Narcotrafico, EEUU y Venezuela

El diputado republicano por Indiana, Dan Burton, un fundamentalista religioso y resentido social, introdujo la semana pasada, en la Cámara de Representantes del Congreso yanqui, un proyecto de resolución contra el gobierno venezolano por “sus esfuerzos inadecuados” en la lucha contra el narcotráfico. Solamente un paranoico, empujado por el recuerdo de un padre brutal, antiguo policía que apaleaba a su familia, refugiado en un animismo primitivo, puede en estos momentos hacer semejante petición. Nadie ignora en la actualidad el uso político, que especialmente los EEUU, le han dado a la comercialización de narcóticos y psicotrópicos. Esa actividad ha sido empleada por la CIA como medio para debilitar la fuerza del movimiento negro en su lucha contra el racismo, contribuyendo a la difusión de su uso en los sectores juveniles norteamericanos. Se ha utilizado como coartada para la gestación de guerras de intervención, como la desencadenada por la Casa Blanca con el Plan Colombia en el país vecino. Se ha explotado para financiar movimientos clandestinos desestabilizadores, como el de los “contra” en Nicaragua, y a los señores de la guerra en Afganistán. Se ha manejado, con el apoyo de la mafia italo-norteamericana que controla la distribución interna, para costear campañas electorales. Todo, cuando se sabe que se trata de una actividad económica, que junto con el tráfico de armamentos, constituye uno de los medios fundamentales para mantener la reproducción continua del capital. Según datos de la ONU, 60 centavos de cada dólar producido por las drogas se quedan en el sistema financiero por el lavado de dinero.
Lo que sorprende de este cuadro es la actitud defensiva del gobierno frente a esta línea de conducta, de la cual la acción de Burton es solo una desgraciada manifestación. No hay dudas sobre el daño social causado por la adicción a las drogas, que ocurre en el 10% de los consumidores. Pero ni el consumo ocasional, ni la afección pueden considerarse hoy como conductas criminales. Lo primero forma parte de usos sociales, en algunos casos rituales, practicados por siglos por las diferentes culturas, como es el caso del alcohol y el tabaco. Lo segundo, es simplemente una enfermedad y, por lo tanto, constituye un problema de salud, que en nuestro caso –bajo un régimen socialista- es responsabilidad del Estado resolverlo dentro del marco de la idea de la corresponsabilidad. Pero no es posible seguir haciéndole el juego a la política del Imperio, que no sólo al criminalizar la cuestión, sino al colocarla como “casus belli”, favorece la contención y represión de los movimientos populares. No son los bancos que lavan dinero, ni los políticos que se financian con su comercio, ni los “capos” mafiosos que los mercadean, las víctimas de esta “guerra”. Los inmolados son los campesinos y los habitantes de las barriadas, sacrificados por la competencia extrema y cruenta de los “empresarios” que manejan el negocio.

alberto_muller2003@yahoo.com


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Alberto Müller Rojas


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