Investigación de unos medios por encima de toda sospecha

Crónica con las evidencias de los delitos de la seudo-oposición. PP.39

Investigación de unos medios por encima de toda sospecha
Por Luis Britto García

« Quien controla el pasado, controla el presente, y quien controla el presente, domina el futuro, sentencia George Orwell en 1984. Programa tentador en una sociedad en donde un sector reducido controla casi la totalidad de los medios de comunicación. Quien quiera conocer la verdad debe leer entre las fisuras del discurso unánime, localizar sus contradicciones, interrogar con la minuciosidad con la que se examina a un testigo dudoso. Es lo que intentamos en las líneas siguientes. »

Este párrafo extraído del extraordinario trabajo de investigación de Luis Brito García, resume el drama político de Venezuela. Sirva esta edición especial de NMJ para la difusión de uno de los trabajos periodísticos mas importantes de nuestra era que todo venezolano - chavista, antichavista, "del medio" u otros - tiene el deber de leer. Nuestro reconocimiento a tan brillante intelectual venezolano. Gracias Luis por abrirnos la mente hacia la luz del conocimiento… para que no nos jodan. Sin mas comentario, queda de ustedes, Luis Brito García y su "Investigación de unos medios por encima de toda sospecha."

La BitBlioteca, Julio de 2003

http://www.analitica.com/bitblioteca/britto/investigacion_medios.asp

Versión preliminar del texto definitivo a ser publicado en papel por el Fondo Editorial Question.

Introducción

Afirmó Bolívar que «la imprenta es la artillería del pensamiento». Entiéndase bien: los medios de comunicación son y deben ser armas del pensamiento, no del dinero, de la rapacidad o de la ignorancia. No es deseable que un hombre acapare artilugios de destrucción masiva para uso particular, ni que una camarilla monopolice la comunicación para servicio de sus intereses.

Y sin embargo, bajo tal amenaza inaugura Venezuela el tercer milenio. Los partidos que abandonaron a las masas son abandonados por ellas. Los grandes capitales apuestan a la solución final de la antipolítica: abolición de partidos y dirigencias a favor del totalitarismo de un gremio de patronos y otro de sindicaleros que intentan confiscar el Estado por la fuerza bruta, legitimados o más bien dirigidos por una fracción de los medios que actúa como partido político, designa o destituye a los líderes de la oposición y les dicta estrategias y programas.

Este modelo opera en dos instancias. Frente al público, tergiversa la información haciendo pasar suposiciones, opiniones o deseos por noticias, omite hechos y suplanta a los actores políticos clausurando de hecho la democracia. Como concluye el analista Joaquín Villalobos, ex guerrillero salvadoreño y actual docente del Saint Antony’s College de Oxford: «En Venezuela, la contradicción entre medios de comunicación y partidos, que es universal, se convirtió prácticamente en sustitución. Una emisora, periódico o canal de televisión es más importante que cualquier partido y los periodistas y reporteros sustituyeron a los activistas y a los políticos» (TalCual, 26-5-03). Contra ello se pronuncian lúcidamente personas cercanas a los medios, tales como la libretista de telenovelas Mónica Montañés, quien expresa que «extraño mucho un periodismo menos protagónico, en el que el periodista sirva más como enlace entre el lector y el creador, o el político, o el economista. No me gusta esta etapa del ejercicio de la profesión en la que el periodista opina sin necesariamente estar capacitado para hacerlo. [...] Definitivamente, lo que se está viendo en los medios dista años luz de lo que a uno le enseñaron acerca de ser periodista» (Juan Antonio González: «Extraño mucho un periodismo menos protagónico», El Nacional, 2-6-03, p. A-14). En las páginas que siguen citamos numerosos juicios coincidentes.

Pero el modelo de confiscación de lo político por algunos propietarios de los medios opera también en el interior de las redes. Sus primeras víctimas son los mismos comunicadores, a quienes ciertos propietarios proscriben, censuran o cesantean cuando desacatan la línea impuesta. Se desencadena así una purga ideológica que en los primeros meses del año 2003 integra una lista negra de casi medio millar de comunicadores, columnistas y artistas despedidos o vetados. Una fracción de dueños de los medios prohíbe toda disidencia y clausura de hecho la libertad de expresión y creación.

Con esta doble táctica opera un aparato mediático que auspicia y aplaude la supresión de los poderes públicos constitucionales, la destitución de todos los funcionarios electos, el sabotaje de la principal industria de Venezuela, el desconocimiento de la voluntad soberana expresada en el sufragio, el odio étnico y la guerra civil, e instaura la censura. Como bien apunta Augusto Hernández: «Esta ley mordaza se le impuso al país el 12 de abril del 2002. Los medios privados no la protestaron, ni antes, ni durante, ni después. Más bien aplaudieron» («Una buena Ley mordaza»; Últimas Noticias, 1-6-03, p. 31).

De tal manera pretenden algunos inversionistas —muchos de ellos por cierto extranjeros— que comprar un medio es adquirir un actor político, y que poseer el actor es confiscar lo político con miras a la incautación de las reservas de hidrocarburos más grandes del hemisferio a favor de una potencia hegemónica foránea. Para ejemplo del mundo, a los venezolanos nos ha correspondido mostrar que su poder tiene un límite en la voluntad soberana.

Como regla de esta investigación pionera privilegio la cita textual, el señalamiento de las fuentes y los testimonios de opositores abiertos, que hablan por sí mismos. Si la lengua es el castigo del cuerpo, las comillas son el de la palabra escrita. Como método adopto la confrontación de unos mensajes con otros, de unos medios con otros, de los titulares con el cuerpo de la noticia, de lo que se denota con lo que se connota. No tengo la pretensión de haber sido exhaustivo. Apenas abro un campo de indagación inagotable y urgente para las confrontaciones que se avecinan.

Dedico este trabajo a los comunicadores y a los propietarios de medios que respetando las normas constitucionales y los principios éticos de la profesión mantienen un difícil equilibrio en situaciones turbulentas y respetan el derecho de su público a una información veraz, imparcial y oportuna. De su exigente tarea cito abundantes ejemplos en las páginas que siguen. Lo dedico también a quienes por mantenerse fieles a su conciencia y a su deber han sido vetados o excluidos, sin que en su defensa se hayan movido hasta el presente gremios ni organizaciones supuestamente defensoras de la libertad de expresión. Su escogencia los honra.

En Venezuela a los intelectuales o los vetan, o se vetan. Cada vez somos más quienes ni nos vetamos ni dejamos que nos veten. Después de todo, a nadie le interesa participar como colaborador o público de unos medios unánimes.


1. Auge y caída del golpe mediático

Los venezolanos inauguramos tres experiencias históricas trascendentes. El 19 de abril de 1810, la Independencia latinoamericana. El 27 de febrero de 1989, la primera rebelión masiva contra el Fondo Monetario Internacional. En la semana más larga de la década, la que concluyó el 13 de abril de 2002, padecimos y vencimos el primer golpe mediático.

El cierre patronal

Los hechos siguen un guión preciso, que vale la pena examinar. No solo repite en algunos aspectos el golpe chileno: anuncia la tentativa insurreccional de diciembre del mismo año y seguramente será instrumentado en otros países. La nómina mayor de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) empresa de propiedad exclusiva de la República, rechaza una directiva nombrada por su único accionista, se niega a rendirle cuentas, convoca a un paro no justificado por ninguna reivindicación laboral ni apoyado por los sindicatos petroleros, sabotea algunas plantas. La federación de patronos (Fedecámaras) llama a un paro nacional para el martes 9 de abril. La Confederación de Trabajadores de Venezuela (que no representa ni al 17% de la fuerza laboral, cuya dirigencia no es nombrada en votación directa por esta, y en cuyas últimas elecciones desaparecieron la mitad de las actas y la otra mitad resultó nula) se une al cierre patronal. Los medios de comunicación divulgan sus llamados en forma unánime y abrumadora.

El martes 9 y el miércoles 10 de abril camino por Caracas. Verifico que transportes, metro, bancos, comercios, farmacias, institutos educativos e industrias funcionan en un 80%. Las televisoras privadas y parte de la prensa convierten el cierre patronal en un paro virtual. Transmiten a las nueve de la mañana calles desiertas filmadas de madrugada, centros comerciales cerrados por sus dueños, y reducen Venezuela a unos dos millares de manifestantes que apoyan a la nómina mayor de Pdvsa a las puertas de la sede de Chuao. El embajador estadounidense Charles Shapiro y los representantes de la Venezuelan American Chambers se convierten en estrellas mediáticas de las transmisiones.

Crónica de una agonía anunciada

La oposición convoca por prensa, radio y televisión a una marcha desde el Parque del Este para el 11 de abril. El Dayly Journal, periódico en inglés de Caracas, da al gobierno por muerto mientras todavía gobierna: “State of agony stunts governement,” titula su edición de ese día. El Nacional encabeza en primera plana su edición extraordinaria de esa mañana: «La batalla final será en Miraflores». Es profética la prensa venezolana. Antes de que suceda, sabe que el gobierno será mortalmente herido, que habrá una batalla, que se librará en el Palacio de gobierno, que resultará «final».

Culmina así una campaña que durante años incita públicamente a los militares a la rebelión y que desde febrero del 2002 celebra como héroes a los uniformados disidentes que sin recibir ninguna sanción se pronuncian contra el gobierno electo, en actos públicos preparados con gran cobertura mediática. La mañana del 11 de abril el Presidente del gremio de patronos y el de los sindicaleros, de acuerdo con las pautas del Dayly Journal y El Nacional, desvían la nutrida multitud de clase media que se dirige desde el Parque del Este hacia Chuao, a un nuevo destino en el centro de la ciudad: contra el palacio de Miraflores. El cambio de rumbo ha sido prefigurado en las cuñas televisivas de los días anteriores, cuyo texto convoca para el Este, cuyas imágenes presentan como meta el centro de la ciudad. Los canales comerciales presentan al general oposicionista Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa gritando «¡a Miraflores!» mientras señala el nuevo rumbo con el brazo. Para facilitar el desvío, alguien hace circular el rumor de que Hugo Chávez ha caído.

Las primeras bajas fueron del oficialismo

Mientras avanza la marcha opositora desviada, una muchedumbre de simpatizantes bolivarianos rodea el palacio. Chávez empieza a hablar por televisión en cadena. Las televisoras privadas le superponen sus propias imágenes, cortan la cadena. Las policías de los alcaldes opositores Alfredo Peña y Capriles Radonsky interfieren en las marchas.

En las adyacencias del palacio de Miraflores suenan disparos. Caen manifestantes con certeros balazos en la cabeza. Como titula El Nacional del viernes 12: «Las primeras bajas fueron del oficialismo»(p. D-4).

Vale la pena detenerse en esta reseña de un diario opositor, firmada por Roselena Ramírez Prado, quien refiere que muchos de los bolivarianos gritaban «Patria o muerte»: «Y muerte fue la que tuvieron algunos. Sin saber de parte de quién, los tiros comenzaron a segar vidas revolucionarias. Las primeras cuatro bajas se contaron entre la avenida Baralt y el Palacio Federal Legislativo. Al parecer, el autor de los disparos fue un francotirador. Nadie sabe quién comenzó. De lo que dan fe los testimonios es de que los primeros muertos tenían boinas rojas; y temprano, por lo menos diez heridos eran atendidos»(ibid.).

En la edición del día siguiente del mismo diario, Rafael Luna Noguera titula «Muertas 15 personas y heridas 350 durante reyerta del jueves». Y precisa que según las estadísticas del coronel Rodolfo Briceño, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano, «siete de las personas fueron ingresadas en el servicio de urgencias del Hospital José María Vargas, dos murieron en la esquina de Capitolio —sus cadáveres fueron llevados directamente a la Medicatura Forense de Bello Monte— y seis perecieron en las cercanías del palacio de gobierno, cuando defendían la toma de ese recinto, presuntamente a manos de la policía y de militantes de la oposición» (13-4-03, D-13).

Todos los testimonios confirman lo indicado: un número considerable de las víctimas fatales cae «presuntamente a manos de la policía y militantes de la oposición» mientras bloquea con sus cuerpos la vía hacia Miraflores. Un año más tarde Wilmar Pérez, defensor inerme del Palacio y sobreviviente de graves heridas en el vientre declara que «a mí me hirió un agente de la Policía Metropolitana». José Marcelino Roa, quien estaba en la concentración que defendía Miraflores y recibió un balazo en la rótula «asegura que quienes lo hicieron fueron agentes de la Policía Metropolitana que, inexplicablemente, le venían abriendo paso a los manifestantes de la oposición» (Últimas Noticias: 11-4-2003, p.7). En El Universal del día siguiente varios heridos testimonian: «La Policía Metropolitana apuntaba a mansalva a todo el mundo» y «era un Policía Metropolitano que me sacó de la camioneta donde venía, me tiró al piso y me disparó»(p. 4.4).

Es exactamente lo que el día 11 presentan también las imágenes todavía sin editar de los canales de televisión. Hombres con distintivos bolivarianos cargan a heridos con distintivos bolivarianos. En Venezolana de Televisión, el diputado Juan Barreto denuncia que las bajas son chavistas.

Desde que truenan los disparos la marcha se transforma en caos. Centenares de partidarios del gobierno constitucional reptan en el puente de Llaguno, cercano a Miraflores, eludiendo la balacera. Tres de ellos la contestan con armas cortas.

Poco antes las televisoras comerciales interfieren y luego cortan y desaparecen la imagen de la cadena en la cual habla el Presidente electo. Aparece en las televisoras comerciales un grupo de militares que desconoce al gobierno. Un piquete toma la televisora del Estado y la deja sin señal. Otro contingente ocupa Miraflores, secuestra a Chávez, informa falsamente que el mandatario renunció. También anuncian a los venezolanos que Pedro Carmona Estanga, presidente del gremio de patronos, será ahora también Presidente de la República.

La oposición reinante

Dijo Montesquieu que todo estaría perdido si una sola persona concentrara el poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial. Pedro Carmona Estanga acapara además el poder económico y el mediático. Solo le falta declararse Dios. Tal cúmulo de potestades no lo conoció Luis XIV ni lo anticipó George Orwell. A tal neoliberal, tales medidas. En las primeras horas de su reinado, Carmona el Breve anula la Constitución sancionada por voto popular, desmantela los poderes públicos, destituye a todos los funcionarios investidos por elección popular, disuelve el «espúreo» Tribunal Supremo de Justicia, encierra centenar y medio de ciudadanos, entre ellos representantes y gobernadores electos (en tres años Chávez no había tenido un solo preso político). Esa misma noche anula las medidas que restringen la usura sobre los créditos indexados, y hombres armados desalojan campesinos de las tierras repartidas por el gobierno y queman sus viviendas. Al día siguiente, ignorando toda norma de Derecho Internacional grupos violentos y armados comandados por el alcalde de Baruta, Capriles Radonski, asedian la Embajada de Cuba, saltan sus muros, destruyen automóviles y ventanas, cortan agua y luz y pretenden penetrar por la fuerza a la misma sede diplomática.

