Una retrospección hacia las décadas de 1980 y 1990 reporta que fueron tiempos de enormes dificultades dado por la reestructuración de la deuda en dos oportunidades y el tener que afrontar el mejor refinanciamiento del mundo, la quiebra de 14 bancos, inflación del 81 y 103,3 por ciento, en 1989 y 1996 respectivamente, niveles de pobreza que superaron el 70 por ciento, pobreza extrema superior al 30 por ciento; desempleo que excedió el 16 por ciento, una distribución del ingreso que sólo favoreció a los más ricos, hasta el punto de que llevó a casi la desaparición de la clase media; ése era el panorama de la Venezuela que recibió Hugo Chávez en febrero de 1999, de acuerdo a Prieto(2013)[i], quien es Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia.

    El Título VI de la Constitución Nacional (1999) Capítulo II Sección Cuarta: De la Coordinación Macroeconómica, Artículo 320, expresa:

El Estado debe promover y defender la estabilidad económica, evitar la vulnerabilidad de la economía y velar por la estabilidad monetaria y de precios, para asegurar el bienestar social.

   En la actualidad Venezuela continua siendo un país con un limitado desarrollo industrial, al compararlo con otros países de América Latina, esto es debido según Sánchez[ii], analista económico, al tradicional modelo económico rentista petrolero establecido, el cual se ha heredado e se mantendrá aún por unas décadas más, donde los ingresos estatales casi exclusivamente han provenido de la venta del petróleo y la mayoría de las necesidades internas eran y son cubiertas a través de la importación.

    No obstante, según expresa el mismo analista que al día de hoy, en Venezuela se están dando pasos importantes, en la obtención de materias primas, con el posterior procesamiento de las mismas y crecimiento del tejido industrial. Un ejemplo está representado por el incremento progresivo año tras año de la producción alimentaria nacional, establecimiento de fábricas procesadoras de alimentos, fábricas de automóviles, tractores, computadoras, teléfonos celulares, madera sintética, etc. en varios estados del país, contribuyendo a abastecer en parte la creciente demanda interna, derivado entre otras causas, por el aumento del poder adquisitivo de la mayoría de la población venezolana  y por la oportunidad que han tenido los pequeños y medianos empresarios. Los artículos 308, 309 y 310  así lo proponen:

Artículo 308. El Estado protegerá y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular. Se asegurará la capacitación, la asistencia técnica y el financiamiento oportuno.

    Lo expuesto, responde a lo planteado en el Título VI de la Constitución Nacional (1999) Capítulo I, del Régimen Socio Económico y de la Función del Estado en la Economía, Artículo 299, plantea:

El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta.

    En consonancia con lo anterior, Prieto (2013) argumenta que el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado durante la primera semana de mayo de 2013, y coincidente con el informe de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), órgano adscrito a Naciones Unidas (ONU), trae dentro de sus datos, indicadores económicos y sociales... Ya en 1990, Venezuela era la 4ta. mayor economía de América Latina y el Caribe (ALC). En ese orden se mantuvo hasta 2001, cuando la brusca caída de todos los valores macroeconómicos repercutieron de tal manera en el PIB, que arrastró con ello varios de los indicadores del Desarrollo Humano, afectándose significativamente la tasa media del ingreso, del empleo, del consumo y de la oferta de bienes y servicios.

   El año 2002 cerró con Venezuela en el 5° lugar como consecuencia según la  opinión de Prieto del derrocamiento al presidente Chávez por 47 horas; y del paro petrolero de diciembre de 2002 a enero de 2003. Luego, en el 2004 se retornó al 4° lugar, hasta 2010, cuando se volvió a la 5ta posición, en la que se permaneció hasta 2011. Las tasas de crecimiento del PIB de 4,2 y 5,5 en 2011 y 2012, respectivamente, han devuelto al país a la 4ta. posición que por tradición ha ocupado y continuará ocupando por unos años más .    

    Por otro lado, el economista estadounidense Mark Weisbrot (20013)[iii], cofundador del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, siglas en inglés), con sede en Washington, es categórico al señalar, que la política económica que delineó el gobierno de Hugo Chávez, y que le permitió a Venezuela cerrar el 2012 con un crecimiento de 5,6%, después de nueve trimestres en ascenso, no sólo es sostenible en las condiciones actuales sino que desmiente cualquier posibilidad de catástrofe.

    Prieto afirma, que en lo que va de siglo XXI la situación de la economía venezolana es más de dos veces mejor que durante los últimos 15 años del siglo XX, esta aseveración la sustenta en los siguientes indicadores: un crecimiento promedio mayor del Producto Interno Bruto (PIB) 3,68% en el período 1999-2012 contra 1,53% entre 1984 -1998; y una inflación promedio reducida a menos de la mitad: 40,01% entre 1984-1998, contra apenas un promedio de 21,3% entre 1999-2012.

