Daño al ambiente y los trabajadores queda demostrado
Cumaná, 13 de Noviembre). La mañana de este miércoles se dio a conocer la orden emitida por el tribunal Penal de 1era instancia Estadal y Municipal en funciones de Control de la Cuidad de Cumaná en el estado Sucre en contra de la empresa “Agroindustrial Proeba” ubicada en la población de chacopata, municipio Cruz Salmerón Acosta del Estado Sucre.
Según el directivo del sindicato de esta empresa Carlos Ortega y el vocero del concejo comunal de la zona Freddy Vásquez el Juez tercero de control habrían dictado la medida hace tres semanas.
Como se observa del documento emitido por el Tribunal, este ordeno a la empresa la ejecución supervisada en un lapso de 30 días de los trabajos necesarios para eliminar la contaminación que se generó dentro de las instalaciones, la cual como reza la orden, afecta indirectamente a la población de chacopata y “directamente a los trabajadores de la empresa”, además la eliminación ambientalmente seguro de aquellos productos procesados y no procesados, y por último, que en un lapso de 60 días efectué la instalación de un sistema de tratamiento de aguas servidas y los dispositivos necesarios para evitar que se generen los efluentes líquidos que contaminen gravemente el mar.
Por su parte los líderes de la Federación de Trabajadores URT Sucre, Roger Palacios y Raquel Herrera indicaron que ya quedo demostrado la responsabilidad empresarial en los hecho que ocasionaron la paralización de labores en esta planta desde el pasado 3 de Julio, por los que exigen a los dueños que se paguen las deudas ocasionadas por la suspensión de varios derecho como los salarios, Ticket de alimentación entre otros, conforme a los estipula en la Ley Organiza de Prevención, Condiciones y medio Ambiente de Trabajo.
Exigieron también a las autoridades del Ministerio del Trabajo que ordenar el pago de los derecho vulnerado a los trabajadores por esta situación, nos obstante afirman que ha sido el poder Judicial quien hasta ahora ha actuad de manera más rápida.
Aprovecharon la oportunidad para denunciar lo que a juicio ha sido un trato lento y parsimonioso de los funcionarios de varias instituciones Gubernamentales que ha permitido por tal motivo, mantener paralizada una empresa de alimentos por más de 4 meses en el marco de una guerra económica y adicionalmente violentar derechos fundamentales del trabajo.
