"Por más dramáticas que sean las situaciones y por más urgentes que sean los cambios, nunca se pueden poner a un lado los Derechos Humanos, el respeto a los valores intrínsecos del ser humano, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento". Hugo Chávez (*)
Tal como lo explica el Colectivo Surgentes, este "viernes 8 de agosto, en horas de la tarde, fue secuestrada por organismos de seguridad, Martha Lía Grajales, activista de dilatada trayectoria en materia de DDHH, desde hace más de quince años. Grajales formó parte de la Comisión Presidencial para el Desarme y fue Coordinadora de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNES. En el ámbito no gubernamental, fue integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, fundadora del Colectivo de DDHH Surgentes y ha acompañado a distintos comités de familiares y trabajadores en la exigibilidad de sus derechos. Desde hace un año, acompaña activamente al Comité de Madres en Defensa de la Verdad que agrupa a decenas de familiares de las personas injustamente detenidas tras las elecciones de 2024.
En el marco del acompañamiento al Comité de Madres en Defensa de la Verdad ese día realizaba una concentración pacífica en desagravio a las 50 madres que fueron brutalmente agredidas mientras realizaban una vigilia para exigir la libertad de sus hijos. Una vez culminado el acto frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, mientras caminaba junto a otras dos personas fue interceptada y posteriormente introducida a la fuerza en una camioneta gris, sin placas. Martha Lía es una nueva víctima de detención arbitraria en nuestro país. Exigimos la preservación de su integridad y su liberación inmediata. Exigir y defender derechos no es delito". https://surgentes.org.ve/.
El exministro de Cultura y de Comunas Reinaldo iturriza, así como el rector de la UCV también se han pronunciado públicamente contra esta acción, a toda luz irregular y sin explicaciones por parte del gobierno. https://www.aporrea.org/ddhh/n408193.html.
El gobierno venezolano viene desatando una política paranoica consistente en el secuestro, detención, desaparición y luego satanización a través de medios oficiales y organismos del estado de múltiples personas que, incursas o no en delitos deben contar con la protección de sus derechos humanos, tal como está contemplado en todo el ordenamiento jurídico nacional, comenzando por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con la excusa de la defensa del proceso revolucionario, de que viene el fascismo, del antiimperialismo, del odio de la ultraderecha, o de nuevo, del precio en millones de dólares (al viejo estilo de los "Westerns yankys"), que se le coloca por parte de los gringos para la captura de Maduro y otros dirigentes gubernamentales, se procede a detener, sin órdenes de juicio, ni mediando ningún mecanismo legal, a miles de personas, de las cuales centenares luego son puestas en libertad, sin ningún tipo de explicación. Esto sobre todo, a partir de las manifestaciones, muchas de ellas violentas y con saldo de muertos y muchas otras absolutamente pacíficas, luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 donde, en medio de una enorme opacidad informativa, el CNE dio como ganador de las mismas, a Nicolás Maduro.
Ciertamente, las manifestaciones violentas y más aún, si generan atentados contra las personas e instituciones deben ser enfrentadas y reprimidas bajo el marco constitucional. Con esto no podemos jamás estar de acuerdo. Pero las acciones de cuerpos policiales o parapoliciales (o paramilitares) cuando se ejecutan de manera indiscriminada desatan fuerzas y cometen injusticas que luego son difíciles de contener. De eso tenemos múltiples experiencias negativas en la llamada IV República con centenares y hasta millares de militantes revolucionarios secuestrados, desaparecidos, presos, torturados o asesinados bajo los organismos de seguridad del estado.
