No me refiero a los acuerdos reparatorios que contemplan las leyes, en la que el imputado en los tribunales indemniza a la víctima por el daño causado, sino a una especia de sistema de crédito fácil del que gozan los delincuentes para pagar su defensa y ganar la calle.
Me niego a ser pesimista, menos ahora que se observan serias intenciones en el Gobierno nacional de enfrentar la inseguridad que sacude al país, pero cuando nos adentramos en esa turbia y compleja maraña en la que se ha convertido la seguridad, llega el momento en que uno se ve inmerso en una especie de túnel oscuro, donde no observa indicio de salida alguna.
Y es que en estados como el Zulia, han sido muchos años de irresponsabilidad, de omisiones, de reestructuraciones policiales y procesos de adecentamiento que no han sido más que trabajos de cosmética, para intentar banalmente engañar a una población que ya es imposible manipular, considerando que vive en carne propia la perversidad y la fiereza de esa delincuencia desenfrenada.
Las cifras de muerte todas las semanas causan estupor entre los zulianos y nuestros dirigentes en lugar de admitir los errores para corregir, con impresionante desparpajos salen a la palestra pública y hablan de logros y objetivos policiales, como si la gente fuera estúpida.
Piensan que los zulianos ignoran que a la policía de la región, por ejemplo, sólo intentan hacerle una limpieza de cutis chimba, aplicándole una que otra crema rejuvenecedora.
Cuando lo que requiere es una transformación, una cirugía plástica de envergadura, algo así como el transplante de rostro que le practicaron a la francesa Isabelle Dinoire, de 38 años, atacada por su perro mientras dormía luego de haber ingerido algunos medicamentos.
Ahora bien, a la falta de ese proceso de reestructuración, se ha visto e incluso ventilado por los medios de comunicación, los más increíbles casos de corrupción.
Policías implicados en monstruosos asesinatos, secuestros, robos, extorsión, sobornos, sirviendo de guardaespaldas a narcotraficantes e intento de magnicidio (estos dos últimos casos involucran a la PR según denuncias recientes del ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón y el presidente Chávez) ha producido todo un entramado delictivo que ha carcomida las raíces de esas instituciones, y como un cáncer que hace metástasis, interesa otros órganos vitales y sensible de nuestra sociedad.
Hemos escrito de funcionarios de alta y baja jerarquía que tiene sus propias bandas delictivas al servicio de sus intereses. Las ponen a delinquir para lucrarse. Eso es un caso de dominio público.
Pero lo que si se me había pasado por alto, amigos lectores, era contarles el financiamiento del que gozan los delincuentes cuando son procesados en los tribunales.
Así como lo leen. Los delincuentes cuentan con un sistema de apartado, que les permite ganar la calle aún cuando en el momento no tengan dinero en efectivo, para pagar los servicios a un profesional del derecho.
Resulta que si un hampón cae preso, sólo tiene que buscar un buen fiador y una carta de buen delincuente, porque como todas las personas, de acuerdo con la ley tiene derecho a la defensa, los abogados se encargan de procesarles la libertad, sin escatimar en el delito cometido.
Lo significativo para estos defensores es el dinero y para eso, han establecido un sistema de robe ahora y pague después en cómodas cuotas.
Si el pillo carece de plata, no importa. Siempre le diligencian la libertad, para que vuelva a sus andanzas y reúna la mensualidad del pago de su liberación.
De manera, que la inseguridad ha tomado ribetes inimaginables. Creo que la gente común -la que sufre los embates de esa delincuencia, mas no es delincuente- todavía no imagina los alcances de la red que se ha urdido en torno de esta inseguridad.
Por eso, no deja de sorprenderme que los delincuentes cuenten con un numerito, para ir cancelando sin falta, los honorarios a sus abogados en un sam de plata a las doce semanas.
*Periodista
albemor60@hotmail.com
