-DENUNCIA una vez más el empleo sistemático y tendencioso de los
Derechos Humanos como arma política contra gobiernos que muestran
independencia ante las potencias hegemónicas.


-SEÑALA que el informe de la "Misión Internacional Independiente de
la ONU para la determinación de Hechos en la República Bolivariana de
Venezuela", el cual acusa al gobierno venezolano de "asesinatos
arbitrarios" y "uso sistemático de la tortura" que caerían "bajo la
calificación de crímenes de lesa humanidad", como suele suceder en
dicho tipo de denuncias carece de los más indispensables elementos de
juicio, tales como la identificación detallada de las presuntas
víctimas; los señalamientos de tiempo, lugar y otras circunstancias
relativas a la supuesta comisión de los hechos, y el aporte de pruebas
o por lo menos de indicios sobre éstos.



-INDICA que el citado informe de 441 páginas no resulta de una
investigación de campo, sino de 274 entrevistas efectuadas a distancia
con opositores, exfuncionarios e integrantes de ONGs, cuyos alegatos
suelen estar distorsionados por sus militancias políticas, la pérdida
de sus empleos o el financiamiento de dichas organizaciones por la
USAID, la NED e infinidad de otras personas jurídicas subsidiadas por
las potencias hegemónicas para que patrocinen generosamente tales
inculpaciones. . -



ADVIERTE que en el aludido informe no se mencionan ni condenan
adecuadamente los crímenes plenamente documentados y comprobados
cometidos o incitados por la oposición venezolana, que incluyen
muertes de ciudadanos durante disturbios callejeros, incineración de
personas cuya vestimenta o color de piel los señalaba como presuntos
simpatizantes del gobierno, el asesinato selectivo de funcionarios, un
fallido golpe de Estado con numerosas víctimas fatales, y el intento
de magnicidio contra el Presidente de la República y sus colaboradores
inmediatos. 

-VERIFICA que en el mencionado informe en absoluto se reseñan los
crímenes de lesa humanidad cometidos en forma pública, documentada y
flagrante contra la República Bolivariana de Venezuela por Estados
Unidos y sus cómplices, tales como intentos de invasión con
delincuentes mercenarios; tentativa de desestabilización mediante
gobiernos paralelos elegidos por nadie; campañas de incitación al odio
y la discriminación contra los venezolanos y de falsificación de la
realidad nacional, bloqueo de las importaciones de alimentos,
medicinas y equipos de salud incluso en tiempos de pandemia, y robo
generalizado de los activos del país en el exterior a objeto de
provocar el colapso de la economía y el generalizado sufrimiento de la
población civil.

-CONCLUYE que el citado documento no es un informe, sino un panfleto
sesgado unilateral que oculta tendenciosamente la realidad y esconde y
por lo tanto exculpa a los verdaderos violadores de los Derechos
Humanos de los venezolanos. -CONDENA el uso tendencioso de falsas
acusaciones de violación de Derechos Humanos con la finalidad de
entorpecer o deslegitimar previamente la consulta electoral para
legisladores de la Asamblea Nacional convocada para diciembre de 2020
y propiciar condenas de entes internacionales contra los mandatarios
legítimamente electos.

-RECUERDA, ante los requerimientos de dicho Informe al gobierno
venezolano en el sentido de que coopere con la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cumpla con las medidas cautelares emitidas
por la Comisión Interamericana y las medidas provisionales emitidas
por la Corte Interamericana, y aplique las sentencias de esta última,
que la República Bolivariana de Venezuela se retiró de la OEA ante la
comprobada y contumaz parcialización de dicho ente a favor de Estados
Unidos, el primer violador de Derechos Humanos en el mundo, contra el
cual la Corte Interamericana no ha emitido nunca una sola sentencia
por tal causa, y por otra parte que la injerencia criminal e ilegal de
la OEA desencadenó el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de
Evo Morales y la instauración de una sangrienta dictadura en Bolivia.

-COMPARTE las declaraciones sobre el supuesto informe de la ONU
expresadas por Maurice Lemoine, ex director de Le Monde Diplomatique,
quien rechaza las acusaciones de dicho documento acerca de una
política estatal de "violaciones masivas de los derechos humanos" y
expresa categóricamente: «Por ahora, meto mis manos en el fuego como
periodista. Maduro no ha dado la orden de ejecutar opositores
políticos, de lo contrario Guaido habría muerto hace mucho tiempo. Si
Guaido hiciera el mismo circo en Colombia que en Venezuela, ya le
habrían disparado en la cabeza hace un año. Nada de esto es
razonable.»