En los últimos meses, el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para Energía y Petróleo, en coordinación con las autoridades de la Guardia Nacional Bolivariana, se ha propuesto la implantación de un sistema de control automatizado en el estado Táchira del suministro de combustible a vehículos de todo tipo a fin de evitar el contrabando de extracción, el cual constituye un desangre para la economía venezolana, una fuente de financiamiento para bandas criminales colombianas y un elemento perturbador de la normal comercialización de hidrocarburos para los habitantes de este estado fronterizo.
El contrabando de extracción de combustible, al igual que otros rubros es un problema de vieja data en la entidad andina, sin embargo, ha llegado a unos niveles realmente insoportables y por cuestiones de soberanía y seguridad nacional debe ser combatido.
En este sentido, la iniciativa más reciente es la de someter a un censo los vehículos que componen el parque automotor del estado Táchira, colocar a cada uno un chip y establecer un límite a la cantidad de litros que cada automotor puede consumir diariamente, basado en un criterio racional.
La medida si bien no representa una solución definitiva, puesto que existen diversos elementos que influirán para comprometer su efectividad, sí constituye un mecanismo de control que bien podrá reducir los índices actuales de contrabando de gasolina y todo venezolano con sentido de patria debería apoyarla sin mayores dilaciones.
No obstante, los factores del oposicionismo regional, han desatado una feroz campaña para desacreditar la iniciativa gubernamental, apelando a un regionalismo ramplón, la demagogia más vulgar y haciendo gala de una conducta que deja espacio a dudas razonables sobre su real compromiso con el interés nacional y hasta la posibilidad de que algunos de sus voceros más influyentes puedan estar involucrados en este hecho ilícito.
La principal mentira de los políticos oposicionistas consiste en hacer ver que existe una “política discriminatoria” contra los tachirenses, puesto que en ningún momento se está negando el acceso al combustible, sino por el contrario se está estableciendo un mecanismo que garantice el acceso al mismo de forma fluida, normal y constante, ya que quienes influyen para que esto no ocurra son justamente los contrabandistas.
De este modo, algunos dirigentes de la derecha local, se han dado a la tarea de generar conatos de disturbios en bombas de gasolina, desplegar intensas campañas en los medios de comunicación locales para instigar a la población a sabotear la instalación de los chip en los vehículos y finalmente convocaron una marcha el pasado viernes 10 de junio, en la que desfilaron empleados de la Gobernación del Estado y alcaldías oposicionistas (muchos de ellos obligados), junto a los decadentes politiqueros de oficio de los partidos de la MUD- UDT, los cabilleros adeco copeyanos de Fetratáchira y las bandas de matones motorizados que sirven de fuerza de choque a este lumpenaje político que en mala hora se hizo con el poder en el Táchira.
Los diputados del bloque opositor de este estado fronterizo a la Asamblea Nacional, han tenido la desfachatez de introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de anulación de la medida, entre ellos un personaje de dudosa reputación que ha tenido una recurrente postura contraria a los intereses venezolanos, que protesta e intenta infructuosamente acciones legales contra el país en instancias internacionales cada vez que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza procedimientos contra las mafias binacionales, entre otros actos deplorables.
De este modo cada quien demuestra con sus actos a que intereses sirve, el problema del contrabando de combustible en el Táchira constituye hoy día un problema nacional, lesivo a la soberanía patria, la economía y el bienestar de los tachirenses, en ese sentido toda medida que tome el Gobierno Bolivariano para combatirlo debe ser respaldada por los ciudadanos honestos.
Por desgracia la oposición al gobierno del presidente Chávez sigue demostrando su carácter antinacional y su vinculación a intereses bastardos e ilegítimos, en contra de la soberanía y el respeto a las leyes. Los hechos hablan por sí solos.
