La humanidad y, en especial Latinoamérica, esta viviendo un nuevo episodio de lo que ya es un drama histórico con las graves perturbaciones presentes en Bolivia. Ellas son las consecuencias de un orden político que dividió regiones naturales, con sus pobladores, de acuerdo a la voluntad del poder establecido. Se podría decir que en ese altiplano se materializa la lucha entre un orden artificial impuesto por la arrogancia humana y el orden natural resultado de la dialéctica entre el desorden natural y la tendencia organizadora también originaria de la realidad física. La situación boliviana no puede explicarse dentro de la coyuntura política que domina la realidad internacional y regional. Ni siquiera se puede aclarar en el marco de la estructura que ha ordenado la humanidad “civilizada”. Allí están las fuerzas de la naturaleza, expresadas en las poblaciones indígenas que no han aceptado esa superestructura que le han impuesto las infraestructuras productivas creadas por la “civilización”. Es la misma situación que se presenta en las perturbaciones atmosféricas originadas por los cambios climáticos generados por las mismas infraestructuras. El caso me recuerda un incidente ocurrido durante mi gestión como gobernador de Amazonas: el reclamo de un “capitán” indígena de una comunidad de Parima sobre la matanza de lapas realizada por el personal de “malariología”. No se explicaba el líder yanomami, con gran sentido de la ecología, como era posible que ese pequeño grupo matase tantos animales que no se podían comer. Intuía sabiamente que esa mortandad empobrecería su pueblo, amenazando su sobrevivencia. Y lo que es más me manifestó su voluntad de recurrir a la fuerza para impedir su continuación.
Ese es el caso de la población indígena sublevada en Bolivia. Seguro no saben nada de petróleo ni de gas, pero si saben que la explotación masiva de ese recurso les empobrecerá su ambiente amenazando su persistencia como pueblo. De allí que ese no es un conflicto de intereses como el que esta planteada entre la oligarquía tradicional de La Paz y la moderna de Santa Cruz. Una confrontación que se puede resolver por la negociación, incluso la tácita de la guerra civil. Pero esa solución no satisface la contradicción básica entre la población indígena y la criolla. Esta es una lucha existencial. Una lucha que no ha cesado en 5 siglos y podrá durar otros tantos, a menos que ocurra el exterminio de una de las partes – probablemente la más débil – o un arreglo justo que asegure el respeto de la una hacia la otra. Y ello incluye la distribución equitativa de los beneficios de la explotación petrolera y gasifera del país. Una solución que empezaría por la nacionalización de la explotación, que restringa los beneficios a las transnacionales del ramo, para dejarle a todos de manera equilibrada parte de estas utilidades. Si hay un escenario nefasto es el que supone la secesión de Bolivia que propugnan la oligarquía moderna asociada como las empresas transnacionales e impulsada por el Imperio. Allí habría un “deslave” que arrastraría a todos.
