Grupos de derechos civiles de Estados Unidos demandaron este martes al Gobierno de Donald Trump en un tribunal federal para obligarlo a divulgar la «justificación legal» de sus recientes ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe, operativos que han causado la muerte de al menos 87 personas desde septiembre de 2025.
La acción legal fue presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tras la negativa del Ejecutivo a responder a una solicitud formulada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
La demanda busca forzar la divulgación de una opinión legal elaborada por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia, la cual —según informes de prensa— "aparentemente bendice los actuales ataques como actos legales en un supuesto ‘conflicto armado’ con ‘carteles de la droga’ no especificados". Tal documento, normalmente considerado vinculante dentro del poder ejecutivo, "pretende inmunizar al personal que autorizó o participó en esos ataques ilegales ante futuras imputaciones penales por lo que de otra forma simplemente serían homicidios", indica un comunicado de las organizaciones demandantes.
El Gobierno de Trump ha rechazado publicar la opinión de la OLC, aunque permitió su lectura restringida a miembros del Congreso y sus equipos a mediados de noviembre, tras lo cual algunos legisladores expresaron preocupación por su contenido.
Desde el 2 de septiembre, la administración Trump ha realizado al menos 22 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del mar Caribe, justificando estas acciones bajo la premisa de combatir el narcoterrorismo. Estos operativos forman parte del despliegue militar conocido como Operación "Lanza del Sur", que ha intensificado la presencia de fuerzas estadounidenses cerca de la frontera marítima con Venezuela, generando una notable tensión diplomática entre ambos países.
Representantes de las organizaciones demandantes subrayaron que el público merece conocer cómo el Gobierno está justificando esos ataques y criticaron que "afirmar que son legales sin aportar pruebas muestra el desdén de Trump por la transparencia básica, los derechos humanos y el imperio de la ley".
En este contexto, la familia de Alejandro Carranza Medina, pescador colombiano asesinado el 15 de septiembre en uno de estos bombardeos, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Gobierno de Estados Unidos. La petición, formalizada por el abogado Dan Kovalik, sostiene que el ataque constituyó una ejecución extrajudicial y violó principios fundamentales de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y el debido proceso legal.
Kovalik, reconocido defensor de derechos humanos y asesor del presidente colombiano Gustavo Petro, calificó el ataque como parte de una "práctica sistemática de terrorismo de Estado" y señaló que la denuncia es "un buen primer paso" para frenar lo que considera una práctica ilegal y letal.
Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro clasificó el despliegue militar estadounidense como un intento de desestabilizar a Venezuela y saquear sus recursos, por lo que ha ordenado a las Fuerzas Armadas mantenerse en alerta y realizar ejercicios de preparación ante una posible agresión externa.
La escalada militar ha generado preocupación en la región y a nivel internacional. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su inquietud y reiteró que "América del Sur está considerada una zona de paz", destacando que el continente "no posee armas nucleares ni bombas atómicas" y que su objetivo es el desarrollo económico y social, no la confrontación armada.
Además, tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) han señalado que Venezuela no es una ruta principal del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, ya que más del 80 % de los estupefacientes ingresan por el Pacífico, lo que pone en duda la legitimidad de la operación militar estadounidense en el Caribe.