Típico de los regímenes más autoritarios, en un trámite fast track, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma constitucional que habilita la reelección presidencial inmediata, allanando el camino para la permanencia de Nayib Bukele en el poder. Con ello, se consolida un bonapartismo neoliberal autoritario de rasgos dictatoriales, basado en la concentración del aparato estatal en su figura personalista, sostenido por el aparato represivo y respaldado por sectores del capitalismo nacional y fracciones del capital imperialista.
Con el control absoluto del poder legislativo y judicial, y la modificación exprés de la Constitución, Bukele ha vaciado de contenido las formas representativas típicas de la democracia burguesa, reforzando un régimen no democrático, aunque revestido de legitimidad electoral. Desde La Izquierda Diario lo hemos caracterizado como una expresión avanzada del nuevo autoritarismo burgués en la región: un laboratorio reaccionario donde el discurso de la "guerra contra las pandillas" justifica la militarización de la vida cotidiana, la construcción de mega cárceles y el disciplinamiento de la clase trabajadora.
En un solo movimiento y en una sesión nocturna, el oficialismo de Bukele impuso una reforma exprés a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, incorporando además una disposición transitoria que reduce de manera arbitraria la duración del mandato presidencial actual para sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales sin ningún tipo de consulta popular ni debate democrático. Asimismo, mediante la modificación del artículo 248, derogó los candados constitucionales que limitaban las reformas a una sola legislatura y eliminó la necesidad de cualquier mecanismo de consulta popular, allanando el camino hacia un autoritarismo institucionalizado y consolidando una hegemonía personalista que se impone por encima de las formas democráticas.
Esta reforma constitucional dispone que el actual período presidencial –que inició el 1 de junio de 2024– finalizará de forma anticipada el 1 de junio de 2027, para unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de ese año. Fue aprobada con 57 votos en una Asamblea Nacional reducida a 60 diputados —resultado de una arbitraria reforma administrativa que disminuyó el número de curules—, otra maniobra destinada a concentrar el poder y debilitar la representación popular. Ni siquiera se respetaron mínimas formalidades de debate parlamentario, mucho menos un llamado a consulta popular, evidenciando un atropello vertical y autoritario que refleja la lógica de un bonapartismo extremo. Este sistema concentra todo el poder en la cúpula personalista de Bukele, cuya estrategia clara es perpetuarse en el poder bajo la apariencia de legalidad.
El avance reeleccionista fue posible gracias al dominio absoluto del aparato estatal. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, purgada y renovada a la medida del oficialismo desde mayo de 2021, emitió el absurdo fallo que declaró la reelección inmediata como un "derecho humano", contradiciendo la jurisprudencia de 2014 que establecía un lapso obligatorio de diez años entre mandatos. Con este aval, Bukele se postuló para la reelección en 2024, aun cuando la Constitución vigente lo prohibía, dando un claro salto en la ruptura del orden democrático formal.
Esta operación política integral evidencia la captura total de los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral, además del Ejecutivo donde se entrona Bukele. Un diseño institucional a la medida de un régimen que se presenta como "legítimo" para justificar la violación sistemática de derechos y garantías democráticas. Un ejercicio autoritario del poder que se sostiene en la apariencia formal de la ley, pero en realidad se asienta sobre el fraude y la supresión de reglas democráticas. Es el despliegue concreto de un bonapartismo neoliberal autoritario, que busca garantizar estabilidad y gobernabilidad para el capital a costa de liquidar la ya limitada democracia burguesa y perpetuar la dominación personalista.
Autoritarismo, represión y reconfiguración del Estado al servicio del capital
Apoyado por las Fuerzas Armadas y la Policía, Bukele ha instaurado un estado de excepción permanente que normaliza la suspensión de derechos democráticos, permite detenciones masivas arbitrarias y criminaliza a la juventud empobrecida, apuntalando una estructura represiva omnipresente. Un símbolo de esta política es el CECOT, diseñado para el castigo en masa sin garantías procesales, mientras que organizaciones de derechos humanos han denunciado la aparición de fosas clandestinas que revelan crímenes de Estado encubiertos. Esta forma de gobierno no es un simple giro autoritario: responde directamente a las necesidades del capital de asegurar gobernabilidad mediante métodos de limpieza social y control violento, ante el agotamiento de las formas democráticas liberales.
El régimen bukelista se ha constituido en un caso extremo —pero no aislado— de la ofensiva reaccionaria que recorre la región. En este marco, Bukele no solo se ha convertido en un aliado estratégico del trumpismo y los intereses de seguridad de Washington, sino que ha consolidado una gestión estatal profundamente entreguista, que articula represión territorial, hipervigilancia digital y reconfiguración institucional al servicio de una reofensiva neoliberal.
