Territorialidad agrícola en tiempos de coronavirus ¿Detenernos o arriar el burro?

Varios centros internacionales, nuestro gobierno y algunos científicos nacionales actuando por cuenta propia hacen contribuciones frecuentes sobre las estadísticas y algunos indicadores de interés durante la pandemia COVID-19, en relación a casos totales, decesos, recuperados y contagiados que se están atendiendo. En nuestro caso, el mapeo de los casos en Venezuela evidencia algo muy importante para la agricultura. Pocos estados de la zona norte costera central acumulan la mayor proporción de casos, que sumados al estado insular Nueva Esparta, pareciera que el resto del territorio venezolano estuviera por gracia divina libre o de muy o de baja prevalencia. Esta información sustenta la tesis que los municipios de perfil dominante agrícola pudieran ser objeto de una política territorial en tiempos de pandemia que no vulnere el principio de la precaución y de la seguridad en salud pública.

Dos aspectos principistas, la municipalización legítima y constitucional que ha sido aplicada en otros campos sociales durante estos últimos veinte años, por ejemplo, en la educación universitaria y la territorialidad que se expresa en varios documentos y leyes de la nueva geometría del poder (dejados de lado) y que ahora responden a territorios de mayor tamaño y son gobernado con mano vertical militar. De 335 municipios, se estima que más del 60 %, están exentos de casos de COVID 19 y un 15 % tienen muy pocos casos, identificados y gobernados por el sistema que se ha convertido en un éxito relativo para el gobierno del Presidente Maduro. Lo relativo estriba en la percepción de inseguridad alimentaria que cursa junto al COVID 19, causada por restricción de acceso a los alimentos por altos costos para la gran mayoría de los venezolanos (95 % aproximadamente) y también por restricción geográfica de acceso a la producción de vegetales que están confinados en los territorios de producción por falta de combustible y de otras estrategias para llevarlas a precios accesibles a los mercados, incluidos los más próximos a los sitios de producción.

Pero el principio de la territorialidad alcanza para normar, generar estrategias y ejecutar políticas que impidan que el COVID 19 se vea favorecido por los entuertos de la agricultura y la alimentación. Sin duda la territorialidad es un espacio de ley, orden y compromiso social, cultural y económico de confluencia de intereses políticos (plural); es además inobjetable e impostergable en estos tiempos difíciles cuando la agricultura mundial no permite visualizar soluciones en el corto plazo, favorables para la gran mayoría de los habitantes del planeta, donde el hambre amenaza superar la odiosa cifra que ya tiene de 1200 millones de pobres con dificultades de tener acceso a los alimentos, produce más muertes que el COVID-19 y una geografía humana de niños famélicos.

Pues sorprende que el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras presente al país, en cadena asistida por el Presidente de la República, un enfoque tradicional de expectativas, sin mayor profundidad en cuanto a estos dos primeros elementos estratégicos de municipalización y territorialidad solidaria y participativa para evitar expandir el virus en esos espacios y a la vez garantizar el éxito de las expectativas generosas pero también ingenuas del MPPAT.

El tercer elemento en juego es el modelo productivo. Tangencialmente se informa que debido a las limitaciones para producir en el país fertilizantes de fórmulas calculadas para los diferentes condiciones de suelo y para las siembras de mayor volumen (maíz y arroz) se acudirá a la producción de biofertilizantes sólidos, sobre los cuales no hay duda de su utilidad, pero resulta que eliminar el excedente acuosos es energéticamente inviable en un país que tiene limitaciones energéticas para desecar. Además, la planta señalada como la responsable de llevar la producción a esa escala nacional, ubicada en Turmero, estado Aragua, no tiene la capacidad instalada para lograrlo. Los agroecólogos nacionales pudieran dar mejores luces sobre el cambio de modelo y el uso de esta tecnología en una versión de mayor escala productiva.

Un artículo reciente sobre "La agricultura en tiempos de COVID-19" (Altieri Y Nicholls, 2020) fácilmente accesible en internet, evidencia que "la agroecología representa un ejemplo inspirador, de un enfoque sistémico poderoso que, en este momento de la pandemia del coronavirus; ayuda a explorar los vínculos entre la agricultura y la salud, demostrando que la forma en que se practica la agricultura puede auspiciar el bienestar o, por el contrario, si se la practica desde el deterioro, como lo hace la agricultura industrial, puede generar grandes riesgos y daños para la salud". Este basamento puede ser la declaratoria de un cambio progresivo pero real del modelo productivo nacional. Además, ya existen avances de la ciencia agroecológica donde la escala y la intensificación, con buenas prácticas, es sustentable y permite la coexistencia y la interrelación con variados aspectos de la vida.

El cuarto aspecto de la agricultura en estos difíciles tiempos es el gobierno de los insumos en materia de calidad y oportunidad. Imagino que la semilla no será una limitación. La energía que motoriza la agricultura requiere de orden, transparencia y compromiso. El combustible hoy posiblemente es demandado en cantidades varias veces lo necesario, precisamente por la falta de un sistema nacional de planificación que mire y resuelva las diferencias productivas en los territorios. Seguimos pensando y actuando para resolver los problemas de las frutas, hortalizas, leche, carne, huevos de consumo del oriente del país con productos del occidente y de los andes venezolanos. Eso significa movilizar grandes cantidades de alimentos sobre capas asfálticas desgastadas, en contra de la calidad de los productos, sumado el riesgo y los costes de transportación. No se trata de una autarquía alimentaria regional, sí de una exploración de capacidades y de soluciones productivas para los diferentes territorios según sus condiciones agroecológicas.

Entonces estamos en una disyuntiva, dudar de la propuesta de MPPAT y caerle a martillo crítico o aupar que se siga adelante, mejorando la propuesta con nuevos elementos que den la seguridad que nos movemos hacia un cambio estructural de la agricultura. Es inaceptable que el campesinado sea solamente llamado a defender (¿?) la Patria pero inmovilizado y ausente en este proceso que requiere la retoma de la organización campesina y comunal.

Lo loable ante una gran amenaza de inseguridad alimentaria (hambre y violencia social ya manifiesta en algunas ciudades) es arriar el burro antes que la parálisis de la verborrea espumante burocrática nos llene de cuentos.



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Miguel Mora Alviárez

Profesor Titular Jubilado de la UNESR, Asesor Agrícola, ex-asesor de la UBV. Durante más de 15 años estuvo encargado de la Cátedra de Geopolítica Alimentaria, en la UNESR.

 mmora170@yahoo.com

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