Los medios apoyan la dictadura

Es el último engendro postmo: el empresario que intenta gobernar sin la mediación de los políticos: el capital que sustituye los mediadores por los medios. «¡Un paso adelante!» titula admirativamente en primera plana El Universal del sábado 13 de abril. Sobre la disolución de los poderes constitucionales, editorializa El Nacional de ese día que «ha hecho bien el nuevo presidente Pedro Carmona Estanga en prescindir, de un plumazo, de estos esperpentos institucionales, devaluados ética y moralmente por la escasa gallardía con que sus representantes ejercieron el cargo» (p. A-10). En reconocimiento a la complicidad comunicacional, en la misma página celebra Ibsen Martínez: «En sinergia con el decidido papel de los medios de masas, la rebelión de los gerentes petroleros fue lo que logró imprimirle un promisorio aire modernizador al movimiento con que la sociedad civil organizada derrocó a Hugo Chávez». Para evitar la divulgación extemporánea de expresiones parecidas luego de la restauración de la democracia, algunos medios destruyeron las ediciones en las que adulaban la efímera autocracia. Tal sucedió con el tiraje de esa semana de la revista Bohemia, de cuyo contenido solo quedó testimonio en algunas copias fotostáticas.

Una importante fracción de los medios, que a través de campañas sistemáticas auspiciaron e invocaron el golpe de Estado, y censuraron todo contenido adverso a este durante el 12 de abril, se reúne el 13 con el déspota Carmona para consagrar el contubernio del poder mediático con el dictatorial. Como testimonia catorce meses más tarde José Gregorio Vásquez, viceministro de la Secretaría de la autocracia:

Los propietarios de los medios dijeron que estaban dispuestos a apoyar al gobierno, siempre y cuando se respetaran los principios básicos de la democracia, siempre y cuando se demostrara que aquello no era un gobierno dictatorial ni nada por el estilo, y bajo la premisa de que la libertad de expresión permanecería intacta para informar al país lo que fuera noticia. Alguno de los dueños de los medios sí dijo que a él le gustaría sugerirle nombres a Carmona para que se encargaran de la gestión comunicacional, pero no que la asumirían ellos. Vamos a estar claros: lo que estaba en juego no era el gobierno de Carmona, lo que estaba en juego era Venezuela tal y cual la conocemos. Hacía falta la colaboración de todos. Y yo siento que, en ese momento, los propietarios de los medios estaban asumiendo la responsabilidad que les correspondía en esa tarea (Ewald Schafenberg: «El 11 de abril fuimos víctimas de una terrible improvisación»; El Nacional, 12-6-03, A-5 [publicado originalmente en Venezuela Analítica, Mi paso por un Gobierno breve [jueves 23 de mayo de 2002]]).

Reporteros sin Fronteras, en su análisis de una confesión del fugaz viceministro que circula por Internet, cita ese testimonio como un indicio sólido de que los empresarios de los medios informativos habrían optado por cartelizarse en pro de la estabilización del gobierno interino, tras la reunión convocada en palacio por José Gregorio Vásquez. Añade dicha organización: «El contenido de este documento nunca ha sido desmentido por los interesados. [...] Lo paradójico es que, de esa forma, avalaron un gobierno que, en apenas 48 horas, llevó a cabo una represión mucho más severa contra la prensa considerada próxima a Hugo Chávez que las emprendidas por este contra la prensa privada» (Loc. cit.).

Incomparable candor evidencian unos medios que esperan que se «respetaran los principios básicos de la democracia», y que «se demostrara que no era un gobierno dictatorial» el que acababa de secuestrar por la fuerza al Presidente legítimo, disolver arbitrariamente la Constitución aprobada por mayoría popular, destituir a todos los funcionarios electos e iniciar una política de detenciones masivas.

Todavía mayor ingenuidad muestran gerentes tan poco informados de lo que sucede en el país y que sin embargo están dispuestos a «sugerirle nombres a Carmona para que se encargaran de la gestión comunicacional», en el mejor estilo del bipartidismo, cuando los propietarios de los medios designaban a los encargados de controlar su gestión, y especialmente a la directiva de Conatel. En declaraciones rendidas posteriormente por el Canal 8, el presidente Chávez revela que las diferencias con los medios se agravaron cuando no asintió a una petición que en tal sentido le formularon los principales propietarios.

El pueblo reimpone la constitucionalidad

Al amanecer del día 12 hablo con gente del pueblo. Recurre una frase: «Es como si se nos hubiera muerto un familiar». Una anciana negra resume su estado de ánimo: «Hasta Dios nos abandonó». Las televisoras entrevistan a la gente que declara dirigirse a su trabajo «como todos los días», en rotundo mentís al supuesto paro. No consiguen ni una expresión de júbilo, ni una muestra de asentimiento. Por el contrario, recogen declaraciones que serán censuradas y solo teledifundidas posteriormente, como la de una mujer que grita: «¡Yo voté por él, respeten mi voto!».

El pueblo no se entrega. Esa noche se reúne una muchedumbre desarmada cerca de Fuerte Tiuna, donde se dice que está prisionero el Presidente electo. Estallan lacrimógenas y disparos al aire, que no la dispersan. El sábado 13 multitudes inermes copan Miraflores, la ciudad, las capitales de los Estados del país. La policía del alcalde opositor Alfredo Peña dispara, acumula en pocas horas decenas de muertos. Bajo la presión de las masas desarmadas, grupos militares respaldan la Constitución Bolivariana. Un pueblo privado de dirigentes por una camarilla castrense revierte la situación en pocas horas. Son liberados los ministros y las autoridades locales detenidas, que reinstauran el imperio de la Constitución. La telefonía celular corta sus redes a las cuatro de la tarde, en un intento de impedir la comunicación. Enormes multitudes rodean las televisoras. Esgrimen en sus manos un pequeño librito, que enseñan a las cámaras: la Constitución Bolivariana. Los medios que las quisieron dejar sin voto las transmiten sin voz.

El apagón comunicacional

Así como las televisoras privadas hacen aparecer una realidad que no existe —inflan concentraciones oposicionistas, convierten en paro total un cierre patronal parcial, inventan la renuncia de un Presidente que no ha renunciado— también desaparecen la realidad que existe.

La experiencia sin precedentes del apagón comunicacional —la asombrosa desaparición de todo un país de su propio espacio mediático— comienza con el desencadenamiento del operativo del golpe de Estado. Señalamos que los transmisores de las plantas privadas interfieren y desaparecen del aire la cadena presidencial que comienza el 11 de abril a las 3:45 pm. Grupos armados toman posteriormente el Canal 8 y paralizan sus transmisiones. «A esa basura la vamos a sacar del aire», declara desembozadamente en las plantas comerciales el gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza.

En todas ellas circula la orden categórica de censurar cualquier actividad de los simpatizantes del Presidente electo. Andrés Izarra, para el momento gerente de producción de El Observador, el noticiero de RCTV, declara: «Renuncié porque en el canal se impuso una línea editorial de arriba que censuraba toda información relacionada con el chavismo. Se prohibió que apareciera en pantalla personero alguno del chavismo».

Explica Izarra que «es por eso que cortaron las declaraciones del Fiscal Isaías Rodríguez en rueda de prensa del viernes por la tarde. Preparó una treta inteligente: hizo creer que iba a anunciar su renuncia, pero cuando comenzó a condenar el golpe, lo cortaron al aire» («Nunca la censura fue tan vulgar», Marcos Salas, TalCual, 24-4-2002, p.15).

Y en efecto, ratifica Isaías Rodríguez que fue repentinamente sacado del aire: «Era como si hubieran puesto presa a la libertad de expresión, como si un hecho no tangible pudiera ponerla tras rejas». A pesar de ello, la entrevista truncada fue retransmitida por BBC de Londres, CNN, Televisión Española, Televisión Argentinas, Telemundo y otras, y «eso rebotó y acabó con la agresión a la libertad de información». Se iniciaron allanamientos en persecución del fiscal, quien tuvo que asilarse en la embajada de México (Marianela Palacios: «Rodríguez propone tipificar silencios informativos como deluitos penales», El Nacional, A-4, 16-4-03, A-4).

Añade Izarra que «no se cubrió las protestas pacíficas de los chavistas en Fuerte Tiuna, tampoco otros disturbios. La línea era transmitir la idea de que todo estaba tranquilo en Caracas. Y no era cierto». Debido a las mismas órdenes, tampoco se divulgó la noticia transmitida por María Gabriela Chávez, de que su padre no había renunciado, ni la rueda de prensa de los paracaidistas que apoyaban al Presidente electo. Concluye Izarra que la censura no había sido impuesta «nunca de una forma tan explícita y vulgar como esta»(TalCual, loc. cit). Andrés Izarra es destituido de inmediato y vetado para ocupar cualquier otro cargo en las televisoras comerciales. Los gremios de comunicadores no lo defienden. Se inicia una purga ideológica que culminará con el despido de cerca de medio millar de trabajadores de los medios a comienzos de 2003.

Similar censura opera en los demás canales comerciales, y en la casi totalidad de la prensa. El general Baduell pide la restitución del Presidente electo, y los medios no lo divulgan. México, Francia y Argentina condenan el golpe de Estado, y las televisoras difunden solo la posición aprobatoria de Colombia y Estados Unidos. Hay manifestaciones a favor del Presidente electo en la avenida Morán, barrio Coromoto, Parroquia Sucre, 23 de Enero, Catia, Petare, autopista Caracas-La Guaira, Guarenas, Guatire y El Valle, y María José Mairena informa que «los presentes pedían la presencia de los medios audiovisuales, pero lamentablemente estos no acudieron, algunos de ellos porque ya habían acudido a los saqueos ocurridos en Guarenas y Guatire, donde recibieron disparos en los vehículos» (El Nacional, 13-4-02, D-14).

¿Qué información dan los canales comerciales al pueblo luego de imponer esta rigurosa censura de la libertad de expresión y de información? El 12 de abril presentan en pantalla las aparatosas detenciones de funcionarios considerados como adeptos al proceso, empujados a empellones hacia los vehículos que los llevan a la cárcel, como sucede con el ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín. El opositor Antonio Ledesma aparece en cámara con una lista de casi dos centenares de personas, cuya inmediata detención exige. También figuran en pantalla Luis Miquilena y Alejandro Armas, elevados a cargos representativos por el movimiento bolivariano, para negociar sus votos a los efectos de una farsa parlamentaria que legitimara al dictador Carmona. Represión, delación y venta de votos dejan los entretelones vergonzantes para postularse como componentes estelares del rating.

El apagón comunicacional llega a su tope a medida que la marejada popular del 12 de abril demuestra que la dictadura está aislada. Durante esa noche y el día siguiente los canales comerciales solo exhiben películas, dibujos animados, eventos deportivos enlatados. Para tener algún indicio de lo que sucede en su país, los selectos usuarios de la televisión por cable tienen que sintonizar CNN. El avestruz del poder mediático sepulta su cabeza en videos importados. Cegándose, quiere cegarnos. Quieren que no veamos: nadie los ve. De esta semana estremecedora todos debemos extraer lecciones. Ojalá los medios que quisieron ser el mensaje aprendan que golpe mediático solo impone dictador virtual.


2. Primero la sentencia, después el juicio

La invocación del golpe mediático

Quien controla el pasado, controla el presente, y quien controla el presente, domina el futuro, sentencia George Orwell en 1984. Programa tentador en una sociedad en donde un sector reducido controla casi la totalidad de los medios de comunicación. Quien quiera conocer la verdad debe leer entre las fisuras del discurso unánime, localizar sus contradicciones, interrogar con la minuciosidad con la que se examina a un testigo dudoso. Es lo que intentamos en las líneas siguientes.

En mi libro Conciencia de América Latina: Intelectuales, medios de comunicación y poder denuncio la extrema concentración de la propiedad de los medios en nuestra América. En artículos anteriores estudié la actitud de algunos medios privados frente a los últimos acontecimientos en Venezuela. El 2 de febrero de 2002 denuncié en El Nacional que la invocación del golpe se convirtió en tema esencial mediático de la oposición, señalando que las cacerolas de la oposición y las bolivarianas «claman la una por el golpe y las otras por los tres golpes», es decir, las tres comidas. Indiqué cómo desde febrero de 2002 fue estimulado y reseñado hasta la saturación el pronunciamiento público de oficiales disidentes para convertirlo en lanzamiento publicitario. Hemos visto cómo un cierre patronal parcial fue magnificado mediáticamente hasta presentarlo como paro total; cómo los medios, tras inventar una realidad que les gustaba —el consenso para un golpe— desaparecieron del aire durante casi un día la realidad que no les gustaba: el mayoritario movimiento popular que restableció la democracia en Venezuela.

Del tratamiento de esa realidad adversa dependía para los propietarios de los medios de comunicación el dominio del presente y en consecuencia del futuro de Venezuela. Se produjo, en efecto, un golpe de Estado al cual los medios habían incitado repetidamente. En diciembre de 2001 di el título de Golpe de gracia a uno de mis libros para burlarme de la nefasta campaña mediática que ya desde entonces lo invocaba. Ahora era necesario echarle la culpa al gobierno del atentado violento contra las instituciones del cual fue víctima, y que, según denuncié repetidamente, era el único plan de la oposición

Caen abaleados defensores de la constitucionalidad

En la mesa de montaje de una producción cinematográfica se eligen partes de lo filmado, se las desmenuza o se las empata en secuencias significativas hasta que adquieren el sentido que quiere atribuirles el director de la película. De igual manera los directores de los medios recomponen fragmentos de realidad para presentar la versión de ella que les conviene.

Reexaminemos algunos de esos fragmentos. Volvamos al comienzo de la tarde del 11 de abril, cuando una multitud se congrega ante Miraflores para defender al Presidente electo contra un cierre que, según declaró el día anterior José Vicente Rangel, era abiertamente «insurreccional». Retornemos al momento cuando la manifestación de la oposición en Pdvsa es desviada por sus líderes hacia el Palacio de Miraflores, y avanza hacia él por El Silencio y El Calvario. Citamos textualmente la información de El Nacional según la cual empiezan a sonar disparos contra la manifestación que defiende Miraflores, y «las primeras bajas fueron del oficialismo» (12-4-02, D-4).

