¿Cómo ponerse de acuerdo con quienes deben ir presos e indemnizar al pais?

Análisis del Acuerdo Oposición-Gobierno: Un “acuerdo” que no resistirá la prueba de la lucha de clases

El acuerdo entre las representaciones del Gobierno y de la llamada “Coordinadora Democrática” opositora, postula una “salida constitucional, democrática y pacífica” a la disputa del poder planteada en Venezuela. Ha sido presentado por ambas partes como un hecho positivo y como un importante logro político. Ambas partes tratan de mostrarlo como un triunfo frente a su contrincante. Pero, más allá de lo que cada quien trata de aparentar... ¿Quién gana con el acuerdo? ¿Hay perdedores o es un resultado del tipo ganar-ganar? ¿Era necesario el acuerdo? ¿Es conveniente para los trabajadores y los sectores populares? ¿Es conveniente para el proceso revolucionario? ¿Cuales son los beneficios o perjuicios reales y aparentes del acuerdo? ¿Será cumplido el acuerdo? ¿Se calmará la oposición golpista tras haberlo firmado?

Los convidados de piedra

No es cierto que en él se hayan visto involucrados realmente los “factores sociales que apoyan al Gobierno”, ni la “sociedad civil”. Ahí sólo hubo un simulacro de acuerdo entre fuerzas políticas. En ningún caso estuvieron representadas las masas populares que salieron el 13 de abril a defender al Gobierno de Chávez y tampoco puede entenderse por “sociedad civil” un grupo de ONG´s elitescas. Nadie nos consultó a los trabajadores y a los sectores populares respecto al acuerdo, estuvo ausente el principal protagonista.
Venimos de derrotar un golpe con auspicio del imperialismo norteamericano y que logró derribar por corto tiempo al gobierno. Y aunque seguimos en un sistema capitalista, la gran burguesía nacional y el imperialismo no se resignan a confiarle a Chávez la administración de su Estado. Les incomoda porque no se sujeta a las pautas que el imperialismo dicta a escala internacional; que no se acomoda por completo a la envoltura de la “globalización”. Sin embargo, es un Gobierno que sigue las reglas del juego democrático burgués, que evita llegar a puntos de ruptura con el sistema capitalista y persigue una utopía reformadora. Por eso el gobierno de Chávez fue sorprendido el 11 de abril y no llamó a la movilización antigolpista de las masas. Por eso cayó. Pero las masas populares, pese a sus insatisfacciones, sienten a este gobierno como suyo o más cercano al pueblo. Es lo que explica que se levantaran contra la dictadura “carmoníaca” .
Por desgracia, a pesar de este triunfo popular colosal, el gobierno retomó su línea desmovilizadora, con el discurso de la “reconciliación” y el “perdón”. En lugar de terminar de aplastar políticamente al monstruo, en lugar de dejar que la movilización de las masas populares avanzara en la toma de objetivos -como las plantas de televisión privadas y los aparatos policiales del golpismo- llevó las aguas al terreno de las “mesas de diálogo”. En lugar de apoyarse en las masas triunfantes y en alza, para castigar y desarticular al golpismo, dejó que los magistrados del TSJ sembraran la impunidad y los golpistas quedaran indemnes para nuevas intentonas. Los golpistas no fueron presos, la “meritocracia” petrolera permaneció en su puesto, las policías del golpismo no fueron desarticuladas, los medios de comunicación golpistas no fueron tocados. Si se hubiese hecho, hubiéramos tenido una correlación de fuerzas más favorable para enfrentar cualquier nueva ofensiva. No hubieran sido posibles el paro-sabotaje petrolero de diciembre 2002, el llamado “paro-cívico” y el alzamiento de los militares de la Plaza Altamira.

Otra vez: la concertación y la impunidad

Nuevamente, en diciembre 2002 y enero 2003, las masas volvieron a enfrentar la conspiración de la oligarquía. La oposición logró movilizar a grandes sectores de la clase media y se constituyeron grupos de choque neofascistas que lograron ejercer control territorial en zonas de la capital. Pero fueron repelidos, una vez más, en esta ocasión con el concurso y acción conjunta de los trabajadores y las comunidades populares para rescatar los llenaderos de gasolina, las plantas de la industria petrolera, sacando a la petrocracia golpista y asediando con movilizaciones masivas a los medios “psico-terroristas” privados. Pero, también una vez más, se le puso un límite a la movilización revolucionaria, se le frenó en su disposición de desmantelar al golpismo. ¿Por qué? Porque la dirigencia oficial teme que las masas se propasen y rompan el equilibrio capitalista, que ocupen las televisoras, que asalten los puestos policiales de los golpistas, que tomen empresas de los conspiradores y saboteadores de la economía. Se le teme también a que detrás se asoma el padre de la criatura: El promotor imperialista.
Esta es la razón del acuerdo: La continuidad de una política de conciliación. Y es la expresión de presiones de sectores que están dentro del propio gobierno y del aparato del Estado. Es la lógica que lleva al reenganche de golpistas despedidos de PDVSA, bajo protesta enérgica de los trabajadores y las fuerzas populares que se movilizaron en diciembre contra el paro-sabotaje petrolero. Es lo que explica que la PM siga en pie –aún después de haber sido intervenida- protagonizando nuevos desmanes. Es lo que explica que los conspiradores sigan libres preparando abiertamente sus nuevas batallas.

