Escuchando la transmisión de la reunión entre el presidente de la república Nicolas Maduro, el día Sábado 12 de Enero y los embajadores de la Naciones Unidas, se generan mas preguntas que respuestas.

La reunión se produce en un marco geopolítico en donde se hace necesario resaltar el carácter vanguardista de las políticas sociales del Gobierno Bolivariano de Venezuela, en medio de un escenario de preguerra y con el acoso del grupo de Lima y la OEA, quienes se han convertido en acólitos de las políticas expansionistas de EEUU. Afortunadamente el ministro de planificación Ricardo Menendez, dejó claro que los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) o agenda 2030, vienen siendo masticados y digeridos desde hace tiempo tanto en los planes sectoriales como en el nuevo Plan de la Patria 2019-2025. Agregaría que mucho antes, pues el primer Plan de la Patria elaborado por el presidente Chávez en su gestión, ya reflejaba las Metas del Milenio del PNUD que concluyeron en 2015. Los 17 ODS no son más que la continuidad de la Metas del Milenio. No hay nada nuevo salvo el renovado compromiso del presidente Maduro de suscribir y materializar tales acuerdos internacionales propuestos por la ONU y la necesidad de establecer indicadores de gestión de los avances. Hasta aquí nada que objetar.

PERO

Se observan dos grandes vicios que persisten como una falla estructural de todos nuestros entes planificadores:

1) Se sigue insistiendo en diseño del presupuesto y políticas de planificación basadas en los planes sectoriales y no en el Sistema Nacional de Planificación. Aunque deberían estar coordinados por ley, en la práctica se han venido desarrollando aislados uno de otro.

2) Se sigue insistiendo en los "proyectos" como un fin en si mismo, aislados y sin ninguna definición relacionada con objetivos o metas, que dependiendo del nivel, deberían tributar a un determinado plan de desarrollo, ya sea regional, distrital, estadal, municipal, comunal o comunitario. Por supuesto ni hablar de la integración de esos planes. Todos definidos en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (LOPP), salvo los planes distritales que se definen en la Ley del Consejo Federal de Gobierno y relacionados con los Distritos Motores de Desarrollo.

La sinergia de estos dos graves errores, dificulta en altísimo grado la "territorialización" tanto del los 17 ODS de la ONU, como del mismo Plan de la Patria. Esto hace cuesta arriba la materialización a última milla del proyecto país (Plan de la Patria) en los diferentes niveles. Peor aún, condena a muerte todas las estructuras y entes de planificación como los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) y los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOPP). Si a ver vamos, pasaron a ser figuras decorativas en el marco jurídico, en donde o no existen o no se planifica ni diseñan políticas. La inmensa mayoría del los CLPP en los municipios y los CEPLACOPP en los estados, ni siquiera están conformados en este momento aun cuando la ley especifica que deben ser conformados a los 90 días de la juramentación de un alcalde o un gobernador en cada caso. Consecuencia adicional el tema de la descentralización. Sin la integración de los planes de desarrollo, es imposible pensar en transferencia de competencias del gobierno nacional a los gobiernos locales, ni de estos al poder popular. Las políticas no se diseñan a nivel local y según una realidad propia, sino que se imponen desde una capital cada vez mas divorciada de las diversas realidades regionales. Por si fuese poco, las capitales de estado copian al calco el mismo centralismo en sus regiones. "Dios está en todas partes, pero despacha en Caracas."

Hay que resaltar que habiendo la base legal, ni el Ministerio de Planificación, ni la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), ni el Consejo Federal de Gobierno (CFG), por nombrar solo los principales entes administradores de presupuesto del Estado, NO exigen a gobernaciones, alcaldías, comunas o consejos comunales, alguna definición de a que objetivo o meta de su plan de desarrollo tributa un proyecto del que se solicita financiamiento. Tampoco existen clausulas penales por su incumplimiento. De ahí la imposibilidad de establecer verdaderos indicadores de gestión que reflejen el impacto en la calidad de vida de la población o en la economía, de esas inversiones. O como en el caso específico del CFG, establecer "el como" impacta en las desigualdades territoriales. Al no poderse definir tales indicadores, tampoco será posible definirlos para los 17 ODS de la ONU.

El gran problema es que nadie pone el cascabel al gato. Ningún ente asume ni el acompañamiento ni exige la presentación o la elaboración de los diferentes planes que son competencia directa por ley de los Entes Político Territoriales (Alcaldías y gobernaciones) o las Organizaciones de Base del Poder Popular (Comunas y Consejos Comunales), habiendo entes pensados para ese fin: Ministerio de Comunas y Ministerio de Planificación. Hay que hacer la salvedad de una iniciativa del CFG en el año 2012 en un intento de integrar Planificación Estratégica Situacional y el método ALTADIR de Planificación Popular, que apenas alcanzó a acompañar los planes estadales del período 2013-2016 y que afortunadamente generó que algunas gobernaciones abordaran el acompañamiento a sus alcaldías en su planes de desarrollo municipales. Lamentablemente el CFG perdió su carácter de ente planificador con la reforma de la Ley de planificación en ocasión de la 2º ley habilitante. Temo aquí ser injusto con Comunas, no conozco ese trabajo con los planes comunales y comunitarios, pero tampoco los resultados están a la vista. Todo esto genera una gran mora jurídica que al final redunda en una muy ineficiente e ineficaz política de Estado en materia de planificación, para dar paso a la improvisación o a un eterno plan de contingencia que seguramente se acentuará en este escenario de guerra.

Como no debe haber crítica sin propuesta, son los Alcaldes con sus Comunas y los gobernadores con sus alcaldes, acompañados de las corporaciones regionales en las mesas de planificación definidas en las leyes, los que pueden generar el necesario tejido social para gobernar. Para eso fue pensado el Sistema Nacional de Planificación, para gobernar. Eso significa dimensionar la importancia estratégica de los CLPP y los CEPLACOPP. La formulación de esos planes deja de ser un acto meramente administrativo, para convertirse en todo un acto político, integrador de las fuerzas vivas en una región. Es difícil gobernar en un país que no tiene cultura de planificación. Hay que generarla.

El legislador (por no decir el presidente Chávez) hizo gala de su genialidad como estadista dejándonos un marco jurídico sumamente avanzado para estos fines y no lo usamos. Me pregunto si con eso no estaremos traicionando su legado. "Comuna o nada".