Idéntica versión recojo de los testigos presenciales. La profesora Gladys Emilia Guevara, me testifica que varios de los integrantes de dicha manifestación bolivariana caen abaleados cerca de ella, en las inmediaciones de Miraflores. Igual testimonio me da la señora María Enriqueta Acosta. Como indicamos, la televisión, que cubre los hechos, muestra hombres del pueblo con franelas y gorras bolivarianas, que cargan heridos identificados de igual forma, y Juan Barreto declara en cámara: «La mayoría de los heridos son nuestros».

Guillermo García Ponce, jefe del Comando Político de la Revolución, que está presente durante los sucesos, ve caer las primeras bajas:

Una de las víctimas cayó frente al palacio. Después me dijeron su nombre. Se trataba de un empleado de los archivos de Miraflores, Nelson Eliécer Zambrano. Otro fue fulminado de un disparo en la cabeza en la cerca del cuartel de la Guardia Militar. Era Rudy Urbano Duque, artesano y artista del cuero. Un maestro, residenciado en Vargas, Alexis Gustavo Bordones Soteldo, activo luchador social, cayó muerto frente al palacio. Uno más, Luis Alberto Caro, estaba muy cerca de la tarima donde hablaban los oradores, cuando recibió un certero balazo de los francotiradores ubicados en la azotea del Hotel Ausonia, según dijeron. En la esquina de Bolero, murió Pedro Justo Linares, blanco de los disparos desde la altura de los edificios cercanos a la esquina de Bolero. Otros fueron abatidos más allá en los alrededores del Liceo Fermín Toro y en la Avenida Baralt, como posteriormente relataron los periódicos (El golpe del 11 de abril, Caracas: Comando Político de la Revolución, 2002, p. 18).

La televisión muestra igualmente centenares de personas que se arrojan al suelo y se arrastran sobre el puente de Llaguno, eludiendo disparos. Estas personas no esgrimen armas. Según reseña El Nacional, «los heridos lamentaban no haber tenido armas para “meterles un pepazo”, mientras eran atendidos por paramédicos en el estacionamiento del Ministerio de Hacienda» («Los primeros»... 12-4-02, D-4). Hasta ese momento la situación, según todos los testigos y los documentos grabados, consiste en que hay disparos contra la manifestación que defiende Miraflores. Grabaciones de video muestran que la Policía Metropolitana asciende desde la Avenida Baralt, parapetada dentro y detrás del camión blindado antimotines llamado «La Ballena».

Francotiradores liberados

¿Quiénes disparan? Los testigos presenciales distinguen francotiradores parapetados en las azoteas de los edificios Edén y Ausonia. Juan Carlos Valero, que trabaja en un edificio cercano, me testimonia también que el día 11 los ve operar desde las azoteas cercanas a Miraflores. El Nacional informa asimismo que «dispararon ráfagas de ametralladoras y otras armas de fuego» los «francotiradores apostados en varios de los edificios adyacentes a Miraflores» (12-4-03, D-4).

Ciudadanos de la multitud reunida alrededor de Miraflores los detienen con riesgo de sus vidas, obtienen su identificación, los consignan a la Guardia de Honor. Según el testigo presencial Guillermo García Ponce:

De los siete (7) presuntos francotiradores, entre ellos: 1) Luis Arturo Meneses, C.I. N° 14.783.743; 2) Nelson Enrique Rosales, C.I. N° 14.160.140; 3) Jorge M. Quintero, C.I. N° 17.126.818; 4) Robert F. McNight, (norteamericano), portando cédula de identidad venezolana N° 10.480.186; 5) Franklyn Manuel Rodríguez, C.I. N° 15.197.364; 6) Roger de Jesús Lugo Miquilena, C.I. (falsa) con el N° 10.612.977 y 7) John Carlos Muñoz Garzón, (colombiano) con pasaporte N° A-6324882; uno de ellos panameño. Tres fueron liberados el sábado 12 de abril, en horas de la mañana, por órdenes expresas del Contralmirante Carlos Molina Tamayo, hoy prófugo de la justicia venezolana. Otros fueron puestos a la orden de la Disip, pero liberados por boleta de un fiscal e inmediatamente viajaron al exterior (Op. cit. p. 20).

En efecto, informa posteriormente Últimas Noticias que «el 14 de abril estas personas fueron puestos a la orden de la Fiscalía y posteriormente fueron presentados ante el Juzgado 14, donde la jueza temporal Norma Ceiba ordenó su libertad, pese a que varios de ellos dieron positivo en las pruebas de ATD»(Willmer Poleo Zerpa: «5 efectivos de GN dispararon contra ambos bandos el 11-A».6-4-03, p.10).

Vinculados con los planes insurreccionales disparan

Casi un año después el diario Últimas Noticias informa que «cinco efectivos de la Guardia Nacional serán imputados del delito de homicidio intencional por el Ministerio Público con respecto a los sucesos del pasado 11 de abril, ya que, según trascendió, en el expediente habrían elementos que permiten establecer su vinculación con los asesinatos de por lo menos cinco de las personas muertas ese día». Añade el periodista Willmer Poleo que «revelaron fuentes extraoficiales que los cinco efectivos militares, a cuyo mando estaba un oficial, estaban vinculados con los planes insurreccionales que se desarrollaron ese día y en horas de la tarde, cuando ya se habían iniciado los disturbios, tomaron el control de la Dirección General de Custodia y Rehabilitación del Recluso, adscrita la MIJ, situado en el edificio Bolero, a escasos metros del Palacio Presidencial, desde donde habrían disparado contra los simpatizantes de ambos bandos con la intención de generar caos y anarquía» (cursivas nuestras, loc.cit.).

Ningún otro diario difunde esta vital información. El mismo día el resto de la prensa está repleta, por el contrario, de anuncios de la oposición sobre el aniversario del 11 de abril, que culpan al gobierno de las bajas de ese día.

Los medios fabrican culpables

Después de que francotiradores y policías metropolitanos disparan contra los ciudadanos que defienden al gobierno electo, Rafael Ignacio Cabrices, el concejal Richard Peñalver y Henry Atencio Atencio salen de la masa que esquiva los disparos tras la esquina Este de Puente Llaguno, sacan armas cortas, responden al fuego apuntando hacia el sur de la Avenida Baralt, por donde asciende la unidad blindada de la Policía Metropolitana, y se parapetan de nuevo tras la esquina.

Acuciosas cámaras filman su acción. Como narra Maurice Lemoine, periodista de Le Monde y testigo presencial: «Filmada desde otro ángulo desde un inmueble, esta escena conmocionó a Venezuela. Sacada de su contexto, difundida en circuito continuo por todas las cadenas de televisión, ella permitió afirmar que el 11 de abril los partidarios del presidente Chávez, rebautizados como “francotiradores”, habrían disparado sobre una multitud desarmada». Pero, añade Lemoine: «Se ve claramente en mis fotos que se trata de lo contrario: es la masa de simpatizantes de Chávez la que se protege agachada, para escapar a los tiros de los franco-tiradores» (Le Monde Diplomatique, agosto de 2002). La televisión difundió, en vivo y en directo, a esta muchedumbre desarmada que se arrastraba por el suelo esquivando disparos.

En el mismo sentido escribe el profesor Gregorio J. Pérez Almeida: «Basta recordar las imágenes de los hombres disparando desde Puente Llaguno: una vez que se comenzó a investigar científicamente el asunto, se determinó que no disparaban sobre la manifestación de la oposición, tal como nos “leían las imágenes” los periodistas de los canales de televisión que cubrían los sucesos del 11 de abril de 2002» («Homo videns», Primeras Ideas, 3-11-02, p.9)

Las imágenes televisivas todavía no editadas de ese momento, los testimonios de los testigos presenciales y las fotografías de Lemoine confirman unánimemente que los bolivarianos se agachan, se arrastran por el suelo y se parapetan para esquivar una cortina de disparos que los abate sistemáticamente. Según reseña el diario opositor El Nacional: «Por lo menos los primeros cuatro que murieron quedarán para la historia como mártires de su revolución» («Las primeras bajas fueron de la oposición», 12-4-02, D-4).

No solo ellos: la casi totalidad de los asesinados de ese día y de los siguientes eran simpatizantes bolivarianos. El día inmediato, la prensa opositora solo puede señalar dos víctimas fatales identificadas en forma precisa con la oposición: Alexis Bordones, ex empleado de Corpoven, y Jesús Orlando Arellano, conserje de un edificio de Chuao (El Nacional, 12-4-03, C-7). Pasa un año, y con todos los medios investigativos y de divulgación en su poder, los opositores no pueden precisar otras víctimas fatales entre sus propias filas. En consecuencia, confiscan para su bando las bajas bolivarianas, tratando a todos los asesinados el 11 de abril como «mártires de la oposición» y no como víctimas de ella.

Paralelamente, parte de los medios de comunicación privados asumen la tarea de hacer responsables de todas las muertes del 11 de abril a las tres personas a quienes se bautiza como «los pistoleros de Llaguno». Y en consecuencia, al presidente Chávez.

No inquieta a los medios el enigma de cómo tres personas que disparan a toda prisa y sin apuntar hacia una avenida por donde solo sube la Policía Metropolitana parapetada en un unidades blindadas (la manifestación opositora buscaba pasar por la ruta paralela de El Calvario) pueden ser responsables de más de una decena de bajas civiles que caen antes de sus disparos en las inmediaciones de Miraflores y en un área de unas diez manzanas alrededor del palacio. Indiqué que Juan Carlos Valero, que trabaja en un edificio de la zona, me testimonia el día 12 que desde sus ventanas veía perfectamente disparar a los francotiradores. Las acuciosas cámaras de las televisoras privadas, instaladas en las azoteas de los edificios vecinos al mismo nivel de los francotiradores, no los filman. Si registran alguna imagen de ellos, las plantas no las difunden.

Como hemos visto, poco después del tiroteo, la camarilla militar secuestra al Presidente electo, divulga falsamente su supuesta renuncia, asume el poder violentamente y designa a un dictador que a su vez disuelve la totalidad de los poderes públicos, invocando como excusa las bajas ante Miraflores. Tal patraña ofende la inteligencia cuando todo el público sabe que desde un año antes gran parte de los medios invocaban al golpe y difundían estruendosamente los llamamientos públicos de oficiales para desconocer al gobierno legítimo. De hecho, conforme informa Eleazar Díaz Rangel, «la conspiración militar había comenzado seis meses antes, según expresa revelación de algunos de los involucrados» («Viajes, paros, marchas y disidencia militar» Últimas Noticias, 11-04-03, p. 1).

Según parte de los medios, derrocar a un gobierno legítimamente electo habría sido un recurso indispensable para controlar a tres personas que accionaron armas cortas para responder a una cortina de fuego de armas largas. El dictador Carmona inicia el centenar y medio de detenciones de las escasas horas de su gobierno con aparatosos allanamientos televisados en los cuales caen presos ministros, diputados, gobernadores, y los ciudadanos que respondieron al fuego desde Llaguno. «Ruego a Dios que se demuestre que no he herido ni muerto a nadie», clama uno de ellos, al ser arrastrado.

La misma noche hay una concentración popular de apoyo al régimen legítimo en Fuerte Tiuna, y en ella y en las adyacencias de El Valle mueren abaleadas nueve personas más, sobre las cuales los medios tienden un telón de silencio. Al día siguiente una avalancha popular y el pronunciamiento de militares institucionalistas restituyen la constitucionalidad. Durante el efímero reino del dictador Carmona siguen cayendo víctimas abaleadas por tiradores no identificados. El Universal del siguiente lunes 15 totaliza 51 muertos a balazos durante el fin de semana. Sobre ellos los medios de comunicación tienden otra cortina de silencio.

Solo después se revela lo peor: las muertes del 11 de abril fueron planeadas anticipadamente, con evidente complicidad y encubrimiento de una parte de los medios.


3. Sangre, mentiras y videos

Va a haber unos muertos

En efecto, en el foro «El periodismo en tiempos de crisis», celebrado en la Universidad Bicentenaria de Aragua, el corresponsal de CNN Otto Neustald declara para la grabación de video: «El día 10 en la noche me llaman por teléfono y me dicen: “Otto, mañana 11 viene un video de Chávez, la marcha se va hacia el palacio de Miraflores, va a haber unos muertos y aparecen 20 militares de alto rango pronunciándose en contra del gobierno de Chávez y pidiéndole la renuncia al Presidente”. Esto me lo dicen el día 10 en la noche». Luego, desde la noche anterior los participantes en el video sabían que iban a filmarlo y que «va a haber unos muertos». No era raro que algunos diarios prepararan ese día ediciones donde profetizaban la «agonía» del gobierno como consecuencia de una «batalla final» que se libraría «en Miraflores».

Ellos eran los que iban a poner los muertos

Permítasenos un replay. Neustald simplemente confirma el testimonio publicado en prensa del ex jefe del Estado Mayor Conjunto vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, quien narra cómo el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez le explica el nombramiento de un presidente civil: «Porque ellos eran los que iban a poner los muertos». Entonces yo digo: no puede ser ¿o sea que estos sabían que iban (sic) a haber muertos?» (El Nacional, 1-6-2002, p. D-1).

Añade Otto que el día 11 en la mañana le dicen «todo sigue como estaba preparado, viene un video, vienen los muertos y salen los militares». Y confirma: «yo tengo grabado el video de la prueba esa que se hizo, y en esa prueba, que no la tengo aquí lamentablemente, ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle». Según el minucioso Otto, el video con el pronunciamiento de los oficiales fue grabado dos veces, a partir de las 2:15 y ya se mencionaban en la primera versión «muertos provocados por francotiradores». Mientras que hasta las 3:45 pm. Radio Caracas Televisión informaba que no había incidentes en la calle.

¿Qué sucedió en realidad? Nadie estaba en todas partes para verlo todo. Pero es obvio que en su saturativa versión de los hechos las televisoras privadas omitieron intencionadamente lo esencial. Presentaron a las víctimas como agresores, y ocultaron que los agresores premeditaron sus víctimas. En el cierre del foro la esposa de Otto, Gladis Rodríguez, deplora que en la apertura del evento «acabamos de ver un video muy parecido a lo que durante mucho tiempo difundieron las televisoras privadas y ustedes lo aplaudieron».

Leer un video es más difícil que leer un texto. En él la edición selectiva es engaño, y la omisión, confesión. Más fácil se atrapa a un embustero que a un ladrón.