    Lo mismo plantea el economista, al ilustrar los indicadores sociales, de los cuales sólo señala dos; la pobreza general, que en 1998 estaba en 49,0%, descendió en 2011 a 27,4%, mientras que la pobreza extrema, que en 1998 estaba en 21,0, bajó en 2011 hasta 7,3%. En el caso de la distribución del ingreso entre todos los sectores de la población, Venezuela pasó a ocupar el segundo lugar en América Latina, sólo por detrás de Cuba, al bajar de 0,486 en 1998, a 0,390 en 2011; vale decir, que mientras más se acerca a cero este indicador, más igualitaria es la distribución del ingreso, que también se conoce como el Coeficiente de Gini debido a su autor. En el Título VI de la Constitución Sección Cuarta, De la Coordinación Macroeconómica, se establece además del artículo 320 ya mencionado, el artículo 321:

Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo.

     Atendiendo a los requerimientos constitucionales, el Estado en el  2011 dio inicio a la Gran Misión Vivienda Venezuela que llevó al sector a crecer 5,0% ese año, mientras que en 2012 creció 16,8%. Ello provocó según Prieto (2013)[iv] un crecimiento inédito de la industrias: cementera, acero de refuerzo, bloques, pintura, cerámica, tubos PVC, ramo de la electricidad con todos sus accesorios, carpintería, aluminio, petrocasas, servicios para las comunidades como: salud materno-infantil, odontología, oftalmología, cardiología, medicina familiar, todo mediante la dotación de la Misión Barrio Adentro, Misión Milagro, Misión Barrio Adentro Deportivo. Sólo PDVSA, en su contribución al Bienestar Humano de los venezolanos, aportó en 2012 en las Misiones y demás Programas Sociales un total de 43.865 millones de bolívares, según el Informe Anual de la Corporación

    Lo planteado en el párrafo anterior, resalta la participación de PDVSA en el favorecimiento del bienestar ciudadano, de allí por lo que su soberanía no se negocia, el artículo 303 de la Constitución, así lo establece: 

Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando las de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

    En esencia, se comparte las estimaciones de Sánchez (2009) cuando expresa, que el principal reto a vencer en materia económica en  la actualidad es derrotar las tasas de inflación  elevadas y la cultura comercial especulativa, resultado de una elevada demanda de productos por parte de la población, cuya exigencia actual no es cubierta, dado a la escasa oferta de productos nacionales, recurriendo a la importación.

      En estos momentos, esta situación ha generado lo que se denomina intercambios compulsivos, hoy en Venezuela, sobre todo en las regiones fronterizas, se vive el bachaqueo,  en el Diario la Verdad[v] se describe de la siguiente manera: La escasez de rubros básicos esenciales creó el mercado ilegal que genera dobles ingresos a quienes se dedican al contrabando, sean al mayor o menudeo. Mujeres, hombres y adolescentes comercializan con los productos. Son grupos que tienen por oficio comprar los productos en los automercados que venden a precios controlados. Otros, las mafias organizadas en cooperativas fantasmas, se abastecen de grandes intermediarios que tienen relación con empresas productoras.

    En esta línea, se está en presencia de monopolios (previsto en el artículo 113) que acentúan la situación de desabastecimiento y especulación, produciendo lo que se denomina competencia imperfeta; ante estas situaciones el gobierno ha activado la legislación para regular los precios, la Ley de Costos y Precios Justos, cuyo propósito es establecer mecanismos de control de costos y precios justos, en lo que se refiere a la adquisición de artículos esenciales, para que de esta manera, la población tenga la capacidad de acceder de manera equilibrada a estos productos, y con ello, cumplir con su responsabilidad de propiciar la competencia y defender a los consumidores y a los trabajadores.

     En esta búsqueda, un aspecto a resaltar es el de las medidas gubernamentales, son muy alentadoras, mediante convenios adquiridos con otros países, solicitar la transferencia tecnológica hacia Venezuela, para lograr en un futuro que se pueda sustituir gran cantidad de productos, que actualmente se importan, por productos hechos en el país, y posteriormente exportar hacia otros países y mercados. 

     Estas medidas,  en conjunto con la Ley Habilitante (artículo 203 de la Constitución) provocarán efectos positivos, lo que a mediano plazo se traducirá en la reducción de la inflación y el crecimiento de la economía, con la consecuente generación de puestos de trabajo, mayor estabilidad y bienestar general; confiamos en que así será, esta confianza se sustenta en declaraciones como la del ministro para las Finanzas, Nelson Merentes[vi],  el presupuesto de 2013 destinó más de 40% de sus recursos a la inversión social, garantizando de esta manera, la atención de necesidades a la población venezolana; por lo que contamos con un Gobierno que nos protege y privilegia; esto lo habla la Constitución.

*Orientadora

ruthcueto7@gmail.com

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