El golpismo fue derrotado varias veces y el gobierno no lo remató

Aparentemente, lo ha ido venciendo progresivamente y se ha ido “estabilizando” la situación. Pero se trata de una ilusión, porque el costo es pasmar la movilización revolucionaria y mantener un estado de cosas que no deja avanzar las obras del gobierno, en medio de una situación desesperante de miseria y desempleo, de saboteo y ofensiva patronal contra la economía y en contra de la clase trabajadora. Hay que asumir que estamos en una lucha de clases. La prueba es que después de firmar el acuerdo, la oposición golpista mantiene su presión provocadora con hechos como el Catiazo y el Petarazo y ahora aparecen llamando a una nueva “insurrección” si el gobierno “sabotea” el referéndum revocatorio, cuyos requisitos la oposición no ha cumplido.

Algunas conclusiones

Con el acuerdo la oposición no logra, en apariencia y formalmente, nada nuevo respecto a lo que ya planteaba el gobierno y está contenido en la Constitución. En este sentido es un fracaso para la oposición, pero contradictoriamente, obtiene un logro muy importante: El hecho de que después de haber protagonizado todas las acciones golpistas y crímenes conocidos, el gobierno reconoció a esa oposición como un interlocutor válido y negoció un acuerdo pasando por alto todos esos antecedentes. Nadie les pidió cuenta por los costos del paro-sabotaje que ha desordenado gravemente la economía del país y que está siendo pagado por el pueblo con mayores privaciones.

Algo muy significativo es el papel del imperialismo en el acuerdo, a través de la OEA, el Centro Carter y el PNUD de la ONU. Ellos median para garantizar la supervivencia de esa oposición garante del sistema mundial (imperialista) que ellos representan. El imperialismo juega un doble rol de auspiciante del golpismo y a la vez de “mediador democrático”. Son la “zanahoria” que se combina con el “garrote”. Carter tiene experiencia en eso: Mientras la Contra sostenida por los Estados Unidos (siendo Carter presidente), presionaba por la vía armada a la revolución Nicaragüense, al mismo tiempo se montaba el acuerdo negociado de Contadora, para congelar ese proceso revolucionario y liquidarlo por la vía democrático-burguesa (derrota electoral después de desgastarlo).
Las implicaciones y consecuencias prácticas del acuerdo no dependen del acuerdo en sí mismo, dependen del desarrollo de la lucha de clases, del nivel de movilización de las masas obreras y populares y de las estrategias que más allá del acuerdo se tracen gobierno y oposición. El acuerdo ya está firmado: Veamos si el gobierno o la presión popular imponen que se haga justicia y que los golpistas paguen con la cárcel y con su capital por las barbaridades que cometieron. Los delitos de que son culpables son más que suficientes como para inhabilitarlos y ponerlos al margen de cualquier contienda democrática o electoral: No pueden ir a referéndum y postularse como gobierno alternativo quienes deberían estar presos y confiscados sus bienes. Y si lo hacen, tal referéndum no será más que otra excusa para otra gran escaramuza golpista.

► A este acuerdo general le han seguido nuevos acuerdos específicos: Asamblea Nacional, reunión con el Grupo Polar y flexibilización en las medidas de control de precios y divisas. Se puede concluir entonces que a partir del acuerdo se produjo un cambio en la situación política nacional, dominada por el proceso de negociación global, que le da un respiro considerable a la oposición y el imperialismo, los cuales empiezan a jugar todas sus cartas al próximo proceso electoral (referéndum, etc.), conservando sus ventajas, como el control mediático.

► Se impone la necesidad de la movilización para profundizar el proceso revolucionario y aplastar la conspiración. Hay que romper con la agenda de conciliación y concertación impuesta por el imperialismo y la oposición burguesa. UNETE debe ponerse al frente de las movilizaciones para enfrentar la política de estrangulamiento económico y los despidos patronales, para luchar por la nacionalización de las empresas básicas de alimentos y los servicios públicos y por un plan económico alternativo que permita superar la recesión que vive el país y que afecta a los sectores más pobres y explotados de la sociedad.