Culpables sin crimen

Así, los golpistas interesados en legitimar un golpe preparado e invocado comunicacionalmente durante un año improvisan la mentira de que lo lanzan en respuesta a los ciudadanos que contestaron a la balacera que mató e hirió a los defensores de Miraflores. El Nacional del sábado 13 de abril editorializa que «ahora vienen con el cuento cínico, tal como lo dijo ayer el fiscal, del “golpe militar” para ocultar la responsabilidad d Hugo Chávez al ordenar a sus colaboradores que se disparara a mansalva contra mujeres, niños y jóvenes desarmados» (P.A-4).

Fracasado el golpe, los medios insisten en esta falsedad para exculpar a los golpistas. Tras pocas horas de detenido, el ex dictador Carmona es remitido por una juez a su mansión, de donde escapa fácilmente al exterior. Parte de la prensa y las televisoras privadas celebran el hecho, y mantienen una infatigable campaña de linchamiento comunicacional para que los «pistoleros de Llaguno» sean mantenidos en prisión y declarados culpables antes de cualquier juicio. Cuando una jueza los pone en libertad, arrecia la campaña, solicitando esta vez el enjuiciamiento de la magistrada.

En los titulares periodísticos de esta campaña, cuyo centimetraje quizá bastaría para dar la vuelta el país, se omite como de costumbre el hecho fundamental. Así El Nacional del 14 de julio de 2002 titula «Experticias indican que pistoleros de Llaguno dispararon contra policías y manifestantes». En el cuerpo de la noticia se desliza que por el contrario los fiscales del Ministerio público señalaron que «a pesar de estar demostrada la intencionalidad de estos, no es menos cierto que el resultado querido no se pudo llevar a cabo por causas ajenas a la voluntad de ellos (cabe la posibilidad de que los objetivos se movieran y por la falta de destreza por parte de los tiradores)». Vale decir: el supuesto «resultado querido» (herir o matar) «no se pudo llevar a cabo», lo cual significa que quienes dispararon desde Llaguno ni hirieron ni mataron a nadie.

Si los acusados no son culpables, entonces ha de serlo el juez. El Nacional del 3-7-2001 titula «Tribunal Supremo de Justicia ordenó medidas disciplinarias contra jueza del caso Llaguno». Una vez más el titular esquiva lo esencial. En el cuerpo de la noticia se informa que la jueza de control 40 Norma Sandoval ordena la excarcelación de los tres detenidos porque «la imputación por el delito de homicidio calificado en grado de frustración fue formulada sin presentar prueba alguna y, en particular, sin identificar con precisión a las víctimas»(Subrayado nuestro). Extraño homicidio, sin pruebas y sin víctimas. Añade la juez que «surge la posibilidad de que los imputados dispararan después de haber sido atacados por personas desconocidas que se encontraban en diferentes pisos y ventanas del hotel Edén e inclusive por funcionarios policiales contra las personas que se encontraban en el dicho puente». Y concluye que «la población se pone al corriente de unos acontecimientos que son difundidos de manera uniforme por diversos medios que podrían ser falsos, pero que mientras no se desmientan se reputan como ciertos».

Criminales sin culpa

Ello no obstante, la realidad aparece fragmentariamente, casi a escondidas, en los propios medios de comunicación. El director de la Policía Metropolitana Henry Vivas reconoce públicamente que los agentes de este cuerpo represivo salieron a la calle el 11 de abril con guantes quirúrgicos puestos (El Nacional, 11-5-02, A-5). Vale decir: adoptaron la precaución del homicida premeditado, que sabe que ha de matar y está dispuesto a ocultar sus huellas digitales y las trazas de pólvora que pudieran ser reveladas por las experticias forenses.

La cautela no fue inútil. Videos difundidos apenas en agosto de 2002 por el Canal 8 contienen las declaraciones de sobrevivientes y malheridos del tiroteo del 11 de abril, en su mayoría defensores del orden constitucional. Videos que los medios privados no han difundido muestran en forma flagrante a miembros de la Policía Metropolitana disparando durante los sucesos del 11 de abril. El Nacional del 23 de agosto de 2002 en su página D-27, bajo el anodino titular «exhumaron cadáver de víctima del 11 de abril», disimula una noticia de singular importancia: «El reporte oficial revela que el proyectil extraído del cuerpo de Erasmo Sánchez era calibre 5.56 Remington, utilizado por fusiles M16 y subametralladoreas HKJ modelo 33, como las que presuntamente, portaban funcionarios de la Policía Metropolitana durante la masacre de El Silencio».

Luego, la Policía Metropolitana salió dispuesta a ocultar premeditadamente con guantes la autoría de sus disparos, en efecto disparó, y hay evidencia de que sus proyectiles resultaron mortales. Bueno es recordar que esta Policía opera como una suerte de ejército privado de Alfredo Peña, alcalde elegido con los votos de los simpatizantes bolivarianos, que tras ocupar el cargo se vuelve acérrimo opositor del Presidente electo.

Crónica de unas muertes anunciadas

Todavía más contundente es el testimonio del ex jefe del Estado Mayor Conjunto vicealmirante Bernabé Carrero Cubero, quien narra cómo el insurrecto vicealmirante Héctor Ramírez Pérez explica el acuerdo antes del golpe para el nombramiento de un presidente civil así: «Alguien le pregunta por qué un presidente civil y por qué la oposición reclamaba esas condiciones. Y entonces él responde: “Porque ellos eran los que iban a poner los muertos”. Entonces yo digo: no puede ser, ¿o sea que estos sabían que iban [sic] a haber muertos?» (El Nacional, 1-6-2002, p. D-1). Y hemos citado las informaciones de Últimas Noticias el 6 de abril de 2003 que sindican como francotiradores a cinco efectivos de la Guardia Nacional «vinculados con los planes insurreccionales» (p. 10).

De tal conjunto de indicios se desprende una cadena de los hechos absolutamente diáfana:

1. No hay pruebas de que los tres ciudadanos que respondieron al fuego desde el Puente de Llaguno hayan herido o muerto a nadie.

2. Sí hay pruebas de que la mayoría de los muertos y heridos eran defensores del Presidente electo.

3. Sí hay pruebas de que en la oposición «sabían que iba a haber muertos».

4. Sí hay pruebas de que la Policía Metropolitana salió dispuesta a disparar y con guantes quirúrgicos para esconder la autoría de los disparos.

5. Sí hay pruebas grabadas en videos de que dispararon.

6. Sí hay un informe que afirma que proyectiles y armas del tipo que usaron causaron heridas y muerte.

7. Heridos sobrevivientes declaran inequívocamente que la Policía Metropolitana disparó contra ellos, como Wilmer Pérez y José Marcelino Roa, quien declara haber sido víctima de «agentes de la Policía Metropolitana que, inexplicablemente, le venían abriendo paso a los manifestantes de la oposición».

La razón de la sinrazón

A una parte de los medios le toca la ardua tarea de convertir esta cadena de evidencias duras en una sentencia sin juicio, que revierta su significado en el encadenamiento siguiente:

1. Los primeros muertos y heridos que cayeron habrían sido víctimas de los «pistoleros de Llaguno», aun antes de que estos sacaran sus armas.

2. Al disparar hacia la Avenida Baralt, por donde subía la Policía Metropolitana parapetada en vehículos blindados, los «pistoleros de Llaguno» habrían logrado el milagro balístico de que sus proyectiles se devolvieran e hirieran a gente instalada ante Miraflores, y en un perímetro de diez cuadras de distancia.

3. Al mismo tiempo, habrían operado el prodigio de que sus proyectiles de armas cortas se convirtieran después del disparo en balas de fusiles M16 y subametralladoras HK modelo 33 como las que portaba la Policía Metropolitana.

4. Los contradictorios tiradores también habrían cometido el error político inadmisible de disparar contra sus propios partidarios, a los que intentaban defender.

5. Y todo ello sería responsabilidad directa, única y exclusiva del presidente Chávez.

Esta patraña no solo es consagrada por los medios vernáculos: se consigue un Premio Rey de España para el camarógrafo que grabó las imágenes que luego fueron selectivamente editadas y manipuladas.

En virtud de tal superchería, sostiene la oposición que sería legítimo deponer al Presidente electo, bien por la fuerza o por una sentencia que comulgara con estas pruebas de molino. ¿Resulta concebible que un tribunal, por no decir algunos medios, respalden esta inadmisible sucesión de sinrazones? Todo es posible en un país donde el Tribunal Supremo de Justicia juzga posteriormente que el alzamiento de uniformados que deponen y secuestran al jefe del Estado electo y derogan el orden constitucional resulta no ser rebelión militar ni tiene culpables. Como en el País de las Maravillas, después el juicio, primero la sentencia.


4. Los traficantes de difuntos

La Historia vuelve a repetirse

Los medios de comunicación de masas tienen como figura retórica favorita la reiteración: la infinita repetición de un contenido. Una vez que se articula la estrategia de culpar al gobierno de los muertos que la oposición causa, el procedimiento se repite hasta el cansancio.

También se reiteran los operativos de derrocamiento del gobierno. Durante los meses que siguen al fallido golpe de abril, la facción golpista de los medios inventa el grupo de los «comacates», supuestos militares que aparecen en pantalla enmascarados y siembran la prensa de comunicados anónimos en los que amenazan que «cuando salgamos nosotros, a nadie le va a dar tiempo de nada» (El Nacional, 6-8-03, D-3). La oposición monta un show televisivo permanente en la Plaza Altamira, en donde oficiales que dicen tener comprometida a la mayoría del ejército son aclamados en una suerte de verbena golpista. Una vez más el Presidente del gremio de patronos Fedecámaras y el del gremio de sindicalistas espurios CTV dirigen la oposición. Una vez más la mayoría de los medios convoca a un cierre patronal insurreccional, que arranca el 2 de diciembre de 2002 sin otros adherentes firmes que algunas franquicias de lujo y centros comerciales en las urbanizaciones residenciales del Este de Caracas. De nuevo los medios se enzarzan en un saturativo llamamiento a la desestabilización.

Una vez más, la nómina mayor de Pdvsa se insubordina contra la Nación, fuerza un paro no aprobado por los sindicatos de Fedepetrol ni justificado por ninguna reivindicación laboral, sabotea las instalaciones a su cargo e incluso detiene los tanqueros mediante actos de piratería de los capitanes en alta mar. El sabotaje y la consiguiente baja de producción causa a la República daños cercanos a los 5.000 millones de dólares.

Nuevas víctimas falsamente imputadas al gobierno

De nuevo, ocurren homicidios de los cuales la prensa opositora acusa irresponsablemente al gobierno. Cuando empieza a desfallecer el cierre patronal a los cinco días de declarado, el taxista lusitano João de Gouveia irrumpe el 6 de diciembre en la plaza Altamira, dispara ante las cámaras contra los allí reunidos, causa dos muertes y numerosos heridos y al ser aprehendido declara en forma incoherente que su acción fue «contra Globovisión, que me ha secuestrado y me ha violado». Los medios responsabilizan al Presidente, sin prueba alguna, en una campaña que logra la radicalización del cierre. Cinco meses más tarde, tras rigurosos exámenes de 25 sicólogos y siquiatras que diagnostican «transtorno de personalidad, paranoia, delirios de grandeza y de persecución», los tribunales condenan a Gouveia a 29 años y 11 meses de prisión, sin que de la sentencia trascienda el menor vestigio de complicidad con el proyecto bolivariano («Los Domingos de Díaz Rangel», Últimas Noticias, 25-5-03, p.11).

Los asesinos confiscan las víctimas

Una vez más se propician manifestaciones hacia las cercanías de instalaciones estratégicas, que indefectiblemente culminan en exhortaciones para la toma de ellas.

Así, el día viernes 3 de enero de 2003 la oposición convoca una marcha cuyo permiso se extiende hasta las instalaciones de la Procuraduría General de la República en el Paseo Los Próceres.

Una vez más, los dirigentes la azuzan a avanzar hacia una zona de seguridad: las instalaciones militares del Círculo Militar y Fuerte Tiuna.

De nuevo, la oposición avanza respaldada por la Policía Metropolitana del alcalde opositor Peña, cuyos efectivos son una vez más filmados y teledifundidos disparando armas largas. Otra vez, los bolivarianos intentan que la manifestación desbordada no sobrepase el perímetro de seguridad. La Guardia Nacional se interpone entre ambos grupos para evitar un enfrentamiento directo.

En la primera página de su edición del sábado 4, El Nacional titula: «Dos muertos durante emboscada a marcha de oposición—la Policía Militar y chavistas atacaron a los manifestantes». Por la televisión los dirigentes opositores ratifican la tesis de la «emboscada». No se informa sobre la filiación política de los muertos. Se induce capciosamente al público a inferir que las víctimas de una «emboscada» de «la Policía Militar y los chavistas» han de ser opositores.

En realidad sucede exactamente lo contrario. Las víctimas Óscar Gómez y Jairo Gregorio Morán eran simpatizantes del movimiento bolivariano, cosa que apenas aparece reflejada de manera tardía y tangencial, a través de las declaraciones de sus deudos —y no en los titulares— en la edición de El Nacional del domingo 5. Una hermana de Jairo Gregorio Morán, según la misma noticia, «le preguntaba a los periodistas para qué medio trabajaban y dijo: a ustedes no les voy a declarar, porque después escriben lo que no es» (p. B-14). A pesar de ello, durante más de 24 horas las víctimas bolivarianas son utilizadas para el macabro propósito de alimentar la indignación de los opositores y ocultar la posible responsabilidad de estos. La mejor manera de escribir lo que no es consiste en no escribir lo que es.

