¿Será oportuno recurrir al Referendo Consultivo para la aplicación de la pena de muerte a los corruptos? Estas son las preguntas que a diario vienen a la memoria para poder adecentar la política criolla, que cada día está metida en el tremedal, por culpa de los inconsecuentes con el compromiso revolucionario.

Saldrán quienes se opongan a la pena de muerte para quienes se aprovechan de los recursos del estado, cuando ejercen cargos públicos o los ponen en donde hay, como réplica de la vieja conducta de los adecos y copeyanos, que se apoltronaron en cargos en ministerios, instituciones, centralizadas y descentralizadas, para hacer rebatiñas con los dineros que se les confiaban para la buena marcha de la administración del gobierno.

Los que salgan a combatir una supuesta CONSULTA POR REFERENDO para buscar contener la corrupción, se identificarán inmediatamente como los que están de acuerdo en que se sigan robando los dineros públicos, sin que ello traiga la consecuencia directa por tal acto, como es el pagar con cárcel, inclusive con la muerte, como ocurre en otros países en el mundo.

Se sabe de antemano que será la iglesia católica la que se opondrá inmediatamente a que se imponga un castigo ejemplar, de esa naturaleza en el territorio venezolano, pero nunca se les escucha ninguna crítica y/o pronunciamiento sobre las tantas ejecuciones que se hacen permanentemente en los Estados Unidos. Parece ser que para los yanquis si es bueno que exista la pena de muerte, mientras que para estos lados del continente ni que se les ocurra dar una opinión al respecto. La doble moral del discurso es lo que opera en los poderes imperiales y sus lacayos.

Mientras haya caos en otros territorios es beneficio para los Estados Unidos, porque es el medio perfecto para justificar sus intervenciones, por ello adoctrinan para que no se tomen las medidas que son necesarias para el control de situaciones que afectan el buen desenvolvimiento de las sociedades. Tienen sus cómplices que justifican lo que para el norte es bueno, pero no para el sur, porque solo ellos están ungidos con la verdad de su "Destino manifiesto".

La iglesia tiene experiencia para hablar sobre este tema, porque fueron los primeros que apoyaron la muerte de forma directa en el periodo de la Inquisición (1184 hasta 1998, cuando el papa Juan Pablo II pide a la Iglesia reconocer los errores cometidos "por sus hombres, en su nombre",

Ver: https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/santa-inquisicion_12oir8).

Durante ese tiempo sin investigación alguna; sin dictar causa de culpabilidad, asesinaban a su antojo a justos y pecadores; sin escrúpulo alguno; así mismo lo hicieron durante las Cruzadas para establecer en nombre de Dios, quienes deberían morir para que se implantara el Cristianismo como religión en los territorios que conquistaban y se anexaban para el representante del omnipotente en la tierra. Conste, como decía un comediante, que soy bautizado por la iglesia, pero no fanático religioso.

No contento con ello apoyaron el genocidio más grande que haya ocurrido en la humanidad hasta el momento, cuando con su cruz por delante acompañaron a los conquistadores que participaron en la aniquilación de aproximadamente 100 millones de habitantes originarios del nuevo continente, dizque descubierto por Cristóbal Colon, cuando la realidad era que ya habían culturas como la Maya, la Azteca, la Inca, entre otras, que tenían sus propias costumbres, tecnologías, y una cosmovisión que les permitía vivir el día a día hacia el desarrollo de una sociedad igualitaria.

Todo lo anteriormente dicho obedece a que se acostumbró dejar las cosas como están por el "bien del funcionamiento del estado", porque se afectan intereses, que no deben ser tocados para que subsista la sociedad de cómplices. Eso no puede ser así porque para acabar con la corrupción, se tiene que hacer a pecho abierto, sin simulaciones, sin maniqueísmos que afecten las buenas intenciones de la propuesta.

En lo atinente a la lucha contra la corrupción en las tierras suramericanas, lo propuso por primera vez, durante el proceso de emancipación, el Libertador Simón Bolívar; y en varias oportunidades se pronunció a favor de la pena de muerte. Eso lo hacía porque tenía el conocimiento que para acabar con la corrupción no se debía andar con blandenguerías. No le importó lo que dijo la iglesia, ni los puritanos de su tiempo. Sabía que si no se tomaban esas acciones la nación que pretendía construir se perdería por esa calamidad, la cual seguiría alimentando a la oligarquía realista.

Impuso la pena de muerte en la guerra y en la paz, la aplicó sin contemplación alguna por el bien de la república; y cuando no lo hizo ocurrió lo que temía. Por no mandar a fusilar a Francisco de Paula Santander, el traidor de siete suelas, se perdió el sueño de Miranda y el suyo, de tener una gran nación que atendiera a los pueblos que bajo ella se cobijaban para darles lo más preciado que habían conquistado los americanos del sur, la libertad, entre otras cosas.

