Caracas, 25 Feb. ABN (Emma Grand).- Alexis viajó de Portuguesa a Caracas el 28 de febrero de 1989. Su madre lo había llamado por teléfono desesperada porque ese día había corrido la noticia de que estaban liberando a los presos del Retén de Catia para masacrarlos a la entrada del internado, donde su otro hijo cumplía condena. Ya se hablaba de una gran cantidad de reclusos muertos.

“Cuando traté de acercarme al retén, junto a otras personas, para averiguar sobre nuestros familiares presos, nos dispararon”, cuenta Alexis, quien después acudió con su madre a la Fiscalía General de la República para buscar el nombre de su hermano en los listados de los asesinados en las cárceles venezolanas.

Para alivio de Alexis y su progenitora, en las interminables listas de internos muertos, el nombre de su familiar no apareció. Y es que en medio de la reyerta, él prefirió no intentar salir del extinto retén, por lo que sobrevivió a la masacre. Seis años después obtuvo la libertad.

“Había una gran cantidad de muertos que ni siquiera se sabe dónde los enterraron. Me imagino que en La Peste, que fue el gran cementerio que se creó aquí durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP)”, recuerda Alexis.

Una situación similar ocurrió en esos días en otros puntos de la ciudad contra familias enteras. Ejemplo de esto lo pueden corroborar los habitantes de la parroquia 23 de Enero, quienes debieron resistir por casi una semana a las balas que disparaban contra ellos los efectivos del Ejército y de la Policía Metropolitana (PM).

“Cuando el gobierno de CAP decretó el toque de queda nos pusieron un tanque de guerra frente al Bloque Uno con militares adentro”, cuenta Tirsia, habitante de Monte Piedad.

Tanto fue el miedo que se impuso durante esos días que el apartamento de muchas personas se redujo al espacio del baño, a un estrecho pasillo o a un rincón de la sala, donde pernoctaban, para no ser alcanzados por las balas. “Uno no se podía ni asomar por la ventana, hubo apartamentos que los dejaron como un colador de las balas”, comenta Tirsia.

“En esos días me asomé para guindar ropa en el tendedero. Cargaba puesto un reloj que brillaba con el reflejo del sol. Seguro la policía y el Ejército pensó que era un arma y por eso me dispararon. La bala me pasó cerquita, pegó en la pared y saltó. Un pedazo de la pared se introdujo en mi brazo”.

Para comprar alimentos, los habitantes de los bloques debían salir muy temprano para hacer las colas detrás de un camioncito de comida que se apostaba en la Avenida Sucre “y cuando el ejército y los efectivos de la PM empezaban a disparar teníamos que correr. Eso fue terrible, eso fue una cosa que no puede volver más nunca”.

El tanque de guerra desapareció de la vista de los habitantes de la parroquia el 06 de marzo de 1989, el día del cumpleaños de su hijo mayor, recuerda Tirsia.

Estos testimonios, contados 20 años después del estallido social conocido como el Caracazo, recogen la represión del ejército y la policía contra el pueblo que salió a las calles para protestar las medidas económicas implementadas por el gobierno de CAP, el acaparamiento de productos de primera necesidad y las alzas desmedidas en los precios.

Fueron cuatro millones de proyectiles los que se descargaron contra un pueblo desarmado, según refleja una investigación realizada por la revista Sic, del Centro Gumilla, lugar en el que confluyen religiosos jesuitas formados en diferentes disciplinas, profesionales laicos dedicados tanto al mundo académico como al empresarial, y líderes de organizaciones populares y de la sociedad civil.

El paquete de CAP

El 16 de enero de 1989 Carlos Andrés Pérez asumió por segunda vez la Presidencia de la República, alertando a los venezolanos que ha recibido un país en quiebra y que había que “apretarse el cinturón”.

Un artículo de la revista Sic, de marzo de 1989, refiere que la toma de posesión del presidente Pérez dejó a los venezolanos una imagen difícil de digerir, pues “la austeridad predicada y necesaria brilló por su ausencia”, además de los anuncios de las medidas económicas a implementar.

Parte del paquete económico del gobierno de CAP, de 1989, establecía la liberación de los precios y de las tasas de interés, aumentos en el precio de la gasolina (en 100%), de las tarifas de electricidad y teléfono (en 50%), así como la eliminación de subsidios y del control de cambio.

El paquete también contemplaba endeudamientos adicionales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), restricción de las importaciones e incentivos para las actividades exportadoras, entre otras medidas, cuyo impacto se compensaría con un aumento salarial del 30% en el sector público, extensible al sector privado por convenios a negociar.

Estas medidas buscaban someter a la economía al rigor de las fuerzas del mercado, donde los precios los determinaría el juego de la oferta y la demanda. La soberanía de las decisiones económicas nacionales quedaría a merced del FMI.

“Un auténtico paquete para los sectores medios empobrecidos de Venezuela. No hay que ser muy sagaz para prever las consecuencias sociales de estas medidas: acentuación de la pobreza y la agudización de las ya escandalosas diferencias sociales en el país”, sentenció el editorial de Sic de enero-febrero de 1989.

Días previos al estallido social

Esperando la liberación de los precios, los industriales y comerciantes mantenían acaparados algunos productos de primera necesidad. Los principales titulares de la prensa nacional de los dos primeros meses del ‘89 destacaban la ausencia de leche, café, sal, arroz, azúcar, papel higiénico, detergente y aceite de los anaqueles de los abastos y supermercados de todo el país.

“Cinco horas para comprar dos potes de leche popular”, era uno de los titulares de esos días del diario El Nacional.

