Pueblos indígenas como motor económico y político en el escenario actual

 Los pueblos indígenas son más que vitrinas. Existe una deuda del Estado Venezolano con los pueblos y comunidades indígenas. Y como siempre desde la región oriente, principalmente Bolívar, haciendo hincapié con argumentos, sobre la relación idónea entre los pueblos indígenas y el Estado como institución para honrar la deuda histórica tipificado como derecho en la Constitución y la ley.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece claramente el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas "su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre la tierra que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida" Art. 119 constitucional.

La realidad es que las organizaciones indígenas cada día son más golpeadas y satanizadas por la elite nacional indígena en el poder, el proceso de demarcación paralizado, la consulta previa invisibilizada, la deuda sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas, son algunos de los pendientes.

La ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) establece "Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas a los fines del ejercicio de los derechos colectivos provistos en la Constitución (…). Su representación será determinada por los pueblos y comunidades indígenas, según sus tradiciones, usos y costumbres, atendiendo a su organización propia" Art. 7 LOPCI.

Los pueblos y comunidades indígenas del estado Bolívar podrían participar en el desarrollo de las actividades económicas del País. Al menos un poco más del 90% de las comunidades indígenas del estado Bolívar, están afectadas o vinculadas a la práctica de la minería que le aporta el ingreso de divisas al Estado Venezolano.

Se recomienda que se establezca una comisión mixta Gobierno y pueblos indígenas para accionar planes económicos considerando que más del 50% de las comunidades indígenas se encuentran dentro de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y otro 40% guarda relación. Es urgente el entendimiento y orden en el territorio.

Solo así evitaríamos que siguieran desarrollándose los hechos lamentables como los ocurridos en los municipios Sifontes, Gran Sabana, Sucre, Cedeño, Bolivariano Angostura y Angostura del Orinoco del estado Bolívar. Seis (06) de ocho (08) municipios con comunidades indígenas están siendo afectados.

¡La historia la escribe el vencedor!



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Pedro Requena


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