"El 12 de enero de 1824, el Señor General Simón Bolívar, Dictador plenipotenciario del Perú y Presidente de Colombia decreta la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan "malversado o tomado para sí" parte de los fondos de la nación, medida que tomó con el fin de reducir el mal de la corrupción en la entonces Gran Colombia".

Ver Decretos del Libertador. Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Tomo I (1813-1825). Pág. 283. Imprenta Nacional, Caracas, 1961.

Cinco años antes, el 15 de febrero de 1819, en Angostura, visionario como siempre lo fue, en su magistral discurso dijo lo siguiente:

"Sólo puede servir de correctivo a esta debilidad, el vigor bien cimentado y más bien proporcionado a la resistencia que necesariamente le oponen al Poder Ejecutivo el Legislativo, el Judiciario y el pueblo de una República. Si no se ponen al alcance del Ejecutivo todos los medios que una justa atribución le señala, cae inevitablemente en la nulidad o en su propio abuso; quiero decir, en la muerte del gobierno, cuyos herederos son la anarquía, la usurpación y la tiranía. Se quiere contener la autoridad ejecutiva con restricciones y trabas; nada es más justo; pero que se advierta que los lazos que se pretenden conservar se fortifican, sí, más no se estrechan.

Que se fortifique, pues, todo el sistema del gobierno, y que el equilibrio se establezca de modo que no se pierda, y de modo que no sea su propia delicadeza una causa de decadencia. Por lo mismo que ninguna forma de gobierno es tan débil como la democrática, su estructura debe ser de la mayor solidez; y sus instituciones consultarse para la estabilidad. Si no es así, contemos con que se establece un ensayo de gobierno, y no un sistema permanente; contemos con una sociedad díscola, tumultuaria y anárquica y no con un establecimiento social, donde tengan su imperio la felicidad, la paz y la justicia".

Más vigente que lo anteriormente indicado no puede estar, por consiguiente se pretende traer al presente el castigo ejemplar, que se aplicó durante la lucha por la independencia, para que las instituciones y la vida de los ciudadanos transiten por un modelo de sociedad en donde la honradez y el respeto por la cosa pública sea el primer valor que nuestros compatriotas deban exhibir al mundo, como legado de nuestro héroe Libertador Simón Bolívar, el Comandante Eterno Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.

No es que se quiera desconocer el sistema democrático que hemos ratificado en n-ésimas oportunidades, pero si debemos tomar como una orientación lo que nos dejo para la posteridad el Libertador. Es necesario que se le dé soporte a la declaración, que hizo el Presidente Constitucional Nicolás Maduro, el 20 de diciembre de 2018, de guerra contra la corrupción en todos los niveles. No hacerlo es seguir en lo mismo: Declarar por declarar. Las instituciones en todas sus instancias que asuman su responsabilidad

Para ello es menester iniciar una guerra a muerte a la corrupción. Ya el 25 de junio de 1813, en la ciudad de Trujillo, Bolívar había lanzado un demoledor decreto para que todos supieran a que atenerse, en el momento crucial en que la guerra necesitaba que sus hombres y mujeres supieran hacia que lado ponerse para que se pudiera lograr el objetivo que se perseguía, que era la independencia del poder imperial. Hoy es casi lo mismo, librarse de quienes se llevan los recursos de la patria para uso personal, como patrimonio de una guerra que hubieran ganado: Hacerse de los dineros de la república de la manera más arbitraria y sin obstáculo alguno, un robo más a las arcas de la nación.

Cuestión esta que es necesario dejar bien clara, se tiene que luchar por todos los medios posibles contra la corrupción, venga de donde venga, hágala quien la haga. No se puede seguir desangrando el país y que muchos alegremente se burlen del gobierno y de la revolución en otras tierras, como lo hacen todos los días y no solo conformes con eso tienen fija la idea de volver para gobernar. Contra eso se tiene que ir, enfrentar, juzgar e imponerles las condenas que se merezcan por sus actuaciones de lesa patria.

Si no se combate la corrupción y no se hace lo que requiere con urgencia la sociedad venezolana, se cae nuevamente en las manos de quienes son los interesados que ese mal pernicioso persista en las entrañas de las instituciones con más saña, para aprovecharse con suma lenidad de los recursos de la patria.

Por todo lo expuesto se requiere que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la soberanísima por voluntad del pueblo, someta a consulta en Referéndum, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Art. 70 y 71, que creo que no era necesario recordarlos para no irrespetar sus funciones, pero por si acaso se les ocurre eludir la situación con leguleyos advenedizos que se presten para evadir el pensamiento bolivariano.

