El ejercicio de la política internacional se ha sostenido históricamente en un delicado equilibrio entre intereses, diplomacia y legalidad. Sin embargo, en los últimos años, los Estados Unidos han mostrado un deterioro progresivo de ese equilibrio, manifestado en lo que puede denominarse una pérdida del pudor político y social en el ámbito internacional.
El ejemplo más elocuente de esta tendencia es la actuación de su fiscal general, Pam Bondi, quien anunció públicamente el ofrecimiento de una millonaria recompensa por la captura del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
La historia de las relaciones internacionales registra episodios de intervención, presión y desestabilización. Pero incluso en los momentos más crudos de la Guerra Fría, las potencias procuraban mantener un mínimo de reserva diplomática para sostener la legitimidad de sus actos.
Hoy, esa contención ha desaparecido. La declaración de Pam Bondi representa una ruptura con cualquier noción de pudor político: un Estado poniendo precio a la vida de un jefe de Estado extranjero. No se trata de un exceso retórico, sino de la normalización del magnicidio como política de Estado.
El ataque contra Nicolás Maduro no es fortuito, se puede plantear que representa la continuidad del Socialismo del siglo XXI (teoría política chavista), aunque con sus propios matices. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del planeta y desempeña un papel estratégico en la configuración del nuevo orden multipolar junto a Rusia, China y los BRICS.
Neutralizar o eliminar a su presidente se convierte en una jugada simbólica: un intento de mostrar que Washington conserva capacidad de imponer disciplina en América Latina y de enviar un mensaje de advertencia a los países que desafíen su hegemonía.
En este contexto, la declaración de la fiscal general de Estados Unidos, se inserta en una estrategia de guerra proxy contra Venezuela, en la cual se instrumentalizan narrativas internas, promovidas desde sectores opositores venezolanos, en particular por figuras como María Corina Machado, quien se encuentra inhabilitada política y civilmente en Venezuela. Su papel no es
generar políticas de Estado ni representar un proyecto real de gobierno, sino funcionar como coartada discursiva inmersa en esta estrategia de guerra y legitimar sus acciones de venganza contra el pueblo venezolano quien la execró al más oscuro rincón de la historia además de la recuperación dineraria familiar. Washington necesita un relato local que sostenga su ofensiva, aunque carezca de sustento real. Así, la justicia estadounidense convierte en acusación lo que no pasa de ser propaganda política.
El ofrecimiento público realizado por la fiscal general de los Estados Unidos Pam Bondi, viola de manera flagrante:
∙ La Carta de las Naciones Unidas (Artículo 2.4): que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
∙ La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961): que establece la obligación de los Estados de respetar la dignidad de los jefes de Estado extranjeros y abstenerse de cualquier acto que ponga en riesgo su integridad.
∙ El Derecho Internacional Penal: al constituir la incitación al magnicidio un crimen contra la paz y la seguridad internacional, generadora de inestabilidad regional y global.
∙ Principios fundamentales de la Constitución de los Estados Unidos: al instrumentalizar el sistema de justicia como mecanismo político de persecución extraterritorial, rompiendo la separación de poderes y el debido proceso.
Lejos de proyectar fortaleza, este episodio refleja el debilitamiento estructural de Estados Unidos. Al carecer de herramientas legítimas para enfrentar a sus rivales estratégicos, el país recurre a gestos de desesperación: sanciones unilaterales, amenazas abiertas, recompensas millonarias.
El pudor político que antes obligaba a la discreción desaparece bajo la presión de tres crisis internas:
∙ Crisis política: polarización interna y descrédito institucional. ∙ Crisis económica: deuda insostenible y pérdida de confianza en el dólar. ∙ Crisis geopolítica: avance de China, Rusia y el bloque multipolar.
Riesgo hemisférico
Lo que ocurre con Venezuela no es un asunto aislado. La agresión contra Caracas tiene un efecto cascada:
∙ Afecta a proyectos de integración regional como CELAC y ALBA. ∙ Involucra a los BRICS y a potencias como Rusia y China, que ya han manifestado su rechazo.
∙ Pone en riesgo la estabilidad de todo el hemisferio si se normaliza la idea de poner precio a los jefes de Estado que no sean obedientes a sus solicitudes.
Este acto, crea un precedente gravísimo de esta conducta ilícita e írrita y deben asumirse responsabilidades concretas:
∙ Fiscal, juez o funcionario de una potencia pueda poner precio a la vida de un jefe de Estado extranjero, normalizando la barbarie como forma de relación internacional.
∙ Estados Unidos y la fiscal general Pam Bondi deben retractarse públicamente y ofrecer disculpas al pueblo venezolano y a la comunidad internacional.
∙ La ONU y otros organismos multilaterales deben evaluar sanciones diplomáticas y políticas contra la funcionaria que ha incitado al magnicidio. ∙ Pam Bondi, más allá del Estado estadounidense, ella debe enfrentar la responsabilidad personal y consecuencias individuales, incluida su inhabilitación para ocupar cargos internacionales ya que ha promovido un acto de violencia extrema, contrario a las normas internacionales y a los principios universales de los derechos humanos
∙ Deben adoptarse mecanismos vinculantes que prohíban la utilización del sistema judicial estadounidense como arma de Guerra Proxy contra naciones soberanas.
∙ Que los pueblos del mundo queden sometidos a los intereses coyunturales de líderes estadounidenses desorientados, cuyo único propósito es ampliar control político, económico y territorial.
∙ Responsabilidad de los Estados Unidos de América: como Estado que permite y legitima la incitación al magnicidio a través de su máxima representante judicial.
No se puede quedar en el silencio de la impunidad. No se trata solo de Venezuela ni de Nicolás Maduro: se trata del respeto universal al derecho internacional y a la dignidad de los pueblos.
Pam Bondi y el Estado estadounidense han violado principios básicos de convivencia internacional. La comunidad internacional no puede tolerar que el magnicidio sea legitimado como herramienta política y elemento distractivo (que lo hace más grave).
La defensa de los derechos humanos, se debe mantener y asegurar garantías de no repetición. Solo así se podrá frenar esta peligrosa tendencia a la barbarie diplomática y reafirmar que la Paz, la Soberanía y la Vida de los pueblos están por encima de cualquier interés geopolítico.
*Dra. Seguridad y Defensa de la Nación
pentesilea99@gmail.com