Está en curso una nueva arremetida represiva selectiva, contra trabajadores y luchadores por los derechos laborales, sociales y estudiantiles. Como socialistas, condenamos cualquier movida de la oposición proimperialista destinada a promover golpes militares, y así mismo denunciamos que el gobierno represivo y autoritario de Maduro hace uso de ciertas declaraciones para violentar a placer derechos democráticos. ¡Exigimos cese a la persecución y libertad para el estudiante John Álvarez!
Hace poco más de dos semanas Antonio Ledezma declaró en "Factores de Poder", conducido desde Miami por Patricia Poleo, que vencer la inhabilitación de María Corina Machado para las presidenciales implicaba la "desobediencia civil", para lo cual también estaban teniendo contactos con militares. Poleo afirmó que interpretaba que hay "un plan de rebelión civil, acompañada de la rebelión militar". Sin desmentirla, Ledezma dijo que la única manera de lograr la inscripción de MCM era desobediencia civil y que se está hablando con militares, que sin embargo "eso no es conspiración", pero que "hablamos, piden que no digamos su nombre, y piden a veces ir disfrazados".
Un par de días después hizo un video en Instagram porque, según dijo, estaba habiendo una descontextualización de sus palabras por parte de algunos medios, indicó que no estaban promoviendo una rebelión militar. Aquí la Fiscalía reaccionó emitiendo orden de aprehensión en su contra y Maduro anunció un "plan especial antigolpe".
Ledezma es un político patronal reaccionario, no solo fue parte del puntofijismo, es decir, que comparte responsabilidad en las políticas económicas y represivas de la época, sino que además ha apoyado cuanto intento de golpismo militar ha habido en el país contra los gobiernos chavistas, tanto en época de Chávez como de Maduro. Todo eso hablando siempre de "libertad" y "democracia", y siempre bajo el ala del intervencionismo estadounidense que, por supuesto, persigue sus intereses imperialistas y de ninguna manera los del pueblo venezolano.
Por eso no sería de extrañar que sigan, una vez más, en sus intentos de conseguir militares dispuestos a sacarle la silla a Maduro, pues como ha quedado claro siempre, en realidad el problema de esta oposición de derecha no son los militares represores ni las instituciones represivas, sino que no se pasen a su bando. Su ofrecimiento de amnistía en 2019 era eso: si ayudaban a Trump y a esa oposición a tumbar a Maduro, todo bien entonces. No quieren más democracia en Venezuela, quieren gobernar ellos con las mismas instituciones que garantizan la represión del pueblo.
Sin embargo, sean declaraciones con algún nivel de seriedad o sean por puro insuflar expectativa en su base, lo cierto es que el gobierno de Maduro ha aprovechado estas para llevar a cabo una nueva arremetida contra activistas por los derechos laborales y estudiantiles. Este gobierno, que no está hoy amenazado por grandes movilizaciones ni por la agresiva política injerencista que llevó adelante Trump, por lo contrario, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, y lleva adelante grandes acuerdos con todas las cámaras empresariales del país contra la clase obrera, aprovecha esas declaraciones para golpear selectivamente a sectores que se mantienen en lucha por sus derechos.
El 21 de agosto fue detenido José Cádiz, enfermero y participante asiduo de las acciones y protestas por el respeto a los derechos laborales. Un grupo de policías fue a buscarlo específicamente a él, lo agarraron cerca de su casa, sin orden judicial, lo montaron en un vehículo y ninguna institución ni comando policial informaba a los familiares sobre el paradero del mismo. Lo mantuvieron incomunicado y sin saberse dónde, por 24 horas, siendo liberado luego de una importante reacción de denuncias públicas. Al día de hoy no se sabe públicamente qué ocurrió en ese tiempo que estuvo en manos de los cuerpos represivos.