En ese sentido, me atrevo a formular la única pregunta a hacerles a los venezolanos, que sería en los siguientes términos:

¿Estaría usted de acuerdo con que se establezca la pena de muerte para la corrupción, la violación a la mujer, crímenes intencionales y traición a la patria?

Esta es una discusión que se debe suscitar después del 10 de enero de 2019, con ponderación, sin revanchismos, pero si con la firmeza de que hay que hacer respetar los intereses del estado venezolano. Con ello ver si es conveniente o no que se busque adecentar la política y las instituciones de las que muchos vividores se aprovechan y a su vez reducir la criminalidad, la manera en que se viola la constitución alegremente y las leyes de la patria.

Nunca antes, con excepción de la construcción de la nueva legalidad del país, cuando se creó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde esa oportunidad hasta el presente, se hizo necesaria la intervención de la ANC para dirimir una situación que toca todo el sentir de la ciudadanía de esta tierra.

No hay otra manera, porque gobierne quien gobierne ese mal está en la psiquis de muchos de los que ocupan cargos públicos, en donde se manejan recursos; y una manera ejemplarizante de acabar con tal flagelo es mediante la aplicación de un castigo, que no haga posible la reincidencia. Con el ejemplo del Padre Libertador, se debe practicar, él buscó hombres y mujeres probas, para que lo acompañaran y aquellos que se salieran de los decretos o leyes por él establecidos se sometían a la más inclemente sentencia, teniendo como resultado que en su tiempo nadie usufructuó los bienes públicos.

No es nada nuevo que se proponga la aplicación de la pena capital, ya existe en todos los continentes y países en donde la ejecutan, por diversos motivos o circunstancias:

África: Argelia , Botsuana, Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana , Kenia , Libia, Mauritania, Nigeria , República Centroafricana, Sierra Leona , Sudán del Sur , Sudán, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue.

América: Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, El Salvador, Jamaica, Perú, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago

Asia: Arabia Saudita , Bangladés, Bahréin, Catar, Corea del Norte, Corea del Sur, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irak , Irán, Israel y Japón, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Laos, Líbano, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina, Singapur, Siria, Sri Lanka, Tailandia, Tayikistán, Vietnam y Yemen

Europa: Bielorrusia, Dinamarca y España.

Oceanía: Papúa Nueva Guinea y Tonga.

Otrosí:

Por otro lado, es pertinente, que se legisle contra los que están destruyendo la economía del país, puesto que con sus aptitudes de desconocer las leyes hacen ver que no existe gobierno que controle las mafias que se han aliados con poderes extraños a nuestras fronteras para ir minando la gobernabilidad, lo que puede desembocar en un mal mayor si no se toman las medidas que puedan contener el desmadre a que han conducido el proceso de comercialización en nuestro país.

Es permanente la crítica, y con mucha razón, del pueblo, que no quiere seguir oyendo que "vamos hacer esto, aquello y lo otro"; y se sigue con las falta de autoridad para el control de los especuladores. Es tanto el clamor que se le escucha a los venezolanos en la calle, que expresiones como estas llaman a preocupación: "Hace falta un Juan Vicente Gómez o Pérez Jiménez en Venezuela para que se acabe la guachafita que tienen contra el pueblo". Ahí queda eso para que interpretemos en que estado de confusión se encuentran los ciudadanos venezolanos.

Ante eso lo que se requiere es que se legisle en el sentido de darle al pueblo la seguridad, en todos los sentidos, para que tenga un normal desenvolvimiento de su vida cotidiana y vuelva la esperanza de que en revolución todo es posible para el bienestar colectivo.

Para quienes hacen la crítica constructiva quizás sea fácil indicar por donde se debe transitar, pero mucho más fácil es cuando la voz que aquí se expresa es la del hombre y mujer de a pie, los que patean la calle diariamente, quienes dicen a todo pulmón que se requiere hacer para que se tomen las medidas de control y ejecución de la política económica, en lo micro, que es lo que directamente les afecta, y que no hay excusas para que se encuentren en esta complicada situación, de burla de los empresarios y comerciantes que no respetan lo que se acuerda y firma con el gobierno.

La Oposición política sigilosamente está drenando, por los medios de comunicación; y utilizando a personas que de corazón no están con la Revolución Bolivariana, a una estéril pelea de que no parece el pernil, porque los que tienen que dar una explicación no salen a hablarle claro al pueblo. Tanto es así que manipulan un audio y fotografía de un supuesto viceministro de alimentación, para que la gente se arreche y salga a protestar. Cuestión esta que el pueblo ha entendido perfectamente y se ha mantenido como lo requiere el momento histórico que vive la patria, ante el asedio y bloqueo económico que afecta a la mayoría de las familias venezolanas.

¡Cárcel de 10 a 15 años para quienes tienen empresas y negocios que acaparan, boicotean y especulan con los productos de primera necesidad que se deben vender a los venezolanos!