No podemos copiar modelos represivos como lo que se hizo en Colombia para combatir desde el estado colombiano a la guerrilla de esa nación con acciones absolutamente ilegales que llegaron hasta los denominados "falsos positivos" que los cuerpos de seguridad de esa nación presentaban al propio gobierno para que éste apoyara todo tipo de tropelías contra el pueblo, o lo sucedido en el Perú, sobre todo en el gobierno de Fujimori contra Sendero Luminoso, o también lo que ocurre aún en las entrañas de la capital del imperio estadounidense con el "Patriot Act", o Ley Patriota promulgada siete semanas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que otorgó al gobierno federal amplios poderes para ampliar la vigilancia, restringir la financiación y deportar a extranjeros en relación con actividades terroristas. Siendo la primera ley importante en responder a las aparentes debilidades de la seguridad nacional estadounidense. https://law.stanford.edu/publications/patriotic-or-unconstitutional-the-mandatory-detention-of-aliens-under-the-usa-patriot-act/.
Bajo la nueva ley, los inmigrantes "certificados" como amenazas a la seguridad nacional deben permanecer bajo custodia gubernamental sin fianza a la espera de los procedimientos de deportación y expulsión del país. La detención podría ser indefinida para aquellos extranjeros que se determine que son deportables. Como ya sabemos, miles de personas, sobre todo de origen árabe fueron detenidas durante meses, e incluso años, desaparecidas y muchos fallecieron en cárceles de Estados Unidos e incluso enviados a cárceles móviles en barcos o a la base militar de Guantánamo en Cuba. https://www.youtube.com/watch?v=bz8d977qFkY.
Tal como lo plantea el abog. Ignacio Ramírez, de la Federación Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Venezuela "FENADDEH observa con una gran preocupación el retorno de viejas y condenables prácticas policiales que al amparo de la seguridad de la Nación se vienen aplicando procedimientos inaceptables, ilegales y arbitrarios no solo porque se aplican al margen de las Leyes vigentes y por supuesto de nuestra Constitución Nacional sino porque los titulares de los órganos del Poder Público Nacional en cumplimiento de sus atribuciones estarían llamados a evitar que se produzcan tales desafueros que violan los DDHH de los ciudadanos; llámese poder ejecutivo, judicial, ciudadano o moral, legislativo y electoral. Es una obligación institucional a la que no pueden ni deben renunciar porque además suponemos que esas instituciones y sus titulares están profundamente consustanciados con el humanismo y el respeto irrestricto de los DDHH con los valores supremos de la Constitución". https://www.aporrea.org/ddhh/a343561.html.
Extraña que funcionarios de dilatada trayectoria en el campo de los derechos humanos como el fiscal general de la república, el presidente de la asamblea nacional, o el defensor del pueblo no se hayan manifestado contundentemente ante estos hechos y solo reiteren de manera acrítica lo que desde los organismos de seguridad se manifiesta. Incluso, a los órganos del estado a los que se ha acudido se han negado a recibir esta denuncia como la Fiscalía, el CICPC o la solicitud de Habeas Corpus realizada ante los tribunales en Caracas. Así se denunció este sábado que durante más de siete horas, Antonio González —esposo de la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales—, acompañado por miembros de la organización, intentó introducir una acción de hábeas corpus en los tribunales de Caracas sin obtener respuesta. https://diarioversionfinal.com/politica-dinero/niegan-accion-de-habeas-corpus-a-favor-de-activista-martha-lia-grajales/.
En tal sentido, como ciudadanos venezolanos exigimos el cese de la represión indiscriminada y e en el caso particular de Martha Lía Grajales, debe ser puesta en libertad puesto que ella solo hacía uso de la libertad que nos da nuestra constitución como es defender los derechos humanos, manifestar pacíficamente y exponer las injusticas del estado sin que esto signifique sufrir la acción represiva de los cuerpos de seguridad del estado. Así lo han hecho también centenares de compatriotas y también organismos de derechos humanos de fuera del país.
Si estuviera vivo, José Vicente Rangel ya hubiese elevado su grito de protesta y de denuncia, tal como lo hizo valientemente durante los gobiernos adeco-copeyanos en defensa de los jóvenes luchadores venezolanos que eran reprimidos durante los años sesenta y setenta de esa época triste para los luchadores por una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
(*) Hugo Chávez Intervención ante la 54° Asamblea General de la ONU. 21 de septiembre de 1999.
