03-11-21.-Los operativos policiales de principios de enero dejaron una estela de asesinatos y detenciones arbitrarias, los hechos narrados son brutales.

A su vez, los detenidos están en condiciones infrahumanas y deben pagarle dólares a los policías para salir del calabozo a respirar aire, recibir visitas e, incluso, para recibir la comida que le llevan los familiares. La comunidad está organizada y exige justicia. Reproducimos testimonios, comunicados y documentos.

“Ese día mi hijo, JULIO PIÑA, sin cédula de identidad, de 23 años de edad, había regresado a mi casa, ubicada en el sector El Carmen, callejón Las Margaritas, del mercado de Coche en donde trabajaba como carretillero con mi marido, porque se sentía mal, tenía fiebre y creía que podía tener el virus de Covid-19. Como a las 9 am mi hijo se fue con su hijo de un año de edad y con su esposa […] La esposa de mi hijo se devuelve porque se le había quedado el tetero del niño y mi hijo sigue bajando con el bebé en sus brazos. Cuando yo le paso el tetero a mi nuera, sonó un plomazo, y yo le digo a la esposa de mi hijo ‘Elisa baja rápido que Julio va bajando con el niño’.

“Después de que mi hijo, mi nieto y mi nuera se van de mi casa, llega el FAES a mi vivienda. Allí yo me encontraba con mi esposo, JEFERSON JOSÉ MORENO PIAZOLA […] mis hijas de 25 y 16 años, y mis nietos de 8, 6 y 1 año de edad. Los funcionarios estuvieron interrogándonos de manera violenta sobre el paradero de los malandros de la zona. Ante nuestra insistencia de desconocer la información que ellos nos exigían, un funcionario le disparó a mi esposo en la cabeza en frente de toda nuestra familia.

“Aterradas con lo ocurrido y después de que los funcionarios nos mantuvieron un rato a las afueras de nuestra vivienda, nos permitieron bajar para buscar resguardo en la casa de una de nuestras familiares. Cuando voy bajando una vecina me informó que habían matado a mi hijo… Empezamos a pegar gritos, y yo me pregunto cómo estará la esposa de mi hijo porque ella está embarazada. Pero solo logro comunicarme con ella al día siguiente. Ella me cuenta que cuando ella bajó, ya mi hijo estaba muerto y un FAES tenía a su hijo de un año en los brazos. A ella la metieron en la casa de una vecina y cuando el FAES llegó a revisar esa casa un funcionario la amenazó diciéndole “¿no te dije que te piraras?”, “cuidado con echarme paja que te maté al marido tuyo”. Mi hijo era negro, y la mamá del niño es blanca, entonces los funcionarios le dijeron a ella, que ella le había prestado el niño a mi hijo para que huyera”.

Estos son extractos de apenas uno de los muchos testimonios que hay en comunidades de La Vega, recogidos algunos en un informe elaborado por el organismo de derechos humanos SurGentes. Estos asesinatos del marido e hijo de quien declara, ocurrieron en el operativo del 08 de enero pasado, a Julio Piña la policía lo rotuló como muerto en “enfrentamiento armado con la policía”, y a Jeferson Moreno como “víctima de fuego cruzado”.

“Los policías llegaron a la vivienda de MARYURI golpeando la puerta de manera violenta. Cuando ella abrió, los funcionarios ingresaron a la casa y la arrastraron hasta el cuarto de sus hijos, mientras los niños de 6, 4 y 1 año de edad, se quedaron solos en el cuarto de su madre. Allí, empezaron a golpearla, dándole cachetadas y exigiéndole que dijera en dónde estaban los delincuentes. Ella respondía que no sabía en dónde estaban porque ella no los conocía, no tenía ningún trato con ellos, y los policías la volvían a golpear y le decían que cómo no iba a saber si los malandros siempre estaban en la esquina de su casa. Acto seguido, un funcionario le puso una pistola en la mano y le dijo ‘ponte que te voy a tomar una foto’, MARYURI le respondió que ella no era ninguna delincuente y tiró la pistola sobre la cama. El funcionario le dijo “ah, no eres delincuente” mientras le sigue dando cachetadas.

