Desde la Vanguardia Ciudadana por la Democracia (VCD), alzamos nuestra voz para denunciar el acoso y la persecución contra la abogada y política venezolana María Alejandra Díaz Marín.

Lo que comenzó como una represalia por su labor legal y profesional, ha escalado hasta convertirla en una rehén política, obligada a buscar asilo en la embajada de Colombia, donde lleva ya siete meses esperando un salvoconducto que el gobierno le niega, en clara violación de las leyes nacionales e internacionales.

Un Caso que Desafía la Justicia y la Constitución

El caso de la Dra. Díaz Marín se remonta a la presentación de un amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la falta de publicación de los resultados desagregados de las elecciones presidenciales de 2024, un acto motivado por el incumplimiento del artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lejos de resolver el fondo del asunto, declaró inadmisible la solicitud y, en un acto que consideramos de amedrentamiento, impuso a la Dra. Díaz Marín una sanción económica, suspendió su ejercicio profesional y ordenó el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra.

El propio mandato de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU ha señalado su profunda preocupación por esta situación, calificándola de "incompatible con las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo y a la asistencia letrada".

El comunicado de la CIDH destaca que estas acciones representan una "grave amenaza no solo para la Sra. Díaz Marín, sino para todos los abogados en Venezuela".

La Instrumentalización de la Justicia y el Incumplimiento de la Ley

La sanción impuesta a la Dra. Díaz Marín, y su posterior persecución, son ejemplos del "ostracismo de izquierda" y del uso de la justicia para silenciar a las voces críticas, incluso aquellas que provienen de la misma órbita revolucionaria. Esta práctica, que se ha intensificado, vulnera gravemente los siguientes principios y normativas:

• Principio 16 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados: Este principio exige a los Estados garantizar que los abogados puedan "desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso o injerencias indebidas". La suspensión del ejercicio de la Dra. Díaz Marín y la imposición de sanciones económicas y disciplinarias por haber ejercido su labor legal son una clara violación de este principio.

• Principio 18 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados: Este principio establece que "los abogados no deben ser identificados con sus clientes ni con las causas de estos como consecuencia del desempeño de sus funciones profesionales". Al perseguir a la Dra. Díaz Marín por representar a ciudadanos que presentaron un amparo, el Estado venezolano la está identificando con la causa de sus defendidos, descalificándola como opositora política.

• Convención sobre Asilo Diplomático de 1954: Al negar el salvoconducto, el gobierno incumple sus obligaciones internacionales, dejando a la Dra. Díaz Marín en un limbo jurídico y humanitario. La convención establece la obligación del Estado territorial de otorgar un salvoconducto al asilado para que pueda abandonar el país, un derecho que se está negando de manera arbitraria.

• Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: La persecución y el acoso contra la Dra. Díaz Marín vulneran el derecho al debido proceso y a la defensa.

• Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: La falta de protección y el acoso persistente violan el derecho de los ciudadanos a la seguridad personal.

¡Déjenla ir Ya!

La VCD exige al gobierno de Nicolás Maduro que cese el acoso contra la Dra. María Alejandra Díaz Marín y contra la izquierda disidente de su gestión, que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales. El libre ejercicio de la abogacía es un pilar fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.

Negar el salvoconducto a una ciudadana que busca asilo es una muestra de barbarie y de un retorno a las prácticas de la IV República que se prometió erradicar.

Exigimos la inmediata emisión del salvoconducto para la Dra. Díaz Marín y el fin de toda forma de persecución y acoso contra quienes, desde la izquierda o cualquier otra posición, defienden la Constitución y los derechos del pueblo. Las revoluciones dignas no persiguen ni castigan el pensamiento crítico, sino que lo abrazan como motor de progreso.

¡Únete a la exigencia de VCD!

Replícalo y incorpórate a la lucha por vanguardia.vcd@gmail.com