Se ha marcado en la agenda política el día 10 de enero de 2019 como fecha de inicio de un nuevo ciclo. Pero no porque el presidente Maduro asuma ese día su segundo mandato, sino porque —según el decir de algunos dirigentes y columnistas— ese día dejaría de ser el presidente de Venezuela. Los argumentos podemos hallarlos esbozados, por ejemplo, en declaraciones del diputado de Primero Justicia Juan Miguel Matheus o por el analista Gustavo Linares Benzo. Conviene desmontarlos, porque ellos pueden abrir las puertas a nuevos episodios violentos como los vividos especialmente durante 2017. No podemos permitirnos una nueva ola de violencia política. Porque su desarrollo y desenlace puede llevar a acciones extremas como el fallido magnicidio del pasado 4 de agosto, y porque la violencia es un lastre que impide retomar el camino de la recuperación económica y la reconstrucción de la sociedad venezolana.
Reseña el portal Efecto Cocuyo que, en opinión de Matheus, Maduro no se puede juramentar como presidente porque "no ha habido elecciones presidenciales libres". El diputado afirma que desde el Frente Amplio Venezuela Libre (al cual pertenece) desconocen las elecciones del 20 de mayo pasado "por ser ilegítimas". Eso desencadenaría una crisis política interna, acompañada con el aislamiento internacional al que se vería sometida Venezuela: el ministro de exteriores de España declaró que la legitimidad de Maduro llega hasta el 10 de enero, mientras que Colombia anunció que desconocerá al gobierno a partir de esa fecha.
La opinión de Linares Benzo podemos leerla en esta nota de El Universal. El argumento, según el articulista, es sencillo: "Maduro no fue reelecto. Las elecciones de mayo son inconstitucionales [porque] fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente". Linares Benzo se explaya en la consecuencia «jurídica» de esta situación: Maduro no ha sido reelecto, deja de ser Presidente el 10 de enero y, ante la falta absoluta que ello implicaría, se debe encargar de la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional. El articulista completa su «análisis jurídico» de este modo: "tampoco se encarga el vicepresidente: ambos funcionarios cesan en su condición de tales y el presidente de la AN es el jefe de Estado".
Desmontando argumentos
Como aquellos viejos caminos que llevan todos a Roma, el hilo argumental de quienes pretenden y proponen desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela a partir del 10 de enero de 2019 conducen todos a la Asamblea Nacional Constituyente. Se señala, en primer lugar, su supuesto origen ilegítimo —«no fue convocada por referéndum», se escucha como letanía—; de allí que, al ser convocadas por la ANC, las elecciones del 20 de mayo, con todas sus consecuencias jurídicas y políticas, también serían ilegítimas —la ANC «todo lo pudre» sentencia Linares Benzo—.
Luego de desconocer a la ANC y todos los actos que de su elección se han derivado —las elecciones presidenciales del 20 de mayo, las de concejales del 9 de diciembre, las municipales y regionales del año pasado—, el siguiente paso es invocar la Constitución del 99. Falta absoluta y elecciones en 30 días: "Todo esto lo dice el artículo 233 de la Constitución", nos recuerda Linares Benzo. Pero la Constitución es un todo, no sólo los artículos que le convengan al opinador.
Comencemos por recordar que "la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo", por lo que los "órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos" (art. 5) y no al contrario. Adicionalmente, "los órganos que ejercen el Poder Público [como la Asamblea Nacional] están sujetos a esta Constitución" (art. 7). Entre otras cosas, a lo que nuestra Norma Suprema señala con respecto a la ANC:
"La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral" (art. 348).
Este artículo es suficientemente claro, pero vamos a abundar un poco más en él: los cuatro sujetos con potestad para convocar a una ANC (el presidente, la Asamblea Nacional, los Consejos Municipales y el quince por ciento de los electores) gozan de la misma legitimidad democrática. En la misma medida. Si el constituyente de 1999 hubiese querido establecer una jerarquía entre ellos lo habría hecho de manera expresa. La habría dejado por escrito. No es el caso. Y se entiende que todos son, en igual medida, expresión de la soberanía popular. No importa si es una autoridad unipersonal (presidente), un órgano colectivo (AN o Consejos Municipales) o un conjunto heterogéneo de electores.
Sobre la letanía del referéndum para convocar a la ANC y la comparación de la situación de 2017 con la de 1999, conviene recordar a quienes hoy invocan este mecanismo que fue justamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) la que lo convirtió en derecho. Que se debió recurrir a una interpretación de la entonces Corte Suprema de Justicia para que el presidente Chávez, Decreto Nro. 3 mediante, convocara al pueblo para que se pronunciara sobre la convocatoria de una ANC. Antes que un derecho, el referéndum consultivo fue un escollo más que hubo de superar el pueblo venezolano porque entonces no existían mecanismos que le permitieran expresar su opinión. Gracias al artículo 348 citado más arriba ese obstáculo ya no existe.
Desmontando trampas
Desconocer al gobierno basándose en la supuesta ilegitimidad de la ANC implica desconocer a toda la institucionalidad. No porque el presidente Maduro sea una suerte de Luis XIV tropical que concentra a todo el Estado en su persona. Es más bien la consecuencia lógica de la línea argumental de los voceros de la oposición que apuestan por la vía del desconocimiento. La ANC convocó las elecciones presidenciales del 20 de mayo pasado. Pero antes había convocado las municipales de diciembre de 2017 y un poco antes las regionales de octubre de ese mismo año. Y también las de concejales del 9 de diciembre de 2018. En consecuencia, todos los gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales serían igual de «ilegítimos» que el presidente Maduro. Recordemos que la ANC «todo lo pudre», según palabras de Gustavo Linares Benzo. También estarían en la misma condición el vicepresidente, los ministros, presidentes de empresas, superintendencias e institutos nombrados por Maduro; con ellos los viceministros, directores y gerentes que a su vez hayan nombrado. Lo mismo con los secretarios, directores, gerentes y demás funcionarios que hayan sido nombrados por gobernadores y alcaldes. Es decir, toda la institucionalidad.
