vínculos a círculos cercanos a la administración Trump.

¿Si Trump es tan justo y preocupado por la democracia venezolana, porqué no negocia quitar las sanciones a cambio de más apertura democrática, vaciar las cárceles de presos políticos y políticos presos, y que todos los poderes públicos dejen de estar controlados alrededor de los amigos más cercanos a Maduro, que son los que le garantizan que alguien lo traicione y lo entreguen empaquetado al imperio del Norte?

No. Este nuevo monto no es justicia.

Es coerción política disfrazada de derecho penal.

Es el viejo juego del poder: criminalizar al enemigo para legitimar su destrucción.

Y lo más triste es que, con este acto, debilitan a quienes luchamos por una transición democrática, pacífica, soberana. Porque ahora, cualquier disidente será señalado como cómplice de esta infamia. Cualquier crítica será descalificada como traición. Cualquier propuesta de cambio será vista como un guiño al intervencionismo.

Pero yo digo aquí, con toda claridad:

No necesitamos que EE.UU. nos diga quién debe gobernar.

No necesitamos cheques de 50 millones para cambiar de rumbo.

Necesitamos elecciones libres, justicia independiente, diálogo sin tutelas, empresarios produciendo y generando empleos bien pagados, así como un pueblo organizado que recupere su destino.

Rechazo esta recompensa porque amo a mi país, amo a mi patria libre y soberana.

Porque respeto su lucha.

Porque creo en su capacidad para juzgar, condenar y cambiar a sus gobernantes por vías democráticas, no por mercenarios ni por órdenes de Washington.

Y si algún día Nicolás Maduro debe rendir cuentas —si le tocara hacerlo—, que sea ante un tribunal venezolano, con garantías, con pruebas, con justicia. No por venganza ni retaliación política.

No en una celda de Miami, por orden de un gobierno que ha invadido más países y ha generado más muertes y exiliados que todos los dictadores juntos.

Así que, alto, señores del norte:

Venezuela no está en venta.

Su pueblo no se vende.

Y su dignidad no tiene precio.

¡Ni por 50, ni por 500 millones de dólares!

Porque no se trata de quién pone más dinero sobre la mesa como en el lejano oeste de los cuentos de vaquero.

Se trata de quién defiende mejor la soberanía, la legalidad y el futuro de su pueblo.

LA DISIDENCIA DE IZQUIERDA CONSTRUYE ALTERNATIVAS ANTE LA AGRESIÓN IMPERIAL Y EL AUTORITARISMO DOMÉSTICO

La disidencia de izquierda, la que nace de las bases y no de los escritorios de Washington o Miraflores, tiene un camino claro:

• Construir poder popular real:

No desde las cúpulas partidistas ni las ONG financiadas, sino desde los sindicatos independientes, los consejos comunales autónomos, las cooperativas o emprendedores que producen sin depender del clientelismo estatal, y las asambleas de trabajadores. Recuperar el espíritu del movimiento estudiantil, los campesinos sin tierra y las comunidades indígenas que luchan por su autonomía.

Este poder no pide permiso: ocupa espacios, crea redes de abastecimiento popular y fiscaliza al Estado con sus propias herramientas.

• Enfrentar la represión con organización y solidaridad:

Denunciando las violaciones de DDHH en instancias internacionales independientes (no en el Departamento de Estado), creando comités de protección para defensores perseguidos, y documentando cada caso de criminalización.

La resistencia no es solo un grito: es un sistema de alertas tempranas, fondos colectivos para asistencia legal y presión social organizada.

• Un modelo económico pos-extractivista:

Rompamos con la lógica rentista que entrega nuestros recursos a potencias extranjeras. La transición ecosocialista exige usar ingresos petroleros exclusivamente para financiar la diversificación productiva, no para perpetuar la dependencia, el enriquecimiento de pocos aliados al Gobierno (burguesía bolivariana y gremios empresariales tradicionales) y para la venta al mejor postor por medio del BCV (clientelismo parasitario):

• Reforma agraria radical que priorice la soberanía alimentaria sobre los agronegocios.

• Industrias estratégicas bajo control obrero real y profesionales calificados, no de burocracias ineficientes y corruptas.

• Impuestos progresivos a las élites enriquecidas por la crisis (los "boliburgueses") para financiar salud y educación públicas.

• Inversión en energías renovables y tecnologías locales que liberen a Venezuela de la trampa del crudo.

Este proyecto no necesita bombas ni recompensas: necesita un pueblo organizado que rescate la revolución de las manos de sus falsos profetas. ¡Que nadie olvide quién es el dueño de esta tierra!

Por eso, cuando el imperio ofrece recompensas y el régimen responde con más represión, la disidencia de izquierda levanta esta bandera: ¡Sape, gato! Ni cacería imperial ni autoritarismo domesticado.