► Es el momento de seguir el ejemplo de los trabajadores petroleros, combatiendo la inmpunidad y reinfiltación de golpistas con la movilización.


Comentarios adicionales sobre los puntos del acuerdo

Los firmantes invocan un “espíritu de tolerancia para contribuir al fortalecimiento del clima de paz en el país” y se atribuyen la “convicción de encontrar una solución constitucional, pacífica, democrática y electoral”. Las partes expresan “total adhesión y respeto” a la Constitución de la RBV. Se dice que cualquier cambio debe hacerse dentro de sus normas y de una manera preferentemente consensuada. Esto ocurre con una oposición que no reconoce haber dado un golpe de Estado el 11 de abril y que no asume responsabilidad alguna sobre los atropellos y crímenes cometidos ese mismo día y durante el tiempo que duró el “carmonazo”. El gobierno tampoco lo menciona en el acuerdo, como si se tratase de borrón y cuenta nueva.

Se invocan los principios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos; el derecho internacional como norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas; el respecto a la soberanía y a la no-intervención; a la autodeterminación de los pueblos; a la igualdad jurídica de todos los estados; y a la solución pacifica de las controversias. Pero la Cláusula Democrática permite la injerencia-intervención de otros gobiernos en los conflictos internos de las naciones. Es decir se acepta que el gobierno de EE.UU. y la OEA intervengan en los asuntos internos de la nación, en desmedro de la soberanía nacional

El punto n° 9 del acuerdo se refiere a que “el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, a través de la Fuerza Armada Nacional, y policías metropolitanas, estadales y municipales, es una prerrogativa fundamental e indeclinable en la lucha contra la violencia y en la de asegurar la esencia de un Estado democrático. La función de los órganos policiales será dirigida por las autoridades civiles que ejercen su mando conforme lo disponen la Constitución y la Ley, para lo cual se deberá dar cabal cumplimiento a las disposiciones legales y a las decisiones judiciales que regulan las labores de Coordinación de Seguridad Ciudadana. En todo caso, con apego a la Ley, debe racionalizarse la tenencia de armas por parte de los cuerpos de policía, y cualquier otro organismo de seguridad con competencias nacionales, estadales o municipales. Ninguno de estos cuerpos deberá utilizarse como instrumento de represión arbitraria o desproporcionada, así como tampoco para ejecutar acciones que impliquen intolerancia política”. Aparentemente, tampoco se agrega nada nuevo a lo que ya está contemplado en la Constitución. Pero, si vamos a lo concreto: ¿Pueden mantener la Policía Metropolitana y otras policías estatales y municipales controladas por la oposición ese “monopolio de las armas” y esa “prerrogativa fundamental” cuando fueron utilizadas como aparatos armados y fuerzas de choque del golpismo el 11 de abril, en la represión a los manifestantes bolivarianos y en las acciones que acompañaron al paro-sabotaje de diciembre 2002? El acuerdo plantea las cosas como si aquí no hubiese pasado nada, como si la PM no hubiese tenido nada que ver con la masacre de la Av. Baralt y Puente Llaguno . Evidencias sobran y hay ocho policías en juicio. En la práctica el pueblo está enfrentándose a cada paso con esa policía golpista, como lo demuestran los hechos del Catiazo y el Petarazo, incluidos los destrozos cometidos contra el modulo del odiado cuerpo policial en Petare.

Cada quien entiende lo firmado a su manera. Peña, Leopoldo López, Radonsky y Salas Feo no van a entender que como debe “racionalizarse la tenencia de armas por parte de los cuerpos de policía”, entonces la PM no puede utilizar armas de guerra como las que sacó a relucir durante sus operaciones golpistas. Ellos van a reclamar el “derecho” a monopolizar las armas frente al pueblo desarmado o se basarán en el punto n° 10 para insistir en desarmar al pueblo que le opone resistencia al golpismo con la cantaleta de que hay que desarmar a los “Círculos Violentos”, como ellos le llaman a los Círculos Bolivarianos. Así dice el mencionado punto del acuerdo: “Nos comprometemos a adelantar una vigorosa campaña de desarme efectivo de la población civil, basada en la ley aprobada en la Asamblea Nacional, haciendo para ello uso soberano de todos los mecanismos y recursos que en ella se prevén, así como del apoyo técnico de las instituciones internacionales. Las partes seguiremos las conclusiones de la Mesa de Diálogo realizada por la Asamblea Nacional para un diseño concertado sobre el desarme de la Población Civil”. ¿Se desarmarán los escuálidos guarimberos que trancan autopistas y hostigan a los bolivarianos en el Este? ¿Lo harán los pichones de fascistas o los muchachos de los Pérez Recao?¿Qué instituciones internacionales intervendrían en dicho desarme? ¿Acaso instituciones “técnicas” manejadas por los “neutrales” Estados Unidos? ¿O supervisores de organismos como la ONU que sirvieron de comparsas para abrir paso a la invasión norteamericana en Irak?
Y otras preguntas más al respecto: ¿Lucas Rincón y Bernal seguirán consintiendo que Henry Vivas (señalado por los asesinatos del 11 de abril) se encargue de la Coordinación Policial de toda el Área Metropolitana?