Este modelo se sustenta en la subordinación directa al capital financiero internacional. Cuando adoptó el Bitcoin, lejos de representar una ruptura, funcionó como plataforma para la especulación y la opacidad. Mientras, el país ha profundizado su endeudamiento con el FMI, manteniendo la dolarización y promoviendo una política fiscal regresiva, mientras se privatizan funciones clave del Estado y se abren nuevas oportunidades para la acumulación capitalista. En seguridad, se ha tercerizado el control carcelario y la vigilancia digital con empresas ligadas a consorcios internacionales; en salud y educación, se implementa un desmantelamiento paulatino de lo público mediante outsourcing, digitalización bajo plataformas privadas y recorte presupuestario.
Además, se impulsa una gentrificación autoritaria, bajo el amparo del estado de excepción: existe una exclusión sistemática de las clases populares del centro histórico transformando el espacio urbano en una zona exclusiva y de valorización, se militarizan zonas de interés turístico y se desplazan comunidades populares en nombre de megaproyectos como "Surf City", "Ciudad Bitcoin", reconfigurando el territorio para facilitar inversiones inmobiliarias. A esto se suma el uso discrecional de fideicomisos opacos, asociaciones público-privadas y una legislación moldeada a las exigencias del gran capital. Al mismo tiempo se hacen desaparecer los vestigios de los grandes procesos de la lucha de clases de la década de los 80, las luchas obreras, campesinas y de la juventud, las causas y marcas profundas de la guerra civil y el surgir de los movimientos obreros y populares que han marcado la reciente historia de El Salvador.
En su conjunto, el régimen de Bukele representa una forma extrema —pero coherente— de la estrategia del capital ante la crisis de legitimidad democrática en América Latina. Fondos de inversión, tecnológicas de vigilancia, constructoras, consultoras financieras y sectores del agronegocio encuentran en este tipo de bonapartismo autoritario una vía eficaz para garantizar orden, estabilidad y beneficios mediante mecanismos abiertamente represivos. La legitimidad electoral inicial ha sido convertida en herramienta para eliminar derechos, concentrar poder y someter el país a las exigencias del capital global.
Desde marzo de 2022, el gobierno de Bukele mantiene un estado de excepción permanente, que ha derivado en más de 87,000 detenciones según organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico. Muchas de estas detenciones afectan a personas inocentes, ejecutadas bajo procedimientos judiciales masivos que violan derechos fundamentales y el debido proceso. Esta represión masiva afecta principalmente a jóvenes de barrios populares, trabajadores informales, mujeres y campesinos, quienes sufren redadas, allanamientos y encarcelamientos arbitrarios sin garantías judiciales.
Este modelo de "seguridad" se basa en la criminalización de los sectores más pobres, mientras protege a aliados empresariales y oculta negociaciones con estructuras criminales y capitalistas neoliberales. La represión se convierte en un instrumento de control poblacional, concentrado en las mayorías populares, mujeres campesinas y trabajadores urbanos. A la par, periodistas y activistas que denuncian esta situación enfrentan amenazas y exilio forzado, reforzando la estrategia estatal de silenciar toda voz disidente bajo el pretexto de la "seguridad nacional".
El discurso oficial, acompañado por una intensa maquinaria de propaganda, intenta construir una imagen de "modernización" y "estabilidad", ocultando que las políticas estructurales del régimen agravan la pobreza, aumentan la desigualdad y profundizan la dependencia imperialista. En 2023, la deuda externa alcanzó el 83.7 % del PIB, mientras se eliminan programas sociales, se congelan salarios y se despiden miles de trabajadores estatales. Al mismo tiempo, se duplican las fuerzas armadas y se incrementan los privilegios fiscales y contratos estatales a medida, para una nueva casta política y empresarial, mientras la crisis en ascenso castiga a la mayoría de la población.
Frente a esta ofensiva, se vuelve urgente construir una resistencia desde abajo, que articule la lucha por derechos democráticos y sociales contra las políticas del capital. Desde los trabajadores, campesinos pobres, mujeres y juventudes puede levantarse una política independiente basada en la movilización popular. Por eso, hacemos un llamado a los sindicatos, organizaciones populares, campesinas, feministas y estudiantiles, a unificar esfuerzos para enfrentar al bonapartismo punitivo y neoliberal que hoy se impone en El Salvador.
Solo desde la acción colectiva de los explotados se podrá abrir camino a una alternativa propia, desde abajo, que recupere el derecho de los trabajadores, campesinos pobres y las mayorías populares a decidir sobre su presente y su futuro, una perspectiva que sólo es posible luchando por una política de independencia de clase, basada en la movilización y poniendo en pie organismos de autodeterminación de los explotados.