El engaño repetido

Decía Goebels que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Ciertos medios parecen querer transformar el mismo fraude en realidad a fuerza de reiterarlo mil veces. Para el 24 de mayo de 2003 la oposición convoca una marcha destinada a la «reconquista del Oeste», o más bien del barrio popular de Catia. Ese día el artículo de Fausto Masó se titula «El diablo anda suelto en Catia», y abunda en expresiones que profetizan muerte: «¿Andan buscando un muertecito los adecos? [...]Quizá haya sangre[...] La política real, la verdadera, obliga a tomar decisiones en las que se arriesga la vida de los otros [...]» (El Nacional, A-6). Ocurre la muerte anunciada. El 25 de mayo El Nacional titula en primera plana «Emboscada chavista en Catia causó un muerto y 17 heridos». De nuevo hay que escudriñar las páginas interiores, donde el diputado del Movimiento Quinta República Omar Mezza Ramírez «informó que Modesto Matías Sucre, quien resultó muerto en las acciones violentas ocurridas ayer en el oeste de la ciudad, pertenecía a esa organización política» (loc. cit. 25-5-03, A-5). No se preguntan jamás los medios por qué las «emboscadas chavistas» causan siempre víctimas bolivarianas.
Si las víctimas no existen, hay que inventarlas

Cuando no hay muertos para este propósito, la oposición y sus medios los inventan. Tras el sabotaje de gerentes de la nómina mayor y capitanes de tanqueros contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), los medios opositores corean el lema de que los trabajadores leales no pueden poner en marcha la empresa sin producir una catástrofe. En prueba de lo cual a comienzos de enero el gerente petrolero saboteador Juan Fernández anuncia la muerte en accidente del trabajador de la industria Alirio Carrasquero. En su opinión «esto demuestra que Pdvsa no está siendo operada por gente preparada». Los medios repiten el anuncio sin verificar.

El único problema es que el presidente Hugo Chávez Frías presenta al supuesto muerto «en vivo» en su programa televisivo Aló Presidente del domingo 12 de enero. Uno de los presentes cita a Zorrilla: «Los muertos que vos matáis/gozan buena salud». El Nacional refleja el hecho el lunes 13 con el críptico titular «Juan Fernández informó sobre el fallecimiento sin haberlo confirmado».

Las bajas son así irrespetuosamente reclutadas por los medios como coartada de sus victimarios o enviadas al otro mundo mientras todavía están en este. No se puede creer en medios que ya ni en la paz de los sepulcros creen.

Epílogo tardío

El jueves 30 de enero de 2003, diez meses después de los sucesos, El Nacional titula la última página de su cuerpo B con la ambigua expresión «La Fiscalía cree tener esclarecidos 7 de los homicidios del 11-A». En el resumen informa que «a la Policía Metropolitana le atribuyen las muertes de Ruddy Alfonso Urano Duque y Erasmo Sánchez, así como haber lesionado a siete personas». Casí un tercio de los homicidios esclarecidos, por tanto, se deben al cuerpo represivo manejado por Alfredo Peña, alcalde opositor. Ni una mención de la filiación política de las víctimas. El 12 de febrero de 2003 veo en Globovisión que el orador de una concentración opositora todavía las menciona como víctimas del gobierno. Así seguirán siendo consideradas, hasta que la verdad las rescate.

Pues la modesta verdad judicial no es suficiente. Los tribunales venezolanos envían a su casa a las pocas horas de detenido al cabecilla del golpe de abril; exculpan a los militares golpistas en vergonzosa sentencia donde juzgan que no hubo golpe de Estado, y posteriormente liberan a los capitostes del intento de destrucción de la principal industria del Estado. Mientras tanto, contra los indiciados de Llaguno comienza un calvario de prisiones y de acoso mediático que todavía no cesa.

Casi un año después de los sucesos, la Corte de Apelaciones del Estado Aragua libera mediante medida cautelar sustitutiva a los indiciados. La prensa apenas aclara que «la decisión fue tomada una vez que el tribunal constituido por los tres magistrados, y presidido por Fabiola Colmenares, declarara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa el pasado 7 de noviembre, desestimando el delito de homicidio calificado en grado de frustración, en consecuencia, serán juzgados en libertad». El texto periodístico omite minuciosamente toda alusión a razonamientos y conclusiones de la sentencia. Apenas un antetítulo reza «exonerados del delito de homicidio», mientras en el cuerpo de la noticia se permite decir al defensor que «está demostrado que no se le puede atribuir la muerte de ninguna de las personas fallecidas en las inmediaciones de Puente Llaguno» (Gabriela Aguilar: «Liberados los pistoleros de Puente Llaguno», El Nacional, B-15, 2-4-03). El reiterativo tratamiento infamante de «pistoleros de Llaguno» condena donde el tribunal absuelve.

Todos los demás medios omiten la vital información que divulga Últimas Noticias en el sentido de que cinco guardias nacionales «vinculados con los planes insurreccionales» aparecen como indiciados de haber disparado «contra los simpatizantes de ambos bandos con la intención de generar caos y anarquía» (6-4-03, p.10). El Nacional informa que el fiscal 4° del Ministerio Público Danilo Anderson introduce acusación formal «contra los 8 funcionarios de la Policía Metropolitana, implicados en la muerte de 2 personas y 35 lesionados, en los hechos acaecidos en las adyacencias de puente Llaguno, el pasado 11 de abril de 2002». Se les acusa de los delitos de «lesiones gravísimas ocasionadas con armas de fuego a 35 personas; homicidio calificado, frustrado y consumado, en las personas de Rudy Alfonso Duque y Erasmo Sánchez, quienes fueron asesinados en las adyacencias de puente Llaguno». No se trata aquí de «víctimas indeterminadas». Homicidas y víctimas son enteramente reales: los unos de la oposición, las otras constitucionalistas (26-5-03, p.B-17). Más de un año se tarda en acusar y detener a quienes asesinaron: el mismo tiempo llevan detenidos quienes se defendieron de ellos sin causar víctimas.

Como si fuéramos invisibles

El primer aniversario del 11 de abril, David Gonzáles recoge opiniones de los simpatizantes bolivarianos víctimas de la balacera. Yesenia Fuentes, quien recibió un balazo en la cara, dice que «Muchos de nosotros hemos estado sometidos a un veto de los medios de comunicación y nuestra versión sobre esos hechos es prácticamente desconocida para el resto de los venezolanos». Edgar Márquez, cuyo húmero izquierdo fue pulverizado por un proyectil de ametralladora, expresa que «Estamos vivos, existimos, pero nos han tratado como si fuéramos invisibles». Luis Mata, cuya arteria femoral derecha fue seccionada por otro proyectil afirma que «sería una gran decepción que no se hiciera justicia. Somos testigos de primera línea de lo que ocurrió ese día, y el resto de los venezolanos tiene que saber lo que vivimos».

La policía arremetió de una manera agresiva y desproporcionada

Según refiere González «Los tres —como ocurre con la mayoría de los oficialistas afectados por la violencia de abril de 2002— acusan a funcionarios de la Policía Metropolitana de haber gestado la masacre ocurrida aquél día». De acuerdo con el testimonio de Mata, «la policía arremetió de una manera agresiva y desproporcionada, disparando sin miramientos, cuando ni siquiera la marcha opositora había llegado a las proximidades de la zona». Márquez «afirma que a las 2:30 pm se encontraba entre las esquinas de Muñoz y Pedrera. Intentó aproximarse a una comisión de la PM» y «cuando estaba a 40 metros de distancia, me recibieron con los disparos de una ametralladora HK. Ellos sencillamente buscaban abrirle paso a la marcha como fuera, para que llegara al Palacio de Miraflores». Asimismo se informa que los bolivarianos afectados por el 11-A crearon Asovic, organización que representa «según sus propias estadísticas» a 58 partidarios del gobierno que fueron heridos y 14 asesinados. Karenina Velandia dedica dos tercios del espacio de la misma página a cubrir testimonios de los heridos de la marcha opositora. Solo se identifica a una víctima fatal en ella: Jesús Capote, y se reseña a tres heridos: Andrés Trujillo, Juan Carlos Serrano y Marina Pesate. Ninguno identifica a sus victimarios («Un año de impunidad», El Nacional, 11-4-03, A-11). Cifras y testimonios se explican por sí mismos. Si se hubieran divulgado un año antes, habrían evitado muchos equívocos.

En fin el informe de la comisión especial designada por la Asamblea Nacional para investigar y establecer responsabilidades políticas por los acontecimientos de abril exime al Presidente constitucional de toda responsabilidad en dichos sucesos, confirma que ocurrió un cruento golpe militar, que «la falsa teoría del vacío de poder deja prácticamente sin vigencia la democracia» y sindica a los medios de comunicación como elementos facilitadores del golpe de Estado mediante campañas difamatorias y desestabilizadoras, para concluir que «la responsabilidad penal de los editores y propietarios debe ser resuelta por los tribunales competentes»(Cenovia Casas: «La Asamblea Nacional eximió al Presidente de los sucesos del 11-A», El Nacional, A-7, 14-4-03).

Contumaz, en la misma página el mismo órgano contabiliza que «Abril dejó 113 víctimas», no dedica comentario alguno al centenar de ellas caídas durante la prisión de Chávez, califica una vez más como «presuntos responsables» entre otros a los absueltos «Richard Peñalver, Henry Atencio, Rafael Cabrices y Nicolás Rivera» e inventa un nuevo concepto en el derecho penal: serían responsables, textualmente, de «víctima indeterminada». No hay la menor indicación de la filiación política de los caídos. En el torbellino de tergiversaciones hay ciertamente una víctima determinada: la verdad, y a través de ella la democracia.


5. La mediocracia

¿Qué hemos descrito a lo largo de las páginas anteriores? El intento de sustituir la democracia por un nuevo modelo político, en el cual los medios suplantan a los mediadores.

Los dueños de la información

¿Cuáles son estos medios? Hay unas seiscientas cincuenta televisoras en América Latina, que ametrallan imágenes para más de cincuenta millones de receptores. En Venezuela el espacio de la radiodifusión y la televisión, bueno es recordarlo, pertenece a la República, quien puede otorgarlo o revocar el derecho a su uso mediante concesiones discrecionales. Un reducido grupo de propietarios posee unas quince televisoras en el país. De ellas solo seis tienen alcance nacional: las demás son emisoras locales. En tres de ellas, Televisora Andina de Mérida, Canal de los Niños Cantores del Zulia y Vale TV, tiene participación decisiva la Iglesia Católica. Hay una sola televisora de servicio público de alcance nacional, Venezolana de Televisión, e incipientes emisoras comunitarias de poco alcance, como Catia TV y la televisora comunitaria de Boconó. Durante varias décadas, la televisión comercial en Venezuela fue un oligopolio de dos familias, los Cisneros, que dominan Venevisión, y el grupo Bottome y Granier, que dominan Radio Caracas Televisión y Radio Caracas Radio. Contra la decidida oposición de estos grupos, surgieron posteriormente Televen, Globovisión, CMT y La Tele, los dos últimos con frecuencia VHF, de limitado alcance. Algunos de estos medios, por cierto, son de propiedad mayoritaria de accionistas extranjeros. Consorcios foráneos pretenden ser los protagonistas de la política nacional.

Estos escasos grupos económicos no solo son dueños de importantes circuitos de radiodifusión: también poseen agencias de publicidad y relaciones públicas que operan en estrecha vinculación con los canales, y consorcios disqueros y otras industrias culturales que producen el material a ser difundido, prácticas monopolísticas que los países desarrollados prohíben

Como denuncia el periodista Augusto Hernández, «tanto en radio como en TV, las concesiones o frecuencias se otorgaron en base al favoritismo partidista. Los gobiernos de turno concedían frecuencias a sus aliados políticos, entendiéndose que la contraprestación se daría en forma de apoyo durante las campañas electorales». También «se prohibía que el accionista de una radio tuviera participación en otras, pero el incumplimiento era tal que el banquero Orlando Castro llegó a poseer 40 emisoras. Los más vivos tenían canales de TV, emisoras, agencias publicitarias, disqueras y otras empresas conexas. Ellos mismos eran sus principales clientes o anunciantes» («Radio y televisión», Últimas Noticias 17-2-03, p. 30).

Este reducidísimo grupo de propietarios teledifunde para más de cuatro millones de pantallas: asignándoles conservadoramente tres espectadores a cada tubo, suman uno de los públicos más masivos y pasivos del país. Nuestros niños dedican cinco horas diarias a la teleaudiencia; los adultos -si juzgamos por la universal deserción de bibliotecas, teatros y salas de cine— casi todas las que el trabajo les deja libres. Para 1994, hay 458 radioreceptores y 169 monitores de televisión por mil habitantes (Informe Mundial sobre la cultura, UNESCO, Paris 1999, p. 363).

Igualmente concentrada es la propiedad de la prensa. En Venezuela circulan dos centenares de revistas y medio centenar de diarios. Los seis principales son poseídos cada uno por un específico grupo familiar. En más de uno el capital extranjero tiene también peso determinante. Los propietarios del cotidiano lo son también con frecuencia de un tabloide paralelo, de revistas y otras publicaciones y de agencias de publicidad, relaciones públicas y asesoramiento de imagen vinculadas. Nuestras rotativas imprimen cotidianamente cerca de dos millones de ejemplares; para 1994 había 206 ejemplares de periódicos por mil habitantes. Si todos se vendieran y cada uno llegara a dos lectores, estos constituirían un público de casi cuatro millones de personas que peregrina entre los estruendos de la denuncia política y las fascinaciones del horóscopo, entre los fanatismos del deporte y los esteticismos de la página de arte.

Evitemos las generalizaciones fáciles. Cuando nos referimos en este trabajo a «los medios» no homogeneizamos a una industria en la cual participan centenares de órganos y laboran decenas de miles de personas, muchas de ellas excelentes profesionales. Quienes intentan sustituir a los mediadores políticos no son los medios, sino sus propietarios: una específica fracción de estos que se considera por encima de la Constitución y de la mayoría electoral, algunos de ellos extranjeros o representantes del capital foráneo. El reducido grupo de amos de la información determina inapelablemente qué se difunde y quién trabaja en cada medio. La gran propiedad confisca no solo la libertad de expresión sino también la participación política, asumiendo todas sus ventajas y ninguna de sus responsabilidades.

A pesar de ello, comunicadores probos se esfuerzan constantemente por informar con veracidad y opinar con independencia. Gracias a ellos es posible la contralectura de los medios que intentamos en el presente trabajo. Vaya a ellos nuestra solidaridad y nuestro deseo de que puedan en el futuro expresarse con toda plenitud y sin trabas.

Se expresan en los términos que desean, como lo desean

Estos medios, bueno es recalcarlo, a partir de 1999 operan con la más absoluta libertad. Durante el bipartidismo fueron frecuentemente comprados a cambio de la postulación de periodistas como parlamentarios o el otorgamiento de avisos oficiales o de dólares preferenciales para la compra de papel y otros insumos, cuando no amenazados, como sucedió con la orden de captura y el exilio del editor Miguel Ángel Capriles durante la primera presidencia de Rafael Caldera.

Ahora, según evalúa José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch, «Aquí todos se expresan en los términos que desean, cuando lo desean» (El Nacional, D-4, 22-6-2002). En fecha más reciente, escribe Naomi Klein que «Dicho lo anterior, es absurdo hablar de Chávez como si fuera la principal amenaza de una prensa libre en Venezuela. Claramente, ese honor lo merecen los dueños de los medios» (Cit. por Aram Aharoniam: «Democratizar, masificar», Question, marzo 2003 p.5).

