A todos los ciudadanos que dicen ser venezolanos, hayan optado, por cualquier motivo, alinearse con intereses extranjeros, especialmente aquellos asociados con Estados Unidos, con el fin de comprometer la soberanía, estabilidad y seguridad de Venezuela, la República Bolivariana cuenta con un marco jurídico robusto y claramente definido para actuar en consecuencia. Cuando se verifica la comisión de un acto de traición a la patria, no solo se habilita el procesamiento legal de los responsables, sino que también se abre la posibilidad de aplicar sanciones adicionales de gran peso, como la declaración de indignidad ciudadana. Entre estas posibles medidas se incluye la revocación de la nacionalidad venezolana, contemplada como una respuesta proporcional a uno de los actos más graves que puede cometerse contra los derechos y valores fundamentales de la nación.
Este principio y deber esencial para los ciudadanos venezolanos encuentra respaldo en el Artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Dicho artículo establece de manera clara e ineludible que todos los ciudadanos tienen el compromiso de honrar y defender a la patria en cualquier circunstancia. Esto incluye respetar y salvaguardar sus símbolos, proteger los valores culturales y garantizar la preservación continua de la soberanía. Además, el espíritu del Artículo 130 resalta la responsabilidad compartida entre individuos para proteger tanto la nacionalidad venezolana como la integridad territorial y los intereses fundamentales del país.
El Código Penal Venezolano dispone un conjunto de normativas específicas que abordan con detalle las acciones consideradas como traición a la patria, estableciendo, a su vez, las correspondientes sanciones legales para quienes incurran en este tipo de conductas. De acuerdo con lo estipulado en los artículos comprendidos entre el 128 y el 143 de dicho código, cualquier individuo que participe, ya sea de forma directa o indirecta, en colaboración con naciones extranjeras o con organismos internacionales en acciones que tengan como propósito conspirar contra la integridad territorial, la institucionalidad del país o la soberanía de la República será susceptible de enfrentar penas privativas de libertad de alta severidad, con una duración que varía entre los 20 y los 30 años. Este esquema penal, diseñado para preservar la seguridad y estabilidad del Estado, se ve reforzado por el contenido del Artículo 129. Este último contempla sanciones específicas dirigidas a quienes, incluso sin haber establecido una cooperación manifiesta con actores externos, realicen actos individuales que representen una amenaza directa o potencial para la independencia nacional o la integridad territorial del país. Dichos comportamientos están igualmente tipificados con penas de encarcelamiento significativas, que oscilan en un rango entre los 20 y los 26 años, subrayando la gravedad atribuida a cualquier acción que comprometa los pilares fundamentales del orden soberano venezolano.
Además, otras disposiciones legales refuerzan este marco normativo, como es el caso de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Esta legislación subraya la importancia de salvaguardar los cimientos soberanos y republicanos del Estado ante cualquier desafío o amenaza, ya sea interna o externa. Dicho cuerpo normativo sirve como un recordatorio constante del compromiso nacional con los principios fundamentales que sostienen a Venezuela como una nación libre e independiente y aporta herramientas jurídicas adicionales para responder contundentemente a quienes atenten contra esos pilares esenciales.
En resumen, a cualquier ciudadano venezolano que incurra en actos de traición a la patria se le debe aplicar de manera estricta y con determinación todas las disposiciones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma, es fundamental hacer efectivas las sanciones establecidas en el Código Penal y en la Ley Simón Bolívar, ya que estas conductas representan una grave afrenta al legado histórico y a los valores fundamentales de nuestra nación. Este tipo de deslealtad, que se interpreta como una traición a las raíces y principios de estas tierras, exige una respuesta firme en defensa de nuestra soberanía e identidad nacional. AAGNVE