El martes 22 de agosto fue allanada la casa de Samuel Bravo y Zaida Mujica, integrantes del Colectivo Cultural Toromayma, de La Pastora (Caracas), partícipes de las protestas por los derechos laborales y democráticos, y productores del "Noticiero Machete", que difunde las luchas de trabajadores y comunidades. Ocho funcionarios armados del CICPC, sin identificarse en ningún momento, sin mostrar orden de allanamiento y sin especificar los motivos de la acción, conminaron a Zaida Mujica, quien se encontraba sola, a abrirles la puerta de la casa. Como se denunció en su momento: "Los ocho funcionarios ingresaron dentro del domicilio, inspeccionaron el lugar, tomaron fotos, le preguntaron a la compañera si ella y Samuel Bravo formaban parte del Consejo Comunal del sector y se retiraron". Una acción totalmente ilegal y claramente intimidatoria.
El 30 de agosto fue detenido John Álvarez, de 24 años, estudiante de la escuela de Antropología de la UCV y miembro de la Comisión de Usuarios del Comedor. Funcionarios no identificados, vestidos de civil, lo apuntaron y lo subieron a un vehículo sin placas, lo encapucharon y lo llevaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Los Chaguaramos, en Caracas. Su familia estuvo casi 24 horas sin saber de su paradero, pasaron 48 horas, el máximo lapso que, de acuerdo con la ley vigente, puede estar alguien privado de libertad sin acusación formal, y seguía detenido, sin ser presentado en tribunales.
Lo que calificaba ya como una detención arbitraria y privación ilegítima de libertad, pasó a ser un caso más grave aún, incluyendo torturas, denunciadas por el propio estudiante cuando, finalmente, el 04 de septiembre fue presentado en tribunales. La defensa y familia de Álvarez indican que le quitaron su teléfono, moto y otras pertenencias, los policías estuvieron escribiendo mensajes desde su celular, lo golpearon con objetos de madera en varias partes del cuerpo y le metieron electricidad en testículos y costillas. Denuncian que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB le dijeron que lo dejarían en libertad si grababa un video inculpando a Carlos Salazar, dirigente de Coalición Sindical, de planificar atentados con explosivos en la autopista El Valle-Coche, y a Carlos Julio Rojas (periodista y activista social), de organizar grupos para generar protestas y quemas de basura en La Candelaria (Caracas).
John Álvarez también es estudiante de la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar) y militante de Bandera Roja, al igual que cuatro de los seis activistas condenados a 16 años de prisión el 1ro de agosto, en un proceso totalmente viciado. El gobierno le imputó a Álvarez "conspiración" y "asociación para delinquir", buscando vincularlo a esa causa de los seis. Coalición Sindical es la corriente sindical vinculada a Alianza Bravo Pueblo, y a su vez, es una de las corrientes que más se mantiene activa en las distintas protestas por derechos laborales.
Desde la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), corriente de izquierda anticapitalista, que no tenemos el más mínimo vínculo con partidos patronales y de la derecha proimperialista, defendemos el derecho las y los activistas sindicales, populares y estudiantiles, independientemente de su pertenencia partidaria, a ejercer acciones de organización y lucha por los derechos económicos y sociales, sin que esa actividad sea motivo de amedrentamientos, persecución y prisión. Rechazamos totalmente los métodos de detenciones arbitrarias, allanamientos y torturas, contra cualquier activista sindical, popular o estudiantil.
La persecución y represión a que el gobierno somete a quienes se organizan y luchan por derechos laborales, estudiantiles o de las comunidades, solo fortalece un régimen capitalista autoritario, que ha descargado sobre el pueblo trabajador la peor de las crisis en la historia del país en tiempos de paz, que ha destruido como nunca los derechos de la clase obrera, el salario y las condiciones de vida, mientras garantiza para las clases propietarias y la casta gobernante sus negocios, ganancias y una vida de lujos, sobre la miseria de la mayoría.
Exigimos el cese de esta persecución y la anulación de todas las causas judiciales montadas y viciadas, con las cuales han condenado y pretenden seguir condenando a quienes luchen contra las medidas antiobreras y antipopulares del Gobierno. Exigimos la libertad de los trabajadores presos por luchar, activistas y luchadores sociales.