12 de febrero de 2018.- Este 12 de febrero se cumplen cuatro años de la ejecución del plan sedicioso conocido como "La Salida", que respondía a los lineamientos contemplados en un documento titulado "Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición", el cual fue suscrito por los dirigentes de extrema derecha Antonio Ledezma, prófugo de la justicia venezolana, María Corina Machado y Leopoldo López, que cumple una sentencia de 13 años por su participación en esos planes.

Los tres alentaron el inicio de un periodo caracterizado por una extrema violencia que duró cuatro meses, entre febrero y junio, que dejó el saldo de 43 fallecidos y más de 800 heridos.

Entre las víctimas están motorizados que resultaron degollados por guayas colocadas en las barricadas que impedían el libre tránsito, como ocurrió con Elvis Rafael Durán, asesinado el 23 de febrero en el este de Caracas; efectivos de seguridad como el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Ramzor Ernesto Bracho, quien recibió varios disparos el 12 de marzo de 2014 en el distribuidor Mañongo, estado Carabobo; y transeúntes ajenos a las acciones de calle, como Adriana Urquiola, quien recibió un disparo en Los Teques, estado Miranda, el 24 de marzo.

En los casos donde se determinó la responsabilidad de los cuerpos de seguridad, el Estado venezolano aplicó las sanciones judiciales respectivas y ratificó su compromiso con el pleno apego de los derechos humanos.

El gobierno, ante un panorama signado también por daños a bienes públicos y restricciones al libre tránsito, también decidió apostar al diálogo: el presidente Maduro logró sentar en una misma mesa el 26 de febrero de 2014 al Nuncio Apostólico Aldo Giordano, a la élite empresarial del país, al exgobernador Henry Falcón y a los dirigentes opositores Leopoldo Puchi e Hiram Gaviria.

En abril de ese mismo año, el jefe de Estado nuevamente se sentó a dialogar con los sectores antichavistas en el Palacio de Miraflores y se instaló una mesa de acuerdo entre el Gobierno y la oposición.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) estuvo como mediadora, con la participación de los cancilleres de Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia y Surinam.

No obstante, en mayo de 2014 la oposición se retiró del proceso y se negó a participar en Comisión de la Verdad para investigar la muerte de 11 personas y decenas de heridos, producto de los llamados a la violencia realizados por el dirigente de derecha Henrique Capriles, tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013.

Tras la ruptura del diálogo, la oposición más extrema mantuvo su postura beligerante con episodios aislados de violencia, mientras el Ejecutivo insistió en establecer conversaciones a pesar de la negativa de sectores adversos, como ocurrió a fines de 2016.

2017, arrecian los ataques

Tres años después de La Salida, la derecha activó nuevamente un proyecto sedicioso mucho más virulento con cierre de calles, intervención de escuadras de choque y ataque directo a instituciones del Estado entre abril y julio de 2017. En ese periodo, se registraron 121 personas fallecidas, 1.958 heridos y 4.439 acciones de violencia en las principales ciudades del país.

Los ataques dejaron pérdidas al sector público y privado, al producirse 917 agresiones contra comercios y establecimientos privados y 913 contra instituciones públicas.

Este plan insurreccional también tenía entre sus objetivos la afectación de los servicios públicos esenciales, pues fueron destruidas 166 unidades de transporte, resultaron quemados dos centros de acopio de alimentos, 12 estaciones del Metro de Caracas fueron vandalizadas y el Sistema Eléctrico Nacional sufrió 30 sabotajes.

Los grupos de choque pretendieron desafiar el orden institucional, al intentar destruir la capacidad de respuesta de los órganos de seguridad. Como resultado, 829 efectivos fueron heridos, 73 de ellos por arma de fuego.

Para conjurar estas amenazas, el presidente Maduro llamó a instalar la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), espacio al que convocó a la participación de sectores opositores, que finalmente se negaron.

Frente a la actuación de esos grupos, el órgano plenipotenciario creó la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que investiga los hechos de violencia política ocurridos desde 1999 y que ya cuenta con un fondo de reparación de víctimas, que atiende inicialmente a 502 personas.

A la par de la búsqueda de justicia, se inicia en septiembre pasado una nueva etapa del proceso de diálogo entre Gobierno y posición en República Dominicana, donde se celebraron diez encuentros con el propósito de alcanzar la firma de un acuerdo de convivencia política y de estabilidad democrática.

Aunque se había logrado consenso en torno al Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela, que fue firmado por el Gobierno, la oposición optó por desconocer el documento, luego que Julio Borges recibiera una llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que en ese momento estaba en Colombia.

Al someterse a las decisiones del gobierno norteamericano, el antichavismo reincide en su negativa a buscar acuerdos y, como anunciaron sus voceros, se alista para seguir promoviendo matrices que justifiquen nuevos ataques contra el Estado venezolano.