Y en efecto, ante tres años de invocación mediática del golpe militar y de la guerra civil, por parte del Estado no hay un solo medio clausurado ni sancionado, un solo periodista detenido, una sola noticia censurada, una sola garantía suspendida, ni un minuto de Estado de Emergencia. Ejemplar y casi sin precedentes respeto para con los medios, al cual estos no han correspondido con una paralela consideración ni hacia el público ni hacia la legalidad.

Mediocracia contra democracia

Pablo Antillano, columnista opositor, propone designar al nuevo papel al que aspiran algunos medios «la mediocracia», señalando sus contradicciones con la democracia. En esta, la justicia la imparten jueces y tribunales, el acusado tiene derecho a un defensor, la verdad surge de hechos y análisis; en la mediocracia los medios absuelven y condenan, la imagen es acusadora, prueba y verdugo, la condena inapelable, y la verdad pertenece a quien muestre más videos. En democracia los líderes se construyen a punta de valores, van a las comunidades, los periodistas van a ellos y escriben sobre estrellas. En mediocracia los líderes son construidos por asesores de imagen, van a programas de televisión, y persiguen a los periodistas, quienes se consideran a sí mismos las estrellas. (Pablo Antillano: «La mediocracia», El Nacional, A-5). La realidad venezolana confirma ampliamente estas apreciaciones. Quizá por ello, Pablo Antillano desaparece de los medios desde principios de 2003.

Los medios operan como actores políticos

Hasta 1998 era usual que los medios proclamaran formalmente la imparcialidad o la objetividad y que mostraran en la práctica alguna simpatía o parcialización por determinados actores políticos. A partir de ese año, ante la implosión de unos partidos tradicionales abandonados por su electorado, intentan sustituirlos asumiendo desembozadamente el papel de actores políticos. La autonomía de los comunicadores empleados en los medios se restringe cada vez más. Las informaciones son con frecuencia contradichas por los titulares que imponen los jefes de redacción; los colaboradores críticos son excluidos y los disidentes vetados. Como señalamos, en enero de 2003 cerca de medio millar de comunicadores, artistas y columnistas son despedidos de algunos medios, en la mayoría de los casos por razones de purga ideológica.

Mientras acentúan la censura interna, dueños o altos gerentes de los medios aparecen declaradamente alineados junto con las dirigencias de Fedecámaras y la CTV que proclaman los cierres patronales insurreccionales del 9 de abril y del 2 de diciembre de 2002. En su mayoría aplauden al golpe del 11 de abril y pactan el apoyo hacia la dictadura. La gran prensa —con la excepción de Últimas Noticias— se une abiertamente a ellos, suspendiendo su circulación durante los cierres patronales, aprobando explícitamente el golpe del 11 en titulares y editoriales y luego publicando ediciones de las cuales se excluye casi toda referencia a los defensores del gobierno electo, salvo las denigrantes.

A raíz de cada uno de estos acontecimientos, los principales canales comerciales inician una virtual cadena de 24 horas diarias de propaganda política, que excluye entretenimiento, telenovelas, programas infantiles o educativos para dar cabida a una obsesiva oleada de mensajes desestabilizadores. En las raras instancias en las que se transmite una cinta destinada a audiencia infantil, se la acribilla de mensajes políticos subliminales. Como resume Roberto Hernández Montoya:

No menos de cuatro canales de televisión (para no hablar de radio y prensa) se encadenaron durante 24 horas en diciembre de 2002 y enero de 2003, en ese lapso transmiten 17.600 anuncios publicitarios contra el gobierno, dedicando toda su programación, sin un segundo de tregua, a denigrar del gobierno mediante el amarillismo político, a causar toda clase de alarmas, propalando todo rumor que infundiese terror, precisamente. Es un comportamiento sin antecedentes en ninguna parte del mundo, que yo sepa («El terrorismo considerado como una de las bellas artes», Question, marzo 2003, p.9).

De la unilateralidad y la intensidad de esta campaña da testimonio el oposicionista Jorge Olavarría, quien además aporta datos sobre sus dudosos efectos:

Recapacitemos. 62 días de paro general entre diciembre y febrero, con un masivo ataque mediático de un promedio de 200 cuñlas diarias hostiles al Gobierno, en 4 canales que no estaban transmitiendo cuñas comerciales, y manifestaciones callejeras masivas diarias en todas las ciudades importantes del país, llevaron a que Chávez subiera 12 puntos en las encuestas. [...] Yo opino que el discurso radical e irracional de los voceros de la oposición logró esto» («El carrusel de bobos»: El Nacional, 17-6-03, A-6).

«El papel de los medios no consiste en informar, sino en moldear a la sociedad», declara humildemente el locutor Unai Amenábar en enero de 2003, tras una rueda de prensa en donde los periodistas extranjeros preguntan a los gerentes de los medios cómo concilian el papel de comunicadores con el de actores políticos. En fin, la coalición opositora, así como en dos oportunidades acepta como líder nato al presidente de Fedecámaras, también asume que los medios deben integrarla. Como reseña Aram Aharonian:

Incluso se habla de incorporar a los dueños y concesionarios de los medios de comunicación a la CD: algunos lo asumen como una condición para contar con los grupos económicos y de presión, y otros como única vía de impedir la difusión de mensajes, discursos y decisiones que no cuenten con el aval de la dirección política de lo que intenta ser un verdadero bloque opositor («Apostar a la gobernabilidad», Question, febrero 2003, p.40).

Vale decir, al igual que en la Edad Media, la propiedad confiere funciones políticas a propio título, no sancionadas por elección ni alternativas.

Esta usurpación de funciones es aceptada incluso por algunos antiguos críticos de los medios como Marcelino Bisbal, quien expresa:

Un medio es un actor político, debe serlo. Cerrar los ojos ante eso es no querer ver una realidad. Lo que sucede es que en un momento de crisis mucha gente percibió en los medios un papel de mediador frente al Gobierno. En consecuencia, el medio dejó a un lado, o, mejor dicho, marginó su función como industria comunicativa, su papel de medio de comunicación, y privilegió su condición de protagonista de la política (Chefi Borzachini, Rubén Wisotzky: «Hay que abandonar las agendas particulares para comenzar a pensar en colectivo»: El Nacional, 20-5-2002).

Los medios no se consideran obligados a ser imparciales ni veraces

Los medios plantean abiertamente esta nueva concepción de su rol ante representantes de organismos internacionales, y así, Marianela Palacios obtiene de José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch la siguiente declaración:

Los medios de comunicación en Venezuela no tienen obligación jurídica de ser imparciales. Ni el derecho interno ni el derecho internacional los obliga a ser equitativos en sus informaciones, análisis y opiniones. Si los medios desean asumir el papel de la oposición en Venezuela lo pueden hacer perfectamente, amparados en el derecho internacional («Human Rights Watch considera que la democracia venezolana está en peligro», El Nacional, D-4, 22 de julio de 2002).

Ignora Vivanco que «el derecho interno», en este caso el artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce que «toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial». Y su flagrante ignorancia de los derechos de los venezolanos lo lleva a sostener que estos actores políticos que manejan información sin considerarse obligados a ser imparciales ni equitativos, tampoco estarían obligados a ser veraces. Sin embargo, aparte de la norma constitucional citada, el Código de Ëtica del ejercicio de la profesión de Periodista en Venezuela pauta en su artículo 6 que «el periodismo se debe fundamentalmente al pueblo, el cual tiene derecho de recibir información veraz, oportuna e integral a través de los medios de comunicación social». Por el contrario, opina Vivanco:

El concepto de información veraz consagrado en la Constitución crea algunas dificultades, pero a este se superpone el derecho a la información oportuna. En ciertas circunstancias, la celeridad y la inmediatez que caracteriza el trabajo de los medios audiovisuales, amparados bajo el derecho a la información oportuna, riñe con el derecho a la información veraz (Loc. cit).

En otras palabras: podrían los medios perfectamente suministrar a la sociedad la mercancía de una información parcializada, falta de equidad y falaz, sin que para ello obsten disposiciones de rango constitucional. Los medios estarían, no solo por encima de la verdad, sino de la Carta fundamental. Algunos medios no se hacen de rogar para situarse por encima de toda veracidad. Según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Birns:

Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no solo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).

Si los medios no se adaptan a la Constitución, la Constitución ha de adaptarse a los medios. Las expresiones de Vivanco expresan fidedignamente las aspiraciones de los dueños de estos. En febrero de 2003 la oposición recoge firmas para una reforma constitucional. Los dirigentes de los medios hacen incluir en el formato la derogatoria del artículo 58 de la Constitución Bolivariana, sin mencionar su contenido. Acaso sin saberlo, los firmantes proponen derogar el derecho constitucional «a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica o rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes». También se propone derogar el artículo 60 ejusdem, de acuerdo con el cual «toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación». Los medios quedarían así despojados de todo deber frente a la sociedad; los ciudadanos, de todo derecho ante ellos.

Esta nueva forma de entender el juego de poder es criticada acremente por columnistas de opinión, muchos de ellos por cierto opositores. Así el guionista de telenovelas y comentarista Alberto Barrera Tyska, en su artículo «La videocracia», apunta que:

La videocracia describe perfectamente este juego donde los argumentos han sido sustituidos por versiones fílmicas [...] La política y las instituciones son prescindibles de cara a cualquier material artesanal que pueda alimentar el show mediático [...] Somos una sociedad donde nadie es capaz de saber qué está pasando. Estamos todo el día distribuyendo y consumiendo miles de versiones, democratizando la confusión. El país no vive. Solo se distrae. (Alberto Barrera Tyszka, 22-9-02 El Nacional).

El intento de constituirse en rectores de la vida nacional no mueve a los medios a mejorar su calidad. Por el contrario, según apunta el crítico también opositor Alexis Márquez Rodríguez:

En los últimos 10 ó 15 años el mal se ha acentuado. La violencia, el terror y el sexo, además de la mentira y el engaño, proliferan cada día más, tanto en la programación de los canales, como en la publicidad que transmiten. Tiros y puñetazos. Torturas, crueldad de todo tipo, insania mental y física, astrología especialmente concebida para mentecatos dominan la programación. Sin hablar de la chabacanería, la vulgaridad y el mal gusto que prolifera igualmente, sobre todo en programas supuestamente humorísticos que, con las debidas excepciones, no provocan risa, sino lástima, cuando no indignación. («¿Dónde está la trampa?», Alexis Márquez Rodríguez, El Nacional, A-8, 9-2-2003)

Por su parte, el Episcopado de la Iglesia Católica señala en abril de 1989 que «Estamos en presencia de una verdadera escalada de irresponsabilidad de ciertos medios; tenemos la impresión de que nuestros anteriores llamados y las actitudes de los perceptores han encontrado hasta ahora como única respuesta una acentuación de los males denunciados: violencia, erotismo, materialismo consumista, irrespeto a la mujer al convertirla en simple carnada publicitaria, abuso comercial de los niños, introducción de la perversidad y el satanismo bajo diversas formas» (Citado por Eleazar Díaz Rangel: «La Iglesia y la televisión, Últimas Noticias 25-5-03, p.11).

Y en el mismo sentido apunta la profesora Gipsy Nail Silva Urbina:

Observamos entonces cómo más del 50 por ciento de la programación que vemos a diario está teñida de expresiones vulgares, violencia, gestos impropios, agresión, donde adquirimos modismos extranjeros que deforman nuestro idioma. Por otra parte, la mayoría de las cuñas comerciales donde se ha venido acostumbrando al televidente a gritar y a adquirir algunos productos cuya razón primordial es el sexo. Podemos afirmar que la televisión venezolana ha permitido la burla de los espectadores en programas donde se desacredita la condición nacional, donde se ve con marcada influencia una transculturización que atenta contra nuestra idiosincracia por la transmisión de programas que en nada contribuyen a la superación espiritual, moral del venezolano atacando la unidad familiar, la moral y las buenas costumbres (Gipsy Nail Silva Urbina: «TV y educación en Venezuela»; Primeras Ideas, 3-11-2002, p.7).

Podríamos multiplicar indefinidamente citas de este tenor. Oposicionistas, Iglesia, observadores del exterior y críticos de la comunicación coinciden en que la mayoría de los medios no son actualmente las instituciones más calificadas moral ni culturalmente para dirigir una República.

Los medios designan dirigencias políticas y confeccionan sus mensajes

Si alguna vez los políticos usaron los medios, ahora los medios crean sus propios políticos. Julio Borges adquiere notoriedad en un talk show televisivo de dudoso gusto, Justicia para todos, en el cual actúa como juez en litigios de personas sin recursos, a quienes a veces se humilla y se incita a reñir ante las cámaras. Ello le da títulos para presentarse posteriormente en la escena como líder de un partido opositor cuyo nombre casi replica el del show: Primero Justicia. Las televisoras, mediante cuidadosas dosificaciones del tiempo en pantalla, deciden quién dirige y quién no dirige la oposición. Recurrimos de nuevo a los testimonios de columnistas abiertamente opositores:

Consideremos la dupla Ortega & Fernández tan solo como los sujetos —¿telegénicos?— que tanto entusiasmó a la facción de gerentes de la televisión comercial que, al parecer, ha logrado usurpar la dirección política de toda la oposición sin consultarla. [...] Ortega fue toda su vida un importante sindicalista adeco en tiempos de hegemonía adeca, algo que no te entrena para ser el líder constructor de un gran movimiento de oposición obrera. Esto último hay que ganárselo y no es cosa que pueda decretarse en la gerencia general de un canal de noticias (Ibsen Martínez, El Nacional, 1-2-03, A-9)

En el mismo sentido apunta el también oposicionista Fausto Masó:

La huelga generó que la oposición quedara descabezada. Al fracasar el paro, la CTV y Fedecámaras ya no sirven. La oposición tuvo durante tres meses una presencia abrumadora en la televisión, pero no sacó a Chávez y los líderes se derrumbaron. Es una demostración de que los líderes no se crean (Fausto Masó, El Nacional, A-2, 8-3-03).

Y concluye el también opositor Pablo Antillano:

Actores y cómicos se transfiguran también y, bebiendo brebajes pancreáticos, se convierten en diplomáticos de la incordia y analistas del entorno. Los dueños de los canales de televisión reemplazan a secretarios generales de los partidos políticos, a los actores brasileros y locales, a los líderes de opinión, a los modelos de moda, se maquillan y se auto-exaltan como héroes epopéyicos («Cables cambiados», Domingo, p.4, 16-3-2003).

