Protestas en el estado Sucre por falta de agua desde hace meses

Cumaná, 10 de febrero de 2022.- Los cumaneses padecen una grave situación con el servicio de agua. La respuesta gubernamental e institucional son nulas. tanto el gobierno nacional como el gobierno estatal actúan con total indiferencia.

La falta del vital líquido se ha notado en los municipios Mejías, Bolívar, Sucre y Montes pero el más afectado ha sido el municipio Cruz Salmerón Acosta, el cual desde la mitad del año pasado está sin agua. En poblaciones como El Rincón, Tagüapire, Manicuare, Araya y Tacarigua, la gente está tomando agua de tanquillas que han tenido que violentar.

Incluso en Cumaná en muchos sectores tienen años sin agua, es el caso de San Francisco, Los Chaimas, La Copita, Caigüire, Campeche Las Palomas y Cancamure, en esta última localidad, por cierto, sus habitantes también cerraron las calles en protesta.

Ya las condiciones de insalubridad y de higiene muy precaria ha colmado la paciencia de los y las cumanesas hayan decidido exigir y reclamar este derecho vital y humano en la calle y este miércoles 9 realizaron a protestas y tranca de calles, exigiendo la restitución del servicio de agua.

El pasado viernes 4, como consecuencia de las protestas, el gobierno publicó un comunicado a las 7 de la noche, en el cual llamaba a los habitantes del estado a que tomaran previsiones porque habría agua hasta las 8 p.m. Pero incluso ya ni en la capital Cumaná no tenia agua.

Desde hace 2 años el gobierno ha venido informando a la población del estado Sucre que el agua se va porque están reparando la tubería submarina y la del Turimiquire. La población se pregunta que tanto arreglan esas tuberías: «sera que le ponen goma de tripa de cauchos y lo amarran con alambre».

La falta de agua se une a la crisis generalizada de los servicios públicos. No hay agua, no hay gas, no hay gasolina, la luz se va con frecuencia dañando los artefactos electrodomésticos, complicando aún más la vida de millones de trabajadores, trabajadoras y pobladores de las comunidades populares, que son los que pagan las consecuencias de la crisis, de la corrupción en las altas esferas gubernamentales.



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