Me debato entre creer que la oposición, con todos sus expertos, asesores, articulistas y opinadores, no ha sopesado el alcance del desconocimiento del gobierno o creer que sí lo han hecho, pero su verdadero objetivo es crear una crisis política y social mayor que la que podría traer como consecuencia el desconocimiento del presidente Maduro. «Quod natura non dat, Salmantica non præstat» es lo primero que aprenden los estudiantes de la Universidad de Salamanca. En criollo eso significa que los dólares de gobiernos y agencias internacionales y los títulos de universidades extranjeras no son suficientes para comprender la verdadera dimensión de lo que sucede en Venezuela desde hace poco más de veinte años. Por eso tantos errores en la oposición (como en 2016 con el tema del referéndum revocatorio). Por eso el camino de la violencia, a pesar de que se ha demostrado hasta la saciedad que no conduce a ninguna parte.
Linares Benzo echa mano del artículo 233 de la CRBV para explicar que, ante la falta absoluta y ante la imposibilidad de que asuma el vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional (en desacato, es bueno recordarlo) asumiría la primera magistratura. ¿Y para llenar la falta absoluta producto de la «ilegitimidad» de gobernadores y alcaldes? No puede recurrirse a los consejos legislativos de los estados ni a los consejos municipales, respectivamente, porque diputados y concejales serán igual de ilegítimos que el presidente Maduro. ¿Cómo llenar ese vacío institucional? ¿Cómo se nombra nuevos gobernadores y nuevos alcaldes si diputados y concejales no pueden? ¿Cómo se escogen nuevos diputados y concejales? Elecciones generales, supongo. Pero eso no está escrito en ningún lado; esa sería una salida política sólo posible si se alcanza un acuerdo entre todos los sectores (incluyendo el chavismo) o si la oposición tiene la fuerza suficiente para imponerla. En estos momentos no parece que la oposición esté en condiciones de tener éxito con ninguna de las dos opciones.
Y ni siquiera hemos considerado el rechazo que el desconocimiento pudiera generar entre los mismos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de la oposición (pocos, pero sí los hay). ¿Se arriesgarían a perder los espacios políticos e institucionales que han ganado? ¿Apoyarían la aventura de los radicales que se han negado a hacer política por la vía pacífica, por el camino electoral? Ante apuesta tan incierta, me atrevo a vaticinar nuevas divisiones y enfrentamientos en la oposición.
Desmontando la violencia
No hay un solo escenario en el que el desconocimiento del gobierno a partir del 10 de enero de 2019 tenga éxito. Al menos no como se ha planteado hasta ahora. Ni siquiera con el prometido apoyo internacional de Colombia, Estados Unidos y el Grupo de Lima, que por ahora no pasa de ladridos de perro echado. El único escenario en el que podría vislumbrase una señal de éxito por esta vía es mediante la violencia que se generaría y la tan ansiada intervención militar internacional. En el seno de la base de apoyo opositora el desconocimiento sólo conducirá a nuevas frustraciones. Recordemos que ya en el pasado la oposición ha intentado «deslegitimar» al gobierno por la vía del desconocimiento y los resultados han sido desastrosos. No se presentó a las parlamentarias de 2005, a las elecciones de la ANC y municipales en 2017 ni a las presidenciales de 2018: en lugar de caer como en la oposición habían planificado, el gobierno arrasó en cada caso; en enero de 2017 y en agosto de 2018 la Asamblea Nacional (en desacato) declaró la falta absoluta del presidente Maduro por «abandono del cargo». En 2017 tal declaración fue el preludio de la terrible ola de violencia que se vivió ese año; en agosto de 2018 no tenían la capacidad para lograrlo nuevamente y la declaración no pasó del ridículo y de alguna que otra nota de prensa, especialmente para consumo en Miami, Bogotá y Madrid.
Este desconocimiento, así planteado, sólo puede abrir las puertas a la violencia y al alejamiento de una buena parte de la población venezolana de las vías pacíficas, electorales, democráticas, de resolver las diferencias políticas. No podemos darnos el lujo de permitir una u otra cosa. A estas alturas me inclino a creer que en la oposición sí tienen muy claro hacia dónde conduce este movimiento táctico. La estrategia, como diría nuestro gran Benedetti, es más profunda y más simple: generar caos, crear confusión, alentar la violencia y provocar la intervención militar que les permita alcanzar lo que los votos del pueblo venezolano les han negado en estos veinte años.
Hay que desmontar este nuevo intento de sumirnos en la violencia. Salirle al paso a tiempo. No dejarles la oportunidad de engañar nuevamente: el desconocimiento del presidente Maduro no se hace para hacer cumplir la Constitución de 1999; al contrario, el programa político y económico de la oposición sólo es posible aplicarlo en una Venezuela en la que no esté vigente nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso el recurso reiterado a la violencia, a pesar de tantos fracasos. El derrocamiento violento del gobierno de Maduro trae aparejado la derogación de la CRBV y, con ella, de todos los derechos allí consagrados.
Como se demostró el 30 de julio de 2017, la violencia se derrota con audacia y con pueblo. No basta con denunciar y desenmascarar a los violentos. Hay que fortalecer la organización y la movilización popular. Neutralizar cualquier intento de volver a la guarimbas. En el plano internacional, el respaldo de los países aliados será fundamental para derrotar la arremetida que anuncian Trump, la oligarquía colombiana (por boca de Duque), el gobierno títere de Bolsonaro y el cipayo secretario general de la OEA.