El premio Nobel de economía, Joseph Stigliz, ha afirmado en una entrevista para Radio Caracol en Bogotá, que “las nacionalizaciones en Venezuela no le debiesen preocupar a nadie”. Sostuvo que las empresas públicas en muchos países, incluyendo el suyo, han funcionado mejor que las privadas. Un hecho que hemos comprobado los venezolanos. No son pocas las entidades económicas estatales, regionales y municipales que han operado eficazmente en nuestro país, y son innumerables las empresas privadas que han fracasado, incluso contando con el apoyo y aval de los órganos del poder público. Se podría afirmar, como seguramente lo piensa Stigliz, que el carácter privado, o público, de una unidad productiva, es un hecho convencional, cuyo éxito es multifactorial, dependiente de condiciones sobre las cuales no tiene dominio la empresa, entre las que no son las de menos, la percepción de los actores que conforman su entorno social, y la de los propios sujetos que representan los factores de producción que intervienen en su funcionamiento. De modo que la generalización, en este caso, como en todos los casos, es indebida. Solamente refleja prejuicios.
Pero los comentarios del Premio Nobel, no se quedaron en estas consideraciones científicas. Descalificó, apoyando indirectamente los pronunciamientos del Presidente Chávez, los juicios de la Casa Blanca sobre el impacto político, social y económico de las decisiones tomadas por el gobierno nacional en torno a la nacionalización de un conjunto de empresas, en los últimos años bajo control privado. Dijo que Bush “no era experto en nada”, añadiendo que era “incompetente y corrupto”. Desde luego, técnicamente hablando, en las condiciones presentes, hay pocas variables indicadoras de la inviabilidad de las empresas a nacionalizarse. De hecho, las iniciativas gubernamentales emprendidas por Chávez, avanzan con la eficacia relativa que se le puede adjudicar a cualquier acción humana. Algo que no puede otorgársele a las asumidas por la Casa Blanca. Todas las decisiones tomadas por George W. Bush han tenido un impacto negativo para la vida política, económica y social estadounidense, avalándose con esto el calificativo de incompetente que le aplica Stigliz.
Y, sin dudas, hoy resulta claro que semejantes determinaciones favorecen un conjunto de intereses privados, con lo cual se hace innegable la acusación de corrupción política. Desde luego, en las decisiones de Miraflores no hay nada antidemocrático. No tiene ninguna de ellas el mismo efecto para la democracia, que la legalización de la tortura, o de la persecución de las minorías étnicas, asumidas como políticas públicas por el régimen neoconservador usamericano. El daño que el comportamiento de ese gobierno le ha hecho a la propia sociedad anglosajona del norte, y a la humanidad en general, no tiene parangón en la historia universal. No hay rincón de la tierra que no haya sido perturbado por esas políticas irresponsables.