Pues, en definitiva, la militancia política ha sido sustituida por la mediática, según también denuncia Pablo Antillano:

Los militantes y jefes políticos abandonan los comités y las reuniones parroquiales, renuncian a las escalinatas de los barrios, a los afiches, a los viajes semanales a sus regiones, y denigran del partido y de la organización para dedicarse a la molienda de programas matutinos, a poner tarimas para los eventos de agendas anónimas y a los trancazos de la autopista («Cables cambiados», loc. cit.).

O, según también señala Ignacio Ramonet:

Es normal que los medios hagan contrapeso al poder político, no que se constituyan en la oposición, que es otra cosa [...] Pero si esa función es legítima, lo que deja de serlo es asumir el rol político de la oposición. Y ese desliz aquí se practica sin ningún problema [...] La soberbia mediática es tan peligrosa como la soberbia política. Los medios, no solo aquí sino en muchos países, tienen una arrogancia que los lleva a creer que pueden dominar al poder político. Y aquí el poder político tiene legitimidad democrática porque ha sido elegido, el mediático no («La soberbia mediática es tan peligrosa como la política», El Nacional, D-1,7-4-02).

Y así, resume el político oposicionista Henry Ramos Allup:

Es posible reemplazar buenos políticos por malos políticos y viceversa, pero no sustituir a los políticos y a la política por empresarios metidos a políticos o por empresas y empresarios conduciendo los destinos del país para ponerlos al servicio de sus intereses particulares. Eso no es lo que pasa en los países civilizados. En esos países cada sector tiene su lugar (Allup, Últimas Noticias, 9-2-03, 9-10)

Designar un líder como quien escoge un actor es también dictarle un libreto. Las dos operaciones son una. Solo quien adhiere a la agenda oculta golpista y privatizadora logra acceso permanente a los medios; quien se opone a ella es excluido. Hemos visto como los propios columnistas opositores denuncian esta usurpación mediática, entre ellos, con la mayor explicitud, Fausto Masó:

¿Pueden los medios dirigir la oposición contra Chávez? No. Con demasiada frecuencia las cuñas de la coordinadora traslucen la mentalidad, los argumentos, los sentimientos, la visión del mundo, de los creativos de las agencias de publicidad. (Fausto Masó, El Nacional, A-2, 8-3-03)

Los medios promueven metas inconstitucionales

En el caso de que admitiéramos la suplantación de los actores políticos por los medios, cabe señalar que los partidos políticos no pueden promover objetivos contrarios a la Constitución y las leyes de la República.

Y esto es justamente lo que la ofensiva mediática pretende. La televisión y la prensa dedican verdaderas campañas a los pronunciamientos de militares que desde febrero de 2002 llaman abiertamente a la sublevación. El 11 de abril en el circuito Unión Radio el locutor César Miguel Rondón arenga que es preciso marchar a Miraflores para «sacar a ese cretino» (el Presidente electo). Entrevistado en dicho circuito, poco después del mediodía Teodoro Petkoff, director del diario opositor TalCual, declara paladinamente:

Este paro, esta marcha y estas acciones tienen por objeto tumbar al Gobierno. Es decir, los directivos de esta emisora han decidido que toda esta gente vaya a Miraflores con el objeto de derrocar al Gobierno. Ahora bien: los canales y emisoras desconocen la autoridad del poder Ejecutivo. O sea, han decidido desconocer su legitimidad y su mandato. La pregunta es esta: si el Gobierno ordena que las emisoras y televisoras transmitan en cadena con los canales del oficialismo, ¿los canales lo van a obedecer? ¿Van a acatar la orden de un gobierno que no reconocen como tal? (Enrique Amoreti: «Del Este a Carmelitas: la antesala del caos»; (Temas, 11-24 abril 2003, p. 8).

El fiscal general Isaías Rodríguez afirma que los medios privados se hicieron «cómplices del golpe de Estado» al no denunciar en su debido momento los hechos que ocurrían durante el interinato de Carmona (El Nacional, 16-4-03, A-4). «Militares superestrellas» titula en primera página del cuerpo D El Nacional del 24-10-02 una noticia sobre oficiales que tras pronunciarse contra el gobierno «se turnaban para descansar en casas cercanas», en realidad un hotel de lujo inmediato. Y en la página D-3 titula que «Coordinadora Democrática respaldó conducta cívica de militares». No se trata de respeto a la institución castrense en cuanto tal, sino como instrumento. Durante diciembre de 2002 las principales televisoras difunden hasta la saciedad las declaraciones del opositor Pablo Medina que compendian la receta opositora sobre las Fuerzas Armadas: «después de ésto habría que disolver el Ejército».

De nuevo citamos el testimonio de columnistas de la oposición, en primer lugar un valiente artículo de Milagros Socorro contra la represión del régimen de Carmona y su contraste con las libertades que el presidente electo siempre respetó a «las muchas voces que clamaron por un golpe de Estado»:

Aquí nadie es inocente. Todo el que terció en el debate público de los últimos meses puso lo suyo para encrespar los ánimos del colectivo. O es que ya lo olvidaron las muchas voces que clamaron por un golpe de Estado —que, ciertamente, no iba a ser aplicado con guantes que eliminaran las posibilidades de infligir dolor y clausuraran la muerte— las que insinuaron la conveniencia de un magnicidio, las que intentaban descalificar al gobernante con argumentos racistas(¡se acuerdan de «mico-mandante»?) y clasistas. Y nunca hubo una furgoneta con las fauces abiertas para recibir al bocón que con todo énfasis incitaba al enfrentamiento. (Milagros Socorro:»¿De qué es culpable Tarek William?» El Nacional D-9, 13 abril 2002)

La misma obsesión con soluciones de fuerza denuncia el opositor Tulio Hernández:

Y, por último, porque hasta ahora todos los intentos «por la fuerza» —el golpe de abril; el paro petrolero; el desplante cada vez más menguado, y lastre para la Coordinadora, de los militares uniformados en Altamira; el desvío de la marcha de octubre hacia La Carlota —han demostrado ser actos que, además de ineficaces para los fines con los que fueron concebidos —sacar a Chávez de Miraflores-, nos han puesto al borde de que un nuevo mandarín o una nueva cúpula —la que apunta la pistola a la sien— cargue con un poder para el cual no fue electa. («Radicales, telúricos y guerreristas», El Nacional, A-10, 15-2-03)

En el mismo sentido declara el oposicionista Claudio Fermín:

Esa es la interrogante. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¡Que le den un tiro a Chávez en la nunca? Aquí hay una cantidad de gente incitando al crimen, al asesinato, a través de subterfugios lingüísticos y no tienen el coraje de venderse como son: amigos de la muerte y capaces de cualquier cosa para desalojar a un adversario del poder (Claudio Fermín, Últimas Noticias, 2-3-2003 p.24).

Y al respecto observa el oposicionista Henry Ramos Allup:

Si algunos promovieron el paro, alentados por la idea de que después de algunos días se iba a producir una asonada militar y Chávez iba a caer, se equivocaron. [...] Ese espejismo, esta tendencia estúpida, fue alimentado especialmente en ciertos sectores opulentos que se supone son más cultos, los que llamo «mayameados» pensaron, asimismo, que aquí se iba a producir una invasión de marines al tercer día del paro, como si Estados Unidos fuese un país de animales (Últimas Noticias , 9-2-03, pp. 10-11)

Tal tendencia no escapa a quienes contemplan el mensaje de los medios desde el exterior, como Moisés Naim, editor de Foreign Policy, revista del Departamento de Estado estadounidense:

Muchos observadores extranjeros desestiman a la oposición como una coalición pro golpista formada principalmente por políticos oportunistas de la clase alta o media. Sin duda alguna, algunos manifestantes encajan en ese desagradable perfil. Tampoco hay duda alguna en cuanto a que la oposición venezolana es desatinada y propensa a los dislates. («Hugo Chávez y los límites de la democracia», The New York Times, republicado por El Nacional, B-4, 6 —3-03)

Al extremo de que el Strategic Assessments Institute menciona entre las causas del fracaso de la oposición «Esperar a que el Gobierno de Estados Unidos o los militares venezolanos, o ambos, depusieran a Chávez», expectativa obviamente estimulada por los medios y en contradicción flagrante con la Carta Magna.. Y de que, ya derrotado el cierre patronal golpista, todavía los titulares de los medios divulguen los llamados de Carlos Ortega en el sentido de que «Para que caiga el régimen solo falta el componente militar» (El Nacional, A-2 , 28-2-2003). O que los subtítulos coreen las declaraciones a página completa del coordinador general del Bloque Democrático Alberto García Deffendini según las cuales «Ahora más que nunca debe haber un pronunciamiento cívico militar de los cuatro componentes de la Fuerza Armada amparados en el artículo 350 de la Constitución» (El Nacional, A-4, 3-6-03). O que el opositor Jorge Olavarría, conocido por siempre decir lo que piensa, exprese paladinamente:

Pero esa es solo una cara de la moneda. La otra es la de una oposición que en abril y en diciembre perdió las razones de su derecho a reemplazar lo que protesta, pintándose como un remedio peor que la enfermedad. Esto crea una situación en la cual la dictadura que se hace necesaria para evitar la desintegración de Venezuela, deberá derrocar tanto al Gobierno como a la oposición. Solo así la dictadura que se hace necesaria, cumpliría con la misión histórica que las circunstancias exigen. Lo único que falta es un Guzmán Blanco y un Gómez. Casi nada. (Jorge Olavarría: «La dictadura necesaria»; El Nacional, 10-6-03, A-5)

A confesión de parte, relevo de pruebas.

Paralela al llamamiento al golpe militar, pero no menos estridente, es la incitación a la guerra civil. El 10 de febrero de 2002 El Universal recoge en sus cabezales la afirmación de Alfredo Peña según la cual «Si Chávez radicaliza el proceso provocará una guerra civil» (p. 1-6). El 21 de abril de 2002 El Nacional divulga en titulares la amenaza de Carlos Ortega según la cual «Si no transitamos el camino del diálogo habrá guerra civil» (p. D-5).

La anterior es apenas una muestra de un graneo de encabezados que tratan de imponer el conflicto fratricida como matriz de opinión. A partir de los últimos meses de 2002, El Nacional obsequia a sus lectores con facsímiles de sus primeras páginas en los grandes acontecimientos históricos. Como por casualidad, los únicos acontecimientos evocados en esta antología son alzamientos y golpes de Estado. A comienzos del año inmediato, se divulga masivamente el llamado de la Coordinadora Democrática a la desobediencia tributaria. Hacia la misma época, titula en primera página que los babalawos anuncian guerra civil. El 26 de enero de 2003 El Nacional titula que «En Caracas los vecinos se preparan para una guerra civil». Sobre esta pelea en la que, como en un célebre cuento de Cortázar, hay un solo contendor, Maruja Tabúas informa que «mucha gente se está armando, algunas personas colocaron piedras en las azoteas para lanzarlas (en edificios de la urbanización La Paz) y a otros se les indica que lancen agua hirviendo por las ventanas ante la entrada de “gente rara”. Hasta se ha reportado que hay vecinos haciendo sus propias bombas caseras; de hecho, un habitante de Los Chaguaramos reportó que ya tiene su propio arsenal con botellas llenas de clavos, soda y agua: “un explosivo”»(P. A-13). Todavía el 29 de mayo de 2003, El Nacional titula: «Chávez sigue de pie, pero el país se acerca a una guerra civil» (p.A-7).

Los medios promueven la inconstitucional privatización de Pdvsa

El objetivo de esta confiscación violenta del poder político por la minoría pudiente es la incautación del botín económico de Petróleos de Venezuela para su venta al capital privado. Señalamos ya que las crisis del 11 de abril y del 2 de diciembre de 2002 adquieren relevancia por los paros y sabotajes de la Nómina Mayor. Indicamos la situación insólita de una empresa de exclusiva propiedad estatal que le niega a la República el derecho de nombrar su directiva. Apuntamos en otro sitio que los muertos del 11 de abril bien pudieran ser considerados como las primeras bajas de la guerra contra Irak.

Luego de tres años de una actividad sin otro objetivo confeso que derrocar violentamente al Presidente electo, la oposición revela su programa. Con la excepción de Últimas Noticias, prensa y televisoras se abstienen de divulgarlo, quizá porque su primera meta es abiertamente inconstitucional: la privatización de Pdvsa. La complementan la privatización de la Educación y de la Seguridad Social, ambas garantizadas a todos por la Carta Magna (Últimas Noticias, 6-1-03, p.8).

Cinco meses después, una comisión de la Coordinadora Democrática presidida por Diego Bautista Urbaneja da a la luz el proyecto de un «Plan consenso País» que no difiere sustancialmente del anterior. Abunda en eufemismos y circunloquios para privatizar la salud mediante «opciones individuales de capitalización de pensiones o de salud, para quienes estén en condiciones de optar por ellas de un modo que los beneficie». La privatización de la educación superior parece estar implícita en el «acuerdo de los sectores académicos, gremiales y estatales para modificar la estructura gerencial y financiera de las universidades». Con respecto a los hidrocarburos, «Asumen que la industria petrolera y petroquímica requiere de un plan de negocios que abarque el crudo y sus derivados, gas, petroquímica, orimulsión y carbón. Y proponen que el financiamiento además del público provenga de la inversión privada. Pdvsa buscará diseñar su integración aguas bajo en áreas específicas y buscar mercados nuevos. Además, sugieren que en la política de producción no se mantenga el dogma la ecuación volumen versus precio» (Asunción Reyes: «Coordinadora priorizará reconciliación en eventual gobierno transitorio», El Nacional, 8-6-03, A-6).

En dos platos: vender la industria petrolera al capital privado e imponer una sobreproducción que haga caer los precios de los hidrocarburos. Parecerían cláusulas redactadas por la Comisión de Energía de Estados Unidos.

Los medios instigan a la discriminación étnica y a la violencia

Toda eliminación física es anticipada por una aniquilación semiológica. El genocidio de la Conquista fue preparado y acompañado por un diluvio de denigraciones contra los indígenas. La violencia y la represión contra el gobierno electo y sus electores —de la cual tuvimos una muestra en el centenar y medio de secuestros durante las pocas horas del régimen de Carmona— son legitimadas de antemano por una lluvia de denuestos que pretenden descalificar por el origen étnico o social. En un ensayo publicado a principios de 2002 denuncié cómo los medios dividen a la población entre «sociedad civil», por una parte, y por la otra «turbas», «hordas», «chusmas», «alpargatudos», «monos», denigraciones que pasan progresivamente de la descalificación social a la étnica («Turba y sociedad civil», El Nacional, 2-3-02, A-5).

