Quienes se tomen un tiempito para escuchar íntegramente la declaración de la Fiscal Luisa Ortega el 31 de marzo se llevarán una sorpresa: en ninguna parte de su intervención dijo que las sentencias 155 y 156 del TSJ causaron la ruptura del hilo constitucional. ¿Entonces, de dónde salió la versión que afirma lo contrario? Y en caso de ser cierto lo que aseguran los medios ¿por qué hasta ahora la Fiscal no ha ratificado ni rectificado su declaración? Mientras ello no ocurra la pregunta puede ser respondida con otra pregunta: ¿Por qué ningún medio publicó la transcripción completa de la intervención (no tardó ni media hora)?
Y ahora, al grano. Las dos únicas citas textuales de la Fiscal sobre el tema fueron: “en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional. ¿A quién se las atribuye Ortega: a la Asamblea Nacional, al TSJ o al Gobierno? Por más que los medios distorsionen el contexto lingüístico con acrobacias semánticas, no hay una acusación directa, ni sugerida, ni mucho menos explícita contra nadie. Tampoco la hay en la segunda frase: “…y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Sin embargo los medios decidieron que la funcionaria, además de denunciar la ruptura del orden constitucional también señaló a los culpables, lo cual no es cierto.
Lo que sí es cierto, es que la declaración del Ministerio Público (por voluntad de su titular o no) originó una recomposición de la estrategia política opositora que todavía debe estar resonando en la MUD y en los pasillos de la OEA, la ONU y Mercosur, aunque el presidente Nicolás Maduro y la Sala Constitucional, cada uno a su manera, evitaron que la declaración generara un conflicto nacional e internacional de respetables proporciones. Por supuesto, también contra la voluntad de Ortega o sin ella, su silencio no es simbólico. Desde ambos extremos de la controversia la asumen como aliada. Ese será el segundo capítulo de una historia que comenzó sin terminar.
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