“…Cuando terminaron de revisar la vivienda sin que encontraran nada que la incriminara, le dijeron que se la iban a llevar detenida… Ella les preguntó con quién iba a dejar a sus hijos, y ellos intentaron tranquilizarla diciéndole que era solo una cuestión de rutina. Un funcionario fue a llamar a un vecino para que cuidara a los hijos de MARYURI pero ella les suplicó que le permitieran llamarme a mí porque yo he cuidado a todos sus hijos desde muy pequeños mientras ella trabajaba… cuando la montaron en la patrulla le taparon la cara… Cuando pasan a MARYURI ella logra rodarse un poco la camisa con la que le tienen tapada la cara y ve que tiene en frente una mesa en la que le están poniendo cosas que no son de ella. Ella le dice a los funcionarios que esas cosas no son de ella, y les recuerda que ellos le aseguraron que sólo iba a responder unas preguntas, los funcionarios le dan una cachetada, y le exigen con malas palabras que se calle.

“…A los tres días de la detención se realizó la audiencia de presentación. Cuando la estaban llevando a los tribunales los policías le dijeron a MARYURI ‘nosotros te vamos a decir lo que vas a decir allá… Y lo que vas a decir de último es que los malandros te dijeron que si esto se perdía te iban a matar’. Los funcionarios le aseguraron a MARYURI que si ella hacía lo que ellos le estaban diciendo, eso la iba a favorecer, y también la amenazaron diciéndole que si no lo hacía ellos podían meterse con sus hijos. Coaccionada por los funcionarios y sin la asistencia de un abogado, MARYURI rindió su declaración bajo los términos que le exigieron los funcionarios”.

En la casa de Maryuri Rondón y de la amiga que se quedó cuidando a sus hijos, los desmanes de los policías al revisar y tirar al piso todo lo que quisieron, además de apuntar con las pistolas en la cabeza a las mujeres y a los hijos, incluyeron la destrucción de camas y colchones.

“El día en que ocurrieron los hechos eran como las 7 y pico de la mañana, mi mamá estaba en mi casa, ella no vive en La Vega pero fue a llevarme comida y unos pañales para mi hija, cuando escuchamos por unos parlantes que la policía pedía a los ciudadanos de La Vega que se resguardaran en su casa. Mi mamá, mi marido y yo bajamos a la casa de mi suegra y nos quedamos ahí… la policía tocó fuertemente la puerta y le exigió a mi suegra que abriera… Mi marido tenía cargada a nuestra hija de un año y 6 meses, se la quitaron y lo sacaron a una placita que está ahí afuerita de la casa. Le preguntaron a qué se dedicaba y él les respondió que era cauchero, y entonces escuchamos cuando los funcionarios policiales le exigieron que corriera, y él no quería correr, y los policías insistieron y le dijeron ‘chamo corre’, y entonces yo me asomé por un huequito, y observé que los funcionarios lo estaban grabando, y como a los 10 minutos se escuchó un tiro, y mi marido dijo ‘ay’, y cuando nosotras nos asomamos por la ventana, él estaba revolcándose y el tiro se le veía por la espalda.

“…Después de eso pasó bastante tiempo, los funcionarios volvieron a meterse dentro de la casa, les dijimos nuevamente que él era cauchero, que lo radiaran para que vieran que él no estaba solicitado ni nada… Mi suegra se les arrodilló, y les suplicó que no lo mataran, les insistió en que su hijo era sano. Al rato se escuchó cuando lo volvieron a llamar y lo sacaron de la casa de una vecina, y se escuchó cuando mi marido estaba hablando y les decía que no lo fueran a matar, que él era un tipo sano, que él era un cauchero, y entonces un funcionario policial le dijo que se arrodillara, y él como que no se quería arrodillar, y otro funcionario lo obligó a arrodillarse, y después de eso se escuchó otro tiro”.

Así asesinaron a Richard Briceño, a su pareja le dijeron “prepárate mamita que lo que te viene no es bueno”, y le dijeron que se llevarían a su madre, Yulimar Rodríguez. “Bueno yo me voy, él que no la debe, no la teme”, dijo su madre, a su hija le dijeron que ya subiría, que era solo “para una investigación”, sin embargo no subió, al día siguiente la ubicaron, estaba detenida en la sede de la DIP (División de Investigaciones Penales) de Nuevo Circo.

