La toma se produjo en el Edificio de Ingeniería Interdisciplinaria poco antes del cierre del recinto, según un comunicado de la universidad. El grupo «Estudiantes Unidos por la Igualdad y el Retorno de Palestinos» se atribuyó la acción, exigiendo que la UW cese sus vínculos con la empresa Boeing debido a sus negocios con Israel en el contexto de la guerra genocida en Gaza.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, así como contenedores de basura incendiados en la calle. Agentes antidisturbios ingresaron al edificio para desalojar a los activistas.
Un representante de los manifestantes declaró que el objetivo de la protesta es eliminar la «influencia de Boeing y otras empresas manufactureras» del ámbito educativo de la universidad. Boeing, una importante empresa de defensa con una larga relación con la UW, es el foco de las críticas de los activistas.
La universidad informó que los manifestantes se cubrieron los rostros y bloquearon las entradas del edificio con mobiliario. Este incidente se produce un año después de que activistas ocuparan las instalaciones de la UW durante tres semanas, exigiendo el fin de los lazos con Boeing e Israel. Aquella protesta se disolvió tras un acuerdo con la universidad y la aparición de grafitis.
Estas protestas universitarias se desarrollan en un contexto de tensión por parte del presidente Donald Trump, quien ha criticado a algunas instituciones, como Harvard, y ha retirado subvenciones, argumentando que se utilizan para promover protestas propalestinas. Se trata de la política discriminatoria y represiva de su Gobierno con respecto a todas las personas que critiquen a su aliado sionista, Israel.
La universidad asume la postura represiva que abandera la Administración Trump y califica estas protestas de «antisemitas», mentiras que solo constituyen un discurso instrumentalizador que ha permitido la encarcelación de estudiantes con estatus legal en el país y colocarles al borde de la deportación.
Victor Balta, portavoz de la universidad, confirmó que alrededor de 30 personas enfrentan cargos por allanamiento, destrucción de propiedad y alteración del orden público, mientras que algunos también son acusados de conspiración, tras la aprehensión.
Mientras miles de estudiantes de esa nación levantan sus voces y enfrentan la represión policial para exigir que su país cese el envío de armas al Ejército de Israel, que terminan lanzando bombas sobre los niños palestinos, los centros de altos estudios se ponen del lado del conservadurismo y el sionismo y criminalizan estas manifestaciones.