Aunada a esta situación de acaparamiento, el asesinato del estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dennis de Jesús Villasana Motaño, por parte de dos funcionarios de la PM, generó protestas en esta casa de estudios.

En la primera manifestación por la muerte de Dennis, falleció el empleado de la Facultad de Medicina de UCV, Carlos Yépez, a consecuencia de una bala en la cabeza disparada por otro efectivo de la PM.

La Universidad de Carabobo y la Universidad de los Andes se sumaron a las protestas en solidaridad por la muerte del estudiante y del empleado de la UCV, y en rechazo al denominado “paquetazo” de CAP.

El ministro de Educación de Pérez, Gustavo Roosen, había anunciado que dentro de las medidas económicas de ese gobierno estaba contemplada la privatización de la educación superior, y que los maestros no serían beneficiados con el decreto de aumento salarial del 30%, lo que generó también disgustos en el gremio y un paro de 48 horas.

El Caracazo

El aumento del precio de la gasolina se estableció el domingo 26 de febrero. Ante esto, los transportistas le exigieron al gobierno incrementar el costo del pasaje. Y así se dio: se les concedió un 30%, pero al siguiente día los usuarios se encontraron con un incremento de hasta un 80%.

El 30% del aumento salarial decretado por CAP aún no se había concretado para los empleados públicos, y Fedecámaras sólo querían negociar 6% del aumento en el sector privado. Ese lunes se generaron las primeras protestas, que se acentuaron en la ciudad capital, y que se conocieron posteriormente como “El Caracazo”.

El diario El Nacional describió lo que sucedió el 27 de febrero en una fotoleyenda de la siguiente manera: “Una ola de violencia y agitación sacudió ayer el país, en protesta por el alza de las tarifas de pasajes, gasolina y alimentos”.

Todo empezó en los alrededores del Nuevo Circo, cuando los usuarios de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire se enteraron de las nuevas tarifas que deseaban imponer los choferes, mucho más altas que las aprobadas por el nuevo gobierno, y aún no publicadas en Gaceta Oficial.

Desde las 6:00 de la mañana decenas de pasajeros decidieron tomar la Avenida Lecuna, para protestar el alza, hasta la Avenida Bolívar, narró en un artículo Fabricio Ojeda, periodista de El Nacional, el 28 de febrero de 1989.

A medida que pasaba la tarde, seguía aumentando el número de personas que salían de sus casas espontáneamente para protestar. Todos los comercios cerraron sus puertas. En varios puntos de la ciudad se reportaban saqueos a camiones de comida y supermercados.

La situación se agudizó con la quema de autobuses y, en horas de la tarde, la PM ya había recibido instrucciones de reprimir.
El periodista de El Nacional Humberto Álvarez describió la situación de la siguiente manera: “En una acción de protesta por el alza inusitada del pasaje, el pueblo de Guarenas se lanzó ayer a la calle, saqueó y quemó más de 100 comercios, incendió 10 vehículos causando pérdidas millonarias, a la vez que colocó barricadas y mantuvo durante 7 horas incomunicada a Caracas con el oriente del país”.

El ministro de Defensa del gobierno de CAP, Italo del Valle Alliegro, anunció la noche del 28 de febrero, por decreto número 49, la suspensión de las garantías constitucionales.

Los derechos a la libertad y seguridad personal, a la inviolabilidad del hogar doméstico, a transitar libremente por el territorio nacional, a la libertad de expresión, a reunirse en público y a manifestar pacíficamente estuvieron suspendidos en esos días.

En una nota de marzo de 1989, el semanario Tribuna Popular denunció los abusos criminales perpetrados por efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN): “Hechos que cabe atribuir no ya al nerviosismo o la inexperiencia de algún recluta, sino a una decisión de castigar de la manera más violenta a un pueblo que protesta, legítimamente, ante una situación insostenible e insoportable de degradación de sus niveles de vida”.

En el editorial del semanario se agregó: “No pueden existir excusas, en un régimen que se proclama democrático, para el ametrallamiento de edificios, bloques, ranchos y barriadas enteras”.

Por otro lado, el editorial de Sic de abril de 1989 también describió los sucesos de entonces: “Durante la semana del 27 el pueblo actuó desarmado… La cuestión no eran los ricos sino las cosas que necesitaban y con las que siempre habían soñado y en definitiva la cuestión eran las reglas de juego que no sólo los condenaban en el presente sino que les mataban la esperanza”.

CAP refirió que el estallido social se debió a una guerra de los pobres contra los ricos, cuando en realidad la protesta se produjo porque el pueblo estaba pasando hambre: familias venezolanas se alimentaban con “perrarina” y a los más pequeños les hacían teteros con agua de espaguetis.

El editorial de la revista SIC continúa así: “Los de mayor poder adquisitivo, sin embargo, se vieron a sí mismos como los enemigos del pueblo: unos abandonaron inmediatamente el país, o al menos pusieron a sus hijos a salvo, y otros se aprestaron militarmente para la autodefensa. No hubo, claro está, ningún ataque del pueblo, como habrían señalado altos funcionarios de aquel gobierno.

La arremetida vino por la acción combinada de la policía y el Ejército porque el enemigo era el pueblo. De hecho, todos los muertos eran civiles. Se dispararon más de cuatro millones de balas. Porque el objetivo no era controlar la situación sino aterrorizar de tal manera a los vencidos que más nunca les quedaran ganas de intentarlo otra vez”, citó el editorial de Sic.

Las víctimas de un brutal genocidio

Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales.

Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial.

“Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989.

En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero de hace 20 años y los días que siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300.

En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana.

Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.

Todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de 1989. Aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez reconoció la responsabilidad del Estado venezolano y en el año 2006, a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.