En la incursión desplegada el 8 de enero por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Vega hubo al menos 23 personas muertas, ninguna miembro de alguno de los cuerpos policiales que intervinieron: las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE), sumando un total de 650 agentes desplegados, según la propia versión gubernamental. En mayo pasado, pasados 4 meses, el organismo de derechos humanos Provea, denunciaba que el Defensor del Pueblo y el Fiscal General seguían guardando silencio ante los hechos.

El operativo desplegado en enero no solo arrojó las muertes y detenciones arbitrarias de entonces, sino que ha seguido generando incursiones con nuevas detenciones arbitrarias, marcando un claro patrón de criminalización de las comunidades populares de la parroquia. Parte de esta realidad la compila el informe de SurGentes que ponemos a disposición completo, en formato PDF, al final de esta nota.

Como parte de la lucha de la comunidad organizada para exigir justicia por los asesinatos y la libertad de las víctimas de detención arbitraria, semanas atrás se hizo público un comunicado que lleva por título “No más criminalización de la pobreza en La Vega”, suscrito por el Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega), y al que adhieren otras organizaciones e individualidades. El texto aporta datos concretos y explica, no sólo lo que ha venido ocurriendo con los operativos en la comunidad, sino la serie de irregularidades y la minusvalía en que se encuentran las víctimas y sus familiares en los procesos judiciales en curso.

El comité viene desarrollando una campaña divulgativa para visibilizar la situación y sumar esfuerzos. Reproducimos a continuación extractos del comunicado, el cual ponemos a también a disposición íntegramente para descargar al final de la nota.

El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega, Caracas) conformado por familiares, vecinas, vecinos, amigas y amigos de personas víctimas de abusos policiales ocurridos en nuestra parroquia durante los meses de enero, mayo, junio y julio del presente año, y por organizaciones populares aliadas, queremos comunicar por este medio al Gobierno Bolivariano, al Sistema de Justicia Penal, al movimiento popular y a la opinión pública en general, lo que ha ocurrido con nuestra gente; los efectos que eso ha tenido en la comunidad y en la vida de nuestras familias […]

¿Qué pasó en La Vega?

Durante este año se han realizado varios operativos policiales para enfrentar la expansión del accionar de las bandas que operan en nuestro territorio. […] El Comité por los Derechos del Pueblo (La Vega) documentó 23 casos de violación a los derechos humanos en estos operativos. Se trata solo de una parte de los casos ocurridos, en la que los familiares decidimos constituirnos como Comité y asumir el protagonismo de la defensa de los derechos de nuestra gente. De los casos documentados, 19 corresponden a detenciones arbitrarias y 4 a ejecuciones extrajudiciales. En el marco de estos procedimientos, la policía propinó malos tratos y uso excesivo de la fuerza, simuló los hechos punibles a través de la siembra de evidencias, y practicó allanamientos ilegales, robos y destrucción en algunas de nuestras viviendas.

La actuación de la policía en la parroquia La Vega, que se presentó ante la opinión pública como un éxito del Estado frente al legítimo combate de las bandas, se dirigió en buena medida hacia jóvenes o personas inocentes, que responden a alguna o algunas de las siguientes características: tener antecedentes penales previos por causas no relacionados con estos hechos; ser familiar de alguien vinculado a la banda con quienes no se tiene ninguna relación; ser vecinas o vecinos del territorio del accionar de la banda; haber respondido retadoramente a funcionarios policiales durante los días en que se realizaron esos operativos; y/o estar transitando en el momento y lugar en que ocurrieron los mismos.

[…] Nos alarma que con ocasión de estos hechos, funcionarios policiales han reconocido que actuaron bajo cuotas de detenciones que debían cumplir. La experiencia de las cuotas policiales, en Venezuela y otros países, ha dejado históricamente resultados contrarios a los derechos humanos.

¿Cuál es la situación actual?

Ocho (8) personas permanecen detenidas en condiciones inhumanas de reclusión, 6 admitieron los hechos bajo coacción y falta de información para obtener una medida cautelar, 2 están bajo detención domiciliaria, y 3 están siendo juzgados en libertad. En los casos de ejecuciones extrajudiciales, hay 3 denuncias presentadas ante la Dirección de derechos humanos del Ministerio Público.

