ESPALDARAZO A JORGE RODRIGUEZ, , por su solicitud de INVESTIGACION por los organismos jurisdiccionales, ante la evidencia de ilícitos en el CNE -en lo de “...Muertos que quedaron vivos”- que pudiesen afectar resultados en el actual proceso de Reparos para la solicitud de Referendum Revocatorio.
Las presiones que se accionan sobre el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL venezolano, desde centros de poder internacional y sus representantes en lo interno, tienden a doblegar voluntades en función de aquellos propósitos de obtener mayores beneficios planetarios y acumular más poder, en un mundo donde aún no se alcanzan fuerzas suficientes que lo contrarresten y en un país con apetecibles riquezas susceptibles de ser saqueadas cuando se eligen gobernantes complacientes, es el contexto a tomar en cuenta respecto a la fortaleza con que debe contar quien intente arbitrar con ecuanimidad bajo tales circunstancias, lo que otorga mayores méritos a este Rector del CNE como conductor de la Junta Nacional Electoral, en el momento de exigir el accionar de la Ley para investigar evidencias de un hecho ilícito en dicho proceso.
La ley es la Ley y debe cumplirse. Y el marco constitucional y legal están por encima de cualquier interés, ya sea electoral o de otra índole. Ningún funcionario público en ejercicio de sus funciones puede avalar un acto ilícito, ni soslayarlo y mucho menos oponerse a su investigación ante la presunción bien sustentada del mismo, por más que desée culminar la labor que le fué encomendada.
Y, en este caso, de los “Muertos que quedaron vivos” y continuaron figurando en el Registro Electoral y más allá, en los Cuadernos y en las Actas de Firmas del Revocatorio y luego en los Reparos, no puede torcerse la visión de las cosas a tal punto de que permanezca como legal que los muertos firmen y voten, o que se le reste importancia a un hecho delictivo, máxime si puede tener incidencia en el proceso que libra ese organismo, aparte de cualquier otra denuncia de irregularidad.
Ahora, tratándose no de casos aislados de fallecidos, sino más bien de decenas de miles, con más razón para considerar su incidencia y exigir su oportuna y exhaustiva investigación. Y, más allá, con respecto a si el volumen de casos ilícitos afecta la decisión a favor o en contra de la convocatoria a la revocatoria del mandato, en justicia tendría previamente que ser aclarada, dependiendo de los márgenes obtenidos y el número de casos cuestionados.
De allí, todo el apoyo, tanto moral como operativo, que merece esa actitud responsable del Dr. Jorge Rodríguez como Rector del CNE, tanto por parte de individualidades como de agrupaciones serias.
* Médico- Profesor Universitario
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