La agresión preventiva en "defensa" de la democracia

Cuanta importancia tiene la memoria histórica de los pueblos, sea esta reciente o del pasado. Cuanta importancia tiene el recuerdo. Por eso: está prohibido olvidar.

A finales de los años ochenta de la centuria pasada, la onda neoliberal comenzaba a mostrar sus falencias y a perder espacio. La magnitud que se le había otorgado al derrumbe del bloque soviético; a la caída del muro de Berlín y la consecuente reunificación alemana; a los avances macroeconómicos de los tigres asiáticos; a las potencialidades que se le asignaban a los "milagros" económicos de Argentina, Chile y México, hicieron creer que el "novedoso" modelo de desarrollo basado en la autorregulación del mercado sería la salida a la situación de crisis vivida, de distinta manera y con desigual intensidad, en la mayor parte de los países del orbe.

De manera paradójica en la Rusia "neoliberalizada", el socialismo no había muerto; la Alemania unida; no se convirtió en el gigante que se anunciaba; la Unión Europea, tampoco ha logrado satisfacer las expectativas generadas con su creación; los tigres asiáticos, perdieron su encanto y hoy se sostienen sobre bases estructurales frágiles amparadas por el estado; Argentina, Chile y México, pagaron un altísimo costo político y social conn la implementación de tales políticas. En el caso argentino, los arrollo el "corralito"; en el caso chileno, la herencia de la dictadura de Pinochet no ha sido superada; en el caso mexicano, el derrumbe de la hegemonía del PRI y la situación socioeconómica y política que se vive en la nación Azteca, constituyen la mayor evidencia del fracaso del neoliberalismo en esas naciones.

Por lo que, el reto planteado para los pueblos latinoamericanos no es menor. Imaginar el diseño de un nuevo modelo de desarrollo constituye, de tal manera, una imperiosa necesidad. El mismo tiene que privilegiar la problemática social por sobre cualquier otra: la pobreza, el desempleo y la exclusión social constituyen problemas sin cuya eliminación resultará inviable cualquier plan de desarrollo, e imposible la superación de los límites que tiene la democracia como sistema político, en nuestras naciones.

Es por ello que, en Venezuela, desde 1999 nos hemos planteado construir una nueva modernidad. Una nueva hegemonía. Ya que, como decía Antonio Gramsci, la hegemonía debe ser entendida como el resultado de la relación que se da entre los distintos factores que participan en la lucha por el control político de la sociedad. Por lo que, la hegemonía, entendida como categoría de análisis, nos permite comprender, de manera clara, el problema de la dominación; así como también el consenso respecto a esa dominación, el cual se establece a través del sector social dominante, que gira en torno de un aparato político institucionalizado y determinado por una concepción ideológica que le da sustentación.

Para Gramsci, la relación entre el Estado y la sociedad civil es de suma importancia, por lo que, se hace necesario conocer el desarrollo histórico de las formaciones sociales para poder comprender la manera como se conforma la hegemonía en una determinada sociedad.

Es esta interpretación de la hegemonía, como un concepto que va más allá de la simple concepción reduccionista que la percibe sólo como dominación, lo que nos permite entender la complejidad de los hechos sociales, percibirlos y analizarlos de manera integral; ya que, como lo han dicho Laclau y Mouffe: El concepto de hegemonía no surgió para definir un nuevo tipo de identidad en su relación específica, sino para llenar un hiato que se había abierto en la cadena de la necesidad histórica.

El concepto de hegemonía debe tenerse, entonces, como la base para el análisis de los problemas político-sociales de Venezuela. Citando de nuevo a Gramsci, tenemos que para él: No debe olvidarse que el error en que se cae a menudo en el análisis histórico consiste en no saber hallar la relación entre lo permanente y lo ocasional, incurriéndose o en la exposición de causas remotas como si fueran las inmediatas, o en la afirmación de que las causas inmediatas son las únicas causas suficientes.

Es por ello que, al proponernos fraguar una nueva modernidad para nuestro país, no podemos dejar de tener presente que la modernidad ha sido concebida como un período histórico, en el cual la sociedad es interpretada, y también tratada, a partir del concepto de la racionalidad formal "de la racionalidad medio-fin", concebida a partir del individuo para imponerse a la sociedad entera.

Como corolario de esta concepción de la modernidad apareció la dimensión del progreso técnico-económico, basado en el progreso infinito. Para ello, no se tuvo presente que la modernidad no es una idea, un pensamiento, sino que es una época histórica concreta.

En tal sentido, la modernidad que se fundamenta en la racionalidad medio-fin, como racionalidad que une el pensamiento causa-efecto de las ciencias naturales con el pensamiento medio-fin de las ciencias sociales y los une, a su vez, con el mercado y la propiedad privada, no puede ser una racionalidad que de explicación a la transformación que se requiere en este tiempo, porque es -precisamente- esa racionalidad, el origen y fundamento del sistema capitalista, el cual queremos transformar.

