El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (Odh-ULA), alertó este domingo que el régimen pretende imponer un estado de sitio y legalizar la actuación de los colectivos en la entidad.
La ONG se refirió, en un comunicado, a la resolución 006-19 del Consejo Legislativo de de Mérida (Clem). Allí creó el Órgano de Dirección de Defensa Integral (Oddi).
"Dicho órgano, según lo publicado en la Gaceta Oficial del estado Mérida número 4312, deberá atender cualquier evento que perturbe la paz y la seguridad de la nación, tanto en la entidad, como en estados vecinos, tras el ataque terrorista que afectó el sistema de suministro eléctrico el pasado 7 de marzo", explicó el observatorio que calificó el hecho como "fraudulento".
A juicio del ODH, "con la creación del Oddi, se violan competencias atribuibles al Poder Ejecutivo". Explicó que ese organismo "se presenta como un órgano militar con competencias amplias e indeterminadas. Esto en ámbitos tales como salud, justicia, gestión de riesgo, economía, alimentación, información, telemática y orden público".
El ODH cuestionó que tal órgano de defensa integral "esté por encima de los poderes públicos. Se constituye como única y máxima autoridad en el estado Mérida". También denunció que "arrebata competencias al Ejecutivo estatal. Se atribuye amplias e indeterminadas competencias que son específicas del Ministerio Público. También de organismos de seguridad".
Sobre los colectivos, el observatorio concluyó que la resolución "legaliza", tanto "a los paramilitares como a los grupos irregulares, nacionales y extranjeros". La resolución señala que "entre los fines de la Oddi están organizar a la sociedad civil que se encuentre en el espacio geográfico nacional, para que actúe con la Fuerza Armada Nacional, en resguardo de la soberanía del estado Mérida".
Asimismo se evidencia la violación de los derechos de propiedad. La Oddi "tiene facultades para solicitar inventarios de sus bienes muebles e inmuebles, insumos, materiales de cualquier naturaleza, alimentos y medicamentos. También maquinarias, vehículos, infraestructura, mercancía seca, a cualquier individuo o persona jurídica, pública o privada. Puede disponer, usar y administrar estos bienes, insumos, materiales y equipos".
Otro aspecto que preocupa al Observatorio de la ULA es el artículo 5 de la resolución. El mismo establece la obligación de todas las personas e instituciones de acatar las órdenes e instrucciones del Oddi. Esto bajo amenaza de incurrir en responsabilidad civil, penal y administrativa.