Al Presidente, entre otros epítetos, se le asigna el de «mico-mandante» (Cit. por Milagros Socorro, El Nacional, loc .cit.). El mismo cotidiano editorializa posteriormente que en las concentraciones populares marcha «el lumpen de siempre, con sus taparitas llenas de aguardiente». Las organizaciones populares son calificadas de «círculos del terror». Una crónica social abandona su lenguaje adulatorio para titular «Retrato hablado de una boda en palacio» a la reseña del matrimonio de una hija del Presidente electo, y acumular descalificaciones contra la «ralea de los personajes» asistentes. De una ministra se dice que «ha debido pasar toda la tarde en la peluquería, sometiendo su crespa fronda a los rigores del secador para lucir esa melena tan pelo lindo». De un ministro, que estaba «gozando más que el negrito fullero»; de otra ministra «que bailó hasta tambor»; para reprobar luego «el día a día de un país marcado a fuego por el hierro de la diatriba, de la intolerancia, de los desequilibrios, de los odios azuzados como si enemigos fuéramos unos venezolanos contra otros» (Roland Carreño; El Nacional, 18-3-03, A-10).

En un artículo sobre una propuesta de nueva anexión a España, Ibsen Martínez clasifica acrimoniosamente como negros estruendosos, pardos, zambos, mulatos y afines a diversas notabilidades. Tras derramar basura ante el Canal 8, manifestantes de la oposición repelen violentamente a quienes quieren limpiar, alegando en cámara que «nosotros somos la gente pensante». En una sola oración, Marianela Salazar llama a los simpatizantes del proyecto bolivariano «gentuza subvencionada», «terroristas con trajes étnicos», «rebaño globofóbico», «sandinistas con antecedentes penales y sexuales, universitarios con vocación parasitaria a punto de doctorarse en nipleros, hippies de otoño al encuentro de la carne fresca» («El delirio final»; El Nacional, 16-4-03, A-6).

Esta sistemática denigración contra el mayoritario sector mestizo del pueblo venezolano no deja de producir efectos. Al extremo de que en el foro «El periodista: ni víctima ni verdugo» Miguel Salazar expresa «que no solo los periodistas son agredidos, sino que los periodistas también han ofendido a la gente con sus opiniones. De igual manera, condenó la toma de partido de algunos comunicadores sobre la noticia»(Últimas Noticias, 31-1-03, p. 54).

La finalidad de esta campaña consiste en capitalizar viejos prejuicios raciales y nuevas inseguridades de clases pudientes y sectores medios para el apoyo al derrocamiento violento del régimen electo. Con razón señala Amy Chua en The New York Times:

Hay también una dimensión étnica en la crisis de Venezuela. Como casi el 80 por ciento de la población venezolana, Chávez es un «pardo», un término que define a la gente piel morena propia de los amerindios o a la de ascendencia africana. La economía de Venezuela siempre ha sido controlada por una minoría de blancos cosmopolitas o «mantuanos», término venezolano para designar a las personas con características e ínfulas europeas[...] El Mercado concentra la riqueza en manos de la minoría mercado-dominante, mientras que la democracia aumenta el poder político de la mayoría empobrecida» («Poder para los privilegiados», republicado en Temas, 16-2-03, p. 12).

Mientras que otro observador del exterior, el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns concluye:

Es también la oposición quien llama a los militares a amotinarse. Es la oposición la que utiliza su casi total control de los medios para difundir información falsa y una interpretación consistentemente incendiaria y parcializada de los hechos. Es la oposición y no el gobierno la que arriesga la vida de los venezolanos al promover enfrentamientos de calle y es la oposición la que está promoviendo la guerra de clases y el odio entre pobres y ricos («Quemar la casa para eliminar el comején», republicado en Temas, 16-1-03, p.13).

La situación reviste tal gravedad que el canciller Roy Chaderton expone el 9 de junio de 2003 ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que en Venezuela hay un «racismo abierto y descarado que me obliga a denunciar a varios medios venezolanos y a presentadores de televisión y periodistas por propiciar el odio y el desprecio racial entre venezolanos. Me pregunto si no merece un mínimo de atención el hecho de que medios privados, al referirse a altas autoridades oficiales venezolanas de piel morena o negra, los llamen directamente “monos, macacos, chimpancés o monacales”. No encontrarán ustedes en Venezuela presentadores de noticias o anfitriones de programas de opinión de color negro o mestizo. En un país donde somos de todos colores y mezclas [...] no hay niños negros en los comerciales publicitarios. Solo niños rubios» (El Nacional, 10-6-03, B-6).

Tal situación evoca las más brutales prácticas de discriminación practicadas en algunas naciones desarrolladas hace medio siglo, con una atroz diferencia: no son esgrimidas contra una minoría, sino contra la absoluta mayoría de los venezolanos. Odio racial y aversión a la mayoría democrática se funden así en aleación indisoluble.

Los medios atentan contra el equilibrio de poderes

Tan autoritaria es la acumulación del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como absolutista el monopolio del Poder Económico, el Comunicacional y, digamos, el Ejecutivo y el Legislativo mediante la colocación en ellos de hombres elegidos o hechos elegir o simplemente impuestos mediante golpes de mano por los propietarios de algunas redes mediáticas.

Si los propietarios de los medios desean convertirlos en actores políticos, deben sujetarse a las reglas que se imponen a los partidos. En primer lugar, su actuación debe estar circunscrita dentro del ámbito de la Constitución y las leyes, específicamente de lo que pauta el artículo 67 de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado.

La ley regulará lo concerniente al financiamiento y a las contribuciones privadas de las organizaciones con fines políticos, y los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el origen y manejo de las mismas. Así mismo regulará las campañas políticas y electorales, su duración y límites de gastos propendiendo a su democratización.

Los ciudadanos y ciudadanas, por iniciativa propia, y las asociaciones con fines políticos, tienen derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos o candidatas. El financiamiento de la propaganda política y de las campañas electorales será regulado por la ley. Las direcciones de las asociaciones con fines políticos no podrán contratar con entidades del sector público.

He aquí un excelente programa para los medios que deseen convertirse en actores políticos. Nada más saludable que el que garantizaran la democracia interna en la elección de sus directivas y de sus líneas políticas, sujetaran a la ley el costo y duración de sus campañas y posibilitaran el escrutinio público de sus activos y fuentes de financiamiento. En los medios estadounidenses aparece periódica y obligatoriamente un Statement of ownership and property que revela quiénes poseen cada órgano. Ello permitiría, por otra parte, impedir que en la política nacional interfirieran actores políticos extranjeros o poseídos por intereses de tal naturaleza. Por otra parte, nada más ético que el que los propietarios de los medios o sus gerentes convertidos en actores políticos no puedan contratar con entidades del sector público. A tal rol, tales deberes.

Al mismo tiempo, los medios actores políticos deben respetar las reglas constitucionales contra la acumulación de poderes. Si un miembro del poder legislativo no puede formar parte a la vez del poder ejecutivo o del judicial, tampoco debería ser parte del mediático, y viceversa. Todo estaría perdido, sentenció Montesquieu, si un solo hombre o una asamblea concentrara el poder de dictar, ejecutar e interpretar las leyes. Todo estaría más que perdido, añadimos, si ese hombre o grupo de hombres ejerciera además el poder de versionar la realidad de acuerdo con sus intereses, sin rendir cuenta de sus actuaciones al pueblo.

Los medios tienen no solo el derecho, sino el deber de denunciar conductas ilegales o inmorales del poder político, pero también el de denunciar las del económico. Los medios gozan del derecho de divulgar opiniones de todo tipo, pero no un solo tipo de opiniones. Los medios pueden difundir opiniones, pero no hacerlas pasar como información, ni convertir esta en propaganda. Los medios tienen el derecho de interpretar la información, pero no del de omitirla, falsearla, tergiversarla ni retenerla. Gozan del derecho de resistir a la censura, pero no para sustituirla por otra censura propia impuesta por pequeños grupos de propietarios. La información es quizá la mercancía más valiosa en las sociedades contemporáneas. Ni la información ni el alimento pueden ser acaparados o adulterados sin perjuicio para la sociedad y responsabilidad para los culpables.


6. Responsabilidad social de la radio y la televisión

Todos somos responsables

Como comunicador, nada me preocupa más que una Ley de Responsabilidad Social de los Medios. Como ciudadano, nada me inquieta más que un sector que pretenda estar por encima de toda responsabilidad. No concibo una sociedad en la que el médico no responda de su praxis, el ingeniero de sus edificaciones, el transportista de sus vehículos.

Ninguna ley puede censurarnos

No hay censura posible. Lo manda la mayoría del pueblo que con su voto aprobó la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su artículo 67 establece que «toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura». Pocas veces me ha censurado un funcionario. Los medios, muchas.

Ningún medio puede mentir

A tales derechos, tales deberes. Dispone el artículo 58 del texto constitucional que «la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes». Quienes usamos un medio no debemos mentir, ni presentar un solo aspecto de la realidad ni revelarlo tardíamente, que son también formas de falsedad. No podemos considerarnos infalibles, ni ocultar toda crítica, ni negar el derecho a rectificación.

Ningún medio puede dañar injustificadamente
Todo poder sin límites es tiránico. Usando irresponsablemente un medio puedo quebrar un banco solvente, desacreditar un producto excelente, arruinar una reputación intachable. Sobre el derecho a la libre expresión añade la Constitución en su artículo 57 que «Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa».

Protección del honor y los menores

El artículo 58 de la Carta Magna pauta que «los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral». El artículo 60 añade que «toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación». Voz del pueblo, voz de la Constitución. A quien no le guste, que cambie de canal, o de país.

Pare de sufrir

Para disfrutar del programa de las normas de la Constitución debemos sintonizar el debatido proyecto de Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Si fuera aprobado, evitaría al usuario vejaciones que van camino de eternizarse. Por ejemplo:

¿Le ensordecen las alzas de volumen que acompañan a las cuñas? El artículo 3 del proyecto establece que los difusores «en todo momento mantendrán el mismo nivel de intensidad de audio».

¿Le atormentan los mensajes comerciales que a veces ocupan el 60% de la programación? El artículo 8 del proyecto establece que el tiempo total de publicidad, propaganda y promociones «no podrá exceder de quince (15) minutos por cada sesenta (60) minutos de difusión».

¿Lo confunden los programas educativos, de opinión o informativos que no mencionan sus fuentes? El artículo 4 obliga a identificarlas.

¿Lo desesperan las imágenes insertadas en medio del programa? El artículo 8 las limita a las emisiones en vivo y en directo de programas deportivos o artísticos, «siempre que no perturbe la visión de los mismos y no ocupe más de una sexta parte de la pantalla», ni excedan de cinco minutos por cada hora.

¿Lo enferman los infomerciales? El mismo artículo prohíbe que excedan del 10% de la programación diaria.

¿Lo mortifican las propagandas de servicios profesionales prestados por personas que no posean o cumplan los requisitos o condiciones exigidos por la ley? El artículo 9 impide su difusión en cualquier horario.

¿Arriesga su cordura con los reclames de juegos de envite y azar, sobre todo cuando utilizan niños, niñas o adolescentes? El mismo artículo las saca del aire.

¿Endurecen su corazón los llamados a la caridad que no aclaran quién administrará los fondos ni la labor social a la que se destinan? La citada disposición los prohíbe.

¿Lo arruinan las invitaciones a llamar a números telefónicos con sobrecuota, que no expresan la tarifa ni la naturaleza y objeto del servicio ofrecido? El mismo artículo también las impide.

¿Lo enfurecen las cuñas de productos que emplean la misma imagen, marca, logotipo y presentación de productos cuya publicidad está prohibida? La disposición mencionada veta su difusión.

Dañinos para la salud

Tales propagandas engañosas justamente muestran un producto inocuo para estimular el consumo de otro dañino para la salud. Uno de los mejores aspectos del Proyecto consiste en que su artículo 9 reitera la antigua prohibición de publicitar «cigarrillos, derivados del tabaco, bebidas alcohólicas y demás especies alcohólicas», por no hablar de los sicotrópicos.

Uno de los peores aspectos del Proyecto es el rumor de que asambleístas irresponsables o venales piensan eliminar estas disposiciones para permitir en radio y televisión la propaganda desenfadada del cáncer pulmonar, el enfisema y de la cirrosis hepática. Por lo visto, los nocivos para la salud son ellos.

Echamos de medio explícitas prohibiciones contra la publicidad subliminal, insertada por cierto inmoralmente en cintas dirigidas al público infantil en emisiones televisivas durante diciembre de 2002.

Nacionales y usuarios

Los porcentajes de programación radial y televisiva importada exceden frecuentemente del 60%. El Proyecto obliga a incluir por lo menos ese porcentaje de producción nacional, 70% de ella independiente.

En fin, establece el artículo 2 del Proyecto que entre dos normas o dos interpretaciones se favorecerá la que proteja al usuario. Es lo que requerimos contra medios que aspiran a la omnipotencia. Que se nos proteja, mientras aprendemos a protegernos solos. Los medios han tildado de Ley Mordaza al proyecto de norma que reconoce su responsabilidad. En el presente estudio verificamos que, en la experiencia venezolana reciente, lejos de ser víctimas de la censura, una parte de ellos han tergiversado u omitido sistemáticamente la realidad. La información debe ser liberada de la tiranía que sobre ella ejercen un puñado de dueños. Ello solo se podrá lograr de manera plena mediante la creación y multiplicación de emisoras de servicio público y canales comunitarios alternativos. Legislar sobre las comunicaciones es materia delicada pero necesaria. Ni la paternidad ni los medios pueden ser irresponsables.

El activo esencial de un medio es, después de todo, la credibilidad. Nadie ilegalizó ni prohibió los antiguos partidos del status: se desmantelaron porque sus electorados dejaron de creer en ellos. Igual destino podría estar reservado a unos medios que pretendieran engañar indefinidamente a sus públicos.

Luis Britto-García en La BitBlioteca


Los conceptos aquí emitidos son de la entera responsabilidad del autor.

Para comentarios, observaciones, preguntas y sugerencias, enviar un correo electrónico a Eugenio Carrasco: ecarrasco48@hotmail.com





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Luis Brito García.Fuente original: UnaSolaPatria.No.32. Edición Especial.

Escritor, historiador, ensayista y dramaturgo. http://luisbrittogarcia.blogspot.com

 brittoluis@gmail.com

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