Por ello, decimos que la edificación de una nueva modernidad para nuestro país, debe hacerse no sólo a partir de la relación clase dominante-Estado; si no también, clases populares-Estado, para poder establecer en qué medida esta última podía permitir el desarrollo de una nueva acción hegemónica.

En Venezuela avanzamos en la construcción de un sistema democrático participativo y protagónico, en donde el pueblo es el sujeto y objeto principal, por ende, verdaderamente democrático. Que hunde sus raíces en lo que hemos sido, somos y queremos ser. Que entiende que una verdadera democracia política es aquella que reconoce y garantiza el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos; todos, no sólo los jurídicos y políticos, sino también los económicos, sociales y culturales. Que permite el disenso. Que la idea del otro, que la confrontación, que la oposición a las normas tradicionales, son parte de ella. Son su esencia y razón de ser.

De igual manera, avanzamos en la edificación de la democracia económica. La riqueza de nuestra nación no podía seguir siendo colocada al servicio de unos pocos, de manera exclusiva al gran capital. Dicha riqueza tiene que ser socializada; para ello, establecimos una más equitativa distribución y redistribución de la misma. Avanzamos en el fraguado de una economía para la vida.

Estamos haciendo de la democracia un proyecto de "identidad ética". Porque la relación existente entre la ética y la política nos permite estudiar y conocer los demás problemas relacionados con la política, entre otros, "los ámbitos público y privado, las cuestiones de la justicia y de la vida buena, la autonomía y la solidaridad".

Es por ello que, al hacer una revisión crítica de los postulados de la teoría capitalista de la democracia, nos enfrentamos a su concepción. No olvidemos que la democracia es un proceso que requiere de evaluación permanente, de autoconocimiento y de autocrítica. La democracia es un constante estar haciéndose. Tiene su dasein y su anti dasein.es por ello que, Samir Amín, antes que hablar de democracia habla de democratización.

Hay que tener presente, asimismo, que el "sujeto colectivo, como marco de referencia de la ética y la política, involucra la necesidad de autocomprensión y de cuestionamiento de lo que se quiere hacer y de cómo hacerlo". Razón ésta que explica por qué "el problema de la identidad ética y política se vinculó inmediatamente al problema de la construcción de la democracia".

Necesario es tener presente, entonces, que la democracia es el derecho que tiene el pueblo a vivir una vida mejor. A vivir como seres humanos y no como objetos. Una vida en donde puedan hacer realidad sus sueños. Una vida en donde sienta que es un ser emancipado verdaderamente libre.

Se trata, por tanto, de concebir la democracia como un proyecto intersubjetivo, para lo cual se requiere -a su vez- de una gran imaginación tanto en lo político como en lo moral. Que, aun siendo cuestionadora, no niegue el cumplimiento y respeto a las normas que regulan el funcionamiento de la sociedad, entendiendo siempre que la sucesión de las normas se hace con el objetivo de lograr un mejor funcionamiento de la misma sociedad.

Ello con el claro propósito de alcanzar la soberanía popular, lo cual permite pensar la democracia como procedimiento, lo que conduciría a la socialización de todos los ciudadanos, a partir de una base cultural y política común.

Vista, entonces, la democracia desde una perspectiva como la señalada, como parte de un "proyecto de identidad compartido", es por lo que concebimos el Socialismo del Siglo XXI, como un proceso de rupturas. No sólo con el sistema capitalista, sino con quienes se han creído ser los únicos dueños de ese pensamiento y de la posibilidad de construir ese modelo de sociedad.

El Socialismo del Siglo XXI es un proceso que debe ser construido a partir del fraguado de un sistema productivo diversificado y sustentable, por su eficiencia y su eficacia; capaz de garantizar la generalización de los beneficios económicos, como fórmula de equidad en el acceso al bienestar de toda la población.

La construcción del Socialismo del Siglo XXI es un proceso revolucionario, que rompe de manera radical con las bases económicas, políticas y sociales de lo que fue la Venezuela reformista y neoliberal, que sustentaron los partidos y gobiernos del Pacto de Punto Fijo, durante cuarenta años.

En correspondencia con este planteamiento es por lo que la justicia social constituye la base del nuevo paradigma del desarrollo nacional. Ello significa que, el mismo debe ser la resultante de un esfuerzo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, tiene que ser un esfuerzo plural, que tenga la capacidad de percibir la heterogeneidad sociocultural que presenta nuestra formación social y tiene que desechar todo reduccionismo y determinismo intelectual y social.

Los gobiernos de Estados Unidos estaban conscientes de los riesgos que entrañaba la crisis de los países latinoamericanos. Sabían que ésta constituía una "bomba de tiempo", que los sucesos ocurridos en Venezuela, el 27 y 28 de febrero de 1989, no eran casuales, que estos podían reproducirse en cualquier otra nación de hemisferio si, al final de cuentas, las condiciones de injusticia social y de inequidad, estaban presentes en todas ellas.