La defensa técnica de nuestros familiares, la que hemos podido procurar o a la que hemos accedido por parte del Estado, se ha caracterizado, en su mayoría, por grandes debilidades en la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. En muchos casos no se promovieron testimonios claves, no se confrontaron ni solicitaron pruebas, los defensores públicos tienen poco o ningún manejo del expediente, y no se comunican con la persona detenida, ni su familia.

En el marco de las diligencias realizadas por la Comisión de la Revolución Judicial, se han celebrado audiencias preliminares sin abogados defensores y con fiscales distintos a quienes investigaron los casos.

Nuestros familiares que permanecen detenidos, en la zona 7 de Boleíta y en La Yaguara, se encuentran en condiciones inhumanas de reclusión. No tienen suficiente espacio para dormir acostados, hacen sus necesidades fisiológicas en el mismo espacio en el que están recluidos sin ningún tipo de intimidad, ni baño o letrina. Utilizan dispositivos como botellas plásticas, bolsas o barcos de papel que luego son depositadas en una bolsa negra. Para salir a tomar aire deben pagar $1 y 5$ para poder recibir visitas. Dependiendo de los funcionarios que estén de turno, también hemos tenido que pagar para lograr, incluso, el ingreso de alimentos. En estas terribles condiciones 2 personas detenidas en La Yaguara, no vinculadas con los hechos de La Vega, perdieron la vida durante los dos últimos meses.

¿Qué impactos ha tenido en la comunidad y en nuestras familias?

En los sectores más afectados por estas actuaciones, los sentimientos de la población de nuestra comunidad son de mucho temor hacia la policía, impotencia, rabia y tristeza. Nuestra gente sabe que durante esos operativos mataron y detuvieron a muchas personas inocentes […]

También ha implicado un importante deterioro económico como consecuencia de los robos realizados por los funcionarios durante los operativos, que nos han privado de importantes herramientas de trabajo; y/o por haber tenido que renunciar a las fuentes de trabajo para asumir las gestiones judiciales y de alimentación de nuestros familiares; además de todo por lo que debemos pagar a la policía para poder ver a nuestra gente y garantizar que gocen de mejores condiciones de reclusión.

Varias de nosotras, madres de jóvenes detenidos, estamos presentando problemas de tensión y anemia como consecuencia de la angustia y las carencias económicas que enfrentamos.

Las personas detenidas han perdido sus empleos y sienten mucha rabia, tristeza e impotencia por ser culpados por un delito que no cometieron. Las condiciones de reclusión les han traumatizado hasta tal punto que muchos de ellos, aún en libertad, están encerrados en sí mismos, no pueden hablar y/o contener el llanto cuando relatan lo que vivieron mientras estuvieron detenidos.

Como consecuencia de las inhumanas condiciones de reclusión en las que se encuentran, la salud física de nuestros familiares también se ha visto afectada por una importante pérdida de peso y graves infecciones en la piel.

¿Qué pedimos?

Al gobierno bolivariano y al sistema de justicia penal venezolano le pedimos:

1. Revisar los casos de nuestros familiares, para constatar las deficiencias probatorias en su contra, así como las irregularidades ocurridas en las audiencias realizadas que atentaron contra sus derechos al debido proceso y a la defensa.

2. Conceder medidas sustitutivas de privación de libertad a favor de las 8 personas que permanecen injustamente detenidas, para que su juicio se realice en libertad, bajo una estricta observancia de sus derechos al debido proceso y a la defensa, garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Garantizar una defensa técnica adecuada con defensores públicos que conozcan los expedientes y se reúnan con nosotros y nuestros familiares para acordar la estrategia de defensa.

4. Garantizar una justicia penal imparcial que otorgue libertad plena a favor de las personas que fueron injustamente detenidas; y justicia y reparación para las personas que fueron asesinadas por la policía.

5. Realizar una investigación adecuada y sancionar penal y disciplinariamente a las funcionarias y a los funcionarios policiales responsables de los abusos cometidos.

6. Transformar las condiciones inhumanas de reclusión y explotación en que se encuentran las personas detenidas en La Yaguara y en la Zona 7 de Boleíta.

7. Cesar la criminalización de la pobreza en nuestros barrios por parte del aparato de justicia penal y garantizar una revolución de los cuerpos policiales para que estén del lado de los intereses del pueblo, respetando nuestros derechos humanos.