En lo profundo del aparato legal estadounidense opera una terrible figura que sintetiza el poder imperial y la vocación de injerencia en su forma más cruda, el "Presidential Finding". Es una autorización secreta, emitida directamente por el presidente de Estados Unidos, que permite a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) ejecutar operaciones encubiertas en cualquier país del mundo, sin necesidad de Autorización Legislativa ni rendición pública de cuentas. Su existencia no es nueva, se ha utilizado para tumbar gobiernos y saquear paises. Su uso explícito contra Venezuela exige una lectura crítica, jurídica y política que desmonte su pretensión de legalidad y exponga su vocación de injerencia.
El "Presidential Finding" se ampara en la Ley de Seguridad Nacional de 1947, la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y en la Enmienda Hughes–Ryan de 1974, que exigen una justificación formal de que la operación es "vital para la seguridad nacional de EEUU". A partir de esa declaración, la CIA queda habilitada para planificar sabotajes, infiltraciones, campañas de desinformación, asesinatos selectivos o acciones letales, sin que el Congreso pueda vetar ni controlar su ejecución. Basta con una notificación parcial a los Comités de Inteligencia del Congreso. Notificación que muchas veces llega tarde, incompleta o manipulada. Es legal en Washington, pero profundamente ilegal en Caracas, Bogotá o Santiago.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, el "Presidential Finding" constituye una violación directa de la Soberanía Nacional, del principio de no intervención y de la Carta de las Naciones Unidas. La paradoja es brutal. Lo que se presenta como legalidad nacional es, en realidad, una arquitectura de agresión transnacional. El derecho imperial se pretende imponer sobre el derecho de los pueblos y la CIA se consagra como el brazo operativo de esa doctrina encubierta.
La historia latinoamericana está marcada por el rastro de sangre que ha dejado la CIA. Guatemala en 1954, Chile en 1973, Nicaragua en los ochenta, Granada en 1983 y Venezuela en 2002. En cada Golpe de Estado, en cada sabotaje, en cada campaña de propaganda, aparece la firma invisible de una agencia que opera sin rostro, pero con mandato de la Casa Blanca. El "Presidential Finding" no implica ejecución inmediata, pero sí habilita la planificación estratégica de la desestabilización. Es una luz verde para el caos matizado con la legalidad que impone una guerra silenciosa y destructora.
En el caso venezolano, esta autorización presidencial representa una amenaza directa. No solo por lo que puede activar, sino por lo que ya ha activado. Matrices de desestabilización institucional, presiones diplomáticas, sabotaje económico, operaciones psicológicas y maniobras militares en el Caribe. La respuesta no puede ser solo jurídica, debe ser política, territorial y movilizadora. Defender la soberanía exige comprender el lenguaje del enemigo, desmontar sus dispositivos narrativos y construir un "Nuevo Consenso Nacional" y, desde el territorio, una contrainteligencia popular, crítica y estratégica.
La CIA no es solo una agencia. Es el retrato fiel del papel que ha jugado Estados Unidos en América Latina. Un papel escrito con sangre y petróleo. El "Presidential Finding" es la base legal y los golpes de Estado, su tinta encubierta. Hoy más que nunca, la defensa de la Soberanía Nacional exige claridad jurídica, audacia diplomática y vocería estratégica con soporte popular. Porque si el enemigo opera en las sombras, la respuesta de la patria debe iluminar cada rincón de su legalidad encubierta para impedir cualquier forma de injerencia.