El Consenso de Washington (1989), denominación que se le dio a los diez puntos que conformaban el paquete de reformas propuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, salido de la imaginación del economista John Williamson, fue el plan que se le impuso de manera particular a los países del hemisferio. Sus resultados son ampliamente conocidos.

Pues bien, el gobierno estadounidense de George Herbert Walker Bush (Bush padre), en sus ansias de dominar a los pueblos de América, diseño una estrategia política que le permitiera tal propósito. La organización de Estados Americanos (OEA), el ministerio de colonias como la llamo el Presidente Fidel Castro, habría de ser una de las instituciones seleccionadas para ejecutar dicho plan, en nuestro continente.

En el marco del XXI período ordinario de sesiones de la Asamblea General de dicho foro hemisférico, realizada en la ciudad de Santiago de Chile, simulando dar su apoyo a la restauración de la democracia en esa nación austral, el 5 de junio del año 1991, incitó a la aprobación de un Proyecto de Resolución titulado, de acuerdo a la nomenclatura de dicho organismo como: AG/RES. 1080 (XX-O/91). DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.

De lo pautado en la referida Resolución, puede afirmarse lo siguiente:

1.- Que el sistema democrático en el hemisferio era frágil; por tanto, ante la existencia "en la región serios problemas políticos, sociales y económicos", lo hacían un sistema muy vulnerable, ya que, estos "pueden amenazar la estabilidad de los gobiernos democráticos".

2.- En razón de ello, la OEA, a través del Secretario General, ante "una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo", en el marco de lo establecido en la Carta de la OEA, debe "examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General".

3.-Si ocurriera un caso como el señalado, las medidas que adopte la Asamblea General, tendrían que ser en estricta correspondencia con lo pautado en la Carta de la OEA y el derecho internacional.

4.- Se encomienda al Consejo Permanente que elaboré un conjunto de propuestas para el fortalecimiento de la democracia.

De dicha Resolución puede concluirse que, si bien la misma no evidenciaba de manera taxativa las pretensiones injerencistas del gobierno estadounidense de entonces, las mismas eran solapadas bajo los principios de solidaridad y cooperación. Recuérdese que la misma es del año 1991, ningún gobierno del hemisferio, excepto Cuba, es contrario a las directrices emanadas del imperio.

Pero, los pueblos tienen su dignidad. Con tanta injusticia acumulada en su interior, llega un momento en que se rebelan. Como cualquier volcán, con tantos gases incandescentes acumulados, llegado el momento, erupciona.

Ante esta "amenaza", el Departamento de Estado de los Estados Unidos de nuevo reacciona. Algo "le huele mal", sabía que los años dorados del capitalismo, los del welfare state habían quedado atrás, habían sido enterrados por el neoliberalismo; pero, sabía asimismo que, el tiempo por venir se le presentaba lleno de incertidumbres, que los grises coloreaban su entorno y no lograba que levantara vuelo su Búho de Minerva; sabía que su crisis no era coyuntural que, como la de los años treinta de la centuria pasada, esta no era de sobreproducción, sino que era -y es- estructural.

Todo ello condujo, a los gobiernos de Estados Unidos, a pensar que podía perder su hegemonía en América.

El imperio sabía que América se estaba moviendo. Que, ante el aumento de las injusticias sociales, algo podía pasar. Creía que el "comunismo internacional", ya no era peligro. Sabía que la alta oficialidad de las fuerzas armadas, eran sumisas a sus dictados, sobre todo la egresada de la Escuela de las Américas. Pero, sobre la manera como podría reaccionar el pueblo, ante su cada vez mayor e indetenible empobrecimiento, no tenía claro el panorama.

Por ello, el 14 de diciembre del año 1992, promovió un Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, mejor conocido como Protocolo de Washington. Entre las cuales debe destacarse la referida al Capítulo III, Artículo 9 (Cláusula Democrática), de la referida Carta.

En el mismo se establece que: "Un Miembro de la Organización cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza podrá ser suspendido del ejercicio del derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de los Consejos de la Organización y de las Conferencias Especializadas, así como de las comisiones, grupos de trabajo y demás cuerpos que se hayan creado…".

Esta posición, aparentemente institucional y apegada a las normas que regulan el funcionamiento de la OEA, tiene su explicación en el hecho de que, para esos años, ningún país miembro era capaz de contradecir las directrices emanadas del Departamento de Estado del gobierno estadounidense. Por eso, el ministerio de colonias, pretendió que se le diera un mismo significado y uso a los conceptos de diplomacia preventiva y ataque preventivo.



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Nelson Pineda Prada

*Profesor Titular de la Universidad de Los Andes. Historiador. Dr. en Estudios del Desarrollo. Ex-Embajador en Paraguay, la OEA y Costa Rica.

 npinedaprada@gmail.com

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