Los firmantes exhortan a los grupos parlamentarios de opinión representados en la Asamblea Nacional a concluir la Ley para la conformación de la Comisión de la Verdad, “a fin de que la misma coadyuve en el esclarecimiento de los sucesos de Abril de 2002 y coopere con los órganos judiciales para que se establezcan las debidas responsabilidades y se sancione a los culpables”. ¿Y no era esto lo que le tocaba al TSJ respecto a los militares golpistas que absolvió? ¿Y no es lo que le correspondía a los tribunales respecto a la “gentuza del petróleo”, que también anda campante? ¿A quién hay que demostrarle lo que hicieron si todo el pueblo lo vio? ¿O es que vamos a convencer a la oligarquía de que acepte sus propios crímenes?

Las partes, coincidieron en que “la solución de la crisis del país por la vía electoral, se logra con la aplicación del Artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se prevé la eventual celebración de referendos revocatorios del mandato de todos los cargos y magistraturas de elección popular que han arribado a la mitad del período para el cual fueron elegidos (Gobernadores, Alcaldes, Legisladores Regionales y Diputados a la Asamblea Nacional), o arribarán a dicha mitad en el transcurso de este año, como es el caso del Presidente de la República conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de febrero del 2003. Tales referendos, incluyendo los ya solicitados y los que se solicitaren en adelante, serán posibles si son formalmente requeridos por el número exigido de electores y se aprueban por el nuevo Consejo Nacional Electoral, una vez que se establezca que se han cumplido los requisitos constitucionales y legales”. Esto es lo mismito que dice la Constitución, aquí no hay novedad, sólo que la oposición pretendía forzar al gobierno a reconocerle las firmas “chimbas” y extemporáneas o a que el propio Chávez les convocase el referéndum. No lo consiguieron, pero en lugar de dedicarse a reunir los requisitos, se preparan para justificar una nueva ofensiva golpista con el argumento de que el gobierno saboteará el referéndum y con ellos se deslegitimará. Esta será la excusa para llamar a una nueva “rebelión de la sociedad civil” y a la desobediencia militar.

En cuanto al compromiso con la “libertad de expresión”, es muy obvio que los medios privados están muy lejos de pretender cumplir con “la desactivación de la violencia” e “informar a los ciudadanos sobre las opciones políticas, con un sentido de equidad e imparcialidad”, como dice el documento. Los medios privados no lo harán y el Estado tampoco los obligará, como se ha demostrado, a menos que los trabajadores y el pueblo lo impongan lanzándose sobre ellos como lo hizo el 13 de abril y el 9 de diciembre, sin ceder esta vez a los apagafuegos que aparecieron a calmar los ánimos.

El punto 17 del acuerdo se refiere a que “la fecha en la que deberán realizarse los referendos revocatorios ya solicitados, así como aquellos que puedan llegar a solicitarse, la determinará el CNE, una vez cumplidos los requisitos legales y constitucionales pertinentes, y en forma que resulte diligente y oportuna, conforme a la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, comprometiéndonos a no proponer ni impulsar modificaciones a dicha norma”. Supone que la oposición deberá cumplir con tales requisitos en lugar de forzar a que el gobierno lo convoque ahorrándoles el trabajo, como era su pretensión. Tendrán que recoger las firmas como es debido y respetar los lapsos, pero no lo harán así, dirán que el gobierno obstaculiza y sabotea y utilizarán esto para justificar nuevas acciones desestabilizadoras. Seguiremos en la misma, enfrentando conspiraciones, intentonas golpistas y sabotajes, porque el “acuerdo” es de papel y es incompatible con el desarrollo del proceso revolucionario.


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Gonzalo Gómez

Psicólogo y comunicador popular, co-fundador de Aporrea. Miembro de la Coordinación Nacional de Marea Socialista y de la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana.

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