En su prepotente dominio imperialista, el Estado Norteamericano, hoy en cabeza de Barack Obama, se da la licencia de certificar los otros Estados del planeta en diversos ámbitos. Impactan, por su hipocrecia, sus conocidos informes sobre derechos humanos, tráfico de drogas y posesión de recursos nucleares.
Lo curioso es que ellos quieren aparecer como ejemplo de buen comportamiento y modelo a imitar por el resto de naciones. Su desempeño, al decir de los burocratas gringos, es meritorio y de gran contenido ético, lo que les permite expedir Documentos señalando y estigmatizando otros Estados, particularmente aquellos que se apartan de su hegemonia estrategica en el mundo globalizado, cuestionando su despótismo político. Estado que cuestiona el poder imperial de USA, es sometido de inmediato a un reguero de infamias y acusaciones sin fundamento, que despues son utilizadas para justificar presiones, invasiones y coacciones de todo orden, aprovechando la superioridad tecnológica belica, acumulada por los gringos.
En los últimos dias, el Estado Bolivariano ha sido objeto de este tipo de Reportes. Un informe sobre el narcotráfico sugiere, sin fundamento alguno, complicidad de las autoridades con el negocio ilicito global de los psicotrópicos. Todo porque Venezuela no permite la ingerencia en sus asuntos internos de la DEA y otros organismos que, en lugar de combatir el narcotráfico, realizan una descarada intervención en los temas de orden político y seguridad.
Venezuela defiende su autonomia para enfrentar el narcotráfico, originado, por cierto, en Colombia, principal productor de cocaina y marihuana, y socio de primer orden de la elite norteamericana hegemonica.
El Estado bolivariano realiza formidables acciones contra las mafias de la droga capturando reconocidos narcos y deportandolos inmediatamente hacia los Estados donde deben atender distintos requerimientos de las autoridades judiciales. Ejemplos hemos visto en estos dias con capturas de poderosos capos, incautación de aeronaves, identificación de pistas aéreas en Tumeremo (Estado Bolivar), donde los narcotraficantes bogotanos y sus pilotos, se mueven a sus anchas enviando aviones cargados de cocaina hacia el occidente de Africa y en la neutralización de los herederos de Macaco, que manejan los aeropuertos de San Antonio (Táchira) y Santo Domingo, en San Cristobal, como si fueran bienes privados.
Una desmostración irrefutable del compromiso venezolano contra este delito transnacional es la reciente expedición por la Asamblea Nacional de una consistente legislación para combatir el narcotráfico.
Acaba de ser aprobada una potente ley contra el negocio de los narcoticos y sus operadores.
Se trata de la Ley Orgánica de Drogas, que tiene por objeto establecer los mecanismos y medidas de control, vigilancia y fiscalización en el territorio nacional a que serán sometidos los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, asi como las sustancias quimicas, precursoras y esenciales, suceptibles de ser desviadas a la fabricación ilicita de drogas, determinar los delitos y penas relacionados con el tráfico ilicito de drogas, asimismo, las infracciones administrativas pertinentes y sus correspondientes sanciones; identificar y determinar la naturaleza del órgano rector en materia de lucha contra el uso indebido y el tráfico ilicito de drogas; regular lo atinente a las medidas de seguridad social aplicables a la persona consumidora, por el consumo indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; y regular lo atienente a la prevención integral del consumo de drogas y la prevención del tráfico ilicito de las mismas.
Es un potente instrumento legal orientado a la prevención y la persecución de este complejo delito que, entre otras cosas, es utilizado por los enemigos de la revolución bolivariana y del socialismo para el sabotaje y la desestabilización, dada la profunda afinidad de los capos de la droga con el mecanismo esencial de la explotación capitalista.
La Ley fortalece una institucionalidad, materializada en la onA, encargada de realizar todas las actividades relacionadas con la lucha contra el consumo de drogas y el tráfico hacia los mercados internacionales.
Prevención, educación pero tambien severidad, son componentes de la Ley. Es lo que explica que el delito del narcotráfico se prevea castigar con penas entre 25 y 30 años de cárcel.
Tambien hay flexibilidad en el manejo de esta tragedia de las sociedades de riesgo contemporaneas. Por eso quedan excluidas de la aplicación de la ley, los grupos indigenas claramente determinados por las autoridades competentes, que consuman tradicionalmente el Yopo en ceremonias mágico religiosas.
Buen punto para la Asamblea Legislativa que ha expedido esta Norma que servira de modelo para el resto de naciones del mundo que enfrentan el flagelo del narcotráfico. Es el fruto de un trabajo comprometido con los intereses superiores de la nacion, que debe ser refrendado en las votaciones del 26S, dando nuestro voto por los canditados revolucionarios.
En otros artículos nos ocuparemos mas en detalle de esta ley para examinar las implicaciones de sus casi doscientos articulos, repartidos en siete titulos y sus normas transitorias.
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