El crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones, no es una desviación, enfermedad o anomalía del capitalismo, sino que es parte consustancial de sus estructuras de poder, dominación y riqueza. Para sostenerse y proyectarse en tanto modo de producción y proceso (des)civilizatorio, el capitalismo precisa de empresas criminales para hacer de la valorización del capital un proceso incesante y llevado a sus límites extremos más allá de la ley o de los imperativos morales. A su vez, esta voracidad por la ganancia desde las entrañas criminales solo se explica por la entronización de una racionalidad instrumental ultra-mercantilizadora, de un individualismo hedonista, de una pérdida de sentido en lo comunitario y de un socavamiento del Estado como entidad cohesionadora de la vida social. La fascinación por el dolor y el sufrimiento ajenos complementan esas lógicas del poder y la acumulación.

Desde su poder amparado por los Estados, el crimen organizado transmuta a la fuerza de trabajo asalariada en una masa amorfa prescindible o desechable, y hasta reclutada de manera forzada, sujeta a relaciones cuasi-esclavistas y vinculada a una economía clandestina de la muerte, la desaparición y el exterminio que hace del pobre un sujeto peligroso al cual abatir a través de una implícita racionalidad eugenésica. Los mecanismos de explotación son radicalizados y se dinamizan a través de la amenaza, la opresión y el sometimiento desmedido de jóvenes excluidos por la economía formal. A su vez, este carácter prescindible del ser humano se observa en la lógica voraz de apropiación y despojo territorial impuestos por las organizaciones criminales y que devienen en el desplazamiento interno forzado en aras de integrar esos territorios y sus posibles recursos naturales a la acumulación de capital.

Más que hechos aislados, descontextualizados o atribuidos a inadaptados sociales que implantan y ejercen el terror y el miedo, detrás de la vorágine de violencia y del caos que se ínstala mediáticamente subyace una estructura lógica meticulosamente organizada, y en la cual se entrelaza lo legal y lo ilegal. Tecnología –desde la empleada en el sistema financiero, hasta aquella usada para la comunicación encriptada, el control de territorios, la circulación de insumos, bienes y servicios ilícitos, y para el ejercicio de la violencia–, diversificación de los negocios criminales más allá del tráfico de drogas, estrategias de terror, mercados financieros, acciones u omisiones deliberadas del Estado, se conjugan para afianzar procesos de acumulación de capital y el control de territorios, recursos naturales y poblaciones.

Para que exista ese orden detrás del caos se requiere de un Estado fuerte en sus labores represivas y en los esfuerzos por organizar las actividades criminales y repartir los territorios y mercados entre sus líderes; pero a su vez, se precisa de entramados institucionales débiles o frágiles que faciliten la depredación de ese Estado y su captura desde adentro por parte de las élites políticas y las oligarquías vinculadas a la economía criminal. No existe nada parecido a un desafío frontal de las organizaciones criminales respecto al Estado, sino que los agentes de éste y quienes lo controlan en sus distintas esferas, son quienes encauzan –por acción, omisión o colusión– la violencia criminal, su posicionamiento en los territorios y su estrecha vinculación a los circuitos de la economía legal y del sistema bancario/financiero. En suma, los Estados construyen, entretejen y gestionan los acuerdos y arreglos cupulares que facilitan a las élites su sincronización con las empresas criminales en el marco de un sofisticado engranaje articulador de una división internacional del trabajo criminal donde el sur del mundo aporta territorios, recursos naturales, producción de insumos y servicios ilegales, sangre y muerte, mientras en el norte se especializan en la provisión de la demanda masiva de estupefacientes, la fabricación de armamento, y la apertura del sistema bancario para el blanqueo de activos ilícitos. En dicho engranaje concurren funcionarios públicos, agencias de seguridad, fuerzas armadas, agentes policiales en distintos niveles, organizaciones paramilitares, empresarios de los mass media, agentes bancario/financieros, empresas legales y dedicadas a distintos giros, así como el escalafón más bajo y prescindible de la cadena de mando que son los ejércitos criminales de reserva que operan las actividades ilícitas en los territorios y que comprenden desde reclutadores, sicarios, extorsionadores, transportistas de insumos y servicios ilícitos, entre otros, encabezados por sus respectivos líderes territoriales. Cabe destacar que estas élites criminales no son homogéneas y que a pesar de su destacada cohesión social dada por el imperativo de la ganancia, su correlación de fuerzas no es armoniosa, sino que están expuestas a confrontaciones, a negociaciones nada tersas e, incluso, a cruentos enfrentamientos armados.

La acumulación de capital y la concentración de poder de las empresas criminales se afianzan con la diversificación de negocios ilícitos, que penetran como humedad los circuitos de la economía formal y legal. De hecho, allí se encuentra el mayor de los atributos del conocimiento y la técnica especializados adoptados por la criminalidad. No es solo la producción y circulación de drogas, sino que las tenazas criminales se extienden, en países como México, a rubros como la exploración, explotación y expoliación de minerales –con énfasis en aquellos que son estratégicos para la innovación tecnológica–; la tala y explotación clandestina de maderas preciosas y recursos hídricos; el robo y tráfico de hidrocarburos; las extorsiones y el cobro de derecho de piso; el secuestro y el tráfico de órganos; la prostitución y la trata de personas para el comercio sexual; el tráfico de migrantes; el control de puertos marítimos, aduanas y de espacios aéreos; la especulación y el control respecto al precio de productos básicos como el limón, el huevo y el aguacate. Para la conducción de varias de esas actividades criminales se instala el caos y el despojo sistemáticamente orquestados y controlados en los territorios y comunidades. Allí las empresas criminales funcionan como organizaciones paramilitares que destroncan los lazos comunitarios y las identidades de las poblaciones vinculadas a formas de propiedad ejidal y/o comunal. Si el Estado, por la vía legal y legítima, no es capaz de ingresar a esas comunidades para controlar sus territorios y recursos, las empresas criminales recurren a organizaciones paramilitares para incursionar por la vía de la violencia, el despojo y el desarraigo.

Poder, lógica de la ganancia y de la acumulación, dominación, control de territorios, violencia, miedo, militarización, letalidad y capacidad operativa de las empresas criminales, se fusionan para encauzar un orden estructurado en medio del caos sembrado por los mass media y las narrativas sensacionalistas. Si bien las empresas criminales operan mediante estrategias de terror –como la detonación de coches-bomba (https://shre.ink/qxgL), las masacres y las desapariciones masivas–, la magnificación mediática de esos hechos sincronizados, expande el miedo entre las poblaciones y un ambiente de caos generalizado e incontrolable que hace ver la postración del Estado ante el supuest ataque de los criminales. Ese miedo opera como un dispositivo de control social y emocional que encubre el trasfondo de las organizaciones criminales: el afán de lucro y ganancia a través de la mercantilización del territorio, la naturaleza y la vida. Se trata de un miedo inducido, de un desorden controlado sistemática y estructuralmente, donde la misma violencia y la lógica del terror son incentivados y dosificados con propósitos predeterminados. Entonces la violencia controlada es parte del ciclo de acumulación de capital por parte de las empresas criminales: el desplazamiento interno forzado es un fenómeno multidimensional que evidencia cómo esa violencia criminal se orienta a abrir espacios inéditos –anteriormente no expuestos a la explotación– para la acumulación de capital.

La supuesta lucha de los Estados contra el crimen organizado –la "guerra contra las drogas", por ejemplo– afianza esos dispositivos de caos controlado. Con esas estrategias se gestiona el miedo, se disciplinan poblaciones, se controlan y reparten territorios y mercados, se criminaliza a los pobres, campesinos y jóvenes, se controla la construcción de significaciones y de la verdad, y se gestan narrativas bio/psicopolíticas para interiorizar el crimen y sus racionalidades en las culturas populares. Se trata de una estrategia de legitimación de las estructuras de poder y dominación a partir de la construcción de un enemigo común –el narcotraficante como cortina de humo y chivo expiatorio– esculpido desde dentro de esas mismas estructuras.

En suma, sin esa sofisticada estructura de poder y dominación que le da forma y organiza a las empresas criminales, resulta impensable su existencia, funcionamiento y despliegue de sus capacidades operativas en el territorio. Y más cuando el fenómeno del crimen organizado es global, transfronterizo y ampliamente imbricado con la economía formal y legal. Estudiarlo a fondo, más allá del catastrofismo mediático que apela a la inmovilización corporal y mental, es un imperativo impostergable para ahondar en el entendimiento de sus impactos en la vida cotidiana de las sociedades locales y nacionales, así como para comprender el sentido de las renovadas estructuras fascistas que sutilmente se despliegan en el mundo contemporáneo y que tienen como prioridad el control y dominación de poblaciones enteras